En el marco de la operación se incautaron 95 panfletos, diez artefactos explosivos improvisados y bidones de gasolina, señalan las autoridades.
El ministro de Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos Ichaso, anunció este sábado la desarticulación de un nuevo plan terrorista que amenazaba las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Mariche, en Caracas, de cara a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre, informa VTV.
«Hemos desarticulado un nuevo plan terrorista que pretendía atentar contra la soberanía y la paz de nuestro pueblo, en breve estaré dando declaraciones importantes para todo el país», escribió Ceballos Ichaso en su cuenta de Twitter.
Según se precisa, las fuerzas de seguridad detuvieron en las proximidades del CNE al supuesto coordinador de la operación, Dimas Alberto González González, alias ‘Sepulturero’, así como a otros tres individuos, identificados como José Miguel Acuña Justo, Francisco Daniel Moya Hernández y Keiner Osnaldo Gutiérrez.
Paralelamente, se incautaron 95 panfletos, diez artefactos explosivos improvisados, bidones de gasolina y una grabación en la que William Ricardo Sánchez Ramos, presunto administrador y financista de la operación, explicaría el plan.
Según informa teleSUR, se trata de la misma organización terrorista que buscaba sabotear las elecciones parlamentarias de 2020 y la instalación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero de 2021.
Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, participa en una sesión oficial en Tromso, 26 de octubre de 2021. (Foto: AFP)
Rusia condena firmemente la decisión “inaceptable” de EE.UU. de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua, celebradas el domingo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha rechazado enérgicamente la medida de Estados Unidos de no reconocer las elecciones presidenciales en Nicaragua, las que, según el canciller ruso, se celebraron el domingo “en medio de una presión sin precedentes sobre las autoridades nicaragüenses” pero de forma “organizada” y con el cumplimiento de la legislación local.
“La Casa Blanca, nada más concluir las elecciones, declaró que no las reconocía y llamó a otros países a seguirle. Creemos que esto es inaceptable y condenamos enérgicamente esa política”, ha recalcado Lavrov durante una rueda de prensa mantenida este lunes con su homólogo venezolano, Félix Plasencia.
El canciller ruso ha reaccionado, de este modo, a los comentarios del presidente estadounidense, Joe Biden, quien ha calificado de “pantomima” y de “ciertamente no democrático” el proceso electoral en el país centroamericano.
El jefe de la Diplomacia rusa ha señalado que Washington había desatado una campaña para no reconocer los resultados de la votación nicaragüense, mucho antes de dichas elecciones.
De hecho, ha subrayado la “significativa participación ciudadana” que acudieron a las urnas a pesar de las restricciones impuestas por la COVID-19. “Solo el pueblo de Nicaragua tiene derecho a decidir sobre la legitimidad de los procesos electorales en su país”, ha agregado.
Los nicaragüenses acudieron el domingo a los colegios para ejercer su derecho al voto y elegir al nuevo presidente del país, el vicepresidente, así como a 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Congreso unicameral) y 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
México ofrecerá tarjetas de visitante por razones humanitarias a los integrantes de las caravanas con discapacidad, enfermos o embarazadas, al igual que a sus familiares, según informaron las autoridades tras la llegada a Oaxaca de unas 3.500 personas procedentes de Chiapas. En este último estado se registraron tres enfrentamientos de miembros de las caravanas con la Policía que dejaron a varios lesionados.
Asimismo, el canciller ruso destacó que su país apoyará «los esfuerzos para promover un diálogo nacional» en Venezuela.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión con su homólogo venezolano Félix Plasencia en Moscú, Rusia, el 8 de noviembre de 2021. Foto: Yuri Kochetkov / AFP
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que su país se solidariza con el Gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro en su oposición a las sanciones ilegítimas y a la injerencia en los asuntos internos. Así lo afirmó este lunes al iniciar las conversaciones con su homólogo venezolano Félix Plasencia.
«Nos solidarizamos con su Gobierno, con el presidente Nicolás Maduro, en la oposición a los intentos de cambiar el desarrollo del Estado venezolano mediante la presión externa, el uso de sanciones unilaterales ilegítimas y los intentos de injerencia directa en sus asuntos internos», cita TASS al alto funcionario ruso.
Asimismo, Lavrov destacó que su país apoyará «los esfuerzos para promover un diálogo nacional» en Venezuela, que, según él, actualmente sigue un camino positivo de cara a las elecciones.
