Más de un mes de protestas, al menos 50 muertos, decenas de heridos y Dina Boluarte, sin intención de renunciar. Repasamos las convulsiones en Perú.
Categoría: Países latinoamericanos
La Base #2×56 – Democracias en jaque
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova relacionan los últimos episodios de la ofensiva general ultraderechista contra las democracias en varios países: el asalto bolsonarista a las instituciones en Brasil, el golpe oligárquico a Pedro Castillo y la represión del nuevo Gobierno de Dina Boluarte en Perú (con al menos 50 muertos) o el secuestro del Poder Judicial por la derecha española. Con la participación de la analista política peruana Laura Arroyo. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Encuesta: mayoría de los peruanos rechaza a Dina Boluarte – Noticiero 02:30
Manifestantes en EE.UU. rechazan la expansión de la OTAN. En Bolivia, denuncian ataques a los medios de comunicación. Encuesta: en Perú la mayoría rechaza a Boluarte.
1. Se manifiestan en EE.UU. contra la participación de ese país en el conflicto ucraniano. Los manifestantes rechazan también la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como una causa de guerras.
2. En Bolivia, denuncian ataques a los medios de comunicación por los grupos vinculados a la derecha en la región de Santa Cruz durante los recientes disturbios.
3. Una nueva encuesta demuestra que en Perú la mayoría rechaza a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso del país.
Lecciones brasileñas: la extrema derecha en acción
Soy de los que piensan que la gran crisis financiera global que comenzó en 2008 ha puesto en cuestión el sistema capitalista y, más en concreto, supone el final de su etapa neoliberal
El asalto al Congreso, al Tribunal Supremo y a la Presidencia de Brasil se producen dos años después del asalto al Capitolio de los EE UU. Son dos hechos de extraordinaria importancia, de resonancia mundial, de los que cabe aprender algo sobre la extrema derecha del siglo XXI y, sobre todo, nos muestran de dónde vienen los peligros para la democracia en este siglo.
Soy de los que piensan que la gran crisis financiera global que comenzó en 2008 ha puesto en cuestión el sistema capitalista y, más en concreto, supone el final de su etapa neoliberal. Es palmario que la ideología neoliberal dominante durante décadas ha quedado desacreditada
El asalto a las instituciones brasileñas tiene un lado positivo y es que la extrema derecha brasileña se ha desenmascarado, confirmando así que el principal peligro para la democracia es la extrema derecha. Esa es la primera lección que debemos aprender de Brasil
Desde el punto de vista social una gran parte de la sociedad ha visto frustradas sus expectativas de progreso continuado. En contraste con el retroceso de un estrato social y el estancamiento de otro aún mayor se ha producido una fabulosa acumulación de riqueza en manos de un pequeño grupo situado en el ápice de la pirámide social, incrementando la frustración y el resentimiento social.
En la frustración está la base de la extrema derecha moderna.
La respuesta que da a la crisis consiste en promover un nacionalismo reaccionario, basado en los valores tradicionales (muchas veces definidos por las iglesias más extremistas) pero, sobre todo, basado en el odio a la izquierda y más en general a la progresía.
Un nacionalismo reduccionista que sólo reconoce como verdaderos compatriotas a los blancos y no a las minorías raciales, a los nacidos en el país y no a los inmigrantes, a los varones heterosexuales y no a las mujeres o a los LGTBI. Un nacionalismo opuesto a la globalización. Un nacionalismo populista, que denuncia a las “élites” sean estas políticas, económicas o culturales, pero que cuando alcanza el poder gobierna en beneficio de las grandes corporaciones. Un nacionalismo negacionista del cambio climático que critica como un invento de la progresía.
En este siglo, la extrema derecha ha llegado al poder invocando la democracia y la defensa de la constitución y la libertad. Pero la primera lección que nos da Brasil y también EE UU, es que esas jaculatorias son falsas. El primer precepto de la democracia es que el perdedor de las elecciones reconoce el resultado de las mismas y no intenta impedir que el vencedor ocupe el poder.
