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AYUSO vs MÁS MADRID: el rifirrafe a cuenta de las RESIDENCIAS en la pandemia
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de las críticas por su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia con unas declaraciones que, a buen seguro, le perseguirán. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
El líder de la formación nazi que esquivó la Ley de Partidos, sobre los guardias civiles asesinados: «Que les den por culo»
El veterano activista Pedro Pablo Peña aprovechó su participación en una tertulia de extrema derecha para menospreciar a los agentes de la Benemérita. El Supremo descartó la ilegalización de su formación política.
BILBAO
Pedro Pablo Peña es uno de los neonazis más experimentados del país. Cuando era algo más joven estuvo preso y se paseó por la cárcel luciendo camisetas con esvásticas. Luego se puso al frente de Alianza Nacional, el único partido político de toda España que homenajea a Hitler desde la más increíble legalidad. Hoy Peña se burla de los guardias civiles asesinados por narcotraficantes en Barbate.
«Dicen que la Guardia Civil está infradotada, yo quiero que la infradoten todavía más. No sé si habéis visto esas barquitas que van dos con pedales… Eso quiero que les den», afirmó el pasado miércoles en el debate de la editorial ultraderechista SND que se emite por Youtube y en el que también participó Norberto Pico, responsable de Falange Española de las JONS.
Álvaro Romero, presentador del programa y responsable de la citada editorial, puso sobre la mesa el caso de los guardias civiles muertos en Barbate. Peña fue el primero en responder. «La tía que se ha negado a que condecoren a su marido es la única que tiene cojones en todo ese cuerpo. Los demás me importan un pito«, afirmó.
Bajo la atenta mirada de Romero y Pico, el dirigente neonazi se expresó en términos denigrantes hacia las víctimas. «Al principio te dicen que han muerto dos, yo la verdad que eso lo recibo como si dicen que han tirado un cohete«, afirmó.
Su intervención no terminó ahí. «Luego dicen que tienen dos hijos y tal, y te va a dar pena. Y de buenas a primeras ves cómo están apaleando los guardias civiles a los tractoristas en las carreteras. Anda y que les den por el culo. ¿Han querido ingresar ahí? Pues que ingresen. ¿Los infradotan? Que los infradoten. Si les rebajan el sueldo, que se jodan», manifestó.
«Si están acostumbrados a comer ojetes, que sigan comiendo ojetes, y si quieren perseguir a los de las lanchas, pues con un pedal. ¿Acaso de las lanchas nos persiguen a nosotros? Cuando vamos a hacer un acto los de las lanchas no aparecen, aparecen los guardias civiles y los policías», continuó Peña. «El drogadicto es un mierda, él es el culpable», agregó después.
El dirigente neonazi buscó presentarse como víctima de la persecución policial y reivindicó que «falangistas, nacionalsocialistas, nacionalrevolucionarios y católicos radicales» son a día de hoy «los negros de Alabama en los años de la esclavitud».
Romero puso en pantalla una fotografía en la que aparecían varios agentes de la Guardia Civil saludando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le preguntó a Peña cuál era su impresión al respecto. «Conozco la foto. Les faltó comerle la polla», remató.
Petición de cárcel
El líder de Alianza Nacional está a la espera de una resolución judicial que puede marcar su futuro próximo. En diciembre pasado, la Fiscalía pidió tres años y medio de prisión para Peña por sus reiterados mensajes de enaltecimiento nazi a través de Facebook entre 2019 y 2021.
En esos mensajes no sólo reivindicó a Adolf Hitler como «estadista» o «vacuna» contra lo que denominó como «virus judío», sino que también se refirió a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado como «mercenarios».
Peña fue detenido a principios de julio de 2021 a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía de Madrid, que le acusó precisamente de un delito de odio y otro de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus reiterados mensajes en las redes sociales. Tras ser notificado del procedimiento, quedó en libertad.
El silencio del Supremo
Su partido, Alianza Nacional, quedó a salvo de la Ley de Partidos, una norma creada expresamente para dejar fuera del juego democrático a la izquierda abertzale y que jamás se aplicó contra formaciones que difunden mensajes racistas y antisemitas.
El ex diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares lo intentó sin éxito. En 2013, el Tribunal Supremo recibió una solicitud formulada por IU para que se estudiara la posible ilegalización de Alianza Nacional por su carácter de «organización criminal». Aquella petición nunca prosperó.
