
El vicecanciller ruso y el embajador de los EAU debaten el aumento del comercio bilateral

Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se plegaron al planteo de Buenos Aires, instando a Londres a negociar de modo pacífico.
La Embajada de Argentina en España informó este viernes que los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy lanzaron un pedido para que el Reino Unido y el país sudamericano reanuden, «a la mayor brevedad posible», las negociaciones para resolver la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.
De esta forma, estos importantes dirigentes políticos se pliegan a la postura de Buenos Aires, que insiste para que Londres acepte conversar, tal como lo establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus resoluciones. Según lo difundido por la diplomacia argentina, González, Aznar, Zapatero y Rajoy conformaron el Grupo de Apoyo al Diálogo, con la intermediación del embajador latinoamericano, Ricardo Alfonsín.
Además de estos exmandatarios, también se integraron al grupo otras personalidades españolas: el diputado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, conocido como el ‘padre’ de la Constitución, el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y el ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Javier Solana.
En el texto, remarcaron la necesidad de «encontrar una pronta solución» a la controversia, mencionando también disposiciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el «principio de integridad territorial», amparado en la Carta de las Naciones Unidas.
Este posicionamiento se produce mientras Argentina lanza su Agenda Malvinas 40 años, para recordar el conflicto bélico que enfrentó a la dictadura local con el Reino Unido, en un intento fallido por recuperar la administración del archipiélago. Ahora, se producen actividades políticas, educativas y culturales para mantener vigente el reclamo pacífico y recordar a los combatientes.
Mientras, se le exige a Londres que acepte negociar sobre la administración del territorio, que está mucho más próximo a Argentina. Sin embargo, mientras Buenos Aires afirma que se atañe al derecho internacional y las disposiciones de la ONU, el Reino Unido rechaza la posibilidad de dialogar amparándose en la «libre determinación» de los pueblos. Esto, considerando que los isleños que crecieron bajo la administración británica, prefieren ser ingleses antes que argentinos.
Así, a menos que cambie la voluntad de los habitantes, Londres no aceptaría ningún tipo de conversación. En contrapartida, Buenos Aires remarca que «este principio no resulta aplicable en tanto la composición de la población de las Islas es el resultado de la colonización iniciada por el Reino Unido en 1833«. Además, el Gobierno de Alberto Fernández indica que su postura «va de la mano con el respeto al modo de vida de los isleños».
Más allá de la cuestión de fondo, a nivel político en los últimos días creció la tensión luego de que el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijera que defendería las islas de «los matones». Acto seguido, la Cancillería argentina comunicó que estas expresiones «resultan absolutamente impropias e inaceptables», agregando que son «incompatibles con la relación diplomática existente».
La Asociación de Control de Armas destacó que el litigio contribuye a «responsabilizar a los actores deshonestos por su papel en la violencia», derivada del tráfico ilícito de armamento a través de las fronteras internacionales.
La Asociación de Control de Armas de EE.UU. nombró «persona del año» al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, por la demanda que interpuso el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de 11 empresas armamentísticas de la nación norteamericana, a las que acusó de promover prácticas negligentes con consecuencias devastadores en la violencia que vive México.
En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, Daryl G. Kimball, destacó que la demanda interpuesta por la Cancillería mexicana ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts contribuye a «responsabilizar a los actores deshonestos por su papel en la violencia causada por el tráfico de armas pequeñas a través de las fronteras internacionales».
Tras oficializarse el nombramiento, Ebrard publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que destacó el trabajo realizado por el equipo jurídico de la Cancillería y agradeció «a quienes votaron por México para hacerlo posible«.
En tanto, Kimball apuntó que el concurso, en el que votaron miles de personas de una docena de países, «es un recordatorio» de las distintas formas en las que individuos y organizaciones pueden contribuir «a enfrentar los difíciles desafíos de control de armas de hoy y de las próximas décadas».
En el litigio presentado ante la Corte Federal de Massachusetts, México acusó a los fabricantes de armas estadounidenses de incurrir en «prácticas negligentes« en el diseño, publicidad y venta de armamento, que incluye la falta de revisión de antecedentes de los compradores, quienes muchas a veces recurren a prestanombres.
Los deficientes controles estarían relacionados con el incremento de la violencia en la nación latinoamericana, ya que estas armas terminan en manos de organizaciones criminales en México.
Según un análisis de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), entre 2014 y 2018, siete de cada diez armas que fueron recuperadas en una escena del crimen por las autoridades en México, y enviadas de vuelta a la agencia para su análisis, tenían su origen en EE.UU.
A la par del litigio que está en curso, el pasado 22 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución presentada por México, en la que los países miembro condenan el tráfico ilícito de armas en el mundo, al representar amenazas para la paz y la seguridad internacionales.
En la declaración, las naciones se comprometieron a resguardar, en conjunto, las fronteras y a intercambiar información sobre los traficantes de armas y las rutas que utilizan para el trasiego.
La orden fue dictada este viernes por la Corte de Apelaciones de Copiapó.
La Justicia chilena ha decidido suspender de forma inmediata el proceso de selección y adjudicación del la licitación pública, nacional e internacional, para la exploración y explotación de los yacimientos de litio.
La orden fue dictada este viernes por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que interpuso recursos de protección y determinó «no innovar» sobre el controversial proceso de licitación que el pasado miércoles aprobó la administración de Sebastián Piñera sin que la cuestión fuese abordada por el Congreso de la República.
El Poder Judicial chileno informó que el fallo se da en respuesta a las solicitudes presentadas por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, y de las comunidades indígenas.
