«El PP tardó menos de 24 horas en rechazar totalmente la amnistía», ha dicho este sábado Alberto Núñez Feijóo. Es decir, Feijóo tuvo la amnistía sobre la mesa durante 24 horas. Según fuentes populares, durante las conversaciones para la investidura del presidente del PP —contactos que se han ido conociendo por goteo tiempo después—, Junts per Catalunya les trasladó su exigencia de una ley de amnistía y el equipo jurídico del partido «estudió» sus posibilidades legales durante un día. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Categoría: NOTICIAS
La Audiencia de Barcelona envía a juicio a 46 policías por las cargas del 1-O
Los agentes podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía que se negocia en el Congreso.
La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez de dejar a un paso de juicio a 46 policías nacionales por las cargas del 1-O, al concluir que las imágenes apuntan a que pudieron incurrir no solo en delitos leves de lesiones sino también contra la integridad moral.
Así lo ha acordado la sección tercera de la Audiencia de Barcelona en un auto en el que desestima los recursos contra la resolución que dictó en enero del pasado año el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, en el que dejaba a 46 agentes a un paso de juicio, en un caso que se podría acabar incluyendo en la Ley de Amnistía que se está negociando en el Congreso.
Patada de la escalera y porrazos en la cara
En el auto que ahora confirma el tribunal, el instructor concluyó que en el IES Pau Claris «claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad, ya que, como se ha dicho en resoluciones anteriores en este juzgado y por diversos autos de la Audiencia de Barcelona, la actuación policial fue claramente desproporcionada en general». En este se colegio se ha identificado al policía que saltó desde una escalera para dar una patada sobre un hombre y están procesados tres agentes que aparecen en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.
«La actuación policial fue claramente desproporcionada en general»
Sobre la Escola Mediterrània, donde hubo 20 denunciantes y entre los heridos un hombre de 82 años, el juez relata a partir de las imágenes de la jornada: «Los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas».
El juez ha constatado que el responsable del dispositivo incumplió la normativa policial al ordenar actuar de esta forma, y añade que «en este colegio se llevó a cabo una auténtica carga policial, que por su modo de llevarse a cabo y su falta de anuncio resultó en diversos resultados lesivos».
Procesa al jefe de este dispositivo, y a siete policías más, entre los que destaca de uno su «actuación especialmente grave»: golpeó con la porra en la cara a varias personas ya desalojadas, dio patadas a una persona que intentaba levantarse del suelo y golpeó en la cara a otra persona que intentaba ayudarle.
Actuación «violenta» y fuerza «claramente innecesaria»
En las Escoles Pies de Sant Antoni, las imágenes muestran «una actuación especialmente violenta y desproporcionada de los agentes», que golpearon sin aviso previo ni ninguna negociación, cuenta el juez. «Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios», y el juez subraya que el equipo que intervino en este centro es el mismo que fue al IES Pau Claris y a la Escola Mediterrània.
«Los agentes golpearon a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio»
El juez procesa a varios policías por la actuación en el IES Víctor Català: un agente dio una bofetada a un votante, dos levantaron a una persona alzándola por una pierna y luego uno de ellos levantó a un anciano del suelo tirándole de las orejas.
El instructor añade una «especial mención» al policía que aparece en un vídeo dando un puñetazo en la cara a un hombre, y además de a ellos también procesa a un agente por tirar a una persona al suelo y luego golpearla, además de pisar intencionadamente la mano de una persona que está sentada en el suelo.
En el CEIP Prosperitat, 11 personas denunciaron lesiones, entre ellas un hombre que denunció «que fue arrojado por los agentes por unos escalos y sufrió una lesión en la oreja que necesitó puntos de sutura», como muestra su informe médico. El hombre se ha querellado contra el policía y el juez ha decidido procesar al agente y al jefe del dispositivo en el colegio porque «como es de ver en las imágenes grabadas, se aprecian claros déficits en la actuación con respecto a la normativa y protocolos» policiales, y destaca que los policías no negociaron ni advirtieron de las cargas sino que usaron la fuerza a los pocos segundos de llegar.
«En algunos casos resulta claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa índole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad entre ellos», agrega el juez sobre el uso de la fuerza policial.