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También desde la cárcel se puede hacer lawfare
Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista canario Carlos Sosa
El juez Salvador Alba, actualmente en prisión, a su llegada a un juicio en su contra — Foto cedida por Canarias Ahora
Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora (cabecera asociada a eldiario.es desde las islas).
El encargado de abrir el juicio oral es un juzgado de Madrid por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa, motivo por el que el magistrado lleva dos años en prisión. La jueza, que asume parte de los postulados de la querella del exmagistrado, exige a Sosa una desproporcionada fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.
Este caso nos pone frente a una nueva modalidad de Lawfare, donde el delincuente lo ejerce desde la cárcel y hace creer a la opinión pública que la víctima de acoso es el victimario. Se trata de un ataque frontal a la libertad de información ya que al exigir una fianza tan elevada envía un peligroso aviso a navegantes para cualquier medio independiente que quiera (porque debe) denunciar la corrupción política y judicial
Por el momento, hasta cuatro asociaciones de prensa han mostrado su apoyo al periodista canario. Desde la Asociación de prensa de Las Palmas se decidió en junta directiva y por mayoría absoluta amparar a Carlos Sosa y mantiene que se le acusa de estos delitos por el mero hecho de ejercer la profesión periodística. “Entendemos que el compañero ha cubierto los principios deontológicos”, aseguran en un comunicado.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de investigación también respaldan públicamente a Sosa y ven “con profunda preocupación la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada en contra del criterio de Fiscalía”. La última organización en mostrar su apoyo ha sido Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en un comunicado rechaza el auto judicial de apertura de juicio oral contra Sosa y exige que se respete el derecho a la libertad de información y rechazan “que se intente asfixiar el periodismo libre”.
Madrid –
El presidente de la Audiencia de Madrid y un vocal del CGPJ participan en un acto de Mayor Oreja contra la amnistía
El juez Juan Pablo González, recusado en el procedimiento de la trama Gürtel por su afinidad con el PP, y el miembro del CGPJ José María Macías estarán este jueves en una charla de la asociación que dirige el exministro.
Jaime Mayor Oreja tiene buenos contactos en el mundo judicial. El exministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar ha logrado que tres magistrados en activo, todos ellos con puestos significativos en el ámbito de la Justicia, se sumen a su campaña pública contra la ley de amnistía.
La cita tendrá lugar este jueves a última hora de la tarde. La plataforma Neos que dirige Mayor Oreja ha reservado una sala del Hotel Intercontinental de Madrid, situado en el número 49 del Paseo de la Castellana, para celebrar allí un encuentro bajo un lema elocuente: Asalto a la justicia.
En la mesa estarán varios rostros conocidos del ámbito judicial. Uno de los conferenciantes será Juan Pablo González, actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2001 y 2008.
Este magistrado fue recusado en el juicio por la trama Gürtel debido a su afinidad con el PP. No en vano, González participó en conferencias de la Fundación FAES y contó con el apoyo de los populares en distintos momentos de su trayectoria profesional.
La conferencia organizada por la plataforma que dirige Mayor Oreja contará también con la participación de José María Macías, vocal del CGPJ y socio de Cuatrecasas, uno de los despachos de abogados más importantes del país.
Macías no oculta sus diferencias con el Gobierno en torno a la ley de amnistía. En distintas apariciones públicas y también a través de la red social X (antes Twitter), el jurista ha criticado al Ejecutivo por impulsar esa medida.
«Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho»
«¿Es que en algún momento ha habido alguna duda de que el objetivo era perseguir a los jueces? Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho», escribió el pasado 17 de noviembre en un mensaje publicado en X junto a una noticia sobre la iniciativa de Junts y PNV en el Congreso para que se investigase la denominada Operación Catalunya.
La magistrada Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM) también figura en el elenco de ponentes que este jueves estarán en el Hotel Intercontinental.
Gómez Garrido también se ha mostrado contraria a otorgar una amnistía a independentistas catalanes, una medida que catalogó como «inconstitucional desde el origen», según consta en un mensaje que publicó en la red social X.
«A los jueces se les puede atizar impunemente sin coste real, ya que no pueden defenderse, ni juegan en el mismo campo ni con las mismas armas», afirmó el pasado 19 de enero en otro texto, en el que criticaba las declaraciones formuladas por la vicepresidenta Teresa Ribera en torno a la ley de amnistía.
