❗❗ COMPARTE si te parece INTERESANTE el contenido y ayuda a difundir el contenido que NO todos pueden ver y oír!
Categoría: Humanoides
RESPONDO al «PERIODISTA» VICENTE VALLÉS por lo que dijo sobre YOLANDA DÍAZ en DIRECTO
El presentador de las noches de ‘Antena 3 Noticias’ ha provocado que las redes ardan al hablar de esta manera el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz
Vicente Vallés, presentador de ‘Antena 3 Noticias’, ha saltado a la palestra de Twitter por hacer unas declaraciones sobre el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz que muchos usuarios de esta red social no han pasado por alto.
El presentador de ‘Antena 3 Noticias’ empezaba: «Dice Yolanda Díaz que tenemos que querernos un poco, que está muy contenta, que tiene optimismo y esperanza. Es una referencia implícita a la compleja relación que la vicepresidenta tiene, por ejemplo, con Podemos y que se ha tensado bastante últimamente».
Vicente Vallés, en ‘Antena 3 Noticias’
«Díaz apenas ha contado con el partido y se ha acercado a Íñigo Errejón, que es un enemigo declarado de ‘Podemos’ desde que se escindió», seguía el periodista.
Vicente Vallés, en ‘Antena 3 Noticias’
Y llegamos al punto clave que ha hecho saltar por los aires de nuevo al universo de Twitter. Vicente Vallés escogía estas palabras minuciosamente para definir el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz: «Ahora Yolanda Díaz pretende que los muchos grupos y subgrupos políticos de la extrema izquierda vayan juntos liderados por ella«.
Eurodiputado propone “regalar” armas nucleares a Ucrania ante Rusia
Si bien Rusia ha reiterado que no usará armas nucleares contra Ucrania, un eurodiputado plantea “regalar” ojivas nucleares a Kiev para “defender” su soberanía.
“Como se sabe, Ucrania cedió su potencial nuclear tras la suscripción del Memorándum de Budapest en 1994. Hoy, los rusos y algunos más dicen que no eran garantías, pero todo el mundo entendía en aquel entonces que Ucrania sería un país independiente dentro de las fronteras establecidas desde la época soviética”, señaló el sábado Radoslaw Sikorski, diputado polaco del Parlamento de la Unión Europea (UE), quien también se desempeñó como canciller (2007-2014) y presidente del Parlamento de su país (2014-2015).
Durante una entrevista con el canal ucraniano de televisión Espreso TV, Sikorski acusó a Rusia de violar el Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad, considerando que “Occidente tendría derecho a regalar a Ucrania ojivas nucleares para defender su independencia”.
Este domingo, Sikorski ha reiterado su posición, acusando al presidente ruso, Vladimir Putin, de amenazar a Ucrania con armas nucleares y argumentado que Occidente debe “disuadirlo”. Esto, mientras que Rusia ha dejado claro en repetidas ocasiones que no tiene la intención de utilizar dichas armas en Ucrania.
Moscú acusa a políticos polacos de poner en vilo el planeta
Por su parte, la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova, ha condenado este mismo domingo la sugerencia formulada por Sikorski de “regalar” a Kiev ojivas nucleares, acusando a los políticos polacos de “mostrar ideologías extremistas, difundir el odio, desencadenar conflictos y amenazar al planeta vulnerando el Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear.
“Pero, lo más importante es que ponen en peligro al pueblo polaco, arrastrándolo a un reparto nuclear del mundo”, ha señalado Zajárova en Telegram.
El Memorándum de Budapest fue firmado por Ucrania, Rusia, EE.UU. y el Reino Unido el 5 de diciembre de 1994, el cual ofrecía garantías de seguridad con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.
De hecho, tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Ucrania heredó el tercer arsenal nuclear más grande después de EE.UU. y Rusia. Pero, tras firmar el tratado, Ucrania lo destruyó. A posteriori, Moscú, Washington y Londres se comprometieron a garantizar su seguridad.
Mientras tanto, el pasado febrero, días antes del inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, amenazó con reconsiderar la renuncia de Kiev a la posesión de armas nucleares.
Moscú, a su vez, dijo en febrero que el Memorándum de Budapest iba acompañado de una declaración, firmada también por Francia —que no era garante de seguridad—, en la que se requería que todos los firmantes se abstuvieran de violar los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), inclusive el principio de respetar los derechos de minorías étnicas, obligación que Ucrania venía ignorando desde 2014.
‘Agencias de ONU obstruyen a países que no aceptan líneas de EEUU’
Un experto enfatiza que las agencias internacionales vinculadas a la ONU ponen problemas a los países que no quiera aceptar las líneas que marca EE.UU.
“Yo creo que el punto principal no es realmente que Irán tenga algún problema en sus instalaciones, en su conducta o lo que está haciendo. Lo que está sucediendo es desde que empezaron las actividades globalistas por parte de los lobbies [sionistas] en Estados Unidos, actuando primero con la gran pandemia de COVID-19, y después provocando la guerra de Ucrania”, aseguró el analista político José Antonio Alcaide en una entrevista concedida el domingo a HispanTV.