Actuación «claramente lesiva»
En el CEIP Ramon Llull, donde se recabaron una veintena de denuncias, el juez procesa a un policía por coger a una persona del cuello y arrastrarla. Diez personas denunciaron actuaciones policiales en el CAP El Guinardó: el caso se archiva para el jefe del dispositivo porque no consta que diera ninguna una orden concreta para las cargas, pero el juez procesa a un policía por haber intervenido sin intentar antes una mediación o hacer una advertencia.
Actuaron de forma «claramente desproporcionada e innecesaria» y de forma «indiscriminada»
«En absoluto puede considerarse una advertencia previa suficiente el hecho de acercarse a la multitud con un altavoz y, sin solución de continuidad ni espera de ningún tipo, comenzar a lanzar a las personas de forma violenta fuera del lugar, de un modo claramente lesivo para algunas personas», argumenta el juez al procesarlo.
También está procesado el responsable del dispositivo en el CEIP Els Horts, por una actuación «claramente desproporcionada e innecesaria», y otros tres policías están procesados por presuntamente lesionar a dos mujeres en el CEIP Marenostrum. También hay policías procesados por la actuación en el CEIP Àgora, donde el juez constata que hubo cargas usando la porra «de forma indiscriminada».
En el CEIP Dolors Monserda, el juez procesa a un policía por presuntamente lesionar a cuatro personas y otros dos por presuntamente lesionar a una persona, además de al su superior jerárquico: «No nos encontramos ante casos aislados o puntuales, sino que la actuación de los agentes investigados no pudo pasar desapercibida a dicho responsable y aun así no consta que intentara evitarlo o que diera las órdenes oportunas para que los hechos no ocurrieran», justifica el juez. Respecto al CEIP Pau Romeva, un policía está procesado por una «actuación claramente dolosa, dirigida únicamente a causar lesiones al denunciante presuntamente como represalia por un insulto anterior».
UGT denuncia el recorte a las pensiones de los mayores de 52 en el Decreto-ley de Yolanda Díaz y exige retirarlo
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno — Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto
Pepe Álvarez trasladará en la mesa de negociación con la vicepresidenta su exigencia de suprimir el recorte del Real Decreto-ley para haya acuerdo, según informa El Mundo
Hoy arrancan las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo, tras fracasar su convalidación en el Congreso con el voto en contra de los cinco diputados de Podemos, por la negativa de los morados a asumir el recorte a los desempleados mayores de 52 años.
Tal y como está redactado el Real Decreto-ley 7/2023, la vicepresidenta Yolanda Díaz no cuenta con el consenso de los agentes sociales y, por ello, convocó a la Mesa del Diálogo Social para negociar un nuevo texto. Esta misma mañana, según informa El Mundo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acordado con su ejecutiva su postura de plantarse ante Díaz y exigir la supresión del recorte a las pensiones de los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo para que haya acuerdo.
De esta forma, UGT se suma a Podemos en la exigencia de retirar del Decreto-ley la medida incluida en el texto que dicta así: “Reducción en el porcentaje a aplicar a la base de cotización a todas las personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años: en 2024 descenderá al 120% e irá reduciéndose un 5% cada año hasta que en el año 2028 se quedará en el 100%”. Pepe Álvarez trasladará a Díaz que este recorte penalizaría a los desempleados que accedan a una jubilación anticipada por necesidad.
Desde el sindicato se muestran implacables en su postura y rechazan cualquier vía alternativa: el recorte debe ser suprimido del texto para que cuenten con su apoyo. También rechazan la defensa que hizo la vicepresidenta del recorte, amparándose en que el exceso de cotización del 125% en los parados ya no tenía sentido con el actual SMI y, por este motivo, había que reducirlo.
Yolanda Díaz se ve obligada ahora a sentarse a renegociar el Decreto-ley propuesto desde Trabajo para conseguir su aprobación, de la cual depende la confirmación de la Comisión Europea del cuarto pago de los fondos europeos. Con la retirada del recorte, tal y como exigió Podemos desde el primer momento, recabaría no solo el acuerdo con los agentes sociales sino, también, los votos de los diputados de la formación morada.
El Consejo de Transparencia evaluará a los partidos políticos después de que el PP ocultara el sobresueldo de Feijóo
El organismo valorará si PSOE, PP, Vox y Sumar cumplen con las obligaciones de transparencia que les impone la ley. La decisión se ha tomado después de las denuncias de ‘Público’ porque varias formaciones no publican los sueldos de sus dirigentes.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha anunciado este 31 de enero su plan de evaluación para 2024. En este documento detalla qué organizaciones y organismos va a valorar durante este año para comprobar si cumplen o no con la ley de transparencia. El plan incluye a los partidos políticos estatales con representación en el Congreso: PSOE, PP, Vox y Sumar.
