Un experto enfatiza que las agencias internacionales vinculadas a la ONU ponen problemas a los países que no quiera aceptar las líneas que marca EE.UU.
“Yo creo que el punto principal no es realmente que Irán tenga algún problema en sus instalaciones, en su conducta o lo que está haciendo. Lo que está sucediendo es desde que empezaron las actividades globalistas por parte de los lobbies [sionistas] en Estados Unidos, actuando primero con la gran pandemia de COVID-19, y después provocando la guerra de Ucrania”, aseguró el analista político José Antonio Alcaide en una entrevista concedida el domingo a HispanTV.
El experto afirmó que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) no es un organismo independiente, como lo debería ser, sino que acata las órdenes de EE.UU., contrario a su compromiso de trabajar para impulsar el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares.
“La agencia de seguridad nuclear y otras agencias internacionales, todas relacionadas a la ONU, están poniendo todo tipo de trabas y problemas a cualquier pequeño país que no quiera aceptar la línea que marca EE.UU., es decir, aquí no hay ningún problema con Irán, simplemente Estados Unidos está haciendo lo imposible para complicar la vida a todos los países que no quieran entrar en sus líneas de acción”, detalló.
Los comentarios de Alcaide se produjeron en medio de la escalada de tensiones sobre el programa nuclear iraní con fines pacíficos. El miércoles, la Junta de Gobernadores de la AIEA adoptó una resolución contra Irán, sobre la base de un informe del director general de la Agencia, Rafael Grossi, que acusa a Teherán de no haber proporcionado las respuestas “técnicamente creíbles” a las cuestiones de la organización sobre el hallazgo de “material nuclear en tres sitios en el país”.
Irán rechazó todas las acusaciones en su contra, antes de describir la resolución como “política y sesgada”. Denunció que la Agencia había utilizado “falsas informaciones” proporcionadas por el régimen de Israel para elaborar su último informe, lo que contradice las normas y los reglamentos de la AIEA.
La resolución fue aprobada con 30 votos positivos, dos en contra —Rusia y China— y tres abstenciones —Libia, Paquistán y La India— y, pese a advertencias de Moscú, Pekín y Teherán, de que tal acción pondría en riesgo todos los esfuerzos diplomáticos destinados a levantar sanciones de EE.UU. contra el país persa, y con ello, reactivar el acuerdo nuclear de 2015.
La medida fue adoptada, mientras que la misma AIEA había confirmado una y otra vez la plena cooperación del país persa con el ente, asegurando que no observó ninguna desviación en las actividades nucleares de la República Islámica.
Escena del crimen, fuera del club nocturno de la ciudad de Gary, sureste de Chicago, EE.UU., 12 de junio de 2022.
Dos personas han perdido la vida y cuatro más han resultado heridas durante un tiroteo en el estado de Indiana, Estados Unidos.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo, 12 de junio, en un club nocturno de la ciudad de Gary, en el sureste de Chicago, según ha informado la Policía local.
Un hombre, de 34 años, y una mujer, de 26, recibieron heridas de bala y fueron trasladados a un hospital cercano, pero horas más tarde fallecieron. La tragedia también ha dejado a otras cuatro personas heridas, incluyendo una en estado crítico, conforme a reportes policiales.
La unidad especializada de homicidios está investigando las circunstancias en que acaeció el suceso, que se suma a la lista de los recientes episodios de violencia en el país, entre ellos, la más mortífera masacre en la historia de Texas.
Esto, mientras que en esta misma jornada, un grupo bipartidista de 20 senadores estadounidenses dio a conocer las normas generales de un acuerdo para reformar las leyes del país relacionadas con el derecho de adquirir y portar armas. “Lo más importante es que nuestro plan salve vidas, al mismo tiempo que proteja los derechos constitucionales de los estadounidenses respetuosos de las leyes”, manifestaron los senadores.
2 people are dead and 4 others wounded after a shooting at a nightclub in Gary, Indiana https://t.co/bkbl8zSjzh
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso en el Palacio Nacional de San Salvador, El Salvador, 1 de junio de 2022. (Foto: Gettyimages)
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, critica el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) al plan para convertir a pandillas en partido político.
