El gobierno colombiano adelanta conversaciones con los disidentes de la guerrilla de FARC que no se acogieron al pasado proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Después de la firma de paz con la guerrilla de las FARC algunos de sus miembros desistieron del acuerdo por distintas razones, entre uno de ellos está Iván Márquez quien comanda la denominada Segunda Marquetalia. El gobierno de Gustavo Petro ya comenzó diálogos para una segunda oportunidad.
Según el acuerdo pactado con la extinta guerrilla de las FARC, señalaba que aquel que incumpliera o no se acogiera a lo firmado debía enfrentar en el futuro a la justicia ordinaria, donde se habilitarían los delitos conexos a la rebelión, este es el gran dilema de cómo se va a tratar a esta disidencia.
Los que conocen de cerca el proceso de la Habana creen que en este debe haber unos requerimientos esenciales para que no se haga muy extenso y de confianza.
El gobierno nacional ha señalado que tanto la guerrilla como los paramilitares y la delincuencia organizada tendrán un trato diferente cada uno, acorde a los delitos que hayan cometido.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arremete en su discurso en la AGNU contra las potencias golpistas, la economía neoliberal y el colonialismo mundial.
“Las naciones pobres ya no soportamos golpes de Estado […], ni revoluciones de colores, usualmente organizadas para espolear nuestros vastos recursos naturales”, aseveró el martes Castro en un discurso en el 77.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGNU).
La mandataria izquierdista denunció la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Estado de 2009 contra su esposo, el entonces presidente Manuel Zelaya, y el sostenimiento de más de una década de narcodictadura en Honduras.
“Trece años de dictadura tutelada por la comunidad internacional nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por seis veces y alcanzar la tasa del 74 % de pobreza, la más alta en la historia de Honduras […] Queremos vivir en paz”, exigió la líder del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Tachó de inaceptable el orden mundial arbitrario y la dictadura monetaria global, que a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal, que aumentan el sufrimiento de las mayorías postergadas, y el capital especulativo no tiene límites. Por tanto, la presidenta consideró que “es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad”.
Para Castro los hondureños tendrán futuro si se acaba con la dictadura económica neoliberal. “Para que nuestro país sobreviva, debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos, y aumenta la desigualdad de forma exponencial”, puso de relieve.
Castro asumió el poder en enero, tras doce años de gobierno del conservador Partido Nacional, los últimos ocho al frente de Juan Orlando Hernández, que desde abril enfrenta juicio en EE.UU. por narcotráfico.
Hay fotos poco afortunadas y luego está la de Villacís y su equipo junto a un asentamiento chabolista. Y es que no todo vale con tal de hacer política. Hay barreras que no se deben cruzar.
La vicealcaldesa posa en un extremo de la imagen junto a parte de su equipo. Ellos miran a la cámara mientras ella parece hacerlo al infinito.
El trío se muestra desafiante, implacable ante la pobreza. Su mensaje está claro, también su falta de empatía. Si bien es cierto que no han ido allí a por votos, los votos que buscan están en otro lugar.
La instantánea y el copy elegido conforman, en sí mismos, una oda a la aporofobia. Texto e imagen unidos en pro de un mensaje político que adolece de ética y que ha encendido las redes:
Arañar votos por la derecha es lícito siempre que preserves un mínimo de dignidad. Lo que es más discutible es servirte de la pobreza para subir en las encuestas. La RAE dispone de muchos epítetos para Villacís y los suyos. Por decoro, nos los ahorraremos.
A un mes para que se cierre la instrucción, una de las últimas mujeres que se han adherido a la denuncia relata abusos sexuales del hombre al que cuidaba mientras que la agencia que la contrató le pedía que «aguantara e hiciera la vista gorda».
Son mujeres de América Latina, la mayoría de Colombia, Honduras y Nicaragua, sin papeles, que pasaron por la red que Montserrat L. G. camufló en su empresa radicada en la localidad lucense de Castroverde y habilitada para ofrecer servicios de asistencia a personas mayores en Lugo y en toda Galicia. Tenía convenios con varios ayuntamientos. Muchas de las familias que recurrían a sus servicios eran receptoras de ayudas por parte de la Xunta de Galicia para el cuidado de sus mayores.