Así, este año el Consejo valorará cuánto están cumpliendo con esta ley las principales formaciones políticas. La decisión de este organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, llega tras la polémica por el sobresueldo de Alberto Núñez Feijóo el año pasado.
El presidente del Partido Popular (PP) reconoció durante la precampaña electoral de las generales del 23 de julio que recibía un sobresueldo de su partido, un dinero que sumaba a su salario como senador. A pesar de admitirlo, el PP estuvo meses negándose a hacer pública la cuantía de ese extra. Feijóo llegó a desoír incluso la petición del presidente del Senado.
Debido a ese ocultamiento por parte del partido, Público interpuso una denuncia ante el Consejo de Transparencia. Este organismo comprobó que el PP no publicaba en su página web —sigue sin hacerlo a día de hoy— los sueldos de sus dirigentes y se dirigió a la formación de Feijóo. Génova no contestó a la comunicación que le había hecho llegar el Consejo.
El CTBG aseguró a Público en ese momento que no podía hacer más debido a su falta de competencias en materia de publicidad activa. La publicidad activa es la parte de la transparencia que comprende la información que organizaciones y organismos deben hacer pública por sí mismos debido a las obligaciones de la ley.
Tras esos problemas para llegar más allá el Consejo ha decidido este año incluir a los partidos políticos en su plan de evaluación. Así, comprobará si publican la distinta información a la que les obliga la ley, si la localizan y estructuran de forma correcta y si la calidad de la información es óptima.
El Consejo hace estas evaluaciones año tras año, donde valora a organismos como la Administración General del Estado, instituciones constitucionales, entidades locales u organizaciones privadas que reciben grandes cantidades de dinero de subvenciones públicas. La competencia para realizar estas evaluaciones es una función que la propia ley otorga al Consejo.
No se les evalúa desde 2018
La ley de transparencia también determina las obligaciones sobre publicidad activa que tienen las distintas organizaciones. A los partidos políticas les hace publicar, entre otras cosas, las «retribuciones percibidas anualmente» por sus «altos cargos y máximos responsables». De hecho, comprobar si las organizaciones publican los salarios de sus máximos responsables es uno de los puntos que el Consejo incluye en sus valoraciones.
Tras valorar distintos puntos de este tipo, el Consejo de Transparencia otorga una valoración numérica a cada organización sobre su cumplimiento respecto a lo que les exige la ley y les dirige unas recomendaciones —que también hace públicas— para que puedan mejorar.
Marlaska INCUMPLIÓ LA LEY al Deportar OCHO MENORES a Marruecos | NOTICIAS BÁSICAS
Hoy en Noticias Básicas contamos la sentencia del Supremo que considera que Marlaska incumplió la ley en 2021 cuando devolvió en caliente a Marruecos a ocho menores que llegaron solos a Ceuta. Por supuesto, informaremos también de la presentación de la candidatura de Irene Montero para las primarias de Podemos de cara a las europeas, de la ley de amnistía entra hoy entra en su fase final en el Congreso, de la patronal de la hostelería se queja de que no encuentra trabajadores que quiera dejarse explotar, de las prioridades de Yolanda Díaz para esta legislatura o de la última cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea mientras Israel ha matado ya a más de 25.000 palestinos. A partir de las TRES Y MEDIA en Canal Red. Entra en https://apoya.canalred.tv/ y hazte suscriptor de Canal Red. Síguenos también en nuestras redes sociales:
HUELGA para reclamar a AMAZON Mejores Salarios en su centro logístico de Sevilla | NOTICIAS BÁSICAS
Hoy en Noticias Básicas contaremos la huelga de 1.500 trabajadores de Amazon del centro logístico de Sevilla, también abordamos el acuerdo entre el BNG y Anova que suponen la reconciliación del nacionalismo gallego. Los barones territoriales del PP también han apoyado al presidente gallego y candidato a la reelección, el Gobierno se ha retirado en un coto de Toledo para pensar la estrategia y Pedro Sánchez ha dado varios titulares en una entrevista en RNE. Sumar ya le ha puesto fecha a su asamblea fundacional y en el ámbito internacional, Bernardo Arévalo ya es, por fin, presidente de Guatemala y en Palestina se cumplen 100 días de bombardeos israelíes. Todo esto y más a partir de las TRES Y MEDIA en Canal Red.
