El inicio de una reforma agraria en Colombia abre las expectativas que por años han tenido campesinos, indígenas y afros para tener la titulación de sus tierras.
El problema de la tierra en Colombia para los más necesitados data de muchísimos años atrás. Los diferentes grupos armados y terratenientes siempre han tenido el monopolio de éstas. Ante eso el presidente colombiano, Gustavo Petro, garantiza la compra tierras para el campesinado.
Todos estos anuncios ya se ven materializados con la entrega de más de 680 mil títulos de tierra que entregó la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, a la gente del campo.
El gran problema que presenta este proyecto es la tenencia de tierra que tienen las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico, ante eso, la solución es el sometimiento de todos estos grupos a la justicia, es decir la paz total.
La ministra de Agricultura de Colombia señaló que estas titulaciones se entregarán en 19 de los 32 departamentos del país y que se harán antes de que se acabe este año.
Desde su llegada a la Presidencia, el mandatario ha emprendido una senda de diálogo con varios grupos armados con el fin de conseguir un acuerdo de paz o su sometimiento a la justicia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en Buenaventura, Colombia, a 6 de septiembre de 2022. —Joaquín Sarmiento/AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este jueves que en cuestión de días se va a plantear un cese al fuego multilateral con varios grupos armados que se han acercado al Gobierno en su proyecto de «paz total».
«En cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia», ha dicho Petro en una declaración a medios en Nueva York donde está de visita para participar en la Asamblea General de la ONU.
Este cese al fuego implica a varios grupos que se han acercado en las últimas semanas al Gobierno, ha dicho el mandatario, sin dar detalles de cuáles ni cuántos.
«Involucrará a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales. Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego», ha detallado el mandatario antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Colombia.
Desde que llegó a la Presidencia, el pasado 7 de agosto, Petro ha emprendido una senda de diálogo con varios grupos armados con el fin de conseguir un acuerdo de paz o su sometimiento a la justicia.
Los primeros pasos han sido en La Habana donde una delegación del Gobierno colombiano volvió a sentarse con delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para retomar los diálogos que llevan cuatro años parados por los encontronazos con el anterior Ejecutivo de Iván Duque y porque la guerrilla nunca ha cesado su accionar, ejecutando atentados, secuestros y otros crímenes.
Además, la pasada semana, una delegación del Gobierno colombiano y otra del «estado mayor central» de disidencias de las antiguas FARC tuvieron una «reunión exploratoria» en el departamento sureño de Caquetá para «valorar la posibilidad de iniciar diálogos en el marco de la paz total», lo que incluiría precisamente este cese del fuego bilateral.
Gustavo Petro anunció entonces que comenzó «un diálogo» con este grupo que aglutina la mayoría de frentes que se salieron del acuerdo de paz o nunca llegaron a él, menos la Segunda Marquetalia, comandada por Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», que es un grupo mucho menor.
De confirmarse este cese al fuego multilateral sería el primer gran acto para paralizar el conflicto desde que se firmó la paz con las FARC en 2016 y se paralizaron los diálogos con el ELN, en 2018, tras lo cual ocurrió el último gran atentado en Colombia, el del 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, que dejó 23 muertos y casi un centenar de heridos.
El objetivo del bloqueo de EE.UU. contra Cuba es afectar la resistencia del pueblo cubano, su gobernabilidad y su carácter rebelde, afirma un experto.
En una entrevista ofrecida este jueves a la cadena HispanTV, el analista político Secil de León ha subrayado que los ideales de la Revolución Cubana (1959) han sido también idearios por muchas generaciones en América Latina, afirmando que EE.UU. está prestamente solo en sus políticas contra Cuba.
El país caribeño ha resistido durante más de seis décadas un despiadado y unilateral bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU. a su contra por no alinease con las políticas imperialistas de Washington.
Desde el atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), los presidentes de varios países, entre ellos Argentina, Bolivia y Hondura, han exigido el cese de la política estadounidense contra el pueblo cubano.
