A raíz del fallecimiento de la líder de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, este domingo 20 de noviembre (la misma fecha de la muerte de Franco, en la que, en España, los fascistas se concentran cada año para hacer apología del franquismo), Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova comparan la conquista de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina frente a la impunidad y el olvido que siguen imperando en España. Con la participación de Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de los derechos humanos y ex Ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de Argentina.
Categoría: Países latinoamericanos
Canal Red lanza la segunda fase de su crowdfunding
A las más de 4000 personas que ya nos han ayudado, les damos las gracias, pero a las que aún no les ha dado tiempo, les invitamos a que formen parte del proyecto y se sumen. Canal Red llegará tan lejos como ustedes determinen. Y sí, desde América Latina también pueden colaborar, porque este será un canal para España y para toda América Latina. De hecho, algunos de nuestros programas los van a hacer compañeras y compañeros latinoamericanos desde América Latina.
EEUU y la Unión Europea convierten a América Latina en un basurero
Estados Unidos ha invadido varios países latinoamericanos con millones de toneladas de residuos plásticos tóxicos, revela una investigación.
La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, en un reciente informe, precisa que Estados Unidos y países europeos enviaron, en los últimos diez años, 111 millones de toneladas de residuos plásticos tóxicos, principalmente jeringas, carcasas de monitores viejos y baldes, a México, Perú, Colombia, Chile y Ecuador.
De acuerdo con la investigación, después de que China cerrara en 2018 sus puertas a los desechos a todo el mundo, Estados Unidos incremento el envío de sus residuos al hemisferio sur, de modo que, en 2017, 11 millones de toneladas de basura estadounidense inundaron el sur global. Mientras que, en 2021, la región recibió 12 millones de toneladas de plástico desechado.
“La cantidad de desechos plásticos importados por países de la región entre 2012 y 2022 es equivalente a 118 veces el peso de la Torre Eiffel”, señala la investigación.
México es el principal importador de desechos plásticos de América Latina, pues entre 2012 y 2022 recibió más de un millón de toneladas. Le siguen Perú, con 62 000 toneladas durante el mismo periodo, Chile, con 50 000 toneladas y Colombia, con 45 000.
El informe recoge que el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA) denuncia que las potencias mundiales mantienen sus políticas ambientales con un alto costo para los países menos desarrollados.
Además, señala que la falta de supervisión en las aduanas y por parte de las autoridades permite que las empresas adquieran estos residuos, incluso de forma ilegal, para generar dinero, pese a que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha advertido que el comercio de plásticos puede involucrar trabajo ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasiones fiscales.
GAIA exige a los gobiernos el cumplimiento del Convenio de Basilea, creado para combatir los depósitos de desechos tóxicos en países en vías de desarrollo, y mayor transparencia sobre el tipo de residuos plásticos que están llegando a la región, para evitar que estos países se conviertan en nuevos vertederos de la basura mundial.
Inflación en canasta básica amenaza bases del Gobierno de Xiomara
Los hondureños sufren un encarecimiento en precios de la canasta básica, situación que se convierte en principal crítica al Gobierno de la presidenta Castro.
Los mercados en Tegucigalpa, la capital de Honduras, reportan aumentos a la canasta básica de manera semanal. Las familias poco a poco gastan más y compran menos, debido a la inflación causada por los efectos internacionales de los conflictos armados.
La inflación acumulada es mayor al 7 %, según una fuente oficial, pero el Gobierno hondureño argumenta que la mayor parte de esta inflación es importada.
Entre tanto, la Administración de Xiomara Castro busca métodos para que el impacto sea menor. Uno de estos es la venta de la canasta básica a través de Banasupro, la comercializador estatal. Esta institución vende a precios más bajos que el mercado privado.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
Pescadores peruanos exigen indemnizaciones a Repsol por derrame
Pescadores protestan contra Repsol por el vertido de crudo al mar en enero, arrojando peces muertos tintados de negro frente a la sede de esa firma española en Lima.
La multitud, reunida el martes en la capital peruana, representa a unos 3000 afectados de la zona contaminada que aún no pueden retomar su actividad económica en la pesca, comercio o turismo porque sigue habiendo crudo en el mar.
Los manifestantes elevaron enormes pancartas en las que exigían indemnizaciones a la petrolera que causó un gran desastre ambiental cuando un buque cisterna, de bandera italiana, vertió el 15 de enero unos 12 000 barriles de petróleo al mar en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima, la capital peruana.
Hasta 15 000 personas se vieron afectadas por el gran derrame. Sin embargo, “el padrón de afectado está compuesto hoy por 10 000 personas aproximadamente”, dijo a la AFP Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, una de las localidades afectadas por el vertido de crudo.
Mientras expertos de Naciones Unidas estiman que el derrame tendría consecuencias durante 10 años, los pescadores demandan “justicia” para sus costas contaminadas y responsabilizan a Repsol por la destrucción de su trabajo.
