Como siempre, de los más brillantes discursos que se pueden escuchar hoy día en el Congreso. El diputado de ERC soltó unas cuantas verdades y algunas medidas a considerar para darle la vuelta a esta situación.
Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin debaten sobre el carácter de actores políticos de los medios de comunicación a raíz de que el ex director de El País Antonio Caño afirmara ayer que intentó evitar desde su periódico la formación del Gobierno de Coalición PSOE-UP. Con la participación de los periodistas Miguel Mora, Olga Rodríguez y Miquel Ramos; y con la colaboración de Gema MJ en ‘Tendencia crítica’. ¡Bienvenido al CANAL de Youtube de Público! Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Desde el inicio de las manifestaciones indígenas en Ecuador el 13 de junio se han registrado al menos 90 heridos y 87 detenidos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) denunció el martes la muerte de un manifestante indígena en medio de la represión policial en la localidad del Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza.
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De acuerdo a la organización indígena, el manifestante Byron Guatatuca falleció tras recibir un disparo a quemarropa y responsabilizando del lamentable hecho al presidente Guillermo Lasso.
En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar al joven tendido en el suelo después de haber recibido un disparo producto de la represión policial a la movilización indígena.
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunciaron el aumento de la represión por parte de la Policía y el Ejército desde que el presidente Lasso decretará el Estado de Excepción para intentar poner fin a la movilización indígena que ya cumple 9 días.
Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos desde el inicio de las manifestaciones indígenas el 13 de junio se han registrado al menos 90 heridos y 87 detenidos.
La organización defensora de DD.HH. difundido, a través de sus redes sociales, videos e imágenes que evidencian la violencia usada por las fuerzas públicas contra los asistentes a la movilización.
«Preocupa cómo ha escalado la violencia militar y policial en contra de quienes ejercen su derecho a la protesta y a resistir», alertó la Alianza.
Durante la noche del martes, varios grupos de manifestantes fueron atacados y reprimidos por las fuerzas policiales en la capital de Ecuador, evidenciando la respuesta violenta a la movilización indígena.
Las mayores acciones se concentraron en el norte de la capital ecuatoriana cerca de la Universidad Salesiana que aloja a los manifestantes.
Los agentes, varios en motocicleta y a caballo, intentaron dispersar la protesta con gases lacrimógenos y chorros de agua lanzados por vehículos antimotines.
Ante el aumento de la represión, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, condicionó el diálogo con el Gobierno ecuatoriano a la derogatoria del estado de excepción vigente en seis de las 24 provincias del país, que movilizó a militares para tratar de controlar las manifestaciones.
El dirigente indígena señaló que la respuesta del gobierno a las protestas «solo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escalada de violencia”.
La movilización indígena convocada por la Conaie se mantiene con carácter indefinido, en espera de que el gobierno acepte un pedido de garantías hecho por las organizaciones sociales para sentarse a la mesa de diálogo.
Entre las causas del paro están las demandas ciudadanas por el alto costo de la vida, los recortes al presupuesto en educación y salud, la inseguridad, la minería ilegal y el desempleo, entre otros temas.
Los parlamentarios republicanos del estado de Texas, en el sur de EE.UU., exigen que se celebre en 2023 un referéndum de independencia del país norteamericano.
“Instamos a la Legislatura de Texas a aprobar en su próxima sesión un proyecto de ley que exija un referéndum en las elecciones generales de 2023, para que el pueblo de Texas determine si el estado debe proclamar su estatus como nación independiente”, se lee en un documento aprobado por representantes legislativos del Partido Republicano en una convención celebrada del 16 al 18 de junio en la ciudad de Houston.
Los republicanos consideraron, en el texto publicado el lunes, que el Ejecutivo Federal “ha violado” el derecho estatal de autogobierno. Por tanto, llamaron a rechazar cualquier marco legal que vaya en contra de los derechos del estado y enfatizaron en el derecho de Texas a separarse del resto del país.
Por otro lado, los legisladores republicanos se negaron una vez más a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU., asegurando que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, no fue electo de forma legítima.
Al respecto, denunciaron que las elecciones violaron los Artículos 1 y 2 de la Constitución del país y acusaron a varios secretarios de la Administración estadounidense de perpetrar acciones ilegales.
