Una protesta contra Dina Boluarte en Lima, capital de Perú, 12 de enero de 2023. (Foto: Getty Images)
La presidenta interina de Perú avisa que se está individualizando a “malos ciudadanos” que buscan quebrar el estado de derecho para castigarlos con el peso de la ley.
Las protestas y los disturbios se multiplican en Perú, pero la presidenta designada, Dina Boluarte, opta por mirar al otro lado. “Sus protestas son cosas que ustedes saben que están al margen de la ley”, espetó el jueves a la multitud iracunda, es más, acusó a los manifestantes de intentar “quebrar el Estado de derecho, generar caos y desorden, para tomar el poder de la nación”.
Lima fue el punto de quiebre, cuando desde todos los rincones del país confluyeron el mismo jueves en la capital comunidades indígenas, trabajadores, grupos de activistas, amas de casa, que se encontraron con la contención de las fuerzas del orden que se mantienen blindando las calles.
Aun cuando los medios nacionales e internacionales siguen en tiempo real los acontecimientos en el país suramericano, Boluarte se dio a la tarea de aclarar ciertos puntos.
“Quiero desmentir las noticias falsas (…) el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, dijo en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de Lima, acompañada de ciertos ministros.
Boluarte desmintió que la inestabilidad y la violencia estuvieran engullendo Perú. “Están equivocados, desde el Gobierno le decimos al pueblo peruano: la situación está controlada y estará controlada”, puntualizó.
Boluarte amenaza a su pueblo “con todo el peso de la ley”
La presidenta interina avisó que las autoridades conocen que hay “señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de derecho”, por lo que están “individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia” y arremeterán contra ese segmento “con todo el peso de la ley”. Según ella, intentos de la toma de tres aeropuertos del país el jueves fue un acto “preparado con premeditación, con suma anticipación”.
“Reitero que todo el rigor de la ley caerá sobre las personas que están cometiendo estos actos delincuenciales de vandalismo que no vamos a permitir”, enfatizó.
Para Boluarte, ninguna agenda social se persigue con las protestas, que, en su opinión, no son ni pacíficas, ni mayúsculas.
En medio de la convulsa situación, elogió el “inmaculado” accionar de la Policía Nacional en Lima. También agradeció a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la prensa.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está indagando las manifestaciones y la respuesta policial en Perú. Hasta el momento, las protestas han dejado 53 muertos y más de 600 heridos por distintas causas.
El estallido social en Perú comenzó el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte asumió el cargo de presidente por sucesión constitucional tras Pedro Castillo (2021-2022) y, luego de una tregua navideña, volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur.
Los peruanos quieren un Gobierno más democrático, razón por la que buscan el cierre del Congreso además de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, una nueva Constitución y unas nuevas elecciones.
Decenas de peruanos se han manifestado este jueves ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
«En Perú, si protestas contra el Gobierno te matan», decía una de las pancartas de uno de los manifestantes peruanos que se ha reunido este jueves frente a la Embajadade Perú en Madrid. Los ciudadanos de Perú, residentes en Madrid, piden la dimisión de la actual presidenta del país, Dina Baluarte, nuevas elecciones, la disolución del Congreso y una nueva Constitución.
e Mejia. «Desde aquí pedimos que el embajador se desmarque de esta dictadura y que no sea su representante, que se posicione con el pueblo, porque si no será cómplice. Lo mismo le pedimos al Gobierno de España«, ha añadido.
Los peruanos quieren un presidente o presidenta más democrático. Esa es la razón por la que buscan la renuncia de Boluarte y también la disolución del Congreso. Si la mandataria renunciase, le sucedería el presidente del Congreso, el ultraderechista José Williams, exmilitar y responsable de la masacre de Accormarca (Ayacucho, sur de Perú) de 1985, en la que el Ejército peruano asesinó a 61 campesinos.