El experto afirmó que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) no es un organismo independiente, como lo debería ser, sino que acata las órdenes de EE.UU., contrario a su compromiso de trabajar para impulsar el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares.
“La agencia de seguridad nuclear y otras agencias internacionales, todas relacionadas a la ONU, están poniendo todo tipo de trabas y problemas a cualquier pequeño país que no quiera aceptar la línea que marca EE.UU., es decir, aquí no hay ningún problema con Irán, simplemente Estados Unidos está haciendo lo imposible para complicar la vida a todos los países que no quieran entrar en sus líneas de acción”, detalló.
Los comentarios de Alcaide se produjeron en medio de la escalada de tensiones sobre el programa nuclear iraní con fines pacíficos. El miércoles, la Junta de Gobernadores de la AIEA adoptó una resolución contra Irán, sobre la base de un informe del director general de la Agencia, Rafael Grossi, que acusa a Teherán de no haber proporcionado las respuestas “técnicamente creíbles” a las cuestiones de la organización sobre el hallazgo de “material nuclear en tres sitios en el país”.
Irán rechazó todas las acusaciones en su contra, antes de describir la resolución como “política y sesgada”. Denunció que la Agencia había utilizado “falsas informaciones” proporcionadas por el régimen de Israel para elaborar su último informe, lo que contradice las normas y los reglamentos de la AIEA.
La resolución fue aprobada con 30 votos positivos, dos en contra —Rusia y China— y tres abstenciones —Libia, Paquistán y La India— y, pese a advertencias de Moscú, Pekín y Teherán, de que tal acción pondría en riesgo todos los esfuerzos diplomáticos destinados a levantar sanciones de EE.UU. contra el país persa, y con ello, reactivar el acuerdo nuclear de 2015.
La medida fue adoptada, mientras que la misma AIEA había confirmado una y otra vez la plena cooperación del país persa con el ente, asegurando que no observó ninguna desviación en las actividades nucleares de la República Islámica.
Bancos y cajas han cobrado a sus clientes casi 300.000 millones de euros desde el rescate
El Banco de España constata la creciente voracidad de las entidades financieras en ese flanco de su negocio mientras los usuarios denuncian como muchas de ellas siguen aplicando recargos que han sido declarados abusivos por los tribunales.
La resaca de la borrachera de crédito con la que se infló la burbuja inmobiliaria antes de su estallido les ha salido muy cara a los usuarios de la banca española: han pagado casi 300.000 millones de euros en comisiones en la última década. Entre 2012, cuando se activó el grueso de la operación de rescate del sector, y 2021, según indican las cuentas de resultados agregadas que publican las dos patronales del sector, Aebanca por los bancos y Ceca por las cajas de ahorro y las cajas bancarizadas.
El cobro de recargos a los clientes por la prestación de servicios, de los que el Banco de España tiene registrados hasta 40 formatos, arreció a partir de entonces para consolidarse como una de las principales fuentes de ingresos del sistema financiero, en cuyo cuadro clínico confluían una monumental indigestión de ladrillo, que provocó una crisis habitacional y de la que acabaron saliendo como beneficiaros los fondos de inversión, y un desplome de la rentabilidad del crédito por las políticas expansivas del BCE (Banco Central Europeo), que han mantenido los intereses en negativo desde mediados de 2014, y por la menor demanda de familias y empresas.
Los gobiernos trataron de reparar el desaguisado con un rescate cuya factura, entre lo pagado y lo pendiente de pagar, va a rondar los 175.000 millones de euros con cargo a las arcas públicas, que es algo menos del 60% de lo que los bancos y cajas españoles han ingresado por comisiones en una década y algo más del 75% de lo que les ha quedado limpio por ese capítulo.
Los datos de Aebanca y de Ceca cifran en 298.547 millones de euros los ingresos por comisiones que han acumulado en esa década España los bancos locales, los extranjeros con sucursales en el país, las cajas de ahorro y las cajas bancarizadas tras el proceso de reordenación, que conllevó la desaparición de 52 entidades, con un reparto de 245.205 para los primeros y de 53.352 para las segundas.
Esa cifra se corresponde con los ingresos brutos, que les han dejado unas ganancias netas de 228.279 millones, en este caso con una distribución de 179.950 y 48.329 que arroja una rentabilidad del 76,4%; es decir, que algo más de tres de cada cuatro euros que pagan los usuarios quedan como ingreso neto de bancos y cajas, que en esa década soportaron gastos por 70.268 (65.255 y 5.013, respectivamente) con cargo a otras entidades y operadores financieros, como, por ejemplo, los gestores de fondos de inversión y de pensiones.