“Documentos de inteligencia muestran todo el plan, con el fin de llevar a una segunda falsa negociación de paz y convertir a las pandillas en partido político. La OEA estuvo de acuerdo”, manifestó el domingo Bukele en un mensaje de Twitter.
Precisó también que se ha incautado documentos que contienen el plan, cuyo fin último, después de que los grupos terroristas se convirtieran en guerrilla, era forzar negociaciones de paz para constituirlos como partido político.
“Las pandillas no se imaginaron que ya sabíamos que intentarían evolucionar en una guerrilla. […] Por eso recibieron entrenamiento militar en los polígonos de tiro, por eso les entregaron armas”, indicó Bukele.
Para contrarrestar estos complots, agregó el mandatario, desde 2019, se pidieron vehículos y equipo para librar una guerra rural, pero que los fondos para adquirirlos fueron aprobados hasta que llegó la actual Asamblea Legislativa.
Como parte de la guerra contra las pandillas, la Policía Nacional Civil y el Ejército salvadoreños han desmantelado alrededor de 100 campamentos clandestinos, en las últimas semanas, en los que, además de hacer capturas, se han decomisado armas, drogas y dinero producto de las extorsiones, conforme información oficial.
No es la primera vez que Bukele critica a la OEA. El viernes catalogó al ente regional del “ministerio de colonias” de Estados Unidos y aseguró que el mecanismo ya no tiene “razón de ser”.
Previamente, el jefe de Estado ordenó romper un acuerdo con la OEA para combatir la corrupción mediante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El Banco de España constata la creciente voracidad de las entidades financieras en ese flanco de su negocio mientras los usuarios denuncian como muchas de ellas siguen aplicando recargos que han sido declarados abusivos por los tribunales.
Una tarjeta de crédito. —PxHere (CCO), 01-03-2017
La resaca de la borrachera de crédito con la que se infló la burbuja inmobiliaria antes de su estallido les ha salido muy cara a los usuarios de la banca española: han pagado casi 300.000 millones de euros en comisiones en la última década. Entre 2012, cuando se activó el grueso de la operación de rescate del sector, y 2021, según indican las cuentas de resultados agregadas que publican las dos patronales del sector, Aebanca por los bancos y Ceca por las cajas de ahorro y las cajas bancarizadas.
El cobro de recargos a los clientes por la prestación de servicios, de los que el Banco de España tiene registrados hasta 40 formatos, arreció a partir de entonces para consolidarse como una de las principales fuentes de ingresos del sistema financiero, en cuyo cuadro clínico confluían una monumental indigestión de ladrillo, que provocó una crisis habitacional y de la que acabaron saliendo como beneficiaros los fondos de inversión, y un desplome de la rentabilidad del crédito por las políticas expansivas del BCE (Banco Central Europeo), que han mantenido los intereses en negativo desde mediados de 2014, y por la menor demanda de familias y empresas.
Los gobiernos trataron de reparar el desaguisado con un rescate cuya factura, entre lo pagado y lo pendiente de pagar, va a rondar los 175.000 millones de euros con cargo a las arcas públicas, que es algo menos del 60% de lo que los bancos y cajas españoles han ingresado por comisiones en una década y algo más del 75% de lo que les ha quedado limpio por ese capítulo.
Los datos de Aebanca y de Ceca cifran en 298.547 millones de euros los ingresos por comisiones que han acumulado en esa década España los bancos locales, los extranjeros con sucursales en el país, las cajas de ahorro y las cajas bancarizadas tras el proceso de reordenación, que conllevó la desaparición de 52 entidades, con un reparto de 245.205 para los primeros y de 53.352 para las segundas.
Esa cifra se corresponde con los ingresos brutos, que les han dejado unas ganancias netas de 228.279 millones, en este caso con una distribución de 179.950 y 48.329 que arroja una rentabilidad del 76,4%; es decir, que algo más de tres de cada cuatro euros que pagan los usuarios quedan como ingreso neto de bancos y cajas, que en esa década soportaron gastos por 70.268 (65.255 y 5.013, respectivamente) con cargo a otras entidades y operadores financieros, como, por ejemplo, los gestores de fondos de inversión y de pensiones.
«Hemos pasado una época de intereses bajo cero y los bancos han querido compensar esa pérdida de rentabilidad con las comisiones, pero ahora, con la anunciada subida de los tipos, van a poder bajarlas», señala Patricia Suárez, de Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), que insiste en que «no se pueden cobrar comisiones por un servicio mal prestado o no prestado«.