Por eso, es probable que la investigada finalmente sea acusada de un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de por delitos contra los derechos de los trabajadores, según fuentes jurídicas.
El sumario, al que ha podido acceder este medio, revela que mientras las familias de las personas ancianas pagaban entre 1.100 y 1.520 euros al mes (muchas veces sin sumar el preceptivo IVA a propuesta de la empresa), las cuidadoras percibían una media de 800 euros mensuales, sin derecho a días de descanso. Por cada día libre que se tomaban la empresa les descontaba 100 euros, según han declarado numerosas víctimas en el juzgado.
Abusos sin respuesta
Una de las últimas cuidadoras que han declarado ha revelado que el hombre al que cuidaba como interna en su domicilio presuntamente abusó sexualmente de ella. La mujer no tenía una habitación propia y debía dormir en un sofá cama instalado en el pasillo de la vivienda. El hombre, de unos 60 años, se metía a hurtadillas en el sofá por la noche y la sometía a tocamientos, ante el rechazo de la joven.
La cuidadora lo comunicó tanto a las hijas del hombre, que vivían con él, como a Montserrat L. G., según declaró, pero la respuesta que recibió de ellas fue que «aguantara y que hiciera la vista gorda», puesto que la medicación que tomaba el hombre «le aumentaba la libido».
Ante esta experiencia y una anterior en la misma agencia, en la que la señora a la que cuidaba le escondía la comida, la joven decidió no volver a trabajar con dicha empresa.
Una larga investigación
El juzgado incoó diligencias en diciembre de 2019 ante una denuncia de la Guardia Civil sobre el caso de una mujer colombiana que confesó al hijo de la anciana que cuidaba que carecía de papeles, por lo que no tenía contrato laboral. Pronto la causa engordó con 44 víctimas y familias que se sienten estafadas. En estos momentos, ya son 80 las damnificadas. El próximo 21 de octubre está previsto que declare la principal sospechosa, Montserrat L. G. encarando la recta final de la instrucción.
La gerente y dueña de Asistencia Castroverde S.L. solía contratar a las migrantes por teléfono. Incluso por WhatsApp les daba instrucciones: «No digas que acabas de llegar», consta en un mensaje aportado al sumario. «Si en la casa te piden la documentación les dices que me la has dado a mí», aparece en otro.
Mientras a las familias les aseguraba que las chicas contaban con seguro por si sufrían algún accidente y con la habilitación necesaria para los cuidados a personas mayores enfermas, como el de auxiliar de enfermería, a las mujeres explotadas las engañaba diciéndoles que iban a cuidar a una persona encamada y después se encontraban con dos ancianos dependientes, por ejemplo.
Parece claro que la acusada se aprovechó de las condiciones de vulnerabilidad de las cuidadoras. Recién llegadas a España, sin un horizonte cercano de regularización en el país, se entregaron a la oferta de trabajo que recibieron de Montserrat. Una de ellas ha explicado en el juzgado que llegó a estar un mes y medio sin librar ningún día, con jornadas que incluyen prácticamente 24 horas, ya que la atención a personas mayores implica continuos cuidados. Montserrat les decía a sus ‘empleadas’ que si querían librar tenía que enviar a otra chica a ese trabajo, que era imprescindible no librar, consta en el sumario.
Montserrat L. G. era conocida en Lugo como una empresaria que daba trabajo fácilmente a migrantes sin papeles. Esto lo han puesto de manifiesto todas las víctimas.
Uno de los indicios más potentes que maneja el juez es la forma de cobro elegida por la investigada: sobres con dinero y con el nombre de la trabajadora a mano en un bar de Lugo. La empleada del bar está también imputada en la causa al haber repartido los sobres con las mensualidades de las migrantes.
Además de esta empleada del bar, están imputados en la causa la hija de Montserrat, que, según el juzgado, era la presunta responsable de calcular el sueldo de cada una de ellas e introducirlo en los sobres; otra mujer que ayudó a repartir los emolumentos; un hombre que colaboró logísticamente y un empleado irregular que supuestamente se encargaba de facilitar el teléfono de Montserrat a las migrantes sin papeles y viceversa, aunque en este caso, es probable que no sea acusado finalmente.
