Los pisos turísticos forman parte del gran problema de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid. La candidata a la Alcaldía de Madrid Rita Maestre ha publicado un mapa de la capital con todas la casas destinadas al alquiler vacacional, lo que ha derivado en un rifirrafe con el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Todo comenzó con el mapa. «Todos estos puntos rojos son pisos turísticos. El 98% es ilegal. Expulsan vecinos de los barrios e inflan los precios de la vivienda. Almeida ha eliminado la inspección para que campen a sus anchas. En mi gobierno pondremos orden», publicaba en su cuenta de Twitter.
De todo ese mensaje, el detalle más importante para Almeida era que algunos pisos estaban ubicados en zonas como dentro del parque de El Retiro o en los túneles de la M30.
En lo que no reparó el alcalde es en que los mapas de viviendas de alquiler vacacional no suelen mostrar la ubicación exacta por cuestiones de seguridad, sino una aproximación para que el interesado sepa en qué zona se ubica.
«Es grave que un alcalde desconozca cómo funcionan los mapas de localización. Te invito a buscarlo y verás que el que supuestamente está en El Retiro, cuando pinchas, está en una ubicación próxima. Pero es aún más grave que desvíe la atención de lo importante: los pisos ilegales«, reclamaba Maestre.
El debate ha generado conversación entre los tuiteros sobre la vivienda, los pisos de alquiler vacacional y los mapas. El ambiente electoral de cara al 28M empieza a caldearse entre los candidatos.
Por primera vez se publican las páginas de la agenda de la encargada de un prostíbulo que probarían cómo dirigentes del PP habrían disfrutado de servicios sexuales que costeaba el magnate de la noche mallorquina.
El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach antes de llegar al juicio por el caso Cursach, en la Audiencia Provincial de Baleares, el 10 de octubre de 2022, en Palma de Mallorca. —Europa Press/ISAAC BUJ
Junio de 2017, Palma de Mallorca. Una mujer recibe una brutal paliza en el portal de su domicilio cuando se disponía a tirar la basura. Dos sicarios la tiran al suelo, la apalean, causándole una herida seria en la pierna. Antes de marcharse lanzan una amenaza: «Si no quitas las denuncias, te mataremos y terminarás bajo tierra». La mujer tuvo que ser ingresada en el hospital de Son Espases, de Palma.
Pese a la agresión y las amenazas, la mujer se mantiene firme en su decisión de colaborar con la Justicia. Tres meses antes había acudido voluntariamente al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear, donde el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigaban la trama policial relacionada el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que por entonces ya estaba en prisión provisional [ingresó el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2018].
La mujer declaró que varios policías locales y varios políticos recibían servicios sexuales gratuitos pagados por Cursach, que en la isla es conocido como Tolo Cursach. La mujer lo sabía porque tenía en su poder una agenda o cuaderno que había pertenecido a la madame del prostíbulo donde trabajaba. La encargada había muerto y ella se había apropiado de la agenda como su sucesora.
Tras la brutal agresión sufrida a manos de dos sicarios, la mujer decide dar un paso más y entrega en el juzgado aquella agenda que muestra los presuntos pagos a cuenta de Cursach de servicios sexuales a varios agentes de la Policía Local y a dos personajes políticos de primera magnitud por entonces en la isla. Público ha podido acceder a dicha agenda, que está judicializada; en concreto está aportada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y seis agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Según reflejan los apuntes plasmados en la agenda, las fiestas sexuales con cargo a Cursach superan los 150.000 euros. No todos los servicios indican el precio final, por lo que no es aventurado deducir que la cifra definitiva puede superar con creces esa cifra.
Uno de los altos cargos del PP mencionados en la agenda es José María Rodríguez Barberá, de 75 años, expresidente del PP de Palma, exsecretario general del partido, exconseller de Interior, delegado del Gobierno en las Illes Balears y senador. En aquel momento era el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. El otro político señalado en la agenda era su número dos, Álvaro Gijón, en aquellos momentos, concejal en el consistorio y diputado en el Parlament Balear.
Imagen de la agenda judicializada a la que ha tenido acceso ‘Público’. —Público
La autenticidad del cuaderno o agenda de la testigo protegida, algunas de cuyas páginas desvela Público en exclusiva a lo largo de este artículo, no fue puesta en duda; de hecho, los investigadores realizaron una pormenorizada investigación sobre las revelaciones de la mujer. Así, constataron que, en efecto, en el segundo piso de un edificio de la calle Lluís Martí de Palma se ubicó un prostíbulo que suministraba mujeres prostituidas para fiestas en propiedades de Cursach, como la discoteca Tito’s y fincas repartidas por la isla.