En Brasil, Bolsonaro no ha reconocido el resultado de las elecciones extendiendo la especie de las elecciones han sido amañadas, sin aportar prueba ninguna de ello. Y, lo que es más importante, sus partidarios se han manifestado delante de los cuarteles pidiendo la intervención del ejército para echar a Lula. Es decir, pidiendo un golpe de estado que anule la decisión del pueblo expresada en las urnas. En vista de que esta táctica pacífica no daba el resultado apetecido, alguien decidió organizar el asalto a las instituciones, en una claro intento de provocar la intervención militar ante el caos y el vacío de poder que el asalto y la ocupación transmitían al país y al mundo. Importa destacar que no ha sido un asalto espontáneo, sino preparado y organizado.
Pocas dudas caben de que Trump y Bolsonaro han estado detrás del asalto a las instituciones, como instigadores del intento del mayor ataque a la democracia de sus respectivos países
El asalto a las instituciones brasileñas tiene un lado positivo y es que la extrema derecha brasileña se ha desenmascarado, confirmando así que el principal peligro para la democracia es la extrema derecha. Esa es la primera lección que debemos aprender de Brasil.
En EE UU, de la investigación llevada a cabo por el Congreso se desprende que Trump, consciente de haber perdido, intentó alterar el resultado presionando a las autoridades competentes en materia electoral en algunos estados. Finalmente propició el asalto al Capitolio con un fin muy concreto: impedir que éste certificara el resultado y, por tanto, impedir que Biden tomara posesión. No lo consiguió. Pero aún hoy es el día en que ni Trump ni sus seguidores (organizados en el llamado MAGA y organizaciones parecidas) siguen sin reconocer el resultado de aquellas elecciones.
Tampoco Bolsonaro ha reconocido su derrota y, con ello, ha alimentado la movilización de sus partidarios. Importa señalar que Bolsonaro ha apoyado abiertamente las movilizaciones que pedían abiertamente la intervención de los militares, criticando únicamente que la manifestación se volviera violenta, pero no el contenido de ellas: la intervención militar. Es verdaderamente revelador que apoyara a las manifestaciones y acampadas que no solo protestaban por el supuesto amaño de las elecciones, sino que pedían abiertamente el golpe de estado, es decir el fin de la democracia brasileña.
Pocas dudas caben de que Trump y Bolsonaro han estado detrás del asalto a las instituciones, como instigadores del intento del mayor ataque a la democracia de sus respectivos países. Trump y Bolsonaro tardaron en reaccionar al asalto de sus partidarios porque esperaron a ver si las intentonas tenían éxito. Solo cuando quedó claro que la cúpula del ejército brasileño no daba el golpe, Bolsonaro habló para desmarcarse de un golpe fallido, pero en modo alguno para condenar el asalto, salvo por sus actos vandálicos.
Tengo para mí que si el Ejército hubiese dado el golpe, Bolsonaro lo habría saludado. Sean cuales sean las responsabilidades penales a las que tengan que enfrentarse hay una responsabilidad política que todo demócrata debería exigirles: han quedado descalificados para ocupar ningún cargo político en el futuro.
La extrema derecha europea no es exactamente igual que la norteamericana o brasileña. Pero resulta significativo que Vox haya tardado en condenar el asalto hasta que ha visto que el golpe había fallado. Y cuando lo ha hecho ha sido tratando de meter en el mismo saco a los asaltantes (presuntos delincuentes) con los manifestantes de izquierda que en otras ocasiones han protestado pero sin asaltar ninguna institución. Y no, en este siglo no existe ningún asalto violento que trate de torcer la voluntad popular por parte de la extrema izquierda. Así es que no existe ningún paralelismo entre la extrema derecha y la extrema izquierda.