“No podemos pescar […] tenemos que ir dos o tres días a la chacra a buscar alimentos, por eso pedimos que nos indemnice” expresó el pescador Jaime Cruz García, de 60 años y proveniente de Chancay, donde murieron una cantidad indeterminada de peces y aves marinas por la contaminación.
La semana pasada las autoridades ambientales impusieron a Repsol dos multas por 10,79 millones de dólares. Y en los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.
Trabajadores panameños marchan por mejoras salariales
Trabajadores de la Caja de Seguro Social de Panamá denuncian la persecución de las autoridades en momentos en que vienen reclamando compensaciones salariales.
Continúan las manifestaciones sociales en las calles panameñas, este martes 8 de noviembre distintas organizaciones de empleados de la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron una marcha en la capital del país.
A pesar de que estos trabajadores denuncian que han venido reclamando mejoras salariales a través de los últimos años, no solo han obtenido falta de atención por parte de las autoridades; al menos 30 funcionarios fueron destituidos en medio de la actual negociación, lo que constituye una clara violación a sus derechos.
En 2015 los trabajadores acordaron un conjunto de compensaciones salariales que deberían ir acordes al ajuste del salario mínimo que tiene lugar cada dos años en Panamá y que hasta la fecha no se ha cumplido dentro de la institución.
Los manifestantes junto a las autoridades de la Caja de Seguro Social sostendrán una reunión el próximo 9 de noviembre, en la que, además de obtener respuestas favorables en cuanto al tema monetario, esperan el reintegro de los funcionarios apartados y que cese la persecución que vienen denunciando contra la actual administración.
John Alonso, Ciudad de Panamá
¿Qué fue la Alianza Triple-A, antesala de la dictadura militar?
Cuando hablamos del terrorismo de Estado en Argentina, nos solemos referir a los años de la dictadura militar, el aparato represivo de Videla, los 30.000 desaparecidos. Pero todo este horror tuvo antecedentes: varios escuadrones de la muerte paraestatales surgidos durante el tercer peronismo.
Lula derrotó a Bolsonaro, pero el ‘bolsonarismo’ sigue – Zasca – #EnLaFrontera630
Ganó Lula, ganó la democracia en Brasil, ganó una América Latina más progresista. La única sombra de esta histórica es que el ‘bolsonarismo’ sigue vivo.
Colombia busca pacificar el país con la ley de “paz total”
El Congreso de Colombia aprueba la reforma a la ley del orden público. Se trata de la ya denominada ley de “paz total”.
El Gobierno busca iniciar diálogos con los grupos armadas con el fin de pacificar el país. La iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, para acabar con el conflicto armado en Colombia, conocido como “la Paz Total” ya tiene un marco jurídico. Pues, después de 4 debates, las plenarias de Cámara y Senado dieron su visto bueno a la propuesta.
Con la luz verde de los congresistas, “la Paz Total”, ya es política de estado. Con lo cual, los próximos gobiernos tendrán la responsabilidad de dar continuidad a los diálogos y a la implementación de los futuros acuerdos.
Además, la reforma permite al Gobierno adelantar las negociaciones de paz con las disidencias de las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). También, da facultades al Ejecutivo entablar diálogos con las bandas criminales para su sometimiento a la justicia.
Tras la aprobación de la ley, el Gobierno anunció que en los próximos días se establecerán los equipos del alto comisionado para la paz para adelantar todos los acercamientos con los grupos armados.
Argentina pide a CPI no dejarse politizar en caso de Venezuela
El presidente de Argentina avisa a la Corte Penal Internacional (CPI) que la denuncia contra Venezuela es infundada y politizada.
Alberto Fernández puso al tanto al titular de la Corte Penal Internacional (CPI), el polaco Piotr Józef Hofmanski, sobre la denuncia contra Venezuela para que el tribunal “no sea utilizado políticamente”.
Durante su ponencia en la Feria del Libro Nacional y Popular de la ciudad argentina de Santa Fe, Fernández rememoró el viernes cómo el Grupo de Lima —formado para apoyar a la oposición venezolana a derrocar al presidente Nicolás Maduro— usó a la CPI para arremeter contra Venezuela.
Agregó que, en un encuentro en Argentina con el titular de la CPI, le solicitó que tuviera presente que la denuncia contra Venezuela “fue parte de una maniobra ideada por (el expresidente estadounidense entre 2016 y 2020) Donald Trump”, con “un basamento político, que era marginar, dejar a un costado a Venezuela”.
En septiembre de 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.
En marzo de 2021, Argentina se retiró del Grupo de Lima y, como consecuencia, se bajó de la denuncia ante la CPI que había hecho como Grupo de Lima.
La CPI anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas en noviembre 2021 e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con Maduro.