«Hemos pasado una época de intereses bajo cero y los bancos han querido compensar esa pérdida de rentabilidad con las comisiones, pero ahora, con la anunciada subida de los tipos, van a poder bajarlas», señala Patricia Suárez, de Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), que insiste en que «no se pueden cobrar comisiones por un servicio mal prestado o no prestado«.
El Banco de España ha acabado por dar un toque de atención a las entidades financieras por esa política de comisiones. Lo ha hecho a través de un artículo titulado Análisis económico de las comisiones bancarias, su régimen jurídico y su relevancia para la estabilidad financiera que aparece el último número de su Revista de Estabilidad Financiera y en el que se destaca «la relevancia creciente de los servicios de pago», «la evolución general al alza de estos ingresos en España» y «una tendencia al establecimiento de nuevas comisiones».
«El fortalecimiento de este canal de ingresos puede contribuir positivamente a la estabilidad del sector, pero puede también generar algunos riesgos, como favorecer la migración de clientes hacia nuevos operadores digitales o afectar a la inclusión financiera, así como impactar negativamente en la reputación de las entidades», señala el Banco de España, que anota que la normativa no le otorga competencias «para autorizar, denegar o limitar el importe» de esos recargos.
La banca local cobra menos comisiones que la media de la UE si esa cifra se compara con sus activos
El supervisor apunta que el aumento de las comisiones en España supone «un proceso de convergencia a nivel europeo, en el que se ha recortado la diferencia existente con la media europea mediante su aumento paulatino»; es decir, que la banca local cobra menos comisiones que la media de la UE si esa cifra se compara con sus activos, aunque con un vertiginoso recorte del 27% en seis años que «ha contribuido a mitigar el deterioro de la rentabilidad de las entidades, pero ha ocasionado también un mayor debate público sobre su cantidad, formulación y coste para los clientes».
El peso de las comisiones alcanzaba en 2019 el 0,54% del activo de los bancos «con una tendencia alcista» mientras el de los intereses que generan los créditos, que tradicionalmente había sido la principal fuente de ingreses, se situaba en el 0,89% con «una ligera tendencia a la baja», lo que equivale a constatar que el 37% del negocio de las entidades se encuentra en esos recargos (no hay comparación con la UE en ese aspecto), cuyo peso resulta especialmente intenso en cuentas corrientes, tarjetas y transferencias, aunque también en la contratación de fondos, créditos y productos de inversión.
El estudio advierte de las posibilidades de que esos recargos sigan creciendo cuando señala que la relación entre los ingresos por ellos y los activos se queda en el 0,45% para las operaciones locales de los bancos españoles, mientras destaca que «solo los Países Bajos se sitúan por debajo de las entidades españolas en sus negocios en España» y anota que «el negocio internacional permite una generación de comisiones significativamente mayor que el nacional» ahora mismo.
No obstante, el mismo trabajo, cuyas conclusiones apuntan a que «las entidades más débiles tienden a impulsar el cobro de comisiones, posiblemente como mecanismo para reforzar su rentabilidad y su solvencia», pone de manifiesto cómo entre 2015 y 2021 fue precisamente en el ámbito de los negocios locales de la banca española en el que, en el plano europeo, más creció ese peso relativo de los recargos por los servicios.
Por otro lado, el artículo pone sobre la mesa una de las principales reclamaciones de las asociaciones de consumidores, que generó una intensa polémica hace unos meses con la llegada de los primeros refugiados de la guerra de Ucrania: el cobro de comisiones por la apertura y la gestión de cuentas de pago básicas, algo que también han considerado abusivo algunos ombusdman autonómicos.
«Se ha apreciado una tendencia creciente al surgimiento de nuevas comisiones bancarias relacionadas con servicios que habitualmente se prestaban de forma gratuita por las entidades, así como una reconfiguración de las comisiones«, describe el artículo, que explica cómo «servicios que antes se entendían subsumidos en otros, como es el caso del servicio de caja básico, tienen cada vez más independencia propia y cuentan con su contenido específico diferenciado»; es decir, que dejan de ser formalmente básicos, aunque en ocasiones puedan conservar esa palabra en su denominación, y las entidades les aplican recargos.
Los bancos siguen cobrando comisiones que los tribunales han declarado nulas
«Los bancos siguen cobrando comisiones que los tribunales han declarado nulas, como ocurre con las de descubierto, que en ocasiones suponen 40 y 50 euros diarios además de los intereses de demora, las de correspondencia, cuando la comunicación es por internet, o las de ingresos en efectivo», denuncia Suárez, que llama la atención sobre la indefensión que a menudo sufre el cliente bancario debido a que «el sistema es disuasorio: sale más caro reclamar que pagar, y eso es desesperante».