Los manifestantes afirman que el Gobierno es antidemocrático, pese a los intentos de Boluarte de dialogar con los ciudadanos. «No me creo que la presidenta quiera dialogar, porque a la vez que pide diálogo está disparando balas en la calle. Es un contrasentido. No puedes pedir diálogo mientras estás matando a la gente», ha declarado Mejia. Otro manifestante, Augusto Carranza, ha calificado a la presidenta peruana como una traidora: «Nos consideran terroristas, pero somos luchadores sociales. Dina está dominada por el imperialismo, ¿qué diálogo vamos a tener con ella?».
Decenas de peruanos se han manifestado este jueves ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
Al ser preguntado por un posible acuerdo, Carranza no ha dudado en expresar que no lo ve posible. Pero, tanto Carranza, como el portavoz, creen en la relevancia de una una nueva Constitución, ya que la de 1993 fue creada por el dictador Alberto Fujimori. Mejia ha explicado que esta se ha mantenido «en beneficio de las oligarquías y ocasiona toda la pobreza y contaminación del país. Si no se renueva, el problema va a seguir».
Crisis en Perú
Detrás de la crisis de Perú no está, como ha explicado Mejia, «el terrorismo que comenta Dina». Allí hay masacre por parte del Gobierno, en la que «mueren manifestantes desarmados que se movilizan por sus reivindicaciones». Perú lleva sumergido en una crisis política y social desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, tras disolver el Congreso. Después llegó la incorporación de la actual presidenta del país y primera mujer en asumir la presidencia peruana. Un suceso que originó protestas en varias zonas del país, sobre todo en el sur, por parte de los peruanos. Sin embargo, pese a todas las muertes derivadas de los enfrentamientos (52 hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, 41 de los muertos son producto de la represión de las Fuerzas Armadas), y pese a todos los heridos (más de 1.000), la presidenta se niega a dimitir.
Decenas de peruanos se manifiestan ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
No hay justificación para la represión judicial: «Ellos quieren limpiar todo lo que sea oposición de cara a las elecciones futuras. El objetivo final de esto es que la derecha y la ultraderecha ganen las elecciones. Boluarte ha propuesto que se cambien los responsables del organismo electoral con el criterio de que los que pongan ellos garanticen la victoria», ha expresado Mejia. «Dina no es una persona de paz, es una persona de guerra. Que pare la represión y que la Policía sea juzgada, ¿o no estamos en un Estado de Derecho? Y ella debería ser juzgada por ser presidenta y por ordenar esas matanzas. Después de eso ya podremos hablar».
La ‘Toma de Lima’
El Gobierno peruano volvió a declarar el estado de emergencia durante 30 días el pasado domingo para mantener el orden en la capital y en las ciudades sureñas de Cuzco, Callao y Puno. Miles de manifestantes llegaron a Lima este lunes desde varios puntos del país bajo el lema «¡Dina, asesina, dimite!», en una segunda Marcha de los Cuatro Suyos, con el objetivo de presionar a la presidenta. Otros se han unido este martes y miércoles con bloqueos en las carreteras y con la expulsión de la congresista, Ruth Luque, de la Plaza Túpac Amaru (Cuzco), a gritos de «usurpadora», «traidora» y «asesina. La legisladora votó a favor de la destitución de Castillo y, según los manifestantes, ha sido responsable de esta crisis política.
El numero de policías desplegados para la Toma de Lima de este jueves se ha incrementado a 9.600. El Congreso de Perú ha tenido que suspender sus actividades ante la llegada de miles de manifestantes a la capital desde las zonas sureñas de Puno, Cuzco, Andahuaylas y Ayacucho. Estos se han reunido en distintos puntos de la capital, como en la plaza San Martín, el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la plaza Dos de Mayo. Y Boluarte, después de pedir que no se volviese a repetir la violencia que desencadenaron las protestas, ha asegurado ahora que solo escuchará las peticiones sociales y no las políticas. «Estoy esperando que puedan hablar de sus agendas sociales. El Estado de Derecho no puede estar sujeto a los caprichos», ha dicho. Todos, desde los poderes políticos hasta el pueblo, buscan la paz. Desde los manifestantes que se encontraban ante la Embajada peruana, como la Unión Europea, que ha condenado la violencia en el país.