Las protestas de Ferraz impulsan el reto de frenar a los ‘pseudomedios’ ultras sin mermar el derecho a la información
La retirada de acreditaciones en el Parlamento a los medios de extrema derecha que retransmitieron el ahorcamiento de un muñeco de Pedro Sánchez, como pide el PSOE, abre un debate que visibiliza la dificultad de poner coto al activismo ultra.
La propuesta que el PSOE hará llegar al Congreso y al Senado, así como a los parlamentos autonómicos, para que retiren la acreditación de prensa a los pseudomedios que figuran en el cartel oficial del evento celebrado en Nochevieja en la calle Ferraz, durante el cual se ahorcó y apaleó a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, abre un debate complejo que se adentra en los derechos fundamentales sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.
A raíz de las protestas ante la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, los socialistas han decidido retirar la acreditación de prensa para los actos del partido a los medios que figuraban en la convocatoria de las protestas de Nochevieja, que ya investiga la Fiscalía.
Estos medios o «pseudomedios», como los califican fuentes del PSOE, son EDA TV, Ok Diario, La Gaceta, Informa Radio, InfoVlogger, La Cosa Está Muy Negra y Periodista Digital. Todos ellos participaron en la retransmisión del ahorcamiento simulado a Pedro Sánchez el pasado 31 de diciembre.
El PSOE ha anunciado que pedirá amparo a las asociaciones de la prensa, FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), APM (Asociación de la Prensa de Madrid) y APP (Asociación de Periodistas Parlamentarios), así como al Colegio Oficial de Periodistas, «ante los continuos ataques e insultos que desde estos pseudomedios se dirigen al PSOE a diario y al discurso de odio que practican».
Además, los socialistas inciden en que pedirán a estas entidades representativas de los periodistas que den su apoyo a la solicitud que el PSOE formulará ante el Congreso y Senado para que se retire la credencial de prensa a los pseudomedios que retransmitieron el ahorcamiento en Ferraz.
«No queremos que nadie confunda a los periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad con los pseudomedios que han proliferado en el ámbito de la extrema derecha«, señalan desde el PSOE.
La petición del PSOE y su comprensible enfado, y por extensión, el de los demócratas, abre un debate con muchas aristas y pocas posibilidades, hoy por hoy, de avanzar hacia una solución que respete el derecho a la información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, y a la vez ponga coto a los desmanes pseudoperiodísticos de la ultraderecha.
Las asociaciones de prensa no concretan
Las asociaciones de prensa interpeladas por el PSOE han lanzado un comunicado conjunto en el que descargan la responsabilidad de las acreditaciones a los gabinetes de comunicación del Congreso y del Senado y no aportan posibles soluciones para evitar que el Parlamento pueda acreditar medios de comunicación como EDA TV, Ok Diario, La Gaceta, Informa Radio, InfoVlogger, La Cosa Está Muy Negra y Periodista Digital, que el PSOE califica de «pseudomedios». La mayoría de ellos tienen en común una ideología ultra: desde el negacionismo climático y el de la violencia de género a la difusión de bulos.
Las asociaciones de prensa citadas recuerdan en su comunicado que siempre han pedido a las instituciones que «las acreditaciones para ejercer el periodismo respondan a criterios profesionales y no sea una vía por la que puedan introducirse activistas ajenos a ese objetivo de difundir información veraz al que tiene derecho el ciudadano».
La FAPE, la APM y la APP indican además: «Siempre hemos defendido el libre ejercicio del periodismo y que las instituciones faciliten al máximo esa misión, uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución. Los límites a esa función los marca la ley. Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos que se registre en una información puede llevarse a los tribunales».
Más contundente se muestra la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que manifiesta en otro comunicado «su total oposición a que personas que no son periodistas pretendan ejercer la profesión periodística y pseudomedios de comunicación quieran engañar a la ciudadanía haciéndose pasar por verdaderos medios de comunicación».
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que agrupa a los Colegios de periodistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco, defiende que en las ruedas de prensa de instituciones públicas «solo deberían poder participar periodistas que trabajan en medios de comunicación, ya que es la única manera de que una herramienta tan importante para el periodismo como son las ruedas de prensa no se desvirtúen».