El gobierno colombiano adelanta conversaciones con los disidentes de la guerrilla de FARC que no se acogieron al pasado proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Después de la firma de paz con la guerrilla de las FARC algunos de sus miembros desistieron del acuerdo por distintas razones, entre uno de ellos está Iván Márquez quien comanda la denominada Segunda Marquetalia. El gobierno de Gustavo Petro ya comenzó diálogos para una segunda oportunidad.
Según el acuerdo pactado con la extinta guerrilla de las FARC, señalaba que aquel que incumpliera o no se acogiera a lo firmado debía enfrentar en el futuro a la justicia ordinaria, donde se habilitarían los delitos conexos a la rebelión, este es el gran dilema de cómo se va a tratar a esta disidencia.
Los que conocen de cerca el proceso de la Habana creen que en este debe haber unos requerimientos esenciales para que no se haga muy extenso y de confianza.
El gobierno nacional ha señalado que tanto la guerrilla como los paramilitares y la delincuencia organizada tendrán un trato diferente cada uno, acorde a los delitos que hayan cometido.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arremete en su discurso en la AGNU contra las potencias golpistas, la economía neoliberal y el colonialismo mundial.
“Las naciones pobres ya no soportamos golpes de Estado […], ni revoluciones de colores, usualmente organizadas para espolear nuestros vastos recursos naturales”, aseveró el martes Castro en un discurso en el 77.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGNU).
La mandataria izquierdista denunció la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Estado de 2009 contra su esposo, el entonces presidente Manuel Zelaya, y el sostenimiento de más de una década de narcodictadura en Honduras.
“Trece años de dictadura tutelada por la comunidad internacional nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por seis veces y alcanzar la tasa del 74 % de pobreza, la más alta en la historia de Honduras […] Queremos vivir en paz”, exigió la líder del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Tachó de inaceptable el orden mundial arbitrario y la dictadura monetaria global, que a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal, que aumentan el sufrimiento de las mayorías postergadas, y el capital especulativo no tiene límites. Por tanto, la presidenta consideró que “es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad”.
Para Castro los hondureños tendrán futuro si se acaba con la dictadura económica neoliberal. “Para que nuestro país sobreviva, debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos, y aumenta la desigualdad de forma exponencial”, puso de relieve.
Castro asumió el poder en enero, tras doce años de gobierno del conservador Partido Nacional, los últimos ocho al frente de Juan Orlando Hernández, que desde abril enfrenta juicio en EE.UU. por narcotráfico.
Tras alertas de la Administración Biden a Rusia contra el uso de armas nucleares, Evo Morales recuerda que EE.UU. es el único que ha usado tales armas contra civiles.
En caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, recurra al arsenal nuclear, su par norteamericano, Joe Biden, en una entrevista con la cadena local CBS, prometió el viernes que Rusia “se convertiría en un paria en el mundo más de lo que ha sido”.
Mediante un mensaje publicado este domingo en Twitter, el expresidente de Bolivia Evo Morales ha cargado contra la política agresiva de EE.UU. y el rol que tiene en el conflicto de Ucrania.
En alusión a los ataques nucleares de Estados Unidos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, ha destacado que el país norteamericano es el único que ha usado armas atómicas contra civiles. Los bombardeos atómicos que mataron a más de 450 000 personas antes de fines de 1945.
“El único paria es EE.UU. que provoca golpes [de Estado] y guerras en el mundo”, denunció Morales.
Ante acusaciones de que Rusia podría emplear armas nucleares durante su operación militar en Ucrania, desde el Kremlin han puntualizado que no buscan usar armas nucleares en su operación contra Ucrania, debido a que no hay amenaza de agresión con armas de destrucción masiva.
Esto, mientras que Moscú acusa a Washington de insistir en que puede usar armas nucleares en cualquier conflicto militar.
En el mismo sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció en agosto que su país podría usar armas nucleares en cualquier guerra en circunstancias extremas para defender sus “intereses vitales”.
