“Al tratar de escapar, [Luis] Almagro y sus cómplices admiten su culpa” en el golpe de Estado de 2019 orquestado por la derecha, escribió el sábado el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), en su cuenta en Twitter.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y otros dos miembros de su Secretaría se abstuvieron de asistir el viernes a una reunión con expertos para debatir sobre el golpe de Estado en Bolivia que derrocó al Gobierno legítimo de Morales.

“En su propia casa, los representantes de la OEA que debían responder por la falsa denuncia de ‘fraude’ se esconden y niegan dar la cara ante 20 embajadores que buscan la verdad del golpe de Estado”, criticó Morales, quien es además el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

El foro, organizado por Bolivia, México y Argentina, se celebró el viernes, en la sede de la OEA en Washington, capital estadounidense, y debatió el informe del organismo hemisférico que alimentó el golpe de Estado tras afirmar que había ocurrido un “fraude” en las elecciones presidenciales de 2019 en las que Morales fue reelegido.

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Las tres delegaciones, junto con los expertos independientes que participaron en el evento, aseguraron que no hay evidencias a favor de un fraude electoral en los comicios del 2019.

Este domingo, un editorial del periódico boliviano El Pueblo tildó de “funesto” el papel desempeñado por la OEA y Almagro durante la asonada, y denunció que el jefe de la OEA “no tiene la ética necesaria para hacerse responsable de sus acciones que costaron vidas en el país”.

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¿Qué pasó en 2019 en Bolivia?

Tras la reelección de Morales en las Presidenciales de 2019, el país se enfrentó con una ola de caos y agitación, ya que la oposición no reconoció el resultado e inició una serie de protestas, con el apoyo de los altos mandos policiales y militares, por lo que el mandatario tuvo que renunciar y salir del país para evitar el derramamiento de sangre en las calles.

Ante esta coyuntura, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales para ello, lo que enfureció a los partidarios de Morales, quienes salieron a las calles y enfrentaron con una brutal represión policial.

Un año después, con el Movimiento al Socialismo en el poder tras el triunfo de Luis Arce en las elecciones de octubre, Áñez fue detenida de manera preventiva por diversos delitos de terrorismo y sedición por el caso golpe de Estado.

El lunes por la noche (hora local) Facebook cerró la cuenta, sin una advertencia previa. Al entrar de nuevo se lee un mensaje que informa de un bloqueo temporal de publicaciones. En el aludido aviso no se aclara cuanto tiempo durará el castigo.

La causa de esta sanción, según relata Facebook, es algo sorprendente: “compartir contenido pornográfico”, una acusación sin fundamento e incluso ridículo, pues la divulgación de este tipo de contenidos es ilegal según las leyes de la propia República Islámica de Irán.

En respuesta a la queja de HispanTV, Facebook ha respondido que actualmente no es posible zanjar este problema ya que cuenta con menos revisores disponibles debido a la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.

Por el momento, el medio sigue subiendo sus contenidos e informaciones en otras cuentas de Facebook a través de los enlaces: HispantvAsiaOccidental, Hispantv.BuenDiaAméricaLatina, HispantvProgramas, DocumentalesHispanTV e IranHispantv.

La cadena iraní en lengua española HispanTV ha sido en reiteradas ocasiones objeto de la censura mediática de las multinacionales estadounidenses de tecnología, como Google y Facebook.

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Esto mientras los medios alternativos, como el nuestro, han tenido, en años recientes, gran acogida en las redes sociales y miles de personas se han decantado por ellos, ya que informan con veracidad y exactitud y, sobre todo prefieren ser la voz de aquellos que no la tienen.

El director de HispanTV, el Dr. Ali Ejarehdar, opinó oportunamente que las empresas tecnológicas norteamericanas actúan conforme a las políticas “hostiles” del Gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades del país persa han denunciado a menudo que las ofensivas contra los medios de comunicación iraníes constituyen una flagrante “violación de la libertad de expresión y la libre circulación de la información”.

Durante una rueda de prensa realizada este lunes, el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, ha revelado una serie de documentos que demuestran que varias personas implicadas en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moise, en víspera de las elecciones de 2020, estuvieron en Bolivia para intentar asesinar a Arce.

“Existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato, y actual presidente Luis Arce Catacora, asumir el mando emanado de las urnas y en Bolivia hubo un intento de magnicidio”, ha destacado Del Castillo.

Conforme al ministro boliviano, Luis Fernando López, el exministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Áñez, fue uno de los integrantes en hacer los contactos con los grupos mercenarios y paramilitares.

En este sentido, Del Castillo se ha referido a un informe del portal estadounidense The Intercept publicado en julio que puntualizó que López habría estado dispuesto a dar un golpe militar contra la asunción de Arce o atacar a su Gobierno incluso después de que tomara el poder.

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Por otra parte, el alto funcionario boliviano ha enfatizado que varias personas que aparecen actualmente involucradas en el asesinato del mandatario haitiano el pasado 7 de junio, se encontraban en Bolivia durante los días antes y después de las elecciones del país. “Esto no es coincidencia”, ha resaltado.