Suárez, que destaca la oportunidad del posicionamiento del Banco de España, en vísperas de una subida de los tipos de interés entre cuyas consecuencias previsibles se encuentra la de elevar los márgenes de las entidades por sus créditos, sostiene que «los bancos tienen que ser competitivos. Con una banca cada vez más digitalizada, nos parecería un error seguir subiendo las comisiones cuando los usuarios, salvo los menos digitalizados y los del mundo rural, tienen cada vez más alternativas entre las que elegir».
Arranca el juicio del ‘caso Cursach’, la mayor trama mafiosa con tentáculos policiales y políticos de Baleares
La vista oral llega, nueve años después de comenzar la investigación, con el cambio de criterio de la Fiscalía, que ya no acusa de cohecho al magnate de la noche mallorquina. Junto a él se sientan en el banquillo, cuatro colaboradores, cuatro funcionarios y 15 agentes de policía, acusados estar a sueldo del ‘capo’ Cursach para perjudicar los negocios de la competencia.
Arranca, nueve años después de que comenzara la investigación, el juicio por la pieza principal del caso Cursach, que versa sobre los presuntos sobornos por parte del magnate del ocio mallorquín, Bartolomé Tolo Cursach, a agentes de las Policías Locales de Palma de Mallorca y Calvià para favorecer a los establecimientos de su emporio frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016.
En líneas generales, esta es la síntesis de los hechos que se juzgarán a partir del próximo lunes, 13 de junio, en la Audiencia de Palma. Un proceso con 24 encausados que se alargará casi 150 jornadas. Sin embargo, detrás de la simple descripción existe un enrevesado conglomerado delictivo, una mafia con tentáculos policiales, políticos y empresariales que Público sacó a la luz en una serie de exclusivas a cargo del periodista Carlos Enrique Bayo que diseccionan magistralmente los entresijos de 15 años de impunidad de la mafia de Cursach.
Hace escasos días, la Fiscalía hizo llegar a la Audiencia de Palma una nueva versión de su escrito de acusación con una tesis mucho más favorable para la mayor parte de los procesados. En 2018 pedía ocho años y medio para el presidente del Grupo Cursach por diversos ilícitos. Ahora elimina el presunto delito de cohecho para la inmensa mayoría de los acusados. Esto se traduce en un rebaja considerable de las peticiones de cárcel.
Sorprendente cambio de tesis
Así, para el líder de la trama ahora los fiscales piden un año y seis meses por presunta pertenencia a organización criminal; una rebaja de siete años. Lo mismo para sus más cercanos colaboradores. Llama la atención la eliminación del eje central de la acusación fiscal, es decir, el delito de cohecho, ya que en 2018 la Fiscalía consideraba que desde el año 2000 hasta 2016, los gestores del Grupo Cursach «dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionaros públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo».
Ahora los fiscales han sustituido para Cursach y los suyos el presunto cohecho por la «inducción de la prevaricación administrativa» perpetrada por otros acusados. Sin embargo, los cuatro funcionarios y políticos que se sentarán en el banquillo cuentan sorpresivamente con el favor de la Fiscalía, que pide su absolución. Se trata de Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo, y Bernardí Seguí, otro cargo de Turismo para los que los fiscales pedían antes 10 años de inhabilitación. Para Julián Garau, funcionario del Ayuntamiento de Palma, y Jaime Nadal, del consistorio de Calvià ahora la Fiscalía solicita su absolución cuando antes pedía para cada uno cuatro años y seis meses de cárcel.
Los peor parados en el arranque del juicio por lo que respecta a la posición del Ministerio Público son los 15 agentes de policía procesados, que habrían actuado en beneficio propio cuando presuntamente amedrentaron a los negocios competencia de Cursach. De hecho, la petición fiscal más alta es para el expolicía Gabriel Mayol, al que piden nueve años y seis meses de cárcel por presuntos delitos de cohecho, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.
Una larga investigación con tropiezos
A finales de 2013 comenzó a instruirse en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca una investigación sobre mafia policial que desembocó en el conocido caso Cursach: toda una serie de extorsiones a funcionarios públicos por orden del capo de la noche mallorquina para hacerse con el monopolio de los locales de ocio.
Tolo Cursach era el principal empresario de ocio de Mallorca, con las discotecas más grandes en las zonas turísticas, como Calvià y El Arenal. Llegó a ser el principal inversor del Mallorca Club de Fútbol. Su connivencia con el PP balear, que gobernó desde 1983 a 1999 ininterrumpidamente, provocó la destitución de la cúpula del PP de Palma de Mallorca en julio de 2016.
Conexiones de la trama con el PP
Según planteó el juez Penalva –el segundo instructor tras el cambio de destino de la primera jueza– en 2016, José María Rodríguez, el entonces presidente del PP de Palma, sería «el artífice en la sombra del organigrama corrupto» ideado en la Policía Local de Palma para servir a los intereses de Cursach. El juez descubrió que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de «crear una estructura corrupta» para actuar con impunidad y «al servicio de determinados políticos y su partido».