Pero si algo hemos aprendido de Andalucía es que si planteamos las cosas exagerando el peligro inminente de la extrema derecha solo conseguiremos que el PP gane. Si el asunto principal que se dilucida en unas elecciones es si Vox entra o no al gobierno andaluz, la forma más práctica de evitarlo es votar a Moreno Bonilla
Lo que refleja Vox es su conexión con la extrema derecha brasileña y norteamericana. Lo del PP es de aurora boreal. Su reacción al golpe solo demuestra que tiene los rumbos perdidos, como dice la copla. Lo más preocupante es que no solo no comparte el diagnóstico de que aquí y ahora el peligro para la democracia viene de la extrema derecha, sino que no tiene ningún empacho en compartir el poder con Vox. No han aprendido una lección elemental: la extrema derecha desde Hitler ha llegado siempre al poder de la mano de y apoyada por la derecha conservadora tradicional.
Precisamente porque Europa experimentó en numerosos países los gobiernos de la extrema derecha (nazis, fascistas, franquistas, etc) con el resultado de la mayor hecatombe que recuerda la historia desde Atila, es por lo que aquí la extrema derecha tiene unos planteamientos mucho más moderados. La extrema derecha actual no es el fascismo ni el nacismo de los años 30. Y por eso, no tiene sentido aplicar una política de frente antifascista que fue correcto hace casi un siglo. La extrema derecha europea no representa un peligro existencial inmediato para la democracia, lo cual no quiere decir que no lo sea en el futuro y que debemos percatarnos y advertir de eso.
La extrema derecha actual vive de la frustración social y no del miedo a ninguna revolución y más que denunciarlos como el principal enemigo de la democracia vale más atacar el problema de fondo: acabar con la frustración que ha dejado detrás la gran crisis de 2008
Pero si algo hemos aprendido de Andalucía es que si planteamos las cosas exagerando el peligro inminente de la extrema derecha solo conseguiremos que el PP gane. Si el asunto principal que se dilucida en unas elecciones es si Vox entra o no al gobierno andaluz, la forma más práctica de evitarlo es votar a Moreno Bonilla.
De esa lección se deduce que no deberíamos centrar la próxima campaña en dilucidar si Vox entra o no al gobierno. Ya sabemos que si el PP gana Vox estará en el Gobierno. Así es que si no queremos que Vox entre al Gobierno lo mejor es no votar al PP.
Hace 100 años el fascismo, el nazismo y las demás extremas derechas se ofrecieron como el freno más eficaz frente a la revolución que se había producido en Rusia y que aparecía como un peligro en el continente. Franco justificó su golpe por adelantarse a la inminente revolución comunista que estaba en marcha. No era cierto: no había ninguna revolución en marcha, pero la revolución comunista si que era una perspectiva existente, al menos en el plano de las declaraciones. Dicho de otro modo, el fascismo prosperó porque era la forma más práctica y expeditiva de cortar con el ciclo revolucionario que se había iniciado en Rusia en 1917. Hoy, cien años después no hay ningún ciclo revolucionario que parar. En Europa no existe ninguna izquierda revolucionaria que derrotar y aniquilar. Y de Rusia no llega ningún comunismo de ninguna especie sino un nacionalismo reaccionario y belicista.
La extrema derecha actual vive de la frustración social y no del miedo a ninguna revolución y más que denunciarlos como el principal enemigo de la democracia vale más atacar el problema de fondo: acabar con la frustración que ha dejado detrás la gran crisis de 2008.
Perú: Boluarte se aferra al poder y construye un enemigo interno para justificar la represión
Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado y 47 muertos en 38 días de presidencia.
«¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista?», afirmó Dina Boluarte en su mensaje a la Nación el viernes por la noche, donde anunció que no renunciará. La presidenta de Perú tomó la palabra después de varios días de ausencia pública y una semana de luto: 19 manifestantes asesinados en la ciudad de Juliaca, en Puno, y uno en Cuzco, ascendiendo a 47 desde el inicio de las protestas iniciadas desde que se puso la banda presidencial el 7 de diciembre, en particular en el sur andino del país, de mayoría quechua y aimara.