Sobre la identidad de los dos políticos del PP y de dos mandos de la Policía Local que también aparecen, como los exintendentes Antonio Vera Martínez y Juan Miguel Mut García, los investigadores pudieron comprobar que en efecto se trataba de ellos, como ha podido saber este diario al acceder al informe policial. La agenda da referencias explícitas. Por ejemplo, «Ayuntamiento, sr. Rodríguez», siendo este el único concejal con ese apellido, pero además aparecía su teléfono móvil institucional. Lo mismo ocurre en el caso de Gijón, al que en el ambiente del prostíbulo llamaban ‘el principito’.
Cumpleaños en el prostíbulo
La agenda, que cubre parte de 2014 y el año 2015 prácticamente entero, muestra episodios repulsivos. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2015, para celebrar el cumpleaños de Rodríguez, al que se califica como «morboso», se montó una fiesta cuyo coste alcanzó la cifra de 14.000 euros. «Preparar tres chicas y tartas», consta en el cuaderno. Otras fiestas disfrutadas por Rodríguez, según la agenda, resultaron más caras: 23.000 euros y hasta 36.000 euros.
En el primer caso se trató de una fiesta navideña, a las 17.00 horas: «Avisa llega después de una comida con amigos»; «viene con un compi («Andrés P.P.»); «avisar a Tolo», «Justificar?»
En el segundo caso, que recoge el precio más alto de los que constan en la agenda judicializada, 36.000 euros, la fiesta se prolongó 12 horas del viernes y tres horas del sábado por la mañana. En total, se consumieron 26 botellas de alcohol.
Páginas de la agenda del prostíbulo a las que ha tenido acceso ‘Público’ sobre servicios sexuales con los que fueron obsequiados miembros de la Policía Local de Palma (P. L.) —Público
«Paga Tolo, pasar por Mega»
El dinero no era problema, según declaró la encargada del prostíbulo (que acabó convirtiéndose en la testigo protegida 31 de la causa), porque lo ponía Bartolomé Cursach. En el caso de la fiesta de 36.000 euros, el apunte indica: «Cobrar Tolo-Mega [en referencia al Megasport y Megapark, el centro de deportes y ocio de Bartolomé Cursach en Palma]»; «Llamar a las 12. Esperar pista pádel central. Esperar que salga».
José María Rodríguez Barberá (primo carnal de Rita Barberá), Álvaro Gijón, y los comisarios Antonio Vera y Juan Miguel Mut llegaron a estar investigados, junto a Cursach, por cohecho impropio, es decir, el realizado no para obtener un beneficio inmediato sino para lograr que el funcionario o cargo público que ha recibido el obsequio se sienta en deuda con el agasajador.
Las revelaciones de la agenda fueron corroboradas por testimonios de camareros de la discoteca Tito’s, mujeres prostituidas y agentes de la Policía Local. Este diario ha podido acceder a algunas de dichas declaraciones que señalan al magnate Cursach como el pagador de esas actividades.
Por ejemplo, una mujer prostituida reconoció a Gijón en una fiesta sexual en una finca de Cursach y a media docena de agentes de la Policía Local como receptores de servicios sexuales que ellos no abonaban, sino el empresario y su entorno. Llama la atención que los testigos reconocieron a los mismos policías de entre numerosas fotografías mostradas, tal y como apuntan fuentes jurídicas.
Apuntes de la agenda aportada en el TSJ balear. —Público
El fiscal Carrau retiró los cargos
La encargada del prostíbulo de la calle Lluís Martí de Palma declaró varias veces durante la instrucción de la causa Cursach, manteniéndose firme en sus manifestaciones y en el contenido de su cuaderno. Incluso se sometió a un careo con Rodríguez, Gijóny con el chófer de este último, ya que, según ella, acudía al burdel en coche oficial. Los tres negaron los hechos. Gijón dijo que era una persona decente y que no había ido nunca a prostíbulos, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.
Sin embargo, el giro que experimentó la instrucción de la causa Cursach, una vez que el juez Penalva y el fiscal Subirán fueron apartados y terminaron investigados por presuntas presiones a los testigos, explica por qué la agenda y su dueña acabaron en un limbo y sin ninguna visibilidad en el juicio de la causa Cursach, del que todos los procesados, policías locales y directivos del grupo Cursach, incluido el magnate, fueron absueltos.