El 28 de febrero de 2017 Cursach fue detenido junto al administrador de sus empresas, Antonio Bergas, y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, que había sido director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear. El capo Cursach permaneció en prisión provisional hasta el 14 de abril de 2018. Entonces comenzaron los ataques a la instrucción judicial, a cargo del juez Manuel Penalva y del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones e, incluso, anular las actuaciones.
Los investigadores descubrieron que el equipo del Gobierno municipal del PP pagó sobresueldos a determinados agentes de la Policía Local por espiar a políticos, incluso del propio PP, en prostíbulos. Es decir, una especie de patrulla de élite para encargos ilícitos.
Atacar al juez y al fiscal
El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto.
También hubo campaña mediática. El entorno de Cursach, agentes investigados y sus abogados iniciaron una campaña en prensa para atacar al juez Penalva y al fiscal Subirán. Algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.
Pero el golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás.
Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas. En ellas se podía escuchar al juez insultar a varios de los investigados. Aquello le costó el puesto. Fue apartado tras una recusación y en julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020.
Ataque a la libertad de prensa
El tercer juez que ha tenido el caso, Miquel Florit, tomó la lamentable decisión de requisar los móviles de dos periodistas –una redactora de Europa Press, Blanca Pou, y un redactor de Diario de Mallorca, Francisco Mestre– para atajar las filtraciones del sumario, en una insólita acción contra la libertad de prensa que finalmente no ha obtenido reproche penal, aunque el TSJ de Baleares calificó su decisión como «injusta».
No sólo ordenó la incautación de los móviles de trabajo de dos periodistas, sino que pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia Efe en Baleares. También solicitó las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación del caso Cursach.
Acabó apareciendo en la investigación emprendida por el juez Florit un chat mantenido entre el juez Penalva, el fiscal Subirán y los investigadores policiales. El descubrimiento sirvió para armar una acusación por presunta revelación de secretos contra los anteriores responsables de la instrucción de la causa.
Cursach contrató a Villarejo
Este diario descubrió las conexiones del comisario Villarejo con el empresario Cursach. Fue el comisario investigado el que diseñó una estrategia mediática a favor del capo balear y por ello recibió medio millón de euros. Público pudo acceder al informe confidencial, elaborado en marzo de 2005, que entregó Villarejo a Cursach sobre la guerra interna del PP que le estaba afectando a él y a sus negocios.
En el citado informe, Villarejo relataba que los exministros Abel Matutes y Eduardo Zaplana, junto al entonces presidente balear Jaume Matas, estaban utilizando el diario El Mundo, entonces en manos de Pedro J. Ramírez, y a su delegado en Baleares, Eduardo Inda, para «aniquilar a sus adversarios políticos» en las islas. Y Cursach estaba siendo atacado porque le consideraban aliado del anterior presidente balear del PP, Gabriel Cañellas, y del magnate de prensa Pedro Serra.
Escandalosa cifra de asesinatos se revela en Colombia
Una entidad de derechos humanos de Colombia revela la escandalosa cifra de asesinatos en este país en lo transcurrido del gobierno de Duque.
El instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, dio a conocer su último informe donde dice que más de 2300 personas han sido asesinadas en Colombia en los últimos 4 años, según la entidad se debe a la mala administración en seguridad por parte del gobierno.
El informe dice que la comunidad con más víctimas es la de los campesinos, e indígenas pero también están los líderes sociales, defensores de derechos humanos y hasta desmovilizados de las FARC que ya llevan 245 asesinados hasta la fecha.
El estudio señala que en este periodo han ocurrido 261 masacres, ante esto el gobierno salió a defenderse. Los investigadores señalan que estas cifras se acercan a la peor época de violencia en las últimas décadas que fue entre el año 2002 y 2006
Álvaro Altamiranda, Bogotá.
Vecinos afectados por cortes de luz durante meses en varias zonas de Andalucía: «Esto es inhumano»
Un juez ordena restablecer el suministro eléctrico a un inquilino de Sevilla a oscuras desde febrero y el Defensor del Pueblo exige a las administraciones «medidas urgentes».Endesa achaca el problema a cultivos ilegales de marihuana.
Cientos de vecinos sufren cortes de luz prolongados en diferentes zonas de Andalucía, que se agravan aún más cuando llegan las altas temperaturas veraniegas del sur y no funcionan los frigoríficos ni los aires acondicionados. La mayoría son barrios pobres donde extensos cultivos de marihuana en interior, promovidos por traficantes, revientan los transformadores de electricidad. El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido medidas urgentes a las administraciones para acabar con esta situación y un juzgado ya ha exigido que se restablezca el suministro a un vecino de Sevilla que denunció la vulneración de sus derechos tras varios meses a oscuras.