La alusión al «terrorismo» por parte de la presidenta ocurrió en un contexto de escalada de acusaciones y detenciones, en particular en la ciudad de Huamanga, el jueves por la noche, cuando fueron detenidos siete dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Boluarte realizó la distinción entre «nuestros hermanos que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo, de aquellos azuzadores y violentistas que utilizan al pueblo, a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento y a la muerte». Los segundos, afirmó, serían responsables de destrozos y de las demandas de cierre del Congreso, su renuncia, así como de una Asamblea Constituyente.
Las acusaciones de Boluarte ocurrieron poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya justamente «constatado» en su informe preliminar «un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas -por Sendero Luminoso- o indios». La CIDH llegó a Perú el 11 y recorrió diferentes regiones, en particular Puno, epicentro de la segunda masacre luego de Ayacucho en diciembre con 10 muertos.
La CIDH agregó que esos discursos creaban «un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando proviene de autoridades públicas». Boluarte no realizó ninguna crítica a la actuación de las fuerzas policiales y militares aún con el diagnóstico forense de los muertos en Juliaca: todos abatidos por armas de fuego, nueve de ellos con municiones metálicas dentro del cuerpo, seis con proyectiles de fusil 7.62 mm, dos con restos de perdigones de metal, uno con una bala de pistola. Dos eran menores de edad, tres tenían 18 años. En los demás casos no se encontraron proyectiles porque habrían sido disparados a corta distancia, atravesando los cuerpos.
El enemigo interno
El viernes también fue entrevistado Óscar Arriola, jefe hasta poco de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y ahora director de investigación criminal. El general se refirió a las detenciones en Ayacucho bajo la afirmación de que existe allí un «comité regional de la organización terrorista Sendero Luminoso», razón por la cual habrían sido detenidos siete integrantes del Frente de Defensa, en particular una de sus figuras principales: Rocío Leandro Melgar, quien estuvo presa 11 años por su pertenencia a la organización armada. Los detenidos fueron llevados en primer lugar al cuartel Los Cabitos, un centro de detención y tortura durante la guerra interna.
Arriola, en un discurso extraído de los años 80 y 90, no mostró la «evidencia incuestionable» de la presencia del «Ejército Guerrillero Popular» en la región. Afirmó que Melgar coordinaba con las otras regiones donde se registran protestas -sin tampoco demostrarlo-, construyendo así la idea de una conspiración armada dentro del país, que «busca muertos» y se prepara para realizar la «toma de Lima«. «La situación es compleja, el resultado puede ser muy siniestro», sentenció, en un anticipo o amenaza de lo que podría estar por pasar.
Anahí Durand: «Esa narrativa de un enemigo que han querido construir se choca con la realidad de movilizaciones masivas, básicamente sociales»
La acusación de terrorista o terruqueo, un dispositivo habitual contra la izquierda o el progresismo en Perú, se convirtió en un discurso de enemigo interno. «La derecha, que la llevó al poder y con la cual ella conspiró, tuvo claro desde el primer momento que había que crear un enemigo interno, ese otro peligroso que subvierta el orden y nos traiga otra vez a los tiempos nefastos de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), pero ese afán, esa narrativa de un enemigo que han querido construir se choca con la realidad de movilizaciones masivas, básicamente sociales, territoriales», explica Anahí Durand, socióloga, docente de la Universidad de San Marcos.
«No solo es un discurso de guerra, es una coalición de guerra, la que ha hecho con el fujimorismo, la Policía, la Fiscalía; están actuando coordinadamente, más allá del discurso del enemigo interino ya hay acciones concretas en contra de él. Lo que hemos visto en Ayacucho es eso, seguir la línea de acusados por terrorismo para poder tener a ese enemigo», afirma.
La importancia de Lima
Mientras en Puno miles de personas se reúnen para despedir a los muertos, en las zonas acomodadas de Lima todo parece seguir igual: la gente camina apacible por un sendero frente al Pacífico donde se venden crepes o ceviches, algunos hacen surf, otros pasean perros de revistas, están de tiendas en el centro comercial Larco Mar en Miraflores, desde donde se ven las luces de Barranco y Chorrillos. En zonas adineradas como esta, Castillo perdió con más del 80% de los votos en 2021. Lo que sucede en Ayacucho o Juliaca es distante de una manera profunda, no solo geográfica: dos países con idiomas diferentes.
