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Ley Mordaza: Derogación fake y Pedro Sanchez inaugura Viviendas que hizo Ada Colau | NOTICIAS FALSAS
Hoy arrancamos Noticias Falsas, el noticiario semanal que desmonta los bulos, las medias verdades y las mentiras piadosas.
¿Qué hacen los soldados españoles en Líbano, y por qué no detienen a Israel?
La misión UNIFIL, liderada por España, debía mantener la paz en el sur de Líbano. Pero cuando los soldados israelíes cruzaron la frontera, los cascos azules se escondieron en los búnkeres. El símbolo de la impotencia del las Naciones Unidas
Un comandante de la tropa española de las Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) — Ashley Chan / Zuma Press / ContactoPhoto
¿Yla ONU? Las Naciones Unidas son las grandes ausentes del flujo de
noticias sobre el Medio Oriente en estas horas. Sin embargo, podrían jugar un papel clave para detener la invasión israelí en el Líbano, y no solo porque todos los Estados han aceptado, en teoría, resolver sus conflictos a través del Palacio de Cristal. Las Naciones Unidas cuentan con una fuerza de intervención de más de 10.000 hombres en el país de los cedros, casi todos en la frontera sur. Se trata de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, UNIFIL según su acrónimo en inglés. Una misión a la que España contribuye con cientos de hombres. Su tarea sería garantizar que se mantenga la paz, y que ni Hezbolá ni el ejército israelí entren en la zona de amortiguamiento controlada por la ONU o, peor aún, ataquen al adversario.
Pero cuando en la noche de hace dos días las tropas de las FDI penetraron en territorio libanés, los cascos azules corrieron a refugiarse en los búnkeres, dejando a los soldados de Tel Aviv el camino libre.
Breve historia de la UNIFIL
La misión UNIFIL se estableció en 1978. Estaba finalizando la primera invasión israelí del Líbano, y la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por crear un cuerpo militar que garantizara la efectividad de la retirada israelí y ayudara al Líbano a recuperar el control de los territorios perdidos. Entre los beligerantes de la época no figuraba Hezbolá, que surgiría solo unos años después. En ese contexto, se enfrentaron por un lado Israel y sus aliados del Ejército del Sur del Líbano, y por otro el gobierno de Beirut y las milicias de la Organización para la Liberación de Palestina.
6.000 soldados de las Naciones Unidas establecieron una zona desmilitarizada al sur del río Litani. Pero desde el principio la misión mostró que no contaba realmente con el apoyo incondicional de las potencias globales que habría necesitado para operar eficazmente. Durante la guerra civil libanesa, a principios de los años ‘90, tres soldados fueron asesinados y sus posiciones fueron traspasadas por Israel y sus aliados casi sin resistencia. Fue en este conflicto donde ocurrieron las masacres de Sabra y Shatila, donde miles de refugiados palestinos fueron asesinados por milicias de extrema derecha cristiana libanesa, con la complicidad del ejército israelí.
El 2006 fue el año del colapso y el resurgimiento de la UNIFIL. Tras una serie de intercambios de artillería y breves ataques entre Hezbolá e Israel, la infantería de Tel Aviv volvió a invadir el sur del Líbano. La UNIFIL sufrió bajas y, nuevamente, no fue capaz de detener el conflicto. Al final de la guerra, el contingente estaba en sus mínimos históricos, con menos de 2.000 soldados. Pero precisamente con los acuerdos de paz llegó el resurgimiento. El Consejo de Seguridad de la ONU, con la resolución 1701, impuso la retirada de Israel y el desarme de Hezbolá. En la misma resolución, se otorgó a la UNIFIL el mandato de implementar las decisiones tomadas, asignándole el control de la zona de amortiguamiento en la frontera y dotándola de 10.000 efectivos en total.