En el Distrito Norte de la ciudad de Granada, en el barrio de Las Flores de Pinos Puente en el área metropolitana granadina, en Torreblanca o en el Polígono Sur en Sevilla y en otras zonas de Almería y de Cádiz los cortes de luz son habituales desde hace algún tiempo. En algunos casos, los problemas empezaron en 2015 y aún continúan. El Defensor del Pueblo formuló una resolución en marzo de 2021 en la que pidió a la Junta de Andalucía, a la empresa suministradora Endesa y a los ayuntamientos que solventasen este «grave problema».
Pero, ante la falta de soluciones, en abril de este año ha tenido que volver a dar otro toque de atención para exigirles «medidas urgentes». Es imposible vivir sin luz», ha tenido que recalcar la Defensoría andaluza para advertir a las administraciones públicas y a la compañía eléctrica de las consecuencias que están acarreando los cortes del suministro en la población de estos barrios. «Los daños de los cortes de luz son de toda índole. En la educación, en la falta de conservación de los alimentos, en la seguridad de los enfermos crónicos y de los mayores, en la falta de medicamentos, en la higiene y la atención que necesitan los menores de edad, en el funcionamiento de los ascensores para personas con problemas de movilidad…».
En Martínez Montañés, el barrio más degradado del Polígono Sur de Sevilla, 250 viviendas están sin luz desde el pasado 26 de febrero, desde que se quemó el transformador que suministra la electricidad a 16 bloques, en su mayoría propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA), que los tiene en régimen de alquiler social, aunque en muchos de ellos no se sepa realmente quiénes son los inquilinos por la falta de regularización de los pisos. Y uno de los vecinos afectados ha conseguido que un juzgado de lo Contencioso Administrativo haya admitido a trámite su demanda por vulneración de derechos fundamentales y exigido que se le restablezca el suministro en el plazo máximo de cinco días.
El demandante, A.S., considera «irracional e irrazonable» que la existencia de
enganches ilegales de luz y cultivos de marihuana en su barrio «se esgrima como
argumento para la vulneración de los derechos fundamentales» del vecindario. Y en su escrito de demanda ante el juzgado, advierte de que el corte de luz está suponiendo un riesgo para su salud y para la de sus vecinos: «No es posible –dice- conservar los alimentos, inutiliza los mecanismos de camas articuladas de los numerosos impedidos que habitan en los bloques, imposibilita la utilización de aparatos de ayuda a la respiración que funcionan con corriente eléctrica. Impiden hasta extremos insoportables el lavado de la ropa de cama y uso personal, anulan el uso de calefactores y otros aparatos productores de calor ambiental en su vivienda».
Además, este vecino, que tiene contrato en vigor con la compañía Endesa, algo de lo que carecen otros en esa zona del Polígono Sur, denuncia que sus bloques han sufrido una doble discriminación, porque el transformador que les suministra la luz aún no ha sido reparado, algo que sí se ha hecho, en cambio, con otro de los transformadores del barrio, el que da servicio a un parque de bomberos, que sufrió un incendio en marzo.
El juez investiga vulneración de derechos fundamentales
El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Sevilla ha decidido seguir adelante con las actuaciones de este procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales (a la salud, la dignidad de las personas, igualdad y libertad de residencia), pese a que la fiscalía se oponía a su admisión a trámite, al igual que la compañía Endesa y AVRA, la propietaria del piso del demandante.
Según ha explicado a este periódico el abogado Alberto Revuelta, del Comité René Cassin que presta asistencia jurídica al vecindario que lo necesita desde la parroquia Jesús Obrero del Polígono Sur, el juez ha desestimado el pago de 80.000 euros en caución que exigía la Junta de Andalucía al demandante para pagar la reparación de los transformadores incendiados y ha ordenado a su Agencia Pública de Vivienda a restablecerle el suministro eléctrico en un plazo máximo de cinco días.
A juicio de Revuelta, este problema es eminentemente político, porque su origen se halla en la decisión de la Agencia Pública AVRA de desentenderse por completo de la situación de sus viviendas públicas en el Polígono Sur desde hace una década. «Es incomprensible discutir en el año 2022 si hay derecho o no a tener luz. Eso no se puede discutir», subraya el abogado.
La agencia pública de la Junta alegó en su escrito ante el juzgado que «no hay
vulneración de los derechos fundamentales» y que no había una reclamación administrativa previa, mientras que el ministerio público entiende que «la tardanza en la reparación de los transformadores no es fácilmente extensible a las administraciones públicas» y que las circunstancias de la reparación del transformador del Parque de Bomberos «no son comparables», un servicio que la compañía eléctrica sostiene, además, que es «esencial» y que por tanto no se pudo demorar el arreglo.
El Comité René Cassin también ha presentado ante el Defensor del Pueblo estatal una queja con este caso y con el de otros 103 inquilinos de la barriada Martínez Montañés –conocida popularmente como Las Vegas-. En su escrito, refiere que las viviendas de los pisos altos de los bloques afectados por el corte de luz desde febrero –de hasta ocho plantas- también sufren carencias en el abastecimiento de agua, porque los motores que la impulsan tampoco funcionan por la falta de suministro eléctrico.