«El ciudadano de a pie debe someterse a la acción de la justicia. El político amigo se sitúa por encima de la ley y la mera invocación de estar ‘haciendo política’ debería servir para suspender la aplicación del Estado de Derecho», subrayó entonces.
El evento organizado por la plataforma de Mayor Oreja contará también con la intervención de Teresa Freixes, catedrática en Derecho y miembro del Foro de Profesores, otra de las entidades de la órbita «constitucionalista» que se opone a una amnistía.
«Creciente descrédito»
El acto tendrá además como invitado al exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, quien a día de hoy figura como presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), una organización conformada por juristas que rechaza la ley de amnistía.
De hecho, el acto de este jueves servirá para presentar el manifiesto lanzado por PCIJ en el que denuncia las «amenazas políticas que cuestionan la independencia del Poder Judicial» y advierte sobre la «intención de algunos partidos políticos de colonizar ideológicamente la Justicia».
«Los ciudadanos españoles no pueden permitir que el poder político socave la independencia del Poder Judicial mediante la colocación de jueces afines, de los que se espera resuelvan en un sentido favorable a los intereses o ideología de quien los designa para consolidar su hegemonía ideológica», critica.
Alerta además sobre el «creciente descrédito de la función jurisdiccional de los jueces y tribunales a través de las opiniones vertidas por algunos ministros y diputados de diversas formaciones políticas conduce a dinamitar el modelo constitucional, situando a los jueces como un blanco político sin posibilidad de reacción ni defensa».
♟️ Feijóo indultando a Puigdemont | El Tablero
Hoy tenemos a Rafa Mayoral (Abogado y analista político), Irene Zugasti (Politóloga y periodista), Jediael Álvarez (PSOE) y Álvaro Lopez (Periodista El diario.es) -GUARDIAS CIVILES ASESINADOS EN BARBATE -PP SE MUEVE CON RESPECTO A LA AMNISTÍA -El ABC censura los contactos entre el PP y Junts – García Page arremete contra el PP por relaciones con Junts – Ferraz, VOX y sus representantes dentro de las movilizaciones -PP, PSOE, VOX y PNV apoyaron tratados de libre comercio en la UE -Doce países piden la expulsión de Israel en el mundial de fútbol y diversos artistas piden expulsión de Israel en Eurovision – Antonio Guterres (ONU): “el mundo está entrando en un caos”
FEIJÓO, acorralado tras salir a la luz su giro sobre el indulto a PUIGDEMONT y la AMNISTÍA
«El PP tardó menos de 24 horas en rechazar totalmente la amnistía», ha dicho este sábado Alberto Núñez Feijóo. Es decir, Feijóo tuvo la amnistía sobre la mesa durante 24 horas. Según fuentes populares, durante las conversaciones para la investidura del presidente del PP —contactos que se han ido conociendo por goteo tiempo después—, Junts per Catalunya les trasladó su exigencia de una ley de amnistía y el equipo jurídico del partido «estudió» sus posibilidades legales durante un día. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
La Audiencia de Barcelona envía a juicio a 46 policías por las cargas del 1-O
Los agentes podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía que se negocia en el Congreso.
La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez de dejar a un paso de juicio a 46 policías nacionales por las cargas del 1-O, al concluir que las imágenes apuntan a que pudieron incurrir no solo en delitos leves de lesiones sino también contra la integridad moral.
Así lo ha acordado la sección tercera de la Audiencia de Barcelona en un auto en el que desestima los recursos contra la resolución que dictó en enero del pasado año el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, en el que dejaba a 46 agentes a un paso de juicio, en un caso que se podría acabar incluyendo en la Ley de Amnistía que se está negociando en el Congreso.
Patada de la escalera y porrazos en la cara
En el auto que ahora confirma el tribunal, el instructor concluyó que en el IES Pau Claris «claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad, ya que, como se ha dicho en resoluciones anteriores en este juzgado y por diversos autos de la Audiencia de Barcelona, la actuación policial fue claramente desproporcionada en general». En este se colegio se ha identificado al policía que saltó desde una escalera para dar una patada sobre un hombre y están procesados tres agentes que aparecen en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.