La tranquilidad de la capital y centro del poder político comenzó, sin embargo, a verse alterada. El jueves tuvo lugar una marcha que comenzó en el centro limeño con participación de numerosas organizaciones, como la Central General de Trabajadores del Perú, el movimiento Nuevo Perú -cuyo local fue allanado por la Dircote en diciembre-, colectivos sociales, barriales, culturales. La movilización se dirigió, después de haber pasado por la militarizada plaza San Martín y el Palacio de Justicia, al parque Kennedy, en Miraflores, con consignas de renuncia de Boluarte, elecciones para 2023 o una asamblea constituyente.
Lima parece determinante en la evolución de la crisis. El premier, Alberto Otárola, afirmó esta semana que no dejarían que las provincias se desplacen hacia la capital como anunciaron que harían. Proteger el centro político es uno de los objetivos centrales del gobierno: la llegada de las provincias y un efecto contagio de las protestas podría modificar la situación limeña, cómoda para las élites, y ampliar la magnitud de una crisis hasta ahora centrada en el sur, andino, humilde, donde las muertes importan poco, visto desde Lima.
Ese efecto contagio ha comenzado a manifestarse producto de la misma represión y persecución de un Gobierno cada vez más cívico-militar. Si en diciembre podía resultar compleja la posición política de varios sectores en vista del intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso, ahora existe una voz creciente y heterogénea que se condensa en una exigencia central: la renuncia de Boluarte.
La renuncia como salida
Anahí Durand: «La renuncia de Dina es la solución más inmediata porque destraba las otras demandas»
«La renuncia de Dina es la solución más inmediata porque destraba las otras demandas, ella sabe que si renuncia tiene que haber un adelanto de elecciones en un plazo muy breve, la Constitución lo dice, a la renuncia de la vicepresidenta que ha asumido como presidenta en cinco meses máximo se llevarán elecciones generales, se va ella, se va el Congreso, es lo que pide la gente», explica Durand, que señala a su vez la situación de Boluarte: «Ha llegado a tal punto que no le es tan fácil renunciar e irse a su casa. Su renuncia va a significar diversas acusaciones, juicios».
«Ella es un tapón a las demandas ciudadanas, debe tener el 9% de respaldo ciudadano, igual que el Congreso. La gran mayoría de la población sabe que su gobierno es inviable, está cercada en el Palacio, no puede salir de Lima, está gobernando para Lima con esta derecha limeña que se ha consolidado los últimos años». El aislamiento del Gobierno pudo verse esta semana cuando la delegación enviada a Puno no fue recibida, y el mismo gobernador, Richard Hannco, aseguró que «la única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte».
¿Cuánto puede decidir la presidenta? «Dina está cada vez más cercada por la derecha más bruta, por el fujimorismo, ya tiene tres ministros fujimoristas, Justicia, Interior y Mujer, ha ido ganando terreno el fujimorismo. Creo que ellos son los que la están sosteniendo y obligando a dar la cara para mantener el régimen hasta julio de 2024″, analiza la socióloga peruana.
Sin embargo, ve posible una salida adelantada: «Creo que finalmente la van a sacar si no renuncia, hay grupos en el Congreso que ya están viendo el escenario electoral como algo factible y no se van a comer los pasivos de esta señora, los grupos que la sostienen están viendo qué tanto ganan y qué tanto pierden al sostenerla, ella es el eslabón más débil». Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado, con el recurso a la figura de enemigo interno, y 47 muertos en 38 días de presidencia.
Golpismo del siglo XXI – #EnLaFrontera637
Mexicanos cercan embajada de EEUU pidiendo el cierre de Guantánamo
Un grupo de integrantes de Amnistía Internacional se manifestó frente a la embajada de Estados Unidos pidiendo el cierre de la base militar de Guantánamo.