En la queja se subraya, además, que se trata de «la zona más deprimida del Polígono Sur de Sevilla«, que a su vez es el barrio con la renta media anual por habitante más baja de España, y que las autoridades gubernativas estatales, autonómicas y municipales «parecen tender a abstenerse como si la situación no les afectara en sus competencias y en sus obligaciones sociales y políticas».
Un dirigente vecinal: «Esto es inhumano»
Rafael Pertegal vive en Martínez Montañés desde que nació. Su padre era el presidente de la asociación de vecinos del barrio y ahora lo es él. Y está «harto» de una situación que se alarga desde hace casi cuatro meses, tanto que han pasado ya de no tener electricidad para calentarse en invierno a no tenerla para encender ahora un aparato de aire acondicionado, un ventilador al menos que les permita soportar unas temperaturas que esta semana superarán los 40 grados, o para conectar un frigorífico que conserve la comida que se echa a perder rápidamente con tal calor.
«Esto ya no es normal. Es inhumano. No se puede vivir de esta manera», se lamenta Pertegal, quien culpa de la situación a las administraciones, a todas, que a lo largo de los años han sido gobernadas por diferentes partidos sin que ninguno de ellos haya resuelto los problemas que afectan a cientos de vecinos.
Y los problemas en esa zona del Polígono Sur rezuman en cada bloque, en cada bajo donde basura y aguas fecales se acumulan dibujando un espacio de miseria absoluta que en sociología urbana denominan chabolismo vertical. Para salvar el corte de la luz, muchos han tirado cables por las ventanas hasta otros bloques que aún disfrutan de suministro eléctrico. Es una jungla donde unos hacen dinero a costa del tráfico de droga y otros sufren la falta de servicios, la pobreza y el olvido que esa misma delincuencia necesita para esconderse.
«Pagan justos por pecadores», dice un portavoz de Fakali, una asociación que trabaja con la población gitana en esta zona de Sevilla, donde es muy numerosa. «Nos parece totalmente injusto, porque hay personas que lo están pasando realmente mal con la falta de luz, como si su situación ya no fuera de por sí complicada. Y la situación se ha vuelto ya extrema», advierte.
Las linternas de los móviles se han convertido en las lámparas de estos bloques de viviendas. Algunos, como Rafael Pertegal, se tienen que ir a casas de familiares en otros barrios para bañar a los niños con agua caliente, para poner una lavadora, para coger comida del frigorífico. Otros van tirando con el enganche de los cables a los bloques de enfrente que les da para enchufar el televisor, cargar el móvil, encender una bombilla, poco más. Y para hacer de comer, mucha cocina camping gas. En suma, un compendio de prácticas que han acabado convirtiendo Martínez Montañés en una zona de máximo riesgo de incendios.
Cerca de toda esa realidad, aunque los cortes de luz aún no tuvieran la gravedad de ahora, estuvo hace dos años el Rey Felipe VI, pero no lo suficientemente cerca para ver la podredumbre urbana de Las Vegas. Visitó el Polígono Sur, pero otra parte, una donde la miseria no es tan lacerante. «El Rey –dice Pertegal- vino a la avenida bonita. No le enseñaron esto, la realidad del Polígono Sur. Se fue sin saber lo que pasa aquí de verdad».
Cultivos que consumen como 80 viviendas
Endesa tiene muy claro quiénes son los culpables de estos cortes de luz en el Polígono Sur y en otros barrios de Andalucía donde proliferan los problemas con el suministro: los cultivos ilegales de marihuana en el interior de viviendas y locales que saturan las redes con enganches fraudulentos para favorecer el crecimiento de las plantas de cannabis.
Según fuentes de la compañía, una plantación de éstas puede llegar a consumir
electricidad como 80 viviendas juntas. En el caso de los bloques de la barriada Martínez Montañés afectados por los cortes desde febrero, tan sólo hay un inquilino con contrato de suministro en regla, según Endesa, mientras que el resto estaba enganchado ilegalmente. En todos estos barrios donde se suceden los problemas de abastecimiento, no llega al 10% el porcentaje de viviendas que tienen contratado el servicio, asegura la compañía.
Para atajar esta situación, Endesa afirma que ha invertido en los últimos tres años un total de más de nueve millones de euros en Sevilla, Granada y Almería, un gasto con el que ha reforzado infraestructuras y hasta triplicado la potencia del suministro. Y en colaboración con las fuerzas de seguridad, sólo en lo que va de 2022, ha llevado a cabo en esas provincias 110 intervenciones para más de 2.600 cortes de suministro de plantaciones de marihuana. «Lo que más nos preocupa es el tema de la seguridad de las personas. La manipulación de las instalaciones desprotege las instalaciones eléctricas, lo que puede ocasionar incendios, electrocuciones o explosiones», advierte una portavoz de la empresa eléctrica, que asegura que ya han encontrado hasta canalizaciones subterráneas para enganchar la luz de forma fraudulenta.