El canciller ruso agregó también que Rusia apoya el deseo de Venezuela de «determinar el desarrollo futuro de su país por sí mismo», así como valora la interacción de ambos Estados «en cuestiones fundamentales de nuestro tiempo como el respeto a la soberanía de los Estados, el respeto al papel central de la ONU o la no injerencia en los asuntos internos».
El ataque es uno más del eterno y violento conflicto de tierras que sufren los pequeños campesinos e indígenas por parte de latifundistas en Brasil.
Imagen ilustrativaLuis Andres Henao / AP
Hombres armados y encapuchados llegados en varias camionetas atacaron y quemaron el campamento de trabajadores rurales de São Vinicius, en los alrededores de una hacienda en Nova Ipixuna, en el estado amazónico de Pará (norte de Brasil).
El ataque al campamento, donde viven 80 personas, se produjo la semana pasada, cuando una delegación ambientalista de defensores estaba en Glasgow, Escocia, para denunciar ante la COP26 la deforestación en la Amazonía y los crímenes contra aquellos que luchan por el derecho a la tierra.
Las agresiones contra la comunidad São Vinicius terminaron con varias familias aterrorizadas escondidas en el bosque y un número indeterminado de heridos que se trasladaron hasta la ciudad más próxima para ser atendidos.
«Me golpearon, me tiraron al suelo y me dijeron que me callara», explica un hombre que prefiere conservar el anonimato a la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), una organización vinculada a la Iglesia Católica.
Según su relato, le introdujeron en un vehículo junto a otras nueve personas. «Nos pusieron boca abajo y nos dejaron en una zona desconocida. Fue como un secuestro», explica.
«Todo fue destruido, ni siquiera nos dieron una oportunidad», continuó.«No hubo muertos, pero muchos resultaron heridos (…) Fue una barbarie», añadió.
Violento conflicto de tierras
El caso de São Vinicius es uno más del eterno y violento conflicto de tierras que sufren los pequeños campesinos e indígenas por parte de latifundistas en Brasil, uno de los países con mayor concentración de tierras de América Latina.
En un video de denuncia del ataque, la defensora de tierras Claudelice Santos, que participó en la COP26, comentó: «Los campamentos de lucha por la tierra son atacados por terratenientes que usurpan las tierras«.
Santos advirtió que «estas personas están en riesgo porque el estado no puede darles seguridad, porque es lento en sus procesos». «Mientras tanto, los terratenientes y su banda de pistoleros disparan, torturan y arrojan a la gente al bosque. Están huyendo al bosque para no morir. Debemos movilizarnos urgentemente para que el Estado brasileño rinda cuentas y haga algo por estas familias», dijo.
Las familias de São Vinicius –que se dedican a la extracción de asaí, nueces y a la siembra de yuca para la subsistencia– viven desde hace años acampadas en los márgenes de la Finca Tinelli, en una zona yuxtapuesta a unas tierras propiedad del estado y que están en litigio desde hace tiempo. En 2002, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) determinó la creación del asentamiento São Vinicius, pero nunca llegó a oficializarlo.
«El asentamiento fue creado en el papel, pero en la práctica el Incra no hizo nada para materializarlo», denuncia la abogada Andréia Silvério, del CPT.
Por otro lado, los fiscales denuncian que durante años el Incra se mantuvo «inerte» y «no adoptó ninguna iniciativa para retomar la zona y promover el asentamiento de familias sin tierra». En dos de la visitas realizadas al lugar, los técnicos del Incra constataron que se estaban utilizando las tierras públicas para fines especulativos. «La propiedad estaba siendo mal utilizada, era improductiva y no cumplía con su función social», explicaron.
El CPT advierte que además de ocupar ilegalmente terrenos públicos, delito previsto por la ley, el terrateniente de la Finca Tinelli vendió ilegalmente 810 hectáreas del área, cometiendo otros delitos.
Los nicaragüenses acudieron a las urnas este domingo para elegir los poderes ejecutivo y legislativo para los próximos cinco años.
Un centro de votación en Managua, Nicaragua, 7 de noviembre de 2021.Foto: Oswaldo Rivas / AFP
Con el 49 % de los votos escrutados, el presidente sandinista Daniel Ortega, se perfila como claro ganador en los comicios generales en Nicaragua, obteniendo su formación un 74,99 %, lo que le permite afrontar un cuarto mandato consecutivo.