«La actuación policial fue claramente desproporcionada en general»
Sobre la Escola Mediterrània, donde hubo 20 denunciantes y entre los heridos un hombre de 82 años, el juez relata a partir de las imágenes de la jornada: «Los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas».
El juez ha constatado que el responsable del dispositivo incumplió la normativa policial al ordenar actuar de esta forma, y añade que «en este colegio se llevó a cabo una auténtica carga policial, que por su modo de llevarse a cabo y su falta de anuncio resultó en diversos resultados lesivos».
Procesa al jefe de este dispositivo, y a siete policías más, entre los que destaca de uno su «actuación especialmente grave»: golpeó con la porra en la cara a varias personas ya desalojadas, dio patadas a una persona que intentaba levantarse del suelo y golpeó en la cara a otra persona que intentaba ayudarle.
Actuación «violenta» y fuerza «claramente innecesaria»
En las Escoles Pies de Sant Antoni, las imágenes muestran «una actuación especialmente violenta y desproporcionada de los agentes», que golpearon sin aviso previo ni ninguna negociación, cuenta el juez. «Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios», y el juez subraya que el equipo que intervino en este centro es el mismo que fue al IES Pau Claris y a la Escola Mediterrània.
«Los agentes golpearon a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio»
El juez procesa a varios policías por la actuación en el IES Víctor Català: un agente dio una bofetada a un votante, dos levantaron a una persona alzándola por una pierna y luego uno de ellos levantó a un anciano del suelo tirándole de las orejas.
El instructor añade una «especial mención» al policía que aparece en un vídeo dando un puñetazo en la cara a un hombre, y además de a ellos también procesa a un agente por tirar a una persona al suelo y luego golpearla, además de pisar intencionadamente la mano de una persona que está sentada en el suelo.
En el CEIP Prosperitat, 11 personas denunciaron lesiones, entre ellas un hombre que denunció «que fue arrojado por los agentes por unos escalos y sufrió una lesión en la oreja que necesitó puntos de sutura», como muestra su informe médico. El hombre se ha querellado contra el policía y el juez ha decidido procesar al agente y al jefe del dispositivo en el colegio porque «como es de ver en las imágenes grabadas, se aprecian claros déficits en la actuación con respecto a la normativa y protocolos» policiales, y destaca que los policías no negociaron ni advirtieron de las cargas sino que usaron la fuerza a los pocos segundos de llegar.
«En algunos casos resulta claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa índole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad entre ellos», agrega el juez sobre el uso de la fuerza policial.
Actuación «claramente lesiva»
En el CEIP Ramon Llull, donde se recabaron una veintena de denuncias, el juez procesa a un policía por coger a una persona del cuello y arrastrarla. Diez personas denunciaron actuaciones policiales en el CAP El Guinardó: el caso se archiva para el jefe del dispositivo porque no consta que diera ninguna una orden concreta para las cargas, pero el juez procesa a un policía por haber intervenido sin intentar antes una mediación o hacer una advertencia.
Actuaron de forma «claramente desproporcionada e innecesaria» y de forma «indiscriminada»
«En absoluto puede considerarse una advertencia previa suficiente el hecho de acercarse a la multitud con un altavoz y, sin solución de continuidad ni espera de ningún tipo, comenzar a lanzar a las personas de forma violenta fuera del lugar, de un modo claramente lesivo para algunas personas», argumenta el juez al procesarlo.
También está procesado el responsable del dispositivo en el CEIP Els Horts, por una actuación «claramente desproporcionada e innecesaria», y otros tres policías están procesados por presuntamente lesionar a dos mujeres en el CEIP Marenostrum. También hay policías procesados por la actuación en el CEIP Àgora, donde el juez constata que hubo cargas usando la porra «de forma indiscriminada».
En el CEIP Dolors Monserda, el juez procesa a un policía por presuntamente lesionar a cuatro personas y otros dos por presuntamente lesionar a una persona, además de al su superior jerárquico: «No nos encontramos ante casos aislados o puntuales, sino que la actuación de los agentes investigados no pudo pasar desapercibida a dicho responsable y aun así no consta que intentara evitarlo o que diera las órdenes oportunas para que los hechos no ocurrieran», justifica el juez. Respecto al CEIP Pau Romeva, un policía está procesado por una «actuación claramente dolosa, dirigida únicamente a causar lesiones al denunciante presuntamente como represalia por un insulto anterior».
@consueloahernandez7605
hace 12 horas