Estados Unidos tiene el arsenal nuclear más grande y avanzado del mundo, no obstante, ha salido de los instrumentos legales sobre el control de armas, incluido el Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM, por sus siglas en inglés) y el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), y además, Washington se niega a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).
Irán y Venezuela fortalecen vínculos para las próximas dos décadas de desarrollo. Culmina en Caracas la Expo Feria Científico Tecnológica entre los dos países.
Más de 5 mil personas por día visitaron en el principal estadio cerrado de la ciudad capital esta Feria común entre Irán y Venezuela.
La primera entre los dos países, donde más de 80 empresas iraníes tejieron lazos directos con empresas venezolanas. Una feria abierta a todo el público, donde destacaron la presentación de procesos de producción y aplicaciones prácticas de tecnologías.
También se registró un punto de contacto importante entre los dos países en el área de tecnología para la salud. Donde se apuntará a la transferencia de tecnología para la producción de equipos en un nuevo parque industrial. A lo mismo se apunta en el área automotriz, donde en principio se acordó la importación de vehículos de bajo consumo de combustible.
El objetivo a largo plazo de la feria y de la creciente relación entre Irán y Venezuela es fomentar la aplicación de la tecnología a los procesos productivos y también impulsar nuevos ecosistemas económicos para modernizarlas industrias.
Esta primera feria Científico Tecnológica e Industrial Irán Venezuela es el punto de partida de una nueva etapa en la relación entre los dos países, de aquí a los próximos 20 años.
La política integral propuesta por el presidente es un proceso participativo del que también forman parte las antiguas FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Gustavo Petro, durante su toma de posesión como presidente de Colombia en la Plaza Bolívar, en Bogotá. —Luisa González/REUTERS
Cinco semanas después de asumir el poder, el Gobierno del progresista Gustavo Petro reveló avances para llegar a la «paz total», una política integral que busca ponerle fin a la tragedia colombiana de décadas.
La paz total no es simplemente el desarme negociado de los 18.000 hombres que el think tank Indepaz les calcula a los 22 grupos armados que han manifestado que quieren sumarse a esta política. Para comparar: 17.000 era la cifra de combatientes que se supone que tenían las FARC antes de pactar la paz en 2016. Finalmente, se desmovilizaron 13.000.
La paz total es generar un entorno para acabar con la guerra de una vez. Buscarle soluciones al conflicto social generado por la desigualdad, la exclusión y la ausencia de oportunidades y apuntarle a construir justicia social, ambiental y económica.
«La paz total es una tarea de toda la ciudadanía», advirtió Petro en su primer discurso como presidente, el 14 de septiembre, e invitó a participar en 50 diálogos regionales de aquí a finales de noviembre, incluido uno por Internet con la diáspora. Cada diálogo durará dos días y medio; sus conclusiones serán vinculantes y el Gobierno dice que las incluirá en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que debe presentarle al Congreso el 7 de febrero como fecha límite.
Por ahora, el Ejecutivo cuenta con los votos suficientes para sacarlo adelante. Sumando el apoyo expreso de sectores tan diferentes como el partido Comunes, de las antiguas FARC, y el partido Conservador tiene 75 de los 108 votos del Senado y 140 de 187 en la Cámara de Representantes.
La aplanadora de Gustavo Petro, los escaños de cada partido en el Senado de Colombia. — La Silla Vacía
La participación en los diálogos regionales podrá ser virtual mediante líneas abiertas, y en escenarios públicos con mesas temáticas sobre ordenamiento territorial y paz total;
seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación energética y justicia ambiental, y convergencia social-regional. Las convocatorias para asistir se harán a través de medios de prensa y redes sociales.
Habrá entre seis y siete encuentros simultáneos por semana. El primero comenzó este mismo viernes 16 en Turbaco, un municipio aledaño Cartagena de Indias que en el momento álgido de la guerra recibió a una enorme masa de desplazados que huían para salvar la vida. El alcalde de Turbaco es Guillermo Torres, ex FARC firmante de la paz y cantautor de 68 años hoy empeñado en llevar agua corriente a todas las viviendas de Turbaco.