Sus gobiernos financiaron, desde 2013, con 2,7 millones de euros a 11 diarios de la comunidad para un programa de fomento de la lectura que consistía en el envío al menos de un periódico a colegios e institutos públicos y concertados de Galicia.
Santiago Rey, editor de ‘La Voz de Galicia’, con Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. —Xunta
Las ayudas se tramitaron a dedo, a través de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, mediante diez convenios de colaboración destinados a fomentar la lectura de prensa escrita entre los escolares de la comunidad. El programa consistía en publicar noticias sobre educación y en el envío, como mínimo, de un periódico a la semana a cada colegio e instituto.
Las principales beneficiarias fueron las empresas de Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, que obtuvo 149.000 euros; el grupo Prensa Ibérica, propiedad de la familia Moll, que edita Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña, que obtuvo 78.134 euros, así como las sociedades de Blanca García Montenegro, propietaria de El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, que se llevaron 33.629 euros.
La familia Outeiriño, dueña de La Región (Ourense) y Atlántico Diario (Vigo), obtuvo 28.065 euros, mientras que el empresario José Collazo, constructor y propietario de casinos, bingos y salas de juego y máquinas recreativas en España y el extranjero, se llevó 18.000 euros para sus periódicos El Ideal Gallego (A Coruña), Diario de Ferrol y Diario de Arousa.
Los diez convenios son prácticamente iguales en su redacción y comprometen a los editores a publicar semanalmente información «relacionada con temas de educación» y a hacer llegar su producto a los centros que les señale la Xunta, al objeto de «acercar la lectura al alumnado gallego, de forma que sean los propios alumnos y alumnas los que descubran por sí mismos, a través de la utilización de la prensa, los valores culturales propios de Galicia«.
Los acuerdos, sin embargo, permiten que los editores solventen el compromiso enviando «como mínimo un ejemplar (…) por lo menos una vez a la semana», de forma que muchos centros se tienen que conformar con un sólo diario una vez cada siete días para programar para todo su alumnado actividades que redunden en el fomento de la lectura de prensa escrita.
Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), los colegios gallegos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato tienen una media de más de 166 alumnos y alumnas por centro.
Para quienes sí resulta rentable el acuerdo es para los editores, que gracias a los convenios pueden financiar la distribución de más de medio millón de ejemplares con dinero público. Santiago Rey obtiene 0,64 euros por cada uno de los 229.230 periódicos que la Xunta le compra al año con cargo a este programa; los Moll, 0,59 euros por cada ejemplar de Faro de Vigo y La Opinión; García Montenegro, 0,67 euros; los Outeirño, 0,87 euros, y Collazo, 0,22 euros.
La normativa de contratación pública impide que se utilice la figura del convenio de colaboración con empresas privadas para actuaciones con ánimo de lucro, que deben ajustarse a las normas y restricciones de los contratos públicos, tales como la publicidad, la concurrencia abierta y la valoración de ofertas mediante concurso público.
Los acuerdos entre la Xunta y las principales cabeceras gallegas de papel para este año contemplan una contrapartida por parte de las editoras, aunque en los convenios no figura referencia alguna a las materias concretas a las que se destina el dinero que supuestamente aportan, ni cómo se contabiliza ni justifica.
Feijóo, con su consejero de Educación, Román Rodríguez, en el mismo cargo en el Gobierno de Alfonso Rueda. —Xunta de Galicia
Las mismas empresas han recibido cantidades similares en otros ejercicios mediante convenios idénticos que establecían expresamente que su participación financiera era de 0 euros. Así, por ejemplo, si La Voz de Galicia recibe en 2022 149.000 euros y aporta supuestamente 88.000 euros para financiar la distribución de 229.230 ejemplares, en 2021 obtuvo la misma cantidad sin ninguna aportación, para distribuir exactamente el mismo número de diarios. Lo mismo sucede en otros ejercicios anteriores con el resto de empresas citadas.