¿Quién define lo que es un medio de comunicación?
Pero ¿quién define lo que es un medio de comunicación? ¿Puede el Parlamento discernir entre el periodismo y el pseudoperiodismo a la hora de otorgar acreditaciones de prensa?
La decisión sobre las acreditaciones recae sobre la Dirección de Comunicación del Congreso, según señalan fuentes oficiales de la Cámara Baja a este medio. Las mismas fuentes hablan de que existen unos criterios «técnicos, objetivos e institucionales» para conceder las acreditaciones. Entre ellos, estar constituida simplemente como empresa informativa con una sede.
Desde la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) se advierte del peligro de censura que pueden suponer planteamientos que pretendan limitar la libertad de información. «El problema de querer abrir estos melones es que se pueda vulnerar la libertad de expresión», indica Javier Sierra, profesor de Derecho Constitucional de la UNED y miembro del grupo de juristas de la PLI.
«La libertad de expresión y el derecho a la información, tan íntimamente ligados, no deben tocarse. Con independencia de la línea editorial de cada medio, lo que tendría que hacerse es definir claramente unos criterios para todos los medios por parte de las instituciones que deben acreditar a los periodistas, como el Congreso y el Senado. Y quienes no cumplan deberían quedarse fuera de la acreditación», explica Javier Sierra.
Para este jurista, los criterios que hay que fijar «entre las asociaciones de prensa y las instituciones» deben servir para todos los medios, sean de la ideología que sean. «No pueden ser los políticos los que digan qué es un medio de comunicación. Y respecto a los discursos de odio, son los jueces los que deben sentenciar si algo es delito de odio», asevera Sierra.
Respecto a la polémica sobre si determinados pseudomedios deben o no estar acreditados para cubrir la actualidad parlamentaria, desde la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se limitan a señalar: «El periodismo que defendemos es el que implica rigor y ética profesional, que es el periodismo que debe existir en una democracia».
Comportamientos periodísticos que distan mucho de lo que han relatado en ocasiones los periodistas que cubren el Congreso de los Diputados en relación a los corresponsales de los pseudomedios de la ultraderecha: «Van a reventar las ruedas de prensa» o «Nunca se les ve tomando notas, solo aguardan el momento para liarla».
El precedente de la retirada de acreditación
Uno de esos comportamientos fue el de un periodista de OK Diario, que grabó sin consentimiento en los despachos del Congreso de los dirigentes de Unidas Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero en julio de 2019. Por ello, la Presidencia del Congreso le retiró la acreditación de prensa por incumplir la Instrucción sobre información gráfica en la Cámara.
Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló la retirada de la acreditación, dando la razón al informador, que había alegado que la medida afectaba a su derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión. El Supremo dictaminó que la norma aplicada por el Congreso no autoriza la retirada de la acreditación a quien no es informador gráfico; además, publicar fotografías de los despachos de los diputados no afecta a su intimidad si no muestran ningún aspecto de la esfera personal, dijo el Supremo.
Los vetos de Vox a la prensa
Los vetos a determinados medios de comunicación por parte de un partido político los inauguró Vox, en una constante batalla contra el periodismo que visibiliza sus postulados ultras.
El Tribunal Supremo sentenció que los partidos no pueden excluir a ningún medio de sus actos electorales, al confirmar los acuerdos en los que la Junta Electoral Central (JEC) se dirigió a Vox en noviembre de 2019 y le dijo que no podía vetar a periodistas de sus mítines durante la campaña del 10N.
El Supremo desestimó el recurso de la formación que lidera Santiago Abascal contra los acuerdos de la JEC al considerar que la exclusión de periodistas de El País y de la Cadena Ser de sus mítines supone «un menoscabo de las garantías de transparencia y objetividad del proceso electoral».
Para Vox, los periodistas de medios de la izquierda son «activistas, que siempre hablarán mal de nosotros». Así constaba en las órdenes que la jefa de prensa de la formación dio a los diputados ultras y en las que les instaba a no hablar nunca con periodistas de varios medios, incluidos los de Público.
