Comisión permanente de la Conferencia Episcopal española — Jesús Hellín / Europa Press

Tras conocerse el informe del Defensor del Pueblo en el que estima en aproximadamente 440.000 las víctimas de la pedofilia en el seno de la Iglesia católica —la mitad de dichas agresiones sexuales habiéndose producido a manos de sacerdotes—, Podemos ha reclamado que se tomen medidas valientes para evitar que algo así pueda volver a pasar

Fuentes de la dirección morada han afirmado a Diario Red «estar en shock ante la dimensión de lo ocurrido». Según los datos estimados por el Defensor del Pueblo, «nada sospechoso de izquierdismo anticlerical», puntualizan desde Podemos, «estaríamos hablando de que aproximadamente 1 de cada 100 españoles ha sufrido agresiones sexuales en el seno de la Iglesia».

Por ello, en una comunicación mandada a primera hora de la tarde de hoy a los medios de comunicación, los de Ione Belarra señalan que consideran «inadmisible que una institución que ha amparado hechos de esta gravedad, ocultándolos y entorpeciendo su investigación, reciba financiación pública y gestione centros escolares», y por ello exigen las siguientes medidas con carácter inmediato:

1.- Denunciar (derogar) el actual concordato con la santa sede. «Es necesario acabar con el actual régimen de privilegios que el Estado español ha garantizado mediante la firma de este antiguo acuerdo a una institución que reiteradamente ha incurrido en dinámicas de ocultación y encubrimiento de agresiones sexuales a menores de edad», argumentan al respecto.

2.- Acabar con la financiación pública. Porque —explican en el mismo comunicado— «el Estado no puede destinar fondos a la institución en la que se ha gestado la mayor trama pedófila conocida hasta la fecha.» Por ello, sería necesario «cortar toda fuente de financiación pública a la Iglesia, incluidas exenciones y beneficios fiscales».

3.- Integrar los centros educativos religiosos en la red pública. Una medida de largo alcance que los morados justifican argumentando que «una institución que reiteradamente ha ocultado y silenciado agresiones sexuales a menores está inhabilitada para gestionar centros escolares», y que, por ello, «todos los centros escolares, privados y concertados, que hoy están en manos de la iglesia católica deberán pasar inmediatamente a la red pública de gestión directa».

Finalmente, Podemos también hace suyas reclamaciones de las víctimas, como la no prescripción de los delitos de agresión sexual que se hayan producido en el seno de la iglesia o la financiación del fondo de compensación a las víctimas completamente mediante recursos de la propia iglesia católica y no mediante dinero público.