«El fortalecimiento de este canal de ingresos puede contribuir positivamente a la estabilidad del sector, pero puede también generar algunos riesgos, como favorecer la migración de clientes hacia nuevos operadores digitales o afectar a la inclusión financiera, así como impactar negativamente en la reputación de las entidades», señala el Banco de España, que anota que la normativa no le otorga competencias «para autorizar, denegar o limitar el importe» de esos recargos.
La banca local cobra menos comisiones que la media de la UE si esa cifra se compara con sus activos
El supervisor apunta que el aumento de las comisiones en España supone «un proceso de convergencia a nivel europeo, en el que se ha recortado la diferencia existente con la media europea mediante su aumento paulatino»; es decir, que la banca local cobra menos comisiones que la media de la UE si esa cifra se compara con sus activos, aunque con un vertiginoso recorte del 27% en seis años que «ha contribuido a mitigar el deterioro de la rentabilidad de las entidades, pero ha ocasionado también un mayor debate público sobre su cantidad, formulación y coste para los clientes».
El peso de las comisiones alcanzaba en 2019 el 0,54% del activo de los bancos «con una tendencia alcista» mientras el de los intereses que generan los créditos, que tradicionalmente había sido la principal fuente de ingreses, se situaba en el 0,89% con «una ligera tendencia a la baja», lo que equivale a constatar que el 37% del negocio de las entidades se encuentra en esos recargos (no hay comparación con la UE en ese aspecto), cuyo peso resulta especialmente intenso en cuentas corrientes, tarjetas y transferencias, aunque también en la contratación de fondos, créditos y productos de inversión.
Los datos del Banco de España revelan cómo es en España donde más han crecido las comisiones en los últimos años.. —Banco de España
El estudio advierte de las posibilidades de que esos recargos sigan creciendo cuando señala que la relación entre los ingresos por ellos y los activos se queda en el 0,45% para las operaciones locales de los bancos españoles, mientras destaca que «solo los Países Bajos se sitúan por debajo de las entidades españolas en sus negocios en España» y anota que «el negocio internacional permite una generación de comisiones significativamente mayor que el nacional» ahora mismo.
No obstante, el mismo trabajo, cuyas conclusiones apuntan a que «las entidades más débiles tienden a impulsar el cobro de comisiones, posiblemente como mecanismo para reforzar su rentabilidad y su solvencia», pone de manifiesto cómo entre 2015 y 2021 fue precisamente en el ámbito de los negocios locales de la banca española en el que, en el plano europeo, más creció ese peso relativo de los recargos por los servicios.
Por otro lado, el artículo pone sobre la mesa una de las principales reclamaciones de las asociaciones de consumidores, que generó una intensa polémica hace unos meses con la llegada de los primeros refugiados de la guerra de Ucrania: el cobro de comisiones por la apertura y la gestión de cuentas de pago básicas, algo que también han considerado abusivo algunos ombusdman autonómicos.
«Se ha apreciado una tendencia creciente al surgimiento de nuevas comisiones bancarias relacionadas con servicios que habitualmente se prestaban de forma gratuita por las entidades, así como una reconfiguración de las comisiones«, describe el artículo, que explica cómo «servicios que antes se entendían subsumidos en otros, como es el caso del servicio de caja básico, tienen cada vez más independencia propia y cuentan con su contenido específico diferenciado»; es decir, que dejan de ser formalmente básicos, aunque en ocasiones puedan conservar esa palabra en su denominación, y las entidades les aplican recargos.
Los bancos siguen cobrando comisiones que los tribunales han declarado nulas
«Los bancos siguen cobrando comisiones que los tribunales han declarado nulas, como ocurre con las de descubierto, que en ocasiones suponen 40 y 50 euros diarios además de los intereses de demora, las de correspondencia, cuando la comunicación es por internet, o las de ingresos en efectivo», denuncia Suárez, que llama la atención sobre la indefensión que a menudo sufre el cliente bancario debido a que «el sistema es disuasorio: sale más caro reclamar que pagar, y eso es desesperante».