Italia es la nación que más contribuye al contingente de la ONU en el Líbano. Pero es España quien está al mando, y 676 militares españoles vigilan la base Miguel de Cervantes, en el suroeste del país
Durante años se debatió el éxito de la resolución 1701. Hezbolá nunca fue desarmado y los ataques aéreos israelíes sobre el Líbano nunca cesaron del todo, al igual que los dos gobiernos no han acordado una frontera oficial. Pero al menos se evitó una nueva invasión, se decía hasta hace pocas noches. Ahora, eso tampoco es verdad.
La ONU en los búnkeres e Israel en marcha
En la noche del 20 de octubre al 1 de noviembre, cuando las FDI invadieron por cuarta vez el Líbano, la UNIFIL no fue un obstáculo. Las tropas de Tel Aviv avanzaron, aunque aún no está claro a qué profundidad, sin una respuesta militar, salvo la de Hezbolá. Los soldados de la misión se refugiaron de inmediato en los búnkeres. «Hemos solicitado que las operaciones de Israel sean limitadas y dirigidas solo a objetivos militares, evitando involucrar a la población, ya duramente golpeada, y al contingente de la UNIFIL», declaró hace dos días Guido Crosetto, ministro de defensa del gobierno italiano. En lugar de detener con la fuerza la violación de los acuerdos, las fuerzas de la ONU se ven obligadas a pedir la protección de los beligerantes. «O están las fuerzas de la ONU en el sur del Líbano en este momento o están los soldados israelíes, y la diferencia es clara para todos. Nuestra presencia en el sur del Líbano ha sido el único freno a una violencia insensata», continuó el ministro, quien sin embargo se declaró dispuesto a reconsiderar en cualquier momento la decisión de mantener a sus soldados desplegados.
Italia es la nación que más contribuye al contingente de la ONU en el Líbano. Pero es España quien está al mando, y 676 militares españoles vigilan la base Miguel de Cervantes, en el suroeste del país. Por ahora, no han sido afectados por el fuego israelí. Pero en el pasado la UNIFIL ha sufrido perdidas a causa del ejército de Tel Aviv, y en los últimos meses el gobierno de Benjamín Netanyahu ha dado a entender varias veces que considera a la ONU un enemigo, matando a cientos de trabajadores civiles de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza. El último gesto de hostilidad de Tel Aviv hacia la organización que, en teoría, representa a toda la humanidad, ocurrió ayer: se prohibió la entrada en Israel al secretario general de la ONU, António Guterres. En este contexto, no se puede excluir que las vidas de los soldados españoles en el lugar estén en peligro.
«A pesar de este peligroso desarrollo, los cascos azules permanecen en posición», escribió el mando de la UNIFIL en una nota. «Cualquier incursión en el Líbano es una violación de la soberanía y la integridad territorial del Líbano, así como una violación de la resolución 1701. Instamos a todos los actores a dar marcha atrás en estos actos de escalada, que solo conducirán a más violencia y más derramamiento de sangre». Un llamado a la paz y al respeto del derecho internacional que, casi con toda certeza, será ignorado. Paz y ley, en definitiva, deberían ser garantizadas precisamente por esas mismas Naciones Unidas que, en medio de la invasión, no pueden siquiera salir de sus propios búnkeres.
ORIGINAL DE ARTICULO>> DIARIO RED
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Los parlamentarios a los que la ministra de Vivienda pide solidaridad: uno de cada cinco diputados del PSOE cobra alquileres
El 17,34% de los diputados del Congreso ingresa rentas por el alquiler de algún tipo de propiedad. La cifra sube a un 19,33% en el caso de los socialistas.

«España es un país solidario y el parque de vivienda en alquiler, en su mayor parte, pertenece a particulares, a pequeños propietarios. Les pido que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos las rentabilidades en términos sociales y que valoremos que esos precios estén de acuerdo con la capacidad de los españoles y las españolas».
Es lo que ha afirmado este martes en la Cadena SER la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a topar los precios del alquiler. La ministra pide a los propietarios solidaridad y que «se hagan cargo». Lo curioso es que la ministra podría haber dirigido también esas peticiones directamente a los diputados en el Congreso, donde abundan quienes ingresan un sobresueldo gracias a las rentas del alquiler.