Es decir, repartiendo el mismo número de ejemplares en los centros con el mismo importe que el año anterior, no se justifica a qué van destinadas las aportaciones que hacen las editoras.
El programa de fomento de la prensa escrita entre los escolares de Galicia, según la información disponible en la plataforma de transparencia de la Xunta, lleva activo al menos desde 2013. Desde entonces, la Xunta de Feijóo ha entregado a los medios gallegos más de 2,7 millones de euros a través de la compra en lote de diarios para enviar un ejemplar a la semana a cada colegio e instituto. En esa cantidad se incluyen las ayudas concedidas a El Correo Gallego, de Santiago, propiedad de José Manuel Rey Novoa y cuya empresa editora, Ediciones Compostela, se acogió recientemente a concurso de acreedores.
Hasta 2017, las ayudas del programa de prensa en la escuela se entregaban con cargo a la Secretaría Xeral de Medios, dependiente directamente de la Presidencia de Feijóo y que dirigía Mar Sánchez Sierra, actual secretaria de Comunicación de la Ejecutiva del líder del PP. Desde 2017, se canalizan a través de la Consellería de Educación, que en la actualidad encabeza Román Rodríguez. Su publicación siempre se ha realizado en enero o en las primeras semanas de febrero, pero en 2022 su firma se retrasó hasta la segunda semana de marzo y también su publicación en la web de la Xunta.
Público ha preguntado al departamento de Román Rodríguez si existe algún tipo de fiscalización de los resultados obtenidos por esas ayudas para cuantificar en qué medida han contribuido a incrementar la lectura de prensa en Galicia, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el aumento drástico de las hipotecas en España y otros países como consecuencia de la subida de los tipos de interés, que puede provocar una nueva crisis hipotecaria y una avalancha de desahucios como sucedió en 2008. Con la participación de Alejandra Jacinto, activista y abogada especializada en derecho a la vivienda, secretaria de Vivienda de Podemos y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. ¡Bienvenido al CANAL de Youtube de Público! Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian (dcha.), se reúne con su par libanes, Abdulá Bu Habib,
Irán manifiesta que tiene listos buques cargados con combustible para enviar a El Líbano y ayudar a este país mediterráneo a operar sus plantas de energía.
El lunes, desde Nueva York (EE.UU.), al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, en una reunión con su par libanés, Abdulá Bu Habib, anunció la disposición de la República Islámica de Irán de ayudar a El Líbano a paliar su crisis energética con el envío de buques de combustible al país árabe.
Más temprano en la misma jornada, la cadena Al-Manar anunció que una delegación libanesa había estado en Teherán (capital de Irán) desde la semana pasada para discutir algunos puntos de la cooperación energética bilateral, como el suministro de combustible de Irán a El Líbano, la construcción de nuevas plantas de energía y la reparación de redes de energía eléctrica
“Los barcos cargados con combustible iraní están listos para navegar hacia El Líbano dentro de una semana o dos y atracar en cualquier puerto especificado por el lado libanés”, informó el medio libanés, citando a la embajada iraní en Beirut (capital de El Líbano).
Según el informe, el primer ministro libanés, Nayib Mikati, y el ministro de Energía, Walid Fayad, acordaron anteriormente recibir combustible desde Irán.
Además, en una reunión con el embajador iraní en El Líbano, Moytaba Amani, Fayad dijo la semana pasada que una entrega de combustible iraní, prevista para llegar al país árabe en un futuro próximo, será vital para los planes de Beirut de reformar su sistema de suministro eléctrico.
Además, afirmó que las entregas de combustible de Irán permitirán al Ministerio libanés de Energía impulsar sus finanzas al aumentar el suministro de electricidad a los clientes del país.
Sin embargo, admitió que el líder del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), Seyed Hasan Nasralá, y el líder del Movimiento Patriótico Libre de El Líbano (FMP, por sus siglas en inglés), Yebran Basil, habían influido en el éxito de la iniciativa de Irán de enviar combustible a El Líbano.