La justicia chilena dio un plazo de 10 días para que el Ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de esa cartera, Edgar Blanco Rand, introduzcan los informes requeridos sobre las polémicas adjudicaciones para la explotación de litio, que beneficiaron a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.
El hecho se registró el martes en el Poliducto de Oriente, ubicado en Naricual, en el estado de Anzoátegui.
Las autoridades venezolanas denunciaron este miércoles que se registró un nuevo «sabotaje criminal» contra las instalaciones de la industria petrolera del país.
Se trata de una explosión en el Poliducto de Oriente —desde el cual se distribuye todo el combustible hacia los estados orientales del país—, ubicado en Naricual, municipio Simón Bolívar del estado de Anzoátegui, que dejó varias personas heridas.
La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, conformada para la defensa, reestructuración y reorganización de la industria petrolera, señaló que esta acción fue «provocada».
#URGENTE🔴 La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Ataque denuncia un nuevo sabotaje criminal perpetrado en las instalaciones del Poliducto de Oriente, ubicado en el Edo. Anzoátegui. Lea aquí el comunicado completo ⬇️⬇️ pic.twitter.com/NaRzZ0Ra5u
— Alfred Nazareth (@luchaalmada) January 12, 2022
«Esta acción criminal forma parte de la guerra permanente dirigida por grupos pertenecientes a la extrema derecha venezolana que, amparados por el imperialismo norteamericano, buscan atentar y boicotear los importantes avances que el Gobierno Bolivariano ha conseguido dentro del nuevo sistema de producción, distribución y comercialización de combustibles en todo el país», dice la comisión en un comunicado.
Añade que este hecho se suma «al expediente criminal de sanciones y amenazas» de las que ha sido objeto la industria petrolera venezolana durante los últimos 5 años, por parte de «sectores oposicionistas y extremistas», que buscan interrumpir todas las operaciones asociadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La comisión informa que, una vez ocurrido el siniestro, se activaron los equipos de PDVSA «para activar los protocolos de contingencia respectivos» y «adoptar todas las medidas necesarias» para garantizar «la restitución operacional de la infraestructura atacada» y así evitar la interrupción del servicio de distribución de combustible.
La noche del martes, Protección Civil informó sobre la explosión y señaló que hubo tres personas heridas, aunque no brindó mayor detalle al respecto.
La institución señaló que se dirigieron a la zona, junto a bomberos y el personal de PDVSA. Asimismo, indicaron que comunidades aledañas al lugar del siniestro fueron desalojadas de manera preventiva.
El mandatario informó en su cuenta de Twitter que permanecerá «en aislamiento» y que únicamente realizará «trabajo de oficina». El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le representará en actos oficiales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a la prueba de covid-19 por segunda vez en menos de un año.
Durante su conferencia matutina del lunes, el mandatario reconoció que amaneció «ronco» y que se realizaría una prueba para detectar el coronavirus durante el transcurso de la jornada. Finalmente confirmó el resultado del test.
«Informo a ustedes que estoy contagiado de covid-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante», escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.
Asimismo, López Obrador informó que durante el tiempo que dure su recuperación, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, le «representará en las conferencias de prensa y en otros actos».
En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022
El mandatario recibió algunas críticas en el país latinoamericano tras asistir a una conferencia de prensa cuando tenía algunos síntomas del coronavirus, ignorando las recomendaciones que han hecho las autoridades sanitarias a la población de aislarse en caso de presentar algunas molestias asociadas al covid-19, como fue su caso.
«Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe«, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.
Es la segunda vez en un lapso menor a un año que el presidente mexicano contrae el virus del SARS-CoV-2. El 24 de enero de 2021, López Obrador informó que había dado positivo a la prueba del covid-19 y que presentaba «síntomas leves».
El mandatario tuvo una recuperación exitosa, y 12 días después de confirmar el contagio, reapareció en un video para anunciar que había superado la enfermedad y que se encontraba «bien de salud».
El canciller Bruno Rodríguez dijo que ese centro de detención «alberga historia de 20 años de ignominia».
El Gobierno de Cuba ha exigido este martes el cierre del polémico centro de detención en la base naval estadounidense ubicada en la cubana Bahía de Guantánamo.
«Ya son 20 años de escandalosos abusos en territorio cubano ilegalmente ocupado en la Bahía de Guantánamo por parte de los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo», escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel en su cuenta en Twitter.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, dijo que la base naval de EE.UU. en Guantánamo «alberga historia de 20 años de ignominia».
El canciller señaló que en esa prisión estadounidense han estado detenidas 780 personas «arbitrariamente, sin juicio o debido proceso, incluidos menores», y «no pocos de ellos víctimas de torturas y tratos degradantes violatorios de derechos humanos».
Por ello, insistió: «Póngase fin a esa cárcel atroz».
El lunes, un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, al que calificaron como «un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado».
Estos expertos exigieron a EE.UU. que regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución; asimismo, que brinde «remedio y reparación» a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes, y que obligue a que los responsables de los actos de tortura rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.
EE.UU. abrió esta polémica prisión después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. La cárcel se creó como un lugar al margen del derecho internacional para poder encarcelar a presuntos combatientes enemigos, terroristas y personas relacionadas con los atentados.
El 11 de enero de 2002 fueron trasladados a esas instalaciones militares los primeros prisioneros; y en la actualidad hay 39 reos.
Los estadounidenses se instalaron en la Bahía de Guantánamo luego que se firmara un tratado cubanoestadounidense el 23 de febrero de 1903, durante la presidencia de Theodore Roosevelt.