El fiscal Juan Carrau renunció, en un inexplicable giro de guion, a la testigo protegida número 31 y a cerca de sesenta testigos más que podrían haber confirmado no sólo las fiestas sexuales con las que Cursach presuntamente obsequiaba a policías locales y políticos, sino también cómo esos policías presuntamente amedrentaban con inspecciones y extorsiones a empresarios que eran competencia de Cursach.
Respeto a Gijón y a Rodríguez, que está condenado en firme a tres años y medio por amaño de contratos públicos a favor de la empresa de publicidad Over Marketing, sus imputaciones cayeron en saco roto. No estaban acusados en la causa Cursach, pero sí en una de sus derivadas, el caso ORA, por amaño de la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma. La agenda iba a incorporarse a esta otra causa, pero sorpresivamente el fiscal Tomás Herranz retiró los cargos, ante la perplejidad del juez instructor, que llegó a plasmar esa extrañeza en el auto de archivo.
Hay que recordar que Bartolomé Cursach constituye el paradigmático caso de un acusado absuelto pese a que jamás abrió la boca ni durante la instrucción de la causa ni durante el juicio. Se negó a declarar en todas las ocasiones.
Apuntes de la agenda judicializada. —Público
La dueña de la agenda llegó a desaparecer de Mallorca. Pero en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó localizarla para que declarara en la causa que se había abierto contra Penalva y Subirán, que serán juzgados en breve.
Nueva oportunidad para la agenda
La testigo entonces cambió de versión, tras haber defendido durante años la autenticidad de la agenda, y declaró al juez instructor que la había confeccionado ella misma, y no la antigua madame, bajo el dictado del fiscal Subirán. El juez abrió procedimiento por falso testimonio contra ella y en estos momentos está siendo investigada, pendiente de juicio. No hay que olvidar ni la paliza que recibió esta mujer en 2017 ni las posibles presiones que soportaría hasta llegar a 2019 para que lograr que se retractara, como le ocurrió a otros testigos.
Pero la agenda tiene una nueva oportunidad. Al estar aportada a la causa del TSJ balear contra Subirán y Penalva podría servir ahora para evitar la impunidad de unos cargos públicos que pudieron aceptar servicios sexuales como regalos.
Los dos partidos del Gobierno consideran que la nueva ley puede ser una herramienta electoral para el 28 de mayo. «Va a ser una batalla cultural y de alcance largo», señalan desde Unidas Podemos. Los socialistas creen que en algunos lugares el PP no tendrá más remedio que aplicar la ley.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (c), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), este jueves en el Congreso. —Javier Lizón/EFE
Día «histórico» en el Congreso de los Diputados. La ley de vivienda ya está aprobada en la Cámara Baja. En una semana las caras largas, la tensión y la tristeza por lo sucedido con la reforma de la ley del solo sí es sí han dado paso a la euforia generalizada en el Gobierno de coalición. Todas las partes han cerrado filas con la normativa y la reivindican como propia a las puertas de las elecciones del mes de mayo.
El propio presidente Pedro Sánchez acudió personalmente al Congreso este jueves y ofreció declaraciones a los medios sobre este asunto. No es habitual que el líder del Ejecutivo acuda a la Cámara Baja en este tipo de votaciones.
Junto a él, rompiendo la ubicación habitual de los ministros, se sentó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. A su lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y en el otro extremo del hemiciclo, las ministras de Igualdad y Derechos Sociales, Irene Montero y Ione Belarra. Esta última también celebró en declaraciones a los medios el resultado de la votación.
En los comicios municipales y autonómicos del 28M esta ley jugará un papel importante. Al menos así lo desean tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. Serán las comunidades autónomas quienes tendrán que aplicar algunas de las principales medidas como por ejemplo la limitación de precios al alquiler en las zonas tensionadas. El PP ya se ha rebelado contra la ley y ha anunciado incluso que recurrirá Y aquí surge entonces la gran pregunta. ¿Se podrá aplicar en los territorios gobernados por los populares?
La respuesta que dan en Moncloa, según las fuentes consultadas por Público, es que va a ser clave la «presión ciudadana». Es decir, que los socialistas confían en que el «contraste» que se puede dar entre comunidades autónomas de lugares con Gobiernos diferentes haga que los dirigentes del PP «no tengan más remedio» que aplicar medidas que favorezcan rebajas en los alquileres.