En busca de la reelección, Ortega, que cumplirá 76 años el próximo 11 de noviembre, pugnó en las urnas con Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista), Guillermo Osorno (Camino Cristiano Nicaragüense), Gerson Gutiérrez (Alianza por la República), Mauricio Orué (Partido Liberal Independiente) y Marcelo Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense).
«Estamos enterrando la guerra y dándole vida a la paz», declaró el mandatario el día de la votación, al tiempo que recalcó que, «independientemente del pensamiento político, ideológico, religioso de cada quien», la población ha podido ejercer su derecho al voto y elegir a los candidatos de diferentes partidos.
Ortega completó su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990 y regresó al poder en 2007 con la promesa de «trabajo y paz» para los votantes. Actualmente, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que controla el Congreso y las instituciones gubernamentales junto con sus aliados, agota su tercer período consecutivo como mandatario del país, que culminará en 2022.
Además de elegir al futuro presidente, el pueblo nicaragüense también determinó a los diputados que obtendrán 90 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional y decidió quiénes lo van a representar ante el Parlamento Centroamericano.
El proceso de votación fue supervisado por 232 «acompañantes electorales» de 27 países, aunque las invitaciones no se extendieron a los observadores de la Unión Europea o a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las autoridades de Nicaragua apuntan a una participación «masiva», pese a los llamamientos de la oposición a favor de la abstención.
Algunos países, como Estados Unidos, ya han adelantado que no reconocen estos comicios. Desde Washington, además, ya prometieron endurecer sus sanciones.
El dispositivo apenas entró en funcionamiento el pasado 27 de octubre. El vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, ya adelantó que será reemplazado.
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
La madrugada del domingo 7 de noviembre de 2021 se registró una explosión en las instalaciones del radar que el Gobierno ecuatoriano instaló en octubre en el cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí, en la costa del país suramericano, que tiene como objetivo detectar vuelos irregulares, principalmente aeronaves utilizadas para el narcotráfico.
«De momento, no se podría descartar un posible atentado terrorista«, dijo el Ministerio de Defensa Nacional a través de un comunicado, en el que informó del suceso.
En el texto añadió que miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan las investigaciones pertinentes «a fin de recabar datos y esclarecer este suceso».
Posibles causas
La explosión se registró a las 03:00 de la mañana, aproximadamente. El estruendo se escuchó en varias comunas, barrios y ciudadelas del cantón Montecristi.
En primera instancia, Pablo Ramírez, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, confirmó que efectivamente se trató de una explosión en el radar y, en declaraciones al portal Infórmate Manabí, dijo que al parecer «se trató de una falla en la bomba de engranaje» del dispositivo.
Más tarde, el ministro de Defensa, Luis Hernández, ratificó que hubo un daño en el radar y estaban verificando lo sucedido. El funcionario, según La República, atribuyó lo ocurrido a un ataque con dinamita.
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
Mientras las autoridades aún investigan para determinar lo que causó la explosión, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, ya adelantó que el dispositivo afectado será reemplazado.
«El Gobierno reemplazará prontamente el radar y esperamos que esté en funcionamiento lo más pronto posible», dijo Jijón.
11 días de funcionamiento
El radar entró en funcionamiento apenas el pasado 27 de octubre, con el propósito de controlar el tráfico aéreo ilegal en Manabí y parte de la provincia vecina de Santa Elena.
«A partir de hoy, ya está en funcionamiento el radar en el cerro de Montecristi, en Manabí. Felicito a todos quienes han hecho posible que en tiempo récord volvamos a tener control de la provincia», escribió entonces el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en su cuenta en Twitter, al tiempo que señaló que con la instalación de este dispositivo «terminó la historia de entregarle a los narcotraficantes el territorio ecuatoriano».
De acuerdo con el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Giovanny Espinel, el radar tiene un alcance de detección de más de 220 millas (354 kilómetros).
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
Un día después de entrar en funcionamiento, Espinel acudió al cerro de Montecristi, con el acompañamiento de los medios de comunicación del país, para verificar el funcionamiento del radar.
Previo a la entrada en funcionamiento del radar, a principios de septiembre, la FAE informó que en varios cantones de Manabí fueron descubiertos unos 40 terrenos con características para el aterrizaje de avionetas, que podrían ser usadas como pistas clandestinas para el narcotráfico.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones.