Los llamados a la separación de Texas de Estados Unidos no es algo nuevo. Texas se declaró independiente de México en 1836 y pasó nueve años como su propia nación antes de convertirse en un estado de Estados Unidos en 1845, cuando fue anexado al país. Luego, en 1861, se separó de la Unión, pero volvió a incorporarse en 1870, tras el final de la Guerra Civil.
De hecho, la cuestión de sí Texas puede o no de manera legal separarse de EE.UU. fue resuelta en 1869 por la Corte Suprema del país. En aquel entonces, el tribunal dictaminó que los estados no pueden salirse de forma unilateral de la Unión.
En 2006, el Tribunal Supremo se pronunció nuevamente sobre el tema. El exjuez Antonin Scalia reafirmó la imposibilidad de una secesión, considerando que, si hubo algún problema constitucional resuelto por la Guerra Civil, “es que no hay derecho a la secesión”.
Por su parte, Richard Albert, profesor de Derecho y Gobierno y director de Estudios Constitucionales de la Universidad de Texas en Austin, dijo el lunes a la revista estadounidense Newsweek que Texas podría declarar su independencia hoy si quisiera, pero eso “significaría una guerra” civil.
Rusia dice que las armas occidentales suministradas a Ucrania aparecen cada vez más en Idlib (Siria), donde se concentran remanentes terroristas.
“Las armas occidentales aparecen cada vez más en Idlib, ya que son vendidas por funcionarios ucranianos corruptos”, afirmó el lunes el representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitri Polianski.
Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), Polianski denunció que “el caliente mercado negro de armas en Europa se ha convertido en un tesoro oculto no solo para ellos, sino también para los extremistas de toda la región de Asia Occidental”.
Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, EE.UU. y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han destinado cientos de millones de dólares al envío de armas a Ucrania.
Las autoridades rusas han advertido en varias ocasiones a los países occidentales que las armas que entregan “sin pensar” a Ucrania, podrían caer en manos de los terroristas, pero el Occidente hace caso omiso a tales advertencias.
La situación es aún más preocupante debido a que, los neonazis, mercenarios, terroristas, así como criminales operan en Ucrania, cuyo Gobierno “ha perdido casi por completo la capacidad de la gestión de las administraciones regionales y distritos del país”, al tiempo que ha distribuido armas de fuego y municiones de forma indiscriminada entre la población, desde el inicio de la operación rusa.
nkh/ncl/tqi
El incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora), que ya ha calcinado 25.000 hectáreas, ha pillado a la Junta de Castilla y León con pocos efectivos activos y con una declaración de riesgo «medio», a pesar de la ola de calor.
«Mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro». Así despachaba Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, una pregunta sobre gestión forestal en una entrevista para el Diario de Valladolid en 2018. Unas palabras que resuenan con fuerza ahora que Castilla y León se enfrenta al fuego más intenso y dañino de los últimos diez años, con un foco que ha arrasado ya 25.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, Zamora.
«El operativo tiene que estar como tiene que estar», decía el político popular, que continúa al frente de la Consejería de Medio Ambiente tras la entrada de Vox en el Ejecutivo. «Tratamos de incrementar más los meses de trabajo. Todo el personal público y privado que colabore en limpieza de los montes en invierno, luego colabora en las tareas de extinción en verano», matizaba.
No es la primera vez que las llamas se vuelven en contra de Suárez-Quiñones. Durante el verano de 2021, con el dramático incendio de Navalacruz (Ávila) que quemó 22.000 hectáreas, los sindicatos de bomberos recordaron la dejadez de la Junta en gestión forestal y pidieron la dimisión del responsable de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en una manifestación frente a las Cortes de Castilla y León en Valladolid.
Los sindicatos de bomberos forestales ponen el foco en las políticas forestales que han imperado en la región gobernada por Alfonso Fernández Mañueco. «Castilla y León es un punto de inflexión del modelo de gestión», expone a Público Vicente Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF). «Se basa en dispositivos que trabajan en precario, con personas en activo muy pocos meses al año y todo muy privatizado. Renuevan al personal cada año porque concurren muchísimas empresas y esto deja poca experiencia en las brigadas y sin apenas formación», reflexiona.
La organización sindical informa de la importancia de tener servicios operativos durante todo el año. «La prevención, que es el trabajo durante el invierno o el otoño, se basa en preparar los montes para que los incendios sean lo menos virulentos posible. Si no, pasa lo que pasa, que te encuentras con cerca de 30.000 hectáreas quemadas en poco menos de cuatro días», apostilla Rodríguez.
