Los expertos electorales de la oposición venezolana reconocen avances en las garantías electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país suramericano.

Los fondos, inicialmente destinados a las víctimas de los terremotos de 2001, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.

La Justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y a dos personas más a pagar 10 millones de dólares que fueron desviados de un donativo hecho al país por Taiwán.

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador determinó que Saca deberá pagar seis millones de dólares. Además, Juan Tennant Wright, exdirigente del partido Arena, y Gerardo Balzaretti, presidente de un centro de estudios políticos, deben desembolsar dos millones de dólares cada uno.

Saca, Wright y Balzaretti fueron acusados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y activos debido a que desviaron diez millones de dólares que provenían de un donativo que Taiwán entregó al país centroamericano en 2003. El destino de este monto era realizar cuatro proyectos para las víctimas de dos terremotos que afectaron a El Salvador en 2001. Sin embargo, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.

En un video publicado por la Fiscalía, uno de los fiscales afirmó que los acusados «causaron un daño al Estado» debido a que el «dinero venía destinado para obras sociales».

En agosto pasado, la Fiscalía había pedido al Juzgado que los ahora condenados fueran exonerados por la prescripción del delito de lavado de dinero, cometido durante el mandato del fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004). Sin embargo, una jueza pidió continuar con el proceso civil contra Saca, Wright y Balzaretti.

Saca cumple desde 2018 una condena de diez años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos estatales.

El Congreso de Perú sufre una grave baja en su popularidad luego de conocerse que 7 de cada 10 peruanos des prueba su gestión.

Presentamos un informe sobre la reforma en materia eléctrica. El objetivo es garantizar a las familias del país tarifas justas por el servicio de energía y proteger minerales estratégicos, que son bienes de la nación, como el litio. Queremos que todos sepan por qué conviene la reforma constitucional al pueblo. Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. En el periodo neoliberal se intentó debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa sin fines de lucro, para actuar en beneficio de particulares. El país no está cerrado a la inversión extranjera, sin embargo, quedará estipulado en la ley que todo negocio deberá llevarse a cabo con ganancias razonables. Si no se hace la reforma a la Constitución, las empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico. A las y los legisladores les recordamos que, a diferencia de los tiempos anteriores, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones. Este es un asunto de interés público. La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, precisó que la reforma eléctrica consiste en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucional. Se propone en el artículo 25 que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 —correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo—; no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. En los artículos transitorios se establece que la CFE es un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad en el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado para que se integre nuevamente como una sola empresa. Trabajarán en interconexión sus empresas: Generación, Distribución, Transmisión, Comercialización, Procura, entre otros. Para apoyar su productividad y rentabilidad, existirán como subsidiarias sus filiales CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. A partir de la reforma el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La reforma eliminará los contratos legados porque impactaban severamente en las finanzas de la empresa. También se cambiará el despacho de la electricidad para garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema. Esto ayudará a mejorar las tarifas eléctricas. La energía eléctrica en el país es un asunto de seguridad nacional y un derecho humano. Cada mes vigilamos que las tarifas no sean por arriba de la inflación para cuidar la economía familiar. En cuanto a la protección del litio, la secretaria de Energía indicó que no se otorgarán concesiones y no constituirán un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. Agradecemos al presidente Joe Biden su disposición a trabajar de manera conjunta en la atención a las causas de la migración y el desarrollo regional. El 9 de noviembre visitaremos la sede de la ONU porque México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de este organismo. Hablaremos sobre lo que consideramos el principal problema del mundo: la corrupción, un mal que produce la desigualdad.

Los peruanos protestan ante un supuesto “golpe” del Congreso nacional contra el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, a través de una ley.