♟️El PSOE y los medios que mienten | El Tablero
Hoy tenemos a Lara Alcázar, Pablo Elorduy, Maria Teresa Perez y Pablo Perpinya -El PSOE reacciona ahora contra los “pseudomedios” y la “prensa del odio” -Yolanda Díaz emplaza a los sindicatos a una reunión para rectificar su recorte a las futuras pensiones de los mayores de 52 años que cobran el subsidio de desempleo -La Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola y sus directivos por el aumento del precio de la luz en 2013 -Trabajadores de la televisión pública de Galicia protestan por la cobertura del vertido de pellets: “Queremos informar, no manipular” -Memoria Democrática elaborará un inventario de las obras realizadas a base de trabajos forzados durante el franquismo -El número de palestinos asesinados por Israel en Gaza desde el pasado 7 de octubre asciende a 24.000 y el de heridos a casi 60.000 -Gobierno y sindicatos acuerdan subir el SMI de 2024 un 5%, hasta los 1.134 euros
📺 IÑAKI GABILONDO ME ENTREVISTÓ (2019)
El periodista Iñaki Gabilondo me hizo una entrevista en 2019 «a modo de prólogo» para el libro «Tomar partido: conversaciones con la izquierda transformadora» que publiqué ese mismo año con la editorial Txalaparta. En la entrevista hablamos de mi historia personal, el papel de la izquierda en ese ciclo político, el futuro cercano, el auge de la ultraderecha o el avance tecnológico.
Podemos rompe con Sumar en el Congreso y se pasa al Grupo Mixto
La formación morada explica que «la gota que ha colmado el vaso» ha sido no poder intervenir en la comparecencia de Albares sobre Palestina.
Podemos abandona Sumar y se pasa al Grupo Mixto del Congreso. Era un runrún que sobrevolaba el espacio de la izquierda en las últimas semanas y, según ha declarado el diputado y coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, se ha consumado una vez los morados han sabido que no podrían intervenir en la comparacencia en la Cámara Baja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el conflicto entre Israel y Palestina.
«Aceptábamos el golpe, hemos intentado hacer todo lo posible pero se ha demostrado imposible«, ha comentado Sánchez Serna en una rueda de prensa convocada tras un Secretariado de la formacón morada de urgencia tras el último desencuentro entre Podemos y la dirección del Grupo Parlamentario de Sumar. «Las diputadas de Podemos no podemos hacer política en Sumar», ha continuado. «Las reglas no son iguales [entre los partidos que forman la coalición]», ha zanjado.
Así, Podemos se inscribirá al Grupo Mixto, del que hasta ahora formaban parte el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego; la de Coalición Canaria, Cristina Valido; y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán. De esta forma, Podemos pasará a ser la formación con mayor peso dentro del grupo, que, a partir de este momento, contará con ocho diputados.
«Pasamos al Grupo Mixto para seguir impulsando políticas valientes y cambios ambiciosos«, ha completado el coportavoz, que ha insistido en que a Podemos «no se le ha dejado hacer política» y en que van «a seguir trabajando con total autonomía política«.
Un cúmulo de desencuentros
Por el momento, Sumar no se ha pronunciado. La decisión de Podemos, aunque, según fuentes del partido, «se ha ido macerando», se ha gestado en las últimas horas. Todo se ha acelerado después de que se oficializara que sería el exdiplomático Agustín Santos Maraver el único diputado de Sumar que hablaría en la comparecencia de Albares. Podemos había pedido intervenir y la negativa recibida ha sido un factor determinante y, además, «la gota que ha colmado el vaso«.
También lo definen como «un cúmulo de cosas». Entre ellas, siempre según fuentes de la formación morada, «el hecho de que Podemos no obtuviera ninguna portavocía adjunta en el Congreso, que no hayan podido presentar leyes«, además de lo ocurrido este martes.
Terremoto en el Congreso
Nadie ponía en duda que la configuración del grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz iba a ser compleja. Tampco que Podemos era el integrante más delicado y crítico con la dirección, pero la ruptura llega incluso antes de lo esperado, cuando todavía no ha comenzado el calendario ordinario de plenos. Justo este martes, la Junta de Portavoces ha acordado que el día 12 de diciembre, cuando arrancan esos plenos, comenzará, también, el debate de la ley de amnistía.
Desde Podemos aseguran que han informado al PSOE, «con el que negociarán todo«, al Grupo Mixto y el propio Sumar antes de anunciar la decisión. Para los morados, ha sido «la desigualdad» dentro de la coalición el detonante. Las relaciones, difíciles y tensas desde el principio, toman una nueva dimensión a partir de este 5 de diciembre. Sumar tiene, ahora, 26 diputados.