Suárez, que destaca la oportunidad del posicionamiento del Banco de España, en vísperas de una subida de los tipos de interés entre cuyas consecuencias previsibles se encuentra la de elevar los márgenes de las entidades por sus créditos, sostiene que «los bancos tienen que ser competitivos. Con una banca cada vez más digitalizada, nos parecería un error seguir subiendo las comisiones cuando los usuarios, salvo los menos digitalizados y los del mundo rural, tienen cada vez más alternativas entre las que elegir».
La Corporación da Radio e Televisión de Galicia que Feijóo gestionó durante trece años se enfrenta en los tribunales a otras 230 demandas por contrataciones irregulares, despidos ilegales, reclamaciones de cantidades y persecución laboral.
El expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. —CRTVG
La gran mayoría de sentencias se han publicado bajo el mandato de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general del ente desde que Alberto Núñez Feijóo accedió al poder en el 2009, y quien a pesar del cúmulo de decisiones judiciales que ponen en duda la idoneidad de su gestión y la de su equipo sigue hoy en el cargo con Alfonso Rueda al frente del Ejecutivo autonómico.
Según los trabajadores, la vulneración sistemática de sus derechos se mantiene desde hace casi dos décadas, pese a la recurrente constatación judicial de las ilegalidades de la estrategia laboral de la dirección. En la actualidad, aseguran, hay cerca de otros 230 procedimientos judiciales en marcha en manos de los jueces de lo Social por diversos motivos, desde reclamaciones de cantidades y atrasos hasta demandas por despidos nuloso improcedentes, de fijeza o indefinidad o de discriminación por razón de sexo o motivos ideológicos.
«Es la estrategia de la dejadez, basada en la creencia de que el dinero público lo soporta todo», apunta Matías Movilla, abogado laboralista socio del despacho Vento Abogados y Asesores, que ha ganado a la CRTVG centenares de casos. Y no se trata de una exageración coloquial. El primero fue en 2005, cuando consiguió que un juez declarara que la contratación de un trabajador de la delegación de Vigo a través de una productora privada era una cesión ilegal, lo que provocó una cascada de sentencias favorables a otros empleados en situación similar en todas las delegaciones. Sólo en su despacho lograron más de cien sentencias favorables en pocos años.
Más tarde, Movilla empezó a llevar casos de trabajadores de la sede central de la CRTVG en San Marcos, cerca de Santiago, que habían sido contratados irregularmente a través de empresas de trabajo temporal. «Alguno incluso era el director de un informativo«, recuerda. Ganaron otros dos centenares largos de procedimientos.
Movilla cree que la dirección de la CRTVG utiliza la precarización de las condiciones laborales y la judicialización permanente de las relaciones con los trabajadores como «estrategia del miedo» para laminar las críticas por la manipulación informativa y arrinconar no sólo a los periodistas díscolos, sino a cualquier empleado que ose ponerla en cuestión. «Sin la dedicación, la generosidad y la solidaridad sindical de algunos trabajadores habría sido imposible conseguir que los jueces revertieran muchas de las situaciones que hemos denunciado», concluye.
«Las prácticas de la dirección no se justifican en ninguna administración pública, y probablemente tampoco serían admisibles en ninguna empresa privada«, lamenta Raquel Lema, delegada de la Confederación Unitaria de Traballadoras (CUT), el sindicato mayoritario en la compañía. «Han establecido un sistema de relaciones laborales basadas en el miedo que ha terminado por conformar un entorno tóxico con un enorme riesgo para la salud psicosocial de la empresa», advierte.
Trabajadores de la CRTVG celebran la concesión del premio José Couso a la libertad de expresion. —Defende a Galega
Según Lema, mucho más de la mitad de la plantilla, entre el 60% y el 70% de las 912 personas que la componen, han tenido que acudir en algún momento a los tribunales para reclamar sus derechos. La gran mayoría han ganado, aunque asumiendo el enorme coste personal y profesional que supone enfrentarse durante años a un empleador que tiene a su disposición todos los medios necesarios, costeados con el presupuesto público, para eternizar los casos recurriendo sentencias de instancia en instancia hasta el último peldaño del procedimiento.
Uno de los últimos casos se ha resuelto a favor de Carlos Jiménez, locutor de la Radio Galega expedientado y sancionado ilegalmente como represalia por apoyar a Defende a Galega, la plataforma de trabajadores que se movilizan todos los viernes desde hace cuatro años para defender la libertad de prensa y denunciar las presiones políticas y la manipulación. Así lo ha declarado probado el TSXG, que ha ratificado en su integridad la sentencia del juez que le dio la razón en primera instancia.