De acuerdo a Del Castillo, German Alejandro Ribera García, excapitán colombiano arrestado en Haití, y Arcangel Pretel Ortiz, acusado de ser uno de los autores del magnicidio de Moise habrían estado en Bolivia entre el 16 y el 19 de octubre de 2020. “Este [Germán Ribera], quien aceptó haber participado en el asesinato del presidente de Haití, llegó a Bolivia dos días antes de las elecciones nacionales”, ha aseverado.

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Según el titular boliviano, los sicarios que pretendían operar en Bolivia tenían experiencia en operaciones militares, uno de ellos ligado a la empresa militar estadounidense Blackwater.

El ministro ha puesto de relieve que este sujeto que intentó asesinar a Luis Arce, mató al presidente de Haití y tuvo operaciones militares en los Emiratos Arabes Unidos (EAU).

Del Castillo ha cerrado sus declaraciones alertando a “quienes ya saben lo que están haciendo y lo que intentaron hacer”, que el Gobierno de Bolivia es consciente de todo “lo que están intentando hacer ahora y lo que pretenden hacer los próximos días”.

“Lo único que les pedimos e instamos es que dejen de hacer o planificar esa arremetida que están planificando desde hace bastantes meses”, ha denunciado el ministro.

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sar/hnb

El TCP de Bolivia sentenció, mediante una resolución, publicada el viernes, que la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, tras el golpe de Estado de 2019 no se ajustó a la legalidad.

Esto significa, indicó, que no hubo “vacío de poder” cuando Áñez ocupó la Presidencia, tal y como la oposición sostuvo para justificar la medida, ya que los titulares del Senado y de Diputados seguían en funciones, pues sus renuncias no habían sido revisadas aún en las respectivas Cámaras.

El fallo emitido por el TCP definió la no correspondencia de una sucesión ipso facto, fundamentándose en el hecho de que Áñez se declaró primero presidenta del Senado y luego jefa del Parlamento, en los dos casos sin voto parlamentario, para después granjearse su acceso a la Presidencia del Estado en sucesión del renunciante exmandatario Evo Morales.

Según el tribunal, tras la salida de Morales solo podían asumir directamente su entonces vicepresidente Álvaro García —que también renunció— o los entonces presidentes del Senado o de Diputados, y no un vicepresidente camaral, sin pasar por el voto de sus colegas, como lo hizo Áñez.

El 13 de marzo de 2021, la Policía de Bolivia arrestó a Áñez en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, después de que la Fiscalía emitiera una orden de detención por cargos vinculados con el golpe de Estado. De hecho, la Fiscalía General presentó una demanda contra ella y cinco exministros por “genocidio”.

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Es más, el ministro de Gobierno del país, Eduardo del Castillo, denunció que la expresidenta de facto obtuvo entre febrero y marzo de 2020 un crédito para vivienda de 100 000 dólares con la garantía del exministro Arturo Murillo y su jefe de gabinete Sergio Méndez, ambos detenidos en Estados Unidos por corrupción. De hecho, agregó, ese crédito coincide con desembolsos para la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

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Durante las marchas posgolpe en Bolivia, la Policía bajo orden de Áñéz reprimió fuertemente con armas y agentes químicos a los manifestantes que se oponían al statu quo. La represión policial y militar dejó unas 36 víctimas mortales y más de 800 heridos.

El viernes, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Pedro Calzadilla, en una reunión con el encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea (UE) en Caracas (capital venezolana), Rafael Dochao, expresó las preocupaciones por las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre la misión del bloque comunitario como observador de las elecciones regionales venezolanas del próximo 21 de noviembre.

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A través de Twitter, Calzadilla declaró su disposición al diálogo para mantener la misión de la UE pero exigió que el bloque respete “el estricto apego a los principios de imparcialidad así como la soberanía y autodeterminación de Venezuela”.

Lo que dijo días atrás el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea fue que “la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE desplegada en Venezuela para el venidero proceso electoral […] tiene como objetivo acompañar a la oposición […] que hará parte en las elecciones y que lo que ‘legitimará o deslegitimará’ el proceso electoral será el informe” de los veedores europeos.

Las declaraciones de Borrell generaron el rechazo de la Cancillería venezolana que, en un comunicado, aseguró que no aceptaría injerencia alguna en su proceso electoral y menos “una misión de observación electoral con las características descritas por el señor Borrell”.

Primera misión de UE en Venezuela desde 2005

A pesar de que la UE mantiene bajo sanciones a los venezolanos y no oculta su deseo de derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro, a finales de septiembre, Caracas aceptó recibir a la referida misión de observación electoral, un equipo de veedores que permanecerá en el país bolivariano hasta que finalice el proceso electoral del 21 de noviembre.

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Más de 21 millones de venezolanos han sido convocados a las urnas para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, cargos para los que se postulan cerca de 5000 ciudadanos, de casi medio centenar de organizaciones políticas.