Decenas de peruanos se han manifestado este jueves ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
Las protestas, pese a todo lo que han implicado, han hecho efecto, ya que provocaron la destitución del primer ministro de la presidenta, Pedro Angulo, justo una semana después de nombrarlo, en diciembre. Pero Boluarte sigue sumida en las disculpas por los muertos y en no renunciar a su cargo. De hecho, en diciembre manifestó que deberían dejarle tres años liderando el país para cumplir con el resto del mandato del expresidente. Podría haber intereses detrás: Mejia ha explicado que la presidenta es «cautiva de la derecha y la ultraderecha» y que esas fuerzas son las que le colocaron en el poder: «Tiene que haber un motivo muy superior a ella para no poder renunciar, porque si no ya lo hubiera hecho».
Descripción: El asalto a la democracia en Brasil por parte de bolsonaristas no es más que un nuevo episodio antidemocrático de la internacional del odio y la mentira que alienta golpes de estado con propaganda que usa la mentira como principal herramienta. Curiosamente las acusaciones contra Lula son las mismas que se alentaron para motivar el golpe en Bolivia, el asalto al capitolio y el intento de golpe en Perú… el fraude electoral, a esta les acompañan otras acusaciones como la de terrorismo, narcotráfico y financiación de Venezuela. En España VOX y PP junto a medios financiados con dinero público participa en estas campañas que también aplican en la política española.
Esta decisión se produce en un momento de desconfianza hacia las Fuerzas Armadas tras el asalto a las instituciones.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 17 de enero de 2023. —ROBERTA ALINE/EUROPA PRESS
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cesado este martes a 40 miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñaban funciones de seguridad en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, evidenciando aún más la desconfianza que ya expresó tras el asalto de las instituciones.
Algunos de los cesados pertenecían a un departamento de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que otros formaban parte del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), uno de los organismos más señalados tras los ataques del pasado 8 de enero. La decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.
El pasado jueves, en un desayuno con periodistas, Lula acusó a «muchos» policías y militares de haber sido «conniventes» con el caos generado en Brasilia. «Hubo muchos cómplices, cómplices en la Policía Militar, cómplices en las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que las puertas del Palacio del Planalto se abrieron desde dentro porque no estaban rotas», dijo la semana pasada.
El GSI es una de estas instituciones más cuestionadas, y será renovada casi por completo, tal como confirmó el jefe de Casa Civil, Rui Costa. «Tenemos que garantizar un patrón de actuación que permita proteger los tres palacios», dijo.
Este gabinete está formado por cerca de 1.100 funcionarios, la mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y cuya función es hacerse cargo de la seguridad de las instalaciones y de las autoridades. Al menos el 10% de los aproximadamente 80 cargos que había hasta ahora han sido cesados, según el medio brasileño O Globo.
Las sospechas de Lula se extienden a gran parte de su gabinete y del Partido de los Trabajadores (PT), donde incluso han puesto en tela de juicio la gestión del ministro de Defensa, José Múcio, por no haber actuado antes contra los campamentos de bolsonaristas que se levantaron frente a las sedes del Ejército y en los que se pedía un golpe de Estado.
La idea de Lula y la primera dama, Rosângela da Silva, es instalarse en el Palacio de la Alvorada a finales de enero. Después de una primera inspección de las instalaciones, denunciaron el mal estado en el que se encontraba la residencia oficial, con goteras, ventanas rotas y alfombras y sofás en mal estado. Por esto, la primera dama indicó que solo se mudarán a la Alvorada cuando se realice un «inventario completo» y de las condiciones en que lo recibieron.
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova relacionan los últimos episodios de la ofensiva general ultraderechista contra las democracias en varios países: el asalto bolsonarista a las instituciones en Brasil, el golpe oligárquico a Pedro Castillo y la represión del nuevo Gobierno de Dina Boluarte en Perú (con al menos 50 muertos) o el secuestro del Poder Judicial por la derecha española. Con la participación de la analista política peruana Laura Arroyo. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Manifestantes en EE.UU. rechazan la expansión de la OTAN. En Bolivia, denuncian ataques a los medios de comunicación. Encuesta: en Perú la mayoría rechaza a Boluarte.