Los diálogos regionales tienen una metodología participativa diseñada por el Departamento de Planeación Nacional. No habrá exclusiones, podrá ir quien quiera a expresar todas sus necesidades insatisfechas, y además se definirá, idealmente de manera colectiva, una prioridad, con el fin de poner el dedo en los cambios indispensables para cimentar la paz total: puede ser una carretera, educación, Internet, la defensa del agua, del bosque… Cada reunión será amadrinada por una ministra o ministro y el presidente Petro participará en algunas. Estarán las autoridades locales y representantes de todas las instituciones.
La misma noche del discurso de Petro, en el espacio del veterano periodista Yamid Amat, el curtido defensor de derechos humanos Danilo Rueda resumió lo logrado en un mes en el cargo como Alto Comisionado para la Paz y con la ayuda del canciller Álvaro Leyva, un respetado batallador por la paz desde hace cuarenta años.
Al respecto ya se sabía que se descongelaron las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), después del compromiso formal de la Cancillería colombiana de que el Estado ahora sí cumplirá los protocolos pactados ante garantes internacionales y que el ultraderechista presidente Iván Duque ignoró. Los negociadores del ELN llevaban cuatro años en Cuba, aunque Público ha podido saber que en enero Petro se entrevistó en España con Antonio García, uno de los líderes elenos.
Lo último que afirmó el Alto Comisionado, Danilo Rueda, es que él personalmente se ha reunido en suelo colombiano con los jefes del remanente Estado Mayor de las FARC, un sector que se retiró de la negociación en La Habana argumentando que si la guerrilla entregaba las armas, el Estado no iba a cumplir el acuerdo de paz.
También ha habido acercamientos con otro sector remanente, Segunda Marquetalia, integrado por el exjefe negociador de las FARC en La Habana Iván Márquez y otros antiguos mandos que se refugiaron de nuevo en las armas ante la amenaza de terminar extraditados a EEUU mediante entrampamientos (montajes) ilegales que han buscado hacer pasar por narcotraficantes a varios exlíderes guerrilleros. Rueda confirmó que Iván Márquez, de quien se rumoreaba que había muerto en una incursión de francotiradores en junio, es uno de los que ha enviado los mensajes de paz exploratorios. Está vivo, aunque recuperándose del ataque. Se supone que permanece en Venezuela.
Mientras por parte del ELN ha habido sucesivas liberaciones de secuestrados desde el triunfo electoral de Petro en junio, en el caso de estas dos vertientes de las antiguas FARC ha habido «medidas de desescalamiento», según reveló Rueda, que han beneficiado a determinadas poblaciones. Dijo algo clave: estos guerrilleros «identifican que la población que está afectada, está cansada de la guerra», y «podemos estar ad portas» de un cese al fuego multilateral. Pero en la paz total la clave es no dejar cabos sueltos.
Por eso mismo, también ha habido acercamientos con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia(AGC), conocidos como Clan del Golfo, un grupo paramilitar y narco sumamente violento cuyo jefe, Otoniel, fue extraditado por Duque a EEUU lo más rápido que pudo tras su captura en octubre 2021, pues el hombre estaba hablando sin cesar y salpicaba de ese modo a muchos poderosos, tanto de corbata como de uniforme.
Las AGC manifestaron desde el 7 de agosto (cuando tomó posesión Gustavo Petro) voluntad de acogerse a la paz total. Venían asesinando casi a diario a policías que no fueran sus cómplices y el hecho es que esa dramática matanza cesó a partir del Gobierno de Petro. El propio Alto Comisionado se ha reunido también con elementos de este grupo armado: lo llama «diálogo socio-jurídico» porque el Clan del Golfo «tiene arraigo social», como advierte Rueda, y se ha mostrado capaz de sustituir al Estado ausente ante determinadas demandas de la población. A las AGC se le han planteado garantías jurídicas y respetarles la vida, así como los derechos a la población sobre la cual tienen influencia. «Se trata de transitar hacia el Estado de derecho», en palabras de Rueda.