Un grupo de manifestantes convocados por la organización Amnistía Internacional, protestó frente a la embajada de Estados Unidos ubicada en una de las principales avenidas de la Ciudad de México.
El motivo de la presencia en la sede diplomática fue exigir al presidente estadounidense, Joe Biden, el cierre del centro de detención de Guantánamo ubicado en la isla de Cuba.
Para esta organización no gubernamental, esa cárcel instalada por Estados Unidos hace 21 años fuera de su territorio tiene por objetivo eludir el estado de derecho.
En la protesta pacífica, algunos manifestantes usaron uniformes y capuchas parecidas a los reos que usan en esa base para reclamar el abuso a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, dijo que han sido encarcelados 780 personas de religión musulmana, sin cargos, ni juicios.
Amnistía Internacional México, asegura que la detención indefinida sin cargos como respuesta a los atentados del 11 de septiembre 2001 ha sido ilegal en Guantánamo donde se ha documentado violaciones a los derechos humanos, como tortura, tratos crueles, desapariciones forzadas y detenciones prolongadas. Los manifestantes extendieron la protesta al emblemático monumento Ángel de la Independencia en orden y de forma pacífica.
Esta protesta frente a la embajada de los Estados Unidos en México se debe a que los 35 detenidos que hay en la base de Guantánamo son musulmanes y todos están de manera injusta tras las rejas.
Arturo Calvillo, Ciudad de México
Congreso de Perú da voto de confianza a gabinete manchado de sangre
El gabinete ministerial presidido por Alberto Otárola solicitó el voto de confianza ante el Congreso, el cual fue aprobado con 73 votos a favor.
La ola de violencia que se vive en el Perú, especialmente en regiones del interior como Puno, no tiene cuando acabar. Tan solo en un día se registraron casi 20 fallecidos, un hecho que el Gobierno peruano justifica responsabilizando a los mismos manifestantes.
El repudio de la población hacia el Gobierno de Dina Boluarte cada día se incrementa más.
En el marco de las manifestaciones en Perú, el gabinete ministerial liderado por Alberto Otárola fue respaldado con el voto de confianza del Congreso, pese a al alto número de víctimas que se han registrado en las últimas horas. Pero lejos de mostrar algún signo de arrepentimiento, el Gobierno solo insiste con sus irracionales mensajes de paz y responsabiliza a los mismos manifestantes de las muertes ocurridas durante las protestas.
Una vez que el Congreso le otorgó el voto de confianza al Ejecutivo, se llevó a cabo un pacto para desconocer las manifestaciones y continuar con la represión policial y militar.
En los últimos meses, la población peruana ha demostrado su rechazo hacia el Congreso, y tras la toma de mando de Boluarte, ahora tampoco toleran al Ejecutivo, por lo que consideran que su país tiene un Gobierno “ilegítimo”.
Aunque el Ejecutivo declaró duelo nacional por las víctimas de las protestas, jamás reconoció su responsabilidad, e incluso, el primer ministro Otárola enfatizó que no cederán ante las manifestaciones.
Aarón Rodríguez, Lima
Rusia alaba a Petro: En 6 meses hizo más que el duquismo en 4 años
Rusia alaba los esfuerzos del presidente de Colombia en establecer la paz y la reconciliación en el país durante los seis meses de su mandatario.
El representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, declaró que Moscú acoge con satisfacción el firme compromiso de la Administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la aplicación integral del Acuerdo de Paz en el país.
“Las nuevas autoridades colombianas han hecho más por la reconciliación en 6 meses que el anterior gobierno en 4 años”, afirmó el miércoles el titular ruso al respecto.
Hablando en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSNU) para analizar el reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, que recoge lo ocurrido en los últimos 3 meses del 2022, el diplomático ruso afirmó que los pasos dados por Colombia hacia la paz con los grupos armados “merecen el apoyo y el aliento internacionales”.
Tras subrayar la importancia de llegar a un acuerdo final con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nebenzia aseguró que, si el Gobierno de Petro solicita el apoyo del CSNU, Rusia está dispuesto a considerar diversas opciones para el acompañamiento internacional del eventual acuerdo.