Vinculado a la empresa desde 1993, Jiménez cuenta con otras quince sentencias favorables en las demandas que ha tenido que ir interponiendo para que los jueces obligaran a la empresa a respetar y cumplir con él las condiciones de trabajo y salariales más esenciales, después de lustros de mantenerle en precario mediante contratos temporales que llegaban a durar sólo medio día. «Quienes nos significamos contra la manipulación o en defensa de los derechos laborales lo hacemos porque defendemos a esta empresa, por más que la dirección quiera hacer ver lo contrario», asegura.
En 2019, el movimiento Defende a Galega ganó el premio a la libertad de expresión José Couso que concede cada año el Colexio de Xornalistas de Galicia. Según los trabajadores, la TVG censuró la noticia, que sí había recogido siempre en ediciones anteriores del premio, y la dirección prohibió que se emitiera en los informativos la pieza sobre el tema que ya había sido montada.
Otra sentencia reciente es la que afecta a la periodista Andrea de Francisco. El pasado 2 de marzo, los jueces del TSXG condenaron a la TVG por haberla discriminado por ser mujer al negarle el derecho a conciliar su horario laboral con el cuidado de sus dos hijas, de año y medio y cuatro años de edad. Además de ese caso, que la empresa ha recurrido, De Francisco mantiene otros dos litigios con la compañía: una demanda de vulneración de derechos porque la dirección de Sánchez Izquierdo se negó a reconocer que ella tenía el deber inexcusable de cuidar de sus niñas cuando las cuarentenas de la pandemia obligaron a que se quedaran en casa, y otro para que la consideren fija en su puesto después de veinticuatro años de ocuparlo en precario.
«Es una táctica constante desde hace dos décadas: te niegan los derechos más elementales y te dicen que vayas a los tribunales a reclamarlos. Y aunque pierdan juicios uno tras otro, ellos ni se inmutan. Siguen recurriendo y manteniéndote en una situación inestable y complicada desde el punto de vista personal y profesional», explica.
La gestión de Sánchez Izquierdo incluye cientos de casos individuales como los anteriores, pero Raquel Lema recuerda que hay otros de carácter colectivo que la empresa también ha perdido o que, en su opinión, está en vías de perder.
El pasado 7 de junio, el TSXG dio a la CRTVG un mes de plazo para negociar con las trabajadoras y alcanzar un acuerdo después de que la CUT denunciara que durante la huelga del pasado 28 de octubre se habían emitido contenidos enlatados como si fueran del día, incluyendo locuciones y videos de periodistas y presentadores que habían secundado el paro pero que, de esa forma, aparecían en público como si no lo hubieran hecho.
Público ha podido constatar el malestar que existe en el ámbito jurídico por la negativa de la CRTVG a modificar su estrategia laboral. De hecho, en el caso anterior los responsables del tribunal recordaron a los de la empresa las recientes sentencias sobre violación de derechos en casos individuales, como el de Jiménez, y también en varios procesos colectivos.
Feijóo y Alfonso Sánchez Izquierdo, en una imagen de archivo.
Esas sentencias parecen tener un efecto ejemplarizante limitado, dado que la dirección de Sánchez Izquierdo sigue reincidiendo en la misma táctica, actuando como si los jueces no existieran. En abril pasado, y ante otra convocatoria de huelga, el entonces vicepresidente Rueda, a quien competía firmar los servicios mínimos en la administración autonómica, estableció que los cuatro informativos diarios de la TVG debían emitirse sí o sí, fuera cual fuera el seguimiento de la huelga y con un mínimo de 112 periodistas obligados a cubrir sus puestos.
Los trabajadores también han ganado otro procedimiento colectivo que condena a la CRTVG a incrementar todos los conceptos de su nómina cuando les encomienda tareas de mayor responsabilidad, escudándose en la movilidad funcional. Pero la empresa se niega a pagarles, por lo que a día de hoy hay en los tribunales otras 25 demandas de reclamación de cantidades, que se suman a las 187 de reclamación de fijeza en el puesto de trabajo, y a otro medio centenar por despidos ilegales y demandas de indefinidad.