Agentes de policía montan guardia mientras los manifestantes contra Luis Arce sostiene una bandera. 11 de octubre de 2021Claudia Morales / Reuters
Líderes de la oposición boliviana convocaron a un paro nacional para este lunes, en una nueva protesta para exigir la derogación de la Ley sobre la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Patronales del sector transporte, comercio y salud, convocados por los grupos de derecha que se oponen al Gobierno de Luis Arce, han llamado a la paralización de las actividades en todo el país para que se abrogue la también llamada «ley madre». Según el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, si el Ejecutivo no deroga la norma, irán a un paro indefinido.
El Gobierno, por su parte, ha recriminado a los convocantes que no objetaran la ley mientras estaba en discusión, sino que ahora promuevan estas acciones, justo cuando Arce cumple un año de gestión. Asimismo, alertan que la paralización de las actividades económicas podría provocar la pérdida de 112 millones de dólares al día.
¿Por qué están contra la ley?
En agosto de este año, el Parlamento de Bolivia aprobó la polémica norma, conocida como la Ley 1386, que entre otros puntos establece que la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo «podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo», previa consideración y aprobación del consejo que rige la materia.
Esa disposición, establecida en el artículo 7 de la ley, ha sido una de las más cuestionadas por las gremiales, porque consideran le otorga atribuciones discrecionales al Ejecutivo para modificar la norma, sin contar con la validación del Congreso.
Manifestación en defensa de Luis Arce y la bandera wiphala tras el llamado de la oposición, Santa Cruz, 12 de octubre de 2021Lesly Moyano / Reuters
Para los convocantes del paro, la normativa es «copiada» de países como Venezuela, por lo que supuestamente traería «miseria y mendicidad» a Bolivia, como dijo en octubre pasado el presidente del conservador Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.
Como es costumbre, la derecha boliviana alega que las decisiones políticas de Arce están de alguna manera influenciadas por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el enemigo predilecto de los sectores conservadores del país andino.
En esa línea, el diputado opositor del partido Creemos, Erwin Bazán, aseveró la semana pasada que el objetivo del Ejecutivo es «pulverizar la economía privada» y llevar a Bolivia hacia «una ‘venezolanización’ de la economía, hacia una ‘cubanización’ del país».
¿Quiénes están detrás del paro?
Desde el Gobierno de Arce han señalado que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, estaría detrás de la convocatoria al paro nacional indefinido.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Edgar Montaño, apuntó que el Comité Cívico junto con otras organizaciones «que tomaron por la fuerza el poder» en 2019, habrían puesto como excusa la reciente tramitación de la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, para convocar a estas movilizaciones.
Luis Fernando Camacho, entonces líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, durante el golpe de Estado a Evo Morales, La Paz, 10 de noviembre de 2019Carlos Garcia Rawlins / Reuters
«Quiero advertir al Comité Cívico y a sus sectores golpistas que, por cada día de paro, Bolivia pierde 122 millones de dólares y solo el departamento de Santa Cruz, 32 millones de dólares», señaló Montaño el pasado jueves en conferencia de prensa.
A la par del rechazo a la Ley 1386, la Federación de Profesionales de Santa Cruz expresó su molestia por la tramitación de la Ley 342 y el PDES, porque supuestamente le quitaría a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades las facultades de planificación, financiamiento y ejecución de sus planes.
Esto último fue negado por el Ministerio de Obras Públicas. El titular de la cartera recordó que la Constitución boliviana establece que el Estado define la política económica y la planificación nacional, por lo que «no se está violando absolutamente nada».
El Gobierno de Arce ha alertado que la intención verdadera del paro, por parte de grupos de extrema derecha, es desestabilizar al país andino.
«Lo que están buscando es dividir y debilitar a nuestras organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas», dijo el vicepresidente David Choquehuanca.
Por su parte, la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, recalcó que el paro afectará a las personas que, de manera cotidiana, se ganan «el pan de cada día».
«Nuevamente la extrema derecha antipatria busca perjudicar con un paro a nuestra querida Bolivia«, escribió Evo Morales en un mensaje publicado el viernes en su cuenta de Twitter.
«No reconocen el esfuerzo del hermano presidente Luis Arce, que junto al pueblo trabajador, se esmera cada día para recuperar y fortalecer la economía. El paro destruye el empleo», agregó el mandatario.