Aunque en algunos territorios ya es palpable la disminución de la confrontación, aún hay zonas de combate. La oficina de Rueda ha viajado a la profundidad de esos territorios buscando que la violencia disminuya.
Los diálogos regionales vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Colombia. —Gobierno de Colombia
Los acercamientos que se han dado en cinco semanas de Gobierno por ahora se han limitado a determinar si estas tres agrupaciones armadas tienen voluntad real de formar parte de la paz total. El primer llamamiento del Ejecutivo es que haya gestos de desescalamiento de la confrontación y de respeto a la población civil: «No matar, no desaparecer, no desplazar, no confinar», afirmó Rueda, haciendo referencia con este último término a la prohibición de huir que se impone a una comunidad.
Para que estos esfuerzos no se revienten es importante no mezclar, advirtió en conversación con Público el profesor Alejo Vargas, del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, quien reclamó que hace falta un documento de política pública para evitar malentendidos.
Los diálogos regionales que comenzaron en Turbaco no tienen que ver con los diálogos regionales que siempre ha propuesto el ELN en toda negociación: «Para los elenos habrá una mesa específica y ellos definirán cómo será la participación de la sociedad», puntualizó, «ellos se niegan a que los traten como a los demás». Adicionalmente, «hay bastantes incertidumbres que van a evidenciarse en el momento en que el Alto Comisionado Rueda formalice unas conversaciones» con grupos como el que se reivindica como la continuidad del Estado Mayor de las FARC.
Por otra parte: ¿cómo se conjuga la paz total con la presencia en Colombia del sanguinario cartel de Sinaloa y de otros carteles de Europa oriental? En la costa pacífica colombiana hay grupos armados que tienen estrechas relaciones con estos carteles: es otro escenario distinto frente al cual «no se tiene tan claro cuál va a ser finalmente la política que asuma el Gobierno de Petro sobre narcotráfico y cultivos de coca. El gran problema es que no tenemos documentos de política», tampoco sobre paz total, reiteró el experimentado analista en seguridad.
«Tenemos enunciados, iniciativas de ley; sabemos que se va a priorizar la sustitución voluntaria antes que la forzosa; que no se va a usar el glifosato» para destruir los cultivos destinados a narcotráfico y que como política central se va recuperar el derrotero sobre drogas que fijó el acuerdo de paz con las FARC, pero «esos son esbozos», alerta.
Los contratos favorecieron a las empresas Ausol S.A. y GCO S.A, que les permitía cobrar los peajes en dólares, en lugar de en pesos argentinos.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una imagen de Archivo. —Diego Izquierdo / telam / dpa/EUROPA PRESS
El presidente argentino, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel que favorecieron a las empresas Ausol S.A. y GCO S.A. en 2018, que permitían cobrar en dólares los peajes de los accesos Norte y Oeste de la ciudad de Buenos Aires, ya que «les permitía tener una rentabilidad extraordinaria». El Gobierno argentino presentará el caso ante la Justicia.
Las empresas Ausol (Autopistas del Sol) y GCO (Grupo Concesionario del Oeste) tienen como accionista mayoritario a la concesionaria española de autopistasAbertis. Esta empresa está participada al 50% por la constructora ACS de Florentino Pérez (un 20% a través de su filial alemana Hochtief) y su socia italiana Atlantia. Concretamente, Abertis posee el 31,59% de Ausol, junto a otros socios como la italiana Salini-Impregilo (19,82%) y la argentina Natal Inversiones (14,12%), mientras que el 34,47% restante cotiza en bolsa. Igualmente, la concesionaria española posee, a través de su filial Acesa, el 42,87% de GCO, junto con la malaya IJM Corporation (20,1%) y el Fideicomiso de Administración Supervene I (5,73%), mientras otro 31,3% cotiza en bolsa.
«Los contratos que se firmaron y homologaron a través de dos decretos en 2018, fueron claramente desventajosos para el Estado nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas», sostuvo el presidente en el inicio de su discurso para explicar el por qué de esta decisión.