¿Qué ha hecho Petro?
Petro, dio los primeros pasos para retomar los diálogos de paz con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, suspendiendo las órdenes de captura y extradición de 11 miembros de esta agrupación.
Las primeras negociaciones comenzaron en 2017 en Quito (Ecuador) durante la Administración de Juan Manuel Santos y en 2018 fueron trasladadas a La Habana, capital de Cuba. En el mandato del derechista Iván Duque, las negociaciones se paralizaron completamente en 2019. En noviembre, con Petro en el poder, las delegaciones del ELN y del Gobierno de Colombia retomaron las conversaciones de paz en Caracas, la capital venezolana, después de una pausa de cuatro años.
En esta línea, Petro sorprendió al mundo al anunciar el 31 de diciembre un acuerdo de “cese bilateral” por un período de seis meses con el ELN, pero días más tarde la guerrilla desmintió al mandatario colombiano sobre un acuerdo en ese aspecto en particular.
Esto mientras, ELN ya había declarado un alto al fuego unilateral con motivo de las fiestas navideñas. La medida entró en vigor desde el 24 de diciembre de 2022, hasta el 2 de enero de 2023, con vistas a construir un ambiente de paz.
Por su parte, Herlinto Chamorro, alias Antonio García, primer comandante del ELN cuestionó el martes la política de paz total con el Gobierno y marcó distancia de la organización insurgente que comanda de las demás con las que el mandatario espera alcanzar una tregua.
Lo que le obligó a Petro a emitir orden para reanudar los operativos contra las guerrillas tras el fallido cese al fuego.
Restablecer nexos con Venezuela
Refiriéndose al reciente viaje de Petro a Venezuela para mantener una “reunión bilateral extraordinaria” con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el embajador de Rusia ante la ONU resaltó el restablecimiento de los lazos entre Colombia y su vecino y destacó la importancia de estas para el desarrollo económico y social sostenible de la región.
Las relaciones Caracas-Bogotá congelaron en febrero de 2019, luego de que el gobierno colombiano, entonces presidido por Iván Duque, aliado fiel de EE.UU., decidiera reconocer como “presidente interino” de Venezuela al opositor Juan Guaidó.
No obstante, después de la llegada al poder de Petro, el presidente izquierdista del país, junto con su par venezolano, buscaron los dispositivos para restablecer nexos bilaterales.
Lula promete enjuiciar a bolsonaristas que no respetan democracia
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pide castigar a los simpatizantes de Jair Bolsonaro que invadieron las sedes del poder en Brasilia.
Brasil vive días de máxima alerta. Tres días después de que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, asaltaron con violencia las sedes de los tres poderes de la República, este miércoles, circulaba por las redes sociales, nueva convocatoria de una movilización titulada “mega manifestación por la toma del poder”. Las autoridades reforzaron el despliegue en todo el país, y sobre todo en Brasilia, para evitar que se repitan escenarios como los del pasado domingo.
A pesar del refuerzo policial, en el palacio presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, celebraba junto con los indígenas, la toma de posesión de las ministras de los Pueblos Indígenas y de Igualdad Racial. El mandatario promete una respuesta contundente para los manifestantes del domingo, que según dijo, no quieren respetar la democracia.
Aun así, para el mandatario, toda la culpa de los asaltos del domingo recae sobre su predecesor Jair Bolsonaro, que todavía, no quiere reconocer el resultado de las elecciones de octubre. El expresidente difundió un vídeo en el que insiste en que Lula “no ganó las elecciones” y lo eliminó poco después.
A pesar de que las tomas de los poderes del estado recibió la condena internacional, en el interior del país, 1 de cada 5 brasileños, apoya los violetos asaltos, según una encuesta. El presidente Lula, tendrá en su lista de problemas a esta minoría radical. Bolsonaro se fue, pero bolsonarismo quedará por mucho más tiempo.
Dariel Honeyghan🇻🇪
hace 2 horas