«Sabemos lo que nos cuesta la energía, pero desconocemos el coste real de la producción energética. Von der Leyen va teniendo buena intención pero no se atreve a tocar los intereses de los oligopolios energéticos», denuncia Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida. Los oligopolios eléctricos operan bajo una red de opacidad y falta de transparencia que imposibilita saber cómo se conforman los precios.
A pesar de que la situación ha puesto en evidencia que las grandes petroleras y compañías de gas se están lucrando de forma «astronómica», entre las medidas a corto plazo que desliza la Comisión Europea no figura un mayor control y auditoría a estas empresas. Esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que las grandes empresas de petróleo, gas y carbón están obteniendo enormes beneficios a causa de la guerra que se libra en Ucrania y sus trasversales consecuencias. «Y por eso tienen que pagar una parte equitativa: tienen que aportar una contribución contra la crisis», señaló la alemana desde el podio de Estrasburgo. Pero no hizo ninguna mención a aumentar la transparencia sobre los operadores eléctricos. «Es prioritario aumentar el control sobre un sector que no debería estar en manos privados porque la energía es un bien de primera necesidad», critica Rego en conversación con Público.
Por ejemplo, la española Naturgy y la argelina Sonatrach mantienen un contrato por el suministro de gas con vigencia hasta 2032. Tras la crisis por el conflicto diplomático en torno al Sáhara Occidental, la firma argelina advirtió que revisaría los precios, pero conocer los detalles de esta casi cuestión de seguridad nacional es misión complicada. Es precisamente el reglamento europeo sobre el suministro de gas el que ampara la opacidad que rige en la actualidad y el que protege a estos oligopolios para no revelar qué precio pagan por los hidrocarburos en sus contratos.
«Todos los contratos y toda información (…) deben ser confidenciales, en particular con objeto de proteger la información delicada a efectos comerciales. Dicha confidencialidad puede ser pertinente asimismo para la seguridad pública dada la importancia que puede tener para los Estados miembros una materia prima esencial como el gas», reza el Artículo 14. «Cuando la autoridad competente del Estado miembro más afectado o la Comisión consideren que un contrato de suministro de gas puede suponer una amenaza para la seguridad del suministro de gas, se podrá solicitar a la empresa de gas natural que presente el contrato, con exclusión de la información sobre precios», añade.
Junto a la demanda para una mayor transparencia, el otro eslabón perdido en los planes de Bruselas que reclama la Izquierda es un cambio en el modelo marginialista. El sistema de fijación de precios actual establece que toda la energía se paga al coste de la más cara, que en estos momentos es el gas. Este recurso se ha encarecido diez veces más en menos de un año. En tiempos de escasez, volatilidad e incertidumbre el gas marca el ritmo de un mercado que le sigue a costa de disparar la factura de la luz jornada tras jornada.
A finales del año pasado, la Comisión Europea se oponía fervientemente a tocar el sistema de precios marginalistas porque lo que consideraba el más eficiente para garantizar el suministro, evitar apagones y promover la competitividad. Diez meses después ha terminado asumiendo que es necesaria una reforma en profundidad del sistema eléctrico que, entre otras medidas, desacople el precio de gas, algo que ya aplica España. «Por lo pronto no hay ninguna intervención real del mercado energético. Lo que es urgente es plantear medidas para el modelo de fijación de precios. El actual está hecho a medida de los intereses de los oligopolios energéticos. Por eso pueden acumular los beneficios extraordinarios que han acumulado hasta ahora», afea Rego.
Cambio de paradigma
Ya antes del estallido de la guerra, España hacía sonar la campana en Bruselas sobre un modelo y un sistema energético que se estaba quedando obsoleto: la era de los combustibles fósiles baratos está llegando a su fin. La invasión a Ucrania y la dependencia energética de la UE con Rusia ha terminado por asestar el golpe definitivo. «Estamos ante un cambio de paradigma energético a todos los niveles», advierte la eurodiputada.
La política española aplaude medidas como grabar a las energéticas que la Comisión Europea comienza a configurar. Unas iniciativas que hasta hace no mucho eran consideradas de «comunistas radicales». Pero la Izquierda reivindica soluciones estructurales, más ambiciosas y sostenibles en el tiempo. Y sobre todo medidas que consoliden la transición ecológica y la apuesta por las renovables.
Impuesto español y ‘tasa’ europea
Von der Leyen presentaba esta semana en el discurso sobre el estado de la Unión sus medidas energéticas para salvar el próximo invierno y evitar un escenario negro de escasez y racionamiento energético. Las más llamativas pasan por una «contribución de solidaridad» –el eufemismo de impuesto- del 33% a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y un ahorro general del consumo energético del 10% y del 5%, este último obligatorio y durante las horas punta.
Las medidas cuentan con un amplio consenso en las diferentes formaciones del arco parlamentario europeo. Los populares europeos, familia a la que pertenece Von der Leyen, las respaldaron, pero el PP de Alberto Núñez-Feijóo pinchó en hueso oponiéndose a la medida similar que prepara a nivel nacional el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Sorprende que el PP mantenga esa posición negacionista y aislacionista. El PP se ha quedado prácticamente solo en Europa», asegura Rego.
El objetivo de ambas es el mismo: gravar las ganancias de los oligopolios energéticos y redirigirlas a los sectores más vulnerables y expuestos a la crisis actual. La tasa europea todavía debe concretarse. Espera ser aprobada en el Consejo extraordinario de Energía del próximo 30 de septiembre. La gran diferencia con la española es, a priori, que la de nuestro país aplica un gravamen de 1,2% a los ingresos de las firmas, no a los beneficios extraordinarios. Tanto en Bruselas como en La Moncloa afirman que ambas pueden acomodarse y son compatibles porque comparten el mismo fin.
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