La medida ha sido oficializada este jueves mediante el decreto 633/2022 publicado en el Boletín Oficial, en el que se considera a los contratos de concesión como «lesivos al interés general» e instruye a la institución Vialidad Nacional a interponer la acción de lesividad.
El artículo 1 de la norma señala: «Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos n. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Durante el anuncio, Katopodis detalló que «durante 2018, el Gobierno de Mauricio Macri dictó dos decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales: Acceso Norte y Acceso Oeste. En un caso, Ausol S.A y en el otro GCO S.A».
«En ese marco, se establecieron un conjunto de decisiones, acciones y premisas que quedaron fijadas en ese contrato que, a nuestro entender —y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorias correspondiente—, determinan la nulidad absoluta de esa renegociación», añadió el ministro.
Un impacto económico de 2.000 millones de dólares
Las concesionarias firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que «comprometían» al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi 2.000 millones de dólares, informaron el presidente y el ministro.
Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
Así, en las estaciones de peaje Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual 80 pesos argentinos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos argentinos.
La dolarización de los contratos de las autopistas
«En primer lugar, se estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva, una deuda a favor de las empresas concesionarias. En el caso de Ausol en 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A en un monto de 272 millones de dólares. Un total de 813.143 millones de dólares», precisaba Katopodis.
«La segunda cuestión es la dolarización (adoptar el dólar como moneda de curso legal) de ese contrato. Desde hace años, rige un marco legal y normativo en Argentina que establece que todos los contratos deben ser pesificados (en pesos argentinos), pero en esa renegociación el Gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización, sin ningún componente que lo justifique», sumó Katopodis.
Asimismo, explicó que un tercer elemento que da cuenta de las irregularidades de ese contrato es que «se determinó un ajuste del 8% anual. Lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria».
Una deuda a pagar en diez años
Para completar ese marco de decisiones, sostuvo Katopodis, que «para nosotros conllevan a un verdadero negociado de los peajes, se estableció que esa deuda se iba a pagar a lo largo de diez años, tiempo por el se iba a prorrogar el contrato».
«Por ley estaba establecido que el contrato terminaba en 2020, pero de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogarlo hasta el 2030, por ende están vigentes», enfatizó el ministro.
En esa misma línea, explicó: «En ese plazo lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, que tienen que ver con el objeto central de un contrato de concesión». «En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma», afirmó.
Luego de explicar las razones que dan cuenta del negocio de Mauricio Macri con las empresas concesionarias de los peajes, Katopodis señaló que, por pedido del presidente de la Nación, se iniciarán las acciones legales correspondientes, «para que sea la Justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato».
En la presentación, Fernández subrayó que el Gobierno nacional «lleva adelante una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas». «Hemos recuperado para el Estado siete mil kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados», manifestó.
Además, anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste «seguramente será acercada como prueba en la causa penal por los peajes», en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos. «Vamos a reclamar que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en la Argentina», resaltó.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, inauguró la primera feria científica tecnológica e industrial entre Irán y Venezuela.
Un punto de encuentro, entre empresas e innovadores de Irán y Venezuela, en el principal estadio cerrado de la capital Caracas. Maduro se encargó personalmente de poner en marcha la primera Expo Feria Científico Tecnológica Industrial Irán Venezuela.
El jefe de Estado recorrió la feria donde exponen más de 80 empresas iraníes, y donde ya se pautaron para los próximos cuatro días más de 800 encuentros entre empresas iraníes y venezolanas.
Petróleo, gas, tecnologías de la información y la comunicación, equipos médicos, tractores y automóviles, figuran en el centro de la cooperación entre los dos países.
El mandatario también valoró el reciente encuentro entre los presidentes de Irán y Rusia, durante la cumbre de la organización de cooperación de Shanghái.
Irán es una potencia emergente del siglo XXI. Así lo definió en el arranque de esta Expo Feria Científico Tecnológica Industrial Irán Venezuela el presidente Nicolás Maduro.