El alcalde de Sevilla señala que esta es «una alarmante realidad que no debería prolongarse más»
El caso es que la pelota va pasando de una mano a otra: la compañía asegura que está en coordinación con la Agencia de Vivienda de la Junta para reparar el equipamiento eléctrico dañado de los bloques de Martínez Montañés que están sin luz, una obra previa necesaria para reanudar el suministro. Por su parte, AVRA ha reiterado en varias ocasiones que corresponde al Gobierno central, como responsable de las fuerzas de seguridad del Estado, luchar contra las plantaciones ilegales de marihuana que provocan los cortes de luz, mientras que el alcalde de Sevilla, cuyo pleno abordó este asunto hace dos semanas, ha señalado que se trata de una «alarmante realidad que no debería prolongarse más». Antonio Muñoz (PSOE) le reprochó a la agencia de la Junta (que gestiona una consejería en manos del PP) no haber reaccionado a tiempo ni con la intensidad que debiera, ya que, como dueña de las viviendas, «le corresponde hacer las inversiones y adaptaciones necesarias» para solventar este problema Las estadísticas del Ministerio de Interior reflejan un notable incremento de las incautaciones de marihuana en Andalucía en los últimos años. Así, en 2020, se intervinieron cerca de 20 toneladas -19.454 kilos-, el 32,4% del cannabis confiscado en toda España, lo que supuso un incremento del 71% con respecto al año anterior en esta comunidad.
Manifestaciones en los barrios afectados
Mientras unos y otros buscan las soluciones, a los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz no les queda otro remedio que salir a la calle a manifestarse para que les oigan y pongan remedio a su situación. En el Distrito Norte de Granada lo han hecho en varias ocasiones, la última el pasado mes de febrero, cuando un centenar de personas se concentró con una pancarta en la que se leía «Sin empleo, sin ingresos, con fracaso escolar, infraviviendas y además sin luz».
La presidenta de una asociación vecinal de la zona advirtió entonces de que la situación era ya «insostenible» para muchas familias que tenían que pasar el frío invierno granadino con continuos cortes del suministro eléctrico. «A los niños se les hace difícil estudiar –comentó-, no se pueden cuidar enfermos o niños pequeños con estas interrupciones que condicionan su día a día. Gente que llega de trabajar y no puede darse una ducha caliente».
«Criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social»
En abril, vecinos del Polígono Sur de Sevilla se manifestaron también en contra de los cortes de luz, convocados por la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que se quejó del «castigo» que supone la falta de electricidad para las personas «honestas o que carecen de recursos» en el barrio más pobre de España.
En enero de 2021, más de un centenar de organizaciones enviaron una carta al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que exigían acabar con los cortes de luz que se estaban produciendo en al menos una docena de barrios de España, entre ellos ocho de Andalucía ubicados en las provincias de Almería, Granada y Sevilla. En un comunicado, las asociaciones firmantes señalaban que las administraciones públicas deben de garantizar «el derecho a una vida digna» y denunciaban que éstas se pusiesen del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas, «alejándose de la protección de los derechos fundamentales».
«La explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando. Criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social y resulta profundamente injusto y estigmatizador», advertían las organizaciones al Gobierno.
#EnLaFrontera616 – La OTAN necesita ‘camareros’
Desde el más humilde camarero, hasta el presidente del gobierno más arrogante, todos somos parte del mismo engranaje capitalista. Un sistema cuyo brazo armado es la OTAN.
Cumbre de Américas continua bajo fuertes críticas de diversos países
La Cumbre de las Américas continua en medio de denuncias y críticas por la política de exclusión de Estados Unidos.
Cuba, México y Chile, así como el grupo de Puebla, expresan su firme rechazo a la postura de Washington en este sentido.
Desde dentro y fuera de la Cumbre de las Américas, comenzada el lunes en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, continúan las denuncias por la política de exclusión de Estados Unidos.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien tal como sus pares de Venezuela y Nicaragua no fue invitado a la cumbre, criticó fuertemente el carácter discriminatorio de la cita organizada por Washingto.
Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en solidaridad con esos tres países, anunció que no participa en la cumbre, y su canciller, Marcelo Ebrard irá en su lugar.
Ebrard al respecto, en su intervención en una sesión en el marco de la Cumbre, criticando la decisión de Estados Unidos, propuso una refundación del orden interamericano basado en los principios de no intervención y beneficio mutuo.
El recién elegido presidente de Chile, Gabriel Boric, a su vez, reaccionó a la medida de Washington, diciendo que la exclusión no es el camino correcto, ya que no ha dado resultado históricamente.
Pero es más…. El Grupo de Puebla también expresó que tal exclusión contradice el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, y entiende la legítima decisión de otros países de ausentarse del evento por solidaridad con los excluidos.