La dirección de Sánchez Izquierdo también ha tenido conflictos por no cumplir con la Seguridad Social. En 2016, reconoció haber pagado cotizaciones por sus empleados inferiores a las que debía, con la consecuente rebaja en las prestaciones sociales que éstos recibían por enfermedad, maternidad, jubilación… El director general las cuantificó en 1,6 millones de euros y las calificó de «insignificantes», pero los trabajadores aseguran que la cantidad que la empresa tuvo que devolverles se eleva a más de cuatro millones.
La oposición pidió entonces el cese del director general, pero él se negó a dimitir y Feijóo lo mantuvo en el cargo. En la actualidad, la CRTVG mantiene otro litigio con la Agencia Tributaria, que le reclama más de 10 millones de euros por liquidaciones irregulares del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en los últimos siete años.
Público ha intentado hablar con el director general o con algún portavoz de la corporación que pudiera exponer la opinión de la empresa sobre las casi 400 sentencias judiciales que ponen en duda la legalidad de su política laboral. Pero la compañía se ha limitado a responder que «no tiene declaraciones que hacer» sobre ese tema ni sobre las acusaciones sindicales.
La CRTVG tampoco ha aclarado si prevé recurrir la condena por perseguir a Carlos Jiménez por cuestiones ideológicas o adoptar alguna medida contra los directivos responsables de la misma, ni ha facilitado las cifras sobre el coste que han supuesto los procedimientos judiciales desde el 2005 y los atrasos, salarios de tramitación e indemnizaciones por despido y por daños morales que ha tenido que abonar como consecuencia de las condenas judiciales en firme.
Lo cierto es que la Corporación sí contempla esos gastos en sus balances. Según la última memoria de cuentas anuales, la provisión anual para cubrir la «liquidación de reclamaciones retributivas del personal propio derivadas de sentencias» ascendió a más de 1,25 millones de euros en 2019 y a más de 1,86 millones en 2020.
La CRTVG tiene un presupuesto anual de 121,6 millones de euros, de los cuales apenas 6,3 millones corresponden a ingresos por publicidad y operaciones comerciales. El 94%, es decir más de 114 millones, procede de las subvenciones directas de los presupuestos de la Xunta. Según el portal de Transparencia de la Administración autonómica, Sánchez Izquierdo cobra un salario anual de 92.333.10 euros anuales. Según la memoria de cuentas anuales de la CRTVG, la TVG tuvo una cuota de audiencia media del 9,9% en 2020, y la Radio Galega, 200.000 oyentes diarios.
La vista oral llega, nueve años después de comenzar la investigación, con el cambio de criterio de la Fiscalía, que ya no acusa de cohecho al magnate de la noche mallorquina. Junto a él se sientan en el banquillo, cuatro colaboradores, cuatro funcionarios y 15 agentes de policía, acusados estar a sueldo del ‘capo’ Cursach para perjudicar los negocios de la competencia.
Arranca, nueve años después de que comenzara la investigación, el juicio por la pieza principal del caso Cursach, que versa sobre los presuntos sobornos por parte del magnate del ocio mallorquín, Bartolomé Tolo Cursach, a agentes de las Policías Locales de Palma de Mallorca y Calvià para favorecer a los establecimientos de su emporio frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016.
En líneas generales, esta es la síntesis de los hechos que se juzgarán a partir del próximo lunes, 13 de junio, en la Audiencia de Palma. Un proceso con 24 encausados que se alargará casi 150 jornadas. Sin embargo, detrás de la simple descripción existe un enrevesado conglomerado delictivo, una mafia con tentáculos policiales, políticos y empresariales que Público sacó a la luz en una serie de exclusivas a cargo del periodista Carlos Enrique Bayo que diseccionan magistralmente los entresijos de 15 años de impunidad de la mafia de Cursach.
Hace escasos días, la Fiscalía hizo llegar a la Audiencia de Palma una nueva versión de su escrito de acusación con una tesis mucho más favorable para la mayor parte de los procesados. En 2018 pedía ocho años y medio para el presidente del Grupo Cursach por diversos ilícitos. Ahora elimina el presunto delito de cohecho para la inmensa mayoría de los acusados. Esto se traduce en un rebaja considerable de