Pero los problemas de la Junta –la privatización de servicios y la precariedad del sector– no se reflejan solo con la falta de efectivos para prevención durante los meses fríos y húmedos. La ola de calor que durante la última semana azotó a toda la península ibérica, siendo esta un factor importante de riesgo, llegó con los recursos anti incendios declarados en «riesgo medio», lo que supone que los operativos dispongan de cerca del 40% del personal en activo, ya que la Junta de Castilla y León no eleva el riesgo a «alto», hasta el mes de julio. Un hecho que choca de lleno con la forma de operar de comunidades limítrofes como Madrid, que activó el riesgo alto en junio; o como Extremadura, que declaró el riesgo alto en el mes de mayo.
Parte de la ciudadanía de Zamora, afectada por este gran siniestro, ya ha mostrado su descontento con la gestión que la Junta. De hecho, este domingo se vieron momentos de tensión en la localidad Villanueva De Valrojo, cuando una decena de vecinos trató de paralizar una comitiva de coches oficiales en la que viajaban Mañueco y Suárez-Quiñones, quienes viajaban al centro de mandos donde se está gestionando el operativo de extinción.
Además, este martes algunas plataformas ciudadanas han convocado una protesta frente a la Delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora, para reclamar medidas que garanticen la recuperación del territorio calcinado. Los colectivos sindicales, por su parte, se manifestarán el próximo miércoles frente a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid.
El candidato Gustavo Petro, representante de la coalición política Pacto Histórico, ha ejercido su voto en la segunda vuelta electoral; hizo un llamado de atención respecto a la revisión por parte de los electores de los tarjetones que vienen previamente marcados con el fin de anularlos. teleSUR
Los colombianos denunciaron fraude y amedrentamiento con la fuerza pública en la campaña de elección a la presidencia de Colombia.
La falta de una auditoria internacional para el reconteo de los votos en las elecciones a presidente el próximo domingo 19 de junio, hace que la campaña del Pacto Histórico desconfíe de la eficacia que pueda tener la Registraduría Nacional en este conteo.
Otra falencia que ha tenido este proceso electoral es que los colombianos no han tenido la fortuna de poder ver a los dos candidatos en un último debate que pueda definir mejor el voto a conciencia.
Las redes sociales y algunos medios de comunicación han sido cajas resonantes y atizantes, para que este proceso se dé en cierto sentido agresivo, lo que al parecer es la nueva forma de hacer política en muchos países del mundo.
Una de las denuncias que hay en esta campaña electoral es la de la coacción del Gobierno de Iván Duque en sacar a la fuerza pública a las calles de una manera masiva por unas posibles manifestaciones violentas después del conteo electoral.
Álvaro Altamiranda, Bogotá
El embajador ruso en Washington avisa que el suministro de armas a Ucrania por Occidente conducirá a una confrontación militar directa entre Washington y Moscú.
En un artículo de opinión publicado el viernes en la revista estadounidense Newsweek, Anatoli Antónov subrayó que el suministro de armas occidentales a Ucrania tiene relación directa con el aumento de las tensiones militares entre Moscú y Washington.
“Impulsadas por el deseo de infligir una derrota estratégica a Rusia, las élites locales están aumentando las apuestas en la escalada de tensiones, inflando al régimen de Kiev con armas. ¿No está claro que este es el camino hacia una confrontación militar directa entre las principales potencias nucleares, lleno de consecuencias impredecibles?”, manifestó Antónov.
El diplomático ruso ha puesto de relieve que la miopía de Estados Unidos se ve en las circunstancias actuales de la crisis de Ucrania.
En otra parte del texto, Antónov advirtió de que las amplias sanciones de EE.UU. y sus aliados contra Rusia han fracasado y, en cambio, han dañado la economía y el prestigio internacional del país norteamericano durante un peligroso período de inestabilidad global.
Desde el inicio de la operación militar rusa en el territorio ucraniano el 24 de febrero, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han destinado cientos de millones de dólares al envío de armas a Ucrania.
Moscú, a su vez, asevera que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania, y advierte de que de esta forma los países occidentales están “echando leña al fuego” del conflicto, lo que “tendrá repercusiones trágicas”.