El ejemplo más concreto de esta situación se puede dar en la Comunidad de Madrid. Salvo que haya un vuelco electoral, Isabel Díaz Ayuso seguirá siendo presidenta autonómica. Ha sido la más beligerante contra la ley, recurriendo incluso a ETA por la participación en el acuerdo de EH Bildu.
Una situación compleja se puede dar en Euskadi. Allí gobierna el PNV junto a los socialistas, que precisamente cuentan con la Consejería de Vivienda. La formación vasca ha votado en contra de la ley al considerar que se invaden sus competencias.
También han abierto la puerta a interponer un recurso ante el TC. El PNV escenificó su distancia con el Gobierno en una llamativa rueda de prensa junto a Junts y PDeCat en el Congreso tras las votaciones. En las filas socialistas afirman que «hay que dar tiempo»
Mientras, en Unidas Podemos celebran que por fin se haya sacado adelante una norma que llevan reclamando desde el inicio de la legislatura. Consideran en el espacio morado que su insistencia ha sido clave para convencer al PSOE de sacarla adelante antes de las elecciones. Podemos ve en el tope a los alquileres un «revulsivo electoral».
A los socios del PSOE en el Gobierno les hubiera gustado que la ley «se aprobara antes». Pero están satisfechos porque puede ser «un arma electoral para las candidaturas progresistas» en las próximas elecciones, según destacan las fuentes consultadas por este medio. Creen que la ley de vivienda es una buena inversión a corto y medio plazo, no solo para esta cita con las urnas.
«Los ciudadanos de Madrid van a ver cómo en Barcelona o València la gente no está asfixiada con los alquileres y él en su ciudad sí. Va a ser una batalla cultural y de alcance largo«, señalan en Unidas Podemos. En este sentido, en UP suelen recordar de forma habitual que incluso un alcalde del PP tan marcado ideológicamente como Xavier García Albiol decidió aplicar la ley catalana en Badalona.
En Moncloa reivindican que «todos los avances sociales de este país han venido de la mano del PSOE» y no entran en la disputa por la autoría de la ley con UP. «Somos un Gobierno de coalición que está funcionando», insisten. Eso sí, algunas fuentes socialistas consultadas reconocen que el espacio morado ha tenido una relación muy fuerte con los movimientos por la vivienda y antidesahucios. De hecho, algunos representantes de los mismo estuvieron este jueves en el Congreso invitados por UP.
Sea como fuere, en estos momentos el mensaje que se traslada desde ambas fuerzas políticas con la importancias aplicación de esta ley es unitario. Todo pese a las resistencias iniciales de bajar los precios del alquiler por parte del PSOE, según recuerdan en UP. Los socialistas han reaccionado a un escaso mes de la cita electoral. No solo con la ley sino con otros anuncios ya hecho y otros que vendrán antes de que comience la legislatura.
Hoy en DATO MATA RELATO hablamos de cómo trataron los programas con más audiencia de la televisión los diferentes temas de actualidad, para comprobar cómo estos programan manipulan hasta el extremo temas como la nueva ley de vivienda, las fechorías de la monarquía, o el enaltecimiento franquista por la exhumación de los restos de Primo de Rivera.
Estas son algunas de las reacciones políticas esta mañana de jueves en el Congreso de los Diputados a propósito de la supuesta nueva hija de Juan Carlos I. Gabriel Rufián (ERC): «¿Sólo una? Más que su vida privada nos preocupa el dinero secreto que suponen esos hijos secretos» Mireia Vehí (CUP): «El rey emérito debería pasearse por un juzgado y dejar de pasearse por España» Alberto Garzón (IU): «A mí lo que siempre me ha preocupado han sido las denuncias, indicios y pruebas de la actuación irregular de Juan Carlos de Borbón cuando fue monarca» Íñigo Errejón (Más País): «Ya no hay ningún escándalo del rey emérito que pueda sorprender a los españoles» Enrique Santiago (IU): «Nos parece muy mal la situación de impunidad de los ilícitos que haya cometido cualquier persona, también del rey emérito»
Hoy en TEMB hablamos sobre la okupación y los bulos. ¿Quiénes fomentan esas mentiras? ¿Quieren las empresas de alarmas asustarte para vender más? Hablamos con la gente y comprobamos cuales son las respuestas a todas las preguntas.