Los libaneses enfrentan una escasez de combustible por la crisis política y económica que viven desde hace meses. Por tanto, Irán suministró el año pasado diésel a El Líbano, enviando primero los cargamentos en buques a Siria y luego los transportó en camiones al suelo libanés, lo que constituyó un duro revés para EE.UU. y una gran victoria para el Eje de la Resistencia.
Manifestantes irlandeses lanzan un ataúd al río Liffey, Dublín, 19 de septiembre de 2022.
Manifestantes expresan su protesta lanzando ataúd a un río de Dublín, la capital de Irlanda, coincidiendo con el funeral de la británica Isabel II.
El lunes, coincidiendo con el funeral de Estado y el entierro de la difunta reina Isabel II en Londres (capital británica), manifestantes antiimperialistas lanzaron un ataúd con la leyenda “RIP Imperio Británico” al río Liffey en el centro de Dublín.
La manifestación ha sido convocada para protestar “contra la humillante adoración a la monarquía inglesa por parte de la clase gobernante del Estado Libre” de Irlanda.Tal y como informa la agencia The Press Association, los manifestantes también reprocharon a las autoridades que la bandera irlandesa haya ondeado a media asta durante la jornada.
De hecho, la acción de protesta se enmarca en una manifestación contra la Corona británica convocada por Acción Antiimperialista Irlanda y pretende recordar la protagonizada en 1897 por el dirigente nacionalista irlandés de izquierda James Connolly coincidiendo con la visita de la reina Victoria.
Desde el fallecimiento de Isabel II el pasado 8 de septiembre a los 96 años se alzaron voces que defiende la independencia en Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Y algunos países de la Commonwealth (Mancomunidad Británica de Naciones), que tenían a Isabel II como monarca, expresaron su intención de avanzar en sus proyectos de convertirse en repúblicas.
En efecto, se oyen voces que piden el fin de la monarquía británica, tanto desde dentro del territorio insular europeo —que abarca a Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes— como fuera de esa geografía, como es el caso de Australia o los países caribeños.
Ahora corre el grave peligro de colapso la monarquía colonial que domina la mayor comunidad del mundo, población que supera a los 412 millones de personas, en el Reino Unido y otros 14 países de la Mancomunidad de Naciones.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez (izda.), se reúne con su par chino, Wang Yi, en Nueva York (EE.UU.), 19 de septiembre de 2022.
El canciller cubano reitera en Nueva York (EE.UU.) la posición de su país a favor del principio de una sola China y condena la injerencia en sus asuntos internos.
“Cuba continuará acatando firmemente el principio de una sola China y apoyando inquebrantablemente la postura de China en temas relacionados con Taiwán, Hong Kong y Xinjiang”, afirmó el lunes el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, en una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).
La Cancillería de China puso de relieve que Rodríguez también deseó “pleno éxito” al próximo 20.º congreso del Partido Comunista de China (PCCh, por sus siglas en chino), que se celebrará a partir del 16 de octubre y en el que se espera que el presidente chino, Xi Jinping, sea reelegido para un tercer mandato.
Además, dio las gracias a China por su apoyo permanente “a la justa causa” cubana, en específico, durante la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
El ministro chino de Exteriores, a su vez, agradeció el “firme apoyo” de Cuba en la defensa de los “intereses fundamentales” del país asiático, al tiempo que expresó el apoyo de Pekín a La Habana en la “defensa de su independencia soberana”.
Wang destacó la “buena amistad” entre los países e indicó que Cuba y China “deben alinear aún más sus estrategias de desarrollo” y les corresponde “convertir la confianza política mutua” en más resultados prácticos.
Expresó también la disposición de China a trabajar con Cuba para profundizar la unidad y la cooperación de los dos países, diciendo que, a pesar de las crisis y caos que vive el mundo, Pekín tiene “brillantes perspectivas” y está en disposición de unirse a La Habana para “promover el desarrollo y la prosperidad comunes”.
China, el segundo socio comercial más grande de Cuba y un cercano aliado político de la isla, siempre ha rechazado las sanciones económicas y comerciales que impone Washington a la nación caribeña y ha urgido a EE.UU. a respetar el derecho de todos los países, incluido de Cuba.