1. Se manifiestan en EE.UU. contra la participación de ese país en el conflicto ucraniano. Los manifestantes rechazan también la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como una causa de guerras.
2. En Bolivia, denuncian ataques a los medios de comunicación por los grupos vinculados a la derecha en la región de Santa Cruz durante los recientes disturbios.
3. Una nueva encuesta demuestra que en Perú la mayoría rechaza a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso del país.
Soy de los que piensan que la gran crisis financiera global que comenzó en 2008 ha puesto en cuestión el sistema capitalista y, más en concreto, supone el final de su etapa neoliberal
El asalto al Congreso, al Tribunal Supremo y a la Presidencia de Brasil se producen dos años después del asalto al Capitolio de los EE UU. Son dos hechos de extraordinaria importancia, de resonancia mundial, de los que cabe aprender algo sobre la extrema derecha del siglo XXI y, sobre todo, nos muestran de dónde vienen los peligros para la democracia en este siglo.
Soy de los que piensan que la gran crisis financiera global que comenzó en 2008 ha puesto en cuestión el sistema capitalista y, más en concreto, supone el final de su etapa neoliberal. Es palmario que la ideología neoliberal dominante durante décadas ha quedado desacreditada
El asalto a las instituciones brasileñas tiene un lado positivo y es que la extrema derecha brasileña se ha desenmascarado, confirmando así que el principal peligro para la democracia es la extrema derecha. Esa es la primera lección que debemos aprender de Brasil
Desde el punto de vista social una gran parte de la sociedad ha visto frustradas sus expectativas de progreso continuado. En contraste con el retroceso de un estrato social y el estancamiento de otro aún mayor se ha producido una fabulosa acumulación de riqueza en manos de un pequeño grupo situado en el ápice de la pirámide social, incrementando la frustración y el resentimiento social.
En la frustración está la base de la extrema derecha moderna.
La respuesta que da a la crisis consiste en promover un nacionalismo reaccionario, basado en los valores tradicionales (muchas veces definidos por las iglesias más extremistas) pero, sobre todo, basado en el odio a la izquierda y más en general a la progresía.
Un nacionalismo reduccionista que sólo reconoce como verdaderos compatriotas a los blancos y no a las minorías raciales, a los nacidos en el país y no a los inmigrantes, a los varones heterosexuales y no a las mujeres o a los LGTBI. Un nacionalismo opuesto a la globalización. Un nacionalismo populista, que denuncia a las “élites” sean estas políticas, económicas o culturales, pero que cuando alcanza el poder gobierna en beneficio de las grandes corporaciones. Un nacionalismo negacionista del cambio climático que critica como un invento de la progresía.
En este siglo, la extrema derecha ha llegado al poder invocando la democracia y la defensa de la constitución y la libertad. Pero la primera lección que nos da Brasil y también EE UU, es que esas jaculatorias son falsas. El primer precepto de la democracia es que el perdedor de las elecciones reconoce el resultado de las mismas y no intenta impedir que el vencedor ocupe el poder.
En Brasil, Bolsonaro no ha reconocido el resultado de las elecciones extendiendo la especie de las elecciones han sido amañadas, sin aportar prueba ninguna de ello. Y, lo que es más importante, sus partidarios se han manifestado delante de los cuarteles pidiendo la intervención del ejército para echar a Lula. Es decir, pidiendo un golpe de estado que anule la decisión del pueblo expresada en las urnas. En vista de que esta táctica pacífica no daba el resultado apetecido, alguien decidió organizar el asalto a las instituciones, en una claro intento de provocar la intervención militar ante el caos y el vacío de poder que el asalto y la ocupación transmitían al país y al mundo. Importa destacar que no ha sido un asalto espontáneo, sino preparado y organizado.
Pocas dudas caben de que Trump y Bolsonaro han estado detrás del asalto a las instituciones, como instigadores del intento del mayor ataque a la democracia de sus respectivos países
El asalto a las instituciones brasileñas tiene un lado positivo y es que la extrema derecha brasileña se ha desenmascarado, confirmando así que el principal peligro para la democracia es la extrema derecha. Esa es la primera lección que debemos aprender de Brasil.