¿Dónde se darán las movilizaciones?
El miércoles 3 de octubre, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció un paro indefinido con alcance nacional, un llamado que fue rápidamente desmentido en los días siguientes.
«No es cierto», aclaró el representante del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, sobre la convocatoria. Además, el vocero criticó que en lugar de reivindicar las necesidades y los proyectos de desarrollo económico de los departamentos, los comités convirtieron todo en «política».
«Este paro perjudica en la salud —por la pandemia del covid-19— y en la reactivación económica del país. Se está manejando políticamente para que el país no avance«, dijo Pérez.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones contra el Gobierno de Arce. Se trata de un territorio con fuerte influencia del Comité Cívico.
El papel del Comité Cívico
Camacho fue presidente del Comité Cívico y uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Morales, además de una de las figuras que respaldó la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez.
Apenas un mes después del golpe, Camacho apareció en un video publicado en redes sociales, en donde admitía abiertamente que su padre había llegado a a un acuerdo con el Ejército y con la Policía para que se sumaran a su estrategia golpista contra Morales.
A raíz de la violencia en las calles y tras la presión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, y se exilió en México para salvar su vida.
Es en este contexto que los ministros del Gobierno de Arce se refieren a los intentos de desestabilización por parte del Comité Cívico y otras organizaciones. Durante el anuncio del paro indefinido, el propio presidente de esta organización civil de derecha, Calvo, declaró en conferencia de prensa: «Este puede ser nuestro último ‘round’ de los bolivianos«.
Se trata de seis octogenarios que un abogado de Madrid habría utilizado para blanquear fondos de una red de narcotráfico que llegó a mover hasta 4.000 kilos de cocaína.
Coches de lujo, embarcaciones valoradas en más de medio millón de euros, propiedades y empresas, son algunas de las posesiones con las que contarían las seis personas mayores implicadas, pero que curiosamente tienen pocos recursos.
Precisamente, de esa falta de recursos se aprovecharía el abogado Juan Ramón García Crespo que los utilizaba como sus testaferros para blanquear fondos de la mayor red de narcotráfico desmantelada en la Comunidad Valenciana y cuyo cabecilla sería Juan Andrés Cabeza, según publica el diario El País. Importaban cocaína de Sudamérica y la introducían en Europa.
Al fijarse en el perfil de los seis mayores implicados, uno de ellos ya fallecido, las cuentas no cuadran. Los octogenarios no tenían recursos, alguno de ellos incluso reside en una vivienda tutelada del Ayuntamiento de Madrid desde 2018 y recibe una ayuda social de 286 euros al mes. Sin embargo, maneja 44 cuentas bancarias y su nombre aparece en 25 empresas. Otro de ellos ingresa menos de 8.100 euros al año de pensión, pero en el año 2017 controlaba 264 sociedades y 135 propiedades y está acusado de lavar 120.000 euros.
El ‘modus operandi’ era sencillo: el abogado pagaba a los mayores por firmar en la notaría, reconoce uno de los mayores implicados en la trama al diario El País. En total se habrían blanqueado más de dos millones de euros.
El abogado García Crespo fue arrestado en septiembre del 2019 en su vivienda de la conocida urbanización de La Moraleja de Madrid. Los agentes se encontraron con cuatro coches de lujo y 40.800 euros en efectivo. El informe policial concluyó que él era el «principal cerebro de las operaciones de blanqueo de la red criminal investigada».
El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró como nuevo ministro del Interior al abogado Avelino Guillén, quien se desempeñó como fiscal en el juicio en el que el expresidente Alberto Fujimori (1990-200) fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
«Bienvenido, apreciado Avelino Guillén. Tu conocimiento, experiencia y trayectoria nos permitirán seguir luchando contra la delincuencia y, además, estaremos más cerca de cumplir los anhelos profundos de nuestro pueblo», indicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.
Guillén fue parte del equipo fiscal que consiguió en 2009 que Fujimori sea condenado a 25 años de prisión, una labor que le valió que en 2008 el diario español El País lo nombre como una de las 100 personalidades más importantes del mundo en ese año.
El flamante ministro del Interior reemplaza al renunciante Luis Barranzuela, quien dejó el cargo tras celebrar una fiesta en su domicilio el 31 de octubre, contraviniendo la prohibición dada por la cartera del Interior para celebrar reuniones sociales en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.