En La Base de hoy 26/04 Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova, analizan la medida del PSOE de extender los privilegios fiscales de la Iglesia católica a otras confesiones religiosas. Una cuestión que, por primera vez en mucho tiempo, ha provocado que la derecha mediática compre íntegramente el argumentario de Moncloa. Además, hablaremos sobre el intento fallido de Gustavo Petro de acabar, vía una reforma fiscal, con los privilegios de la Iglesia en Colombia. Con la participación especial del teólogo Juan José Tamayo. ¿Deben pagar impuestos las religiones? ¿Es España un estado laico? ¿Qué religiones hay en España?
Hoy, 26/04, en Noticias Básicas hemos hablado de los beneficios fiscales del PSOE a las religiones; del nuevo brindis al sol de Pedro Sánchez en materia de vivienda; de la constitución de una comisión ciudadana de investigación a las residencias madrileñas; de Juan Carlos Monedero poniendo en evidencia a uno de los periodistas del clan Villarejo y de la expulsión de Guaidó en Colombia.
Los agentes dieron el alto a Baltar el domingo al volante de un vehículo de la Diputación y los hechos han motivado la apertura de un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (izquierda), junto al de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, en una imagen de archivo EFE
La Guardia Civil de Tráfico redacta un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial tras haber detectado el vehículo que conducía el presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora el pasado domingo, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, informan a elDiario.es fuentes próximas a las pesquisas.
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Los agentes dieron el alto al coche por el citado tramo de la A-52, también conocida como Autovía de las Rías Baixas, pasadas las seis de la tarde, tras detectar un radar el exceso de velocidad. La A-52 une Galicia con Castilla-León, conectando las provincias de Pontevedra, Ourense y Zamora con la A-6. Fuentes de la Diputación afirman que Baltar conducía en dirección Madrid porque tenía reuniones el lunes por la mañana en la capital.
Las mismas fuentes oficiales del órgano que preside Baltar aseguraron a elDiario.es la noche del martes que el coche pertenece a la Diputación de Ourense y que el político fue sancionado en el acto con una multa de 600 euros y seis puntos, así como que los servicios jurídicos de la Diputación procederían a recurrir por la vía administrativa. En la mañana del miércoles, la Diputación rectificó y afirmó que los servicios jurídicos no recurrirán la sanción, atribuyendo la comunicación inicial a “un error”. Ese portavoz oficial asegura que Baltar ha pagado la multa la mañana de este miércoles, horas después de que elDiario.es desvelara el incidente.
El presidente del PP de Ourense se ha apresurado a pagar la sanción antes de que le sea notificada la instrucción por un presunto delito contra la seguridad vial. El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso de sanción administrativa se detendrá.
Los agentes redactaron en el acto un boletín de denuncia administrativa que le entregaron a Baltar en el lugar. Los 215 kilómetros a los que el radar señaló que circulaba Baltar situaban los hechos en lo que los agentes denominan “zona gris”, esto es, en la duda de si se trata de un exceso de velocidad constitutivo de delito o solo alcanza a una fuerte sanción. Por este motivo, los guardias civiles procedieron a notificar la apertura del proceso administrativo a la espera de determinar si se daba un delito. Con posterioridad, y tras aplicar el margen de error posible en el radar del 5% de total de la velocidad detectada, se procedió a abrir un atestado por una posible infracción penal al haber superado en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en el tramo, explican las fuentes de elDiario.es.
El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso administrativo se detendrá a la espera de la resolución de la instrucción penal.
El presidente de la Diputación de Ourense no se identificó como tal cuando los agentes le dieron el alto. Los guardias no practicaron el test de alcoholemia o drogas porque este se realiza siempre que hay accidente y solo si se aprecian síntomas en el conductor en el caso de que no se haya producido un percance, precisan las fuentes consultadas.
José Manuel Baltar es presidente de la Diputación Provincial de Ourense desde febrero de 2012, hace más de una década. Sustituyó en el cargo a su padre, José Luis Baltar, hombre fuerte del PP gallego durante décadas. Baltar hijo es presidente del PP de Ourense desde 2010. En 2021 revalidó su liderazgo en el partido a nivel provincial con un 99,2% de los 662 sufragios emitidos. La conducción temeraria está castigada con hasta dos años de cárcel si no ha puesto en riesgo concreto la vida de las personas.