El 17,34% de los parlamentarios de la Cámara Baja cobran algún tipo de renta por el alquiler de propiedades. La cifra es incluso más elevada entre la bancada socialista. El 19,33% de los diputados del PSOE cobra un sobresueldo gracias a alquileres: prácticamente uno de cada cinco. Esto hace que el PSOE sea entre los cuatro grandes grupos del Congreso el que cuenta con un mayor porcentaje de rentistas.
Los datos provienen del análisis que ha realizado Público de las declaraciones de bienes y rentas que los diputados presentan ante el Congreso. Actualmente 346 han cumplido con esta obligación. Otros cuatro han recogido su acta hace poco en sustitución de un compañero y, por ello, aún no han presentado su declaración o la Cámara Baja aún no la ha publicado.
En total, son 60 diputados de ese total de 346 de los que se ha publicado la declaración los que declaran algún tipo de ingreso por alquiler de propiedades. No quiere decir que no haya más. Los diputados no rellenan siempre de forma adecuada el modelo de declaración de bienes que les facilita el Congreso. Tampoco hay una casilla específica para indicar los ingresos por alquiler.
La mayoría lo indican en el apartado de «otras rentas o percepciones de cualquier clase», pero algunos lo apuntan en otras secciones del documento y otros podrían haberlo omitido directamente. El Congreso no revisa ni verifica el contenido de las declaraciones de los diputados y, por lo tanto, nadie llega realmente a comprobar si lo que están declarando los parlamentarios es cierto o si podría faltar información.
Sánchez, Feijóo y la propia ministra
Entre los diputados rentistas hay nombres célebres como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP asegura en su declaración haber percibido 5.584,40 euros por el alquiler de propiedades en 2022, aunque no especifica de qué clase: si un local, una vivienda, un aparcamiento u otro tipo de inmueble.
26 diputados no aclaran qué tipo de bienes inmuebles tienen alquilados
El presidente del Gobierno tampoco indica qué tipo de bienes ha arrendado, pero ha declarado haber ingresado 12.845 euros por ese concepto en 2022. Sánchez y Feijóo son dos de los 26 diputados que no concretan en sus declaraciones qué tipo de propiedades han tenido alquiladas.
Esa falta de concreción en las declaraciones impide poder comparar los ingresos de alquiler de los distintos diputados rentistas. De hecho, el modelo del Congreso establece que los diputados deberían indicar sus rentas anuales en el año anterior a la presentación de la declaración. Pero cada uno lo hace a su manera. Además, tampoco hay sanciones en el caso de que lleguen a mentir u ocultar información. Todo ello, hace que, por ejemplo, unos indiquen rentas anuales y otros, mensuales; o que unos especifiquen los ingresos brutos y otros, los netos.
A pesar de ello, algunos parlamentarios destacan especialmente. Es el caso de los únicos tres diputados que declaran ingresar más de 20.000 euros anuales por el alquiler de propiedades. Los tres son del PP: Isabel María Borrego Cortés, Manuel Cobo Vega y Carlos Rojas García. Anteriormente también formaba parte de esta lista Miquel Iceta, que ya no es diputado ni ministro y ejerce como embajador delegado permanente de España en la Unesco.
Rocío Aguirre, diputada de Vox y hermana de Esperanza Aguirre, cobraba 100.000 euros como agente inmobiliaria
Otro caso curioso es el de Rocío Aguirre Gil de Biedma, diputada de Vox. La también hermana de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha declarado 12.600 euros gracias a las rentas de sus bienes inmuebles. Pero, además, en su declaración también indica que antes de ser diputada trabajaba como agente inmobiliaria. Su salario por ese trabajo en 2022 fue de 104.400 euros —si no se ha equivocado al indicarlo, la cifra debería ser en neto—.
La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cobra rentas por alquilar una vivienda. O al menos era así la última vez que fue diputada. En su declaración indicaba ganar 5.130 euros al año por el alquiler de una vivienda en Ciudad Real.
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