En EE UU, de la investigación llevada a cabo por el Congreso se desprende que Trump, consciente de haber perdido, intentó alterar el resultado presionando a las autoridades competentes en materia electoral en algunos estados. Finalmente propició el asalto al Capitolio con un fin muy concreto: impedir que éste certificara el resultado y, por tanto, impedir que Biden tomara posesión. No lo consiguió. Pero aún hoy es el día en que ni Trump ni sus seguidores (organizados en el llamado MAGA y organizaciones parecidas) siguen sin reconocer el resultado de aquellas elecciones.
Tampoco Bolsonaro ha reconocido su derrota y, con ello, ha alimentado la movilización de sus partidarios. Importa señalar que Bolsonaro ha apoyado abiertamente las movilizaciones que pedían abiertamente la intervención de los militares, criticando únicamente que la manifestación se volviera violenta, pero no el contenido de ellas: la intervención militar. Es verdaderamente revelador que apoyara a las manifestaciones y acampadas que no solo protestaban por el supuesto amaño de las elecciones, sino que pedían abiertamente el golpe de estado, es decir el fin de la democracia brasileña.
Pocas dudas caben de que Trump y Bolsonaro han estado detrás del asalto a las instituciones, como instigadores del intento del mayor ataque a la democracia de sus respectivos países. Trump y Bolsonaro tardaron en reaccionar al asalto de sus partidarios porque esperaron a ver si las intentonas tenían éxito. Solo cuando quedó claro que la cúpula del ejército brasileño no daba el golpe, Bolsonaro habló para desmarcarse de un golpe fallido, pero en modo alguno para condenar el asalto, salvo por sus actos vandálicos.
Tengo para mí que si el Ejército hubiese dado el golpe, Bolsonaro lo habría saludado. Sean cuales sean las responsabilidades penales a las que tengan que enfrentarse hay una responsabilidad política que todo demócrata debería exigirles: han quedado descalificados para ocupar ningún cargo político en el futuro.
La extrema derecha europea no es exactamente igual que la norteamericana o brasileña. Pero resulta significativo que Vox haya tardado en condenar el asalto hasta que ha visto que el golpe había fallado. Y cuando lo ha hecho ha sido tratando de meter en el mismo saco a los asaltantes (presuntos delincuentes) con los manifestantes de izquierda que en otras ocasiones han protestado pero sin asaltar ninguna institución. Y no, en este siglo no existe ningún asalto violento que trate de torcer la voluntad popular por parte de la extrema izquierda. Así es que no existe ningún paralelismo entre la extrema derecha y la extrema izquierda.
Pero si algo hemos aprendido de Andalucía es que si planteamos las cosas exagerando el peligro inminente de la extrema derecha solo conseguiremos que el PP gane. Si el asunto principal que se dilucida en unas elecciones es si Vox entra o no al gobierno andaluz, la forma más práctica de evitarlo es votar a Moreno Bonilla
Lo que refleja Vox es su conexión con la extrema derecha brasileña y norteamericana. Lo del PP es de aurora boreal. Su reacción al golpe solo demuestra que tiene los rumbos perdidos, como dice la copla. Lo más preocupante es que no solo no comparte el diagnóstico de que aquí y ahora el peligro para la democracia viene de la extrema derecha, sino que no tiene ningún empacho en compartir el poder con Vox. No han aprendido una lección elemental: la extrema derecha desde Hitler ha llegado siempre al poder de la mano de y apoyada por la derecha conservadora tradicional.
Precisamente porque Europa experimentó en numerosos países los gobiernos de la extrema derecha (nazis, fascistas, franquistas, etc) con el resultado de la mayor hecatombe que recuerda la historia desde Atila, es por lo que aquí la extrema derecha tiene unos planteamientos mucho más moderados. La extrema derecha actual no es el fascismo ni el nacismo de los años 30. Y por eso, no tiene sentido aplicar una política de frente antifascista que fue correcto hace casi un siglo. La extrema derecha europea no representa un peligro existencial inmediato para la democracia, lo cual no quiere decir que no lo sea en el futuro y que debemos percatarnos y advertir de eso.
La extrema derecha actual vive de la frustración social y no del miedo a ninguna revolución y más que denunciarlos como el principal enemigo de la democracia vale más atacar el problema de fondo: acabar con la frustración que ha dejado detrás la gran crisis de 2008
Pero si algo hemos aprendido de Andalucía es que si planteamos las cosas exagerando el peligro inminente de la extrema derecha solo conseguiremos que el PP gane. Si el asunto principal que se dilucida en unas elecciones es si Vox entra o no al gobierno andaluz, la forma más práctica de evitarlo es votar a Moreno Bonilla.
De esa lección se deduce que no deberíamos centrar la próxima campaña en dilucidar si Vox entra o no al gobierno. Ya sabemos que si el PP gana Vox estará en el Gobierno. Así es que si no queremos que Vox entre al Gobierno lo mejor es no votar al PP.
Hace 100 años el fascismo, el nazismo y las demás extremas derechas se ofrecieron como el freno más eficaz frente a la revolución que se había producido en Rusia y que aparecía como un peligro en el continente. Franco justificó su golpe por adelantarse a la inminente revolución comunista que estaba en marcha. No era cierto: no había ninguna revolución en marcha, pero la revolución comunista si que era una perspectiva existente, al menos en el plano de las declaraciones. Dicho de otro modo, el fascismo prosperó porque era la forma más práctica y expeditiva de cortar con el ciclo revolucionario que se había iniciado en Rusia en 1917. Hoy, cien años después no hay ningún ciclo revolucionario que parar. En Europa no existe ninguna izquierda revolucionaria que derrotar y aniquilar. Y de Rusia no llega ningún comunismo de ninguna especie sino un nacionalismo reaccionario y belicista.
La extrema derecha actual vive de la frustración social y no del miedo a ninguna revolución y más que denunciarlos como el principal enemigo de la democracia vale más atacar el problema de fondo: acabar con la frustración que ha dejado detrás la gran crisis de 2008.
Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado y 47 muertos en 38 días de presidencia.
Dina Boluarte, elegida presidenta de Perú tras la caída de Pedro Castillo. —Lucas Aguayo Araos/EUROPA PRESS
«¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista?», afirmó Dina Boluarte en su mensaje a la Nación el viernes por la noche, donde anunció que no renunciará. La presidenta de Perú tomó la palabra después de varios días de ausencia pública y una semana de luto: 19 manifestantes asesinados en la ciudad de Juliaca, en Puno, y uno en Cuzco, ascendiendo a 47 desde el inicio de las protestas iniciadas desde que se puso la banda presidencial el 7 de diciembre, en particular en el sur andino del país, de mayoría quechua y aimara.
La alusión al «terrorismo» por parte de la presidenta ocurrió en un contexto de escalada de acusaciones y detenciones, en particular en la ciudad de Huamanga, el jueves por la noche, cuando fueron detenidos siete dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Boluarte realizó la distinción entre «nuestros hermanos que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo, de aquellos azuzadores y violentistas que utilizan al pueblo, a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento y a la muerte». Los segundos, afirmó, serían responsables de destrozos y de las demandas de cierre del Congreso, su renuncia, así como de una Asamblea Constituyente.
Las acusaciones de Boluarte ocurrieron poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya justamente «constatado» en su informe preliminar «un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas -por Sendero Luminoso- o indios». La CIDH llegó a Perú el 11 y recorrió diferentes regiones, en particular Puno, epicentro de la segunda masacre luego de Ayacucho en diciembre con 10 muertos.
La CIDH agregó que esos discursos creaban «un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando proviene de autoridades públicas». Boluarte no realizó ninguna crítica a la actuación de las fuerzas policiales y militares aún con el diagnóstico forense de los muertos en Juliaca: todos abatidos por armas de fuego, nueve de ellos con municiones metálicas dentro del cuerpo, seis con proyectiles de fusil 7.62 mm, dos con restos de perdigones de metal, uno con una bala de pistola. Dos eran menores de edad, tres tenían 18 años. En los demás casos no se encontraron proyectiles porque habrían sido disparados a corta distancia, atravesando los cuerpos.
El enemigo interno
El viernes también fue entrevistado Óscar Arriola, jefe hasta poco de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y ahora director de investigación criminal. El general se refirió a las detenciones en Ayacucho bajo la afirmación de que existe allí un «comité regional de la organización terrorista Sendero Luminoso», razón por la cual habrían sido detenidos siete integrantes del Frente de Defensa, en particular una de sus figuras principales: Rocío Leandro Melgar, quien estuvo presa 11 años por su pertenencia a la organización armada. Los detenidos fueron llevados en primer lugar al cuartel Los Cabitos, un centro de detención y tortura durante la guerra interna.
Arriola, en un discurso extraído de los años 80 y 90, no mostró la «evidencia incuestionable» de la presencia del «Ejército Guerrillero Popular» en la región. Afirmó que Melgar coordinaba con las otras regiones donde se registran protestas -sin tampoco demostrarlo-, construyendo así la idea de una conspiración armada dentro del país, que «busca muertos» y se prepara para realizar la «toma de Lima«. «La situación es compleja, el resultado puede ser muy siniestro», sentenció, en un anticipo o amenaza de lo que podría estar por pasar.
Anahí Durand: «Esa narrativa de un enemigo que han querido construir se choca con la realidad de movilizaciones masivas, básicamente sociales»
La acusación de terrorista o terruqueo, un dispositivo habitual contra la izquierda o el progresismo en Perú, se convirtió en un discurso de enemigo interno. «La derecha, que la llevó al poder y con la cual ella conspiró, tuvo claro desde el primer momento que había que crear un enemigo interno, ese otro peligroso que subvierta el orden y nos traiga otra vez a los tiempos nefastos de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), pero ese afán, esa narrativa de un enemigo que han querido construir se choca con la realidad de movilizaciones masivas, básicamente sociales, territoriales», explica Anahí Durand, socióloga, docente de la Universidad de San Marcos.
«No solo es un discurso de guerra, es una coalición de guerra, la que ha hecho con el fujimorismo, la Policía, la Fiscalía; están actuando coordinadamente, más allá del discurso del enemigo interino ya hay acciones concretas en contra de él. Lo que hemos visto en Ayacucho es eso, seguir la línea de acusados por terrorismo para poder tener a ese enemigo», afirma.
La importancia de Lima
Mientras en Puno miles de personas se reúnen para despedir a los muertos, en las zonas acomodadas de Lima todo parece seguir igual: la gente camina apacible por un sendero frente al Pacífico donde se venden crepes o ceviches, algunos hacen surf, otros pasean perros de revistas, están de tiendas en el centro comercial Larco Mar en Miraflores, desde donde se ven las luces de Barranco y Chorrillos. En zonas adineradas como esta, Castillo perdió con más del 80% de los votos en 2021. Lo que sucede en Ayacucho o Juliaca es distante de una manera profunda, no solo geográfica: dos países con idiomas diferentes.
La tranquilidad de la capital y centro del poder político comenzó, sin embargo, a verse alterada. El jueves tuvo lugar una marcha que comenzó en el centro limeño con participación de numerosas organizaciones, como la Central General de Trabajadores del Perú, el movimiento Nuevo Perú -cuyo local fue allanado por la Dircote en diciembre-, colectivos sociales, barriales, culturales. La movilización se dirigió, después de haber pasado por la militarizada plaza San Martín y el Palacio de Justicia, al parque Kennedy, en Miraflores, con consignas de renuncia de Boluarte, elecciones para 2023 o una asamblea constituyente.
Lima parece determinante en la evolución de la crisis. El premier, Alberto Otárola, afirmó esta semana que no dejarían que las provincias se desplacen hacia la capital como anunciaron que harían. Proteger el centro político es uno de los objetivos centrales del gobierno: la llegada de las provincias y un efecto contagio de las protestas podría modificar la situación limeña, cómoda para las élites, y ampliar la magnitud de una crisis hasta ahora centrada en el sur, andino, humilde, donde las muertes importan poco, visto desde Lima.
Manifestantes portan ataúdes simulados durante una protesta para exigir la disolución del Congreso y elecciones democráticas, rechazando a Dina Boluarte, en Lima, 12/01/2023. —Alessandro Cinque/REUTERS
Ese efecto contagio ha comenzado a manifestarse producto de la misma represión y persecución de un Gobierno cada vez más cívico-militar. Si en diciembre podía resultar compleja la posición política de varios sectores en vista del intento de Pedro Castillode disolver el Congreso, ahora existe una voz creciente y heterogénea que se condensa en una exigencia central: la renuncia de Boluarte.
Anahí Durand: «La renuncia de Dina es la solución más inmediata porque destraba las otras demandas»
«La renuncia de Dina es la solución más inmediata porque destraba las otras demandas, ella sabe que si renuncia tiene que haber un adelanto de elecciones en un plazo muy breve, la Constitución lo dice, a la renuncia de la vicepresidenta que ha asumido como presidenta en cinco meses máximo se llevarán elecciones generales, se va ella, se va el Congreso, es lo que pide la gente», explica Durand, que señala a su vez la situación de Boluarte: «Ha llegado a tal punto que no le es tan fácil renunciar e irse a su casa. Su renuncia va a significar diversas acusaciones, juicios».
«Ella es un tapón a las demandas ciudadanas, debe tener el 9% de respaldo ciudadano, igual que el Congreso. La gran mayoría de la población sabe que su gobierno es inviable, está cercada en el Palacio, no puede salir de Lima, está gobernando para Lima con esta derecha limeña que se ha consolidado los últimos años». El aislamiento del Gobierno pudo verse esta semana cuando la delegación enviada a Puno no fue recibida, y el mismo gobernador, Richard Hannco, aseguró que «la única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte».
¿Cuánto puede decidir la presidenta? «Dina está cada vez más cercada por la derecha más bruta, por el fujimorismo, ya tiene tres ministros fujimoristas, Justicia, Interior y Mujer, ha ido ganando terreno el fujimorismo. Creo que ellos son los que la están sosteniendo y obligando a dar la cara para mantener el régimen hasta julio de 2024″, analiza la socióloga peruana.
Sin embargo, ve posible una salida adelantada: «Creo que finalmente la van a sacar si no renuncia, hay grupos en el Congreso que ya están viendo el escenario electoral como algo factible y no se van a comer los pasivos de esta señora, los grupos que la sostienen están viendo qué tanto ganan y qué tanto pierden al sostenerla, ella es el eslabón más débil». Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado, con el recurso a la figura de enemigo interno, y 47 muertos en 38 días de presidencia.
Es irónico ,teniendo en cuenta que de los regímenes que hoy quedan en América Latina como Haití,Nicaragua,Venezuela,Cuba o Bolivia, dos de ellos se instauraron mediante la vía armada ,en el caso de Cuba en 1959 tras 6 años de conflictos armados, en Nicaragua en 1979 cuando el FSLN instauró un régimen de 11 años y luego Ortega ganó sus últimas elecciones libres en 2007 y en el caso de Venezuela cuando pasaron los hechos de el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 ,que aunque quedaron solo en un susto luego de ganar Chávez sus últimas elecciones libres en 1998 si instauró un régimen que hasta hoy perdura
Esperemos que hable no solo de Brasil o Estados Unidos sino también de el fallido autogolpe de Perú 2022 y lo condene ,ante todo hace falta ser imparcial ,aunque es algo irónico que hasta un golpe como el de Brasil en 2023 haya sido más pacífico que las manifestaciones de Chile y Ecuador 2019, Colombia 2021 ,Perú 2022-2023 o que la respuesta que gobiernos como Venezuela,Nicaragua,Haití,Bolivia o Cuba y antes Ecuador han dado a las manifestaciones masivas en favor de la democracia
Dariel Honeyghan🇻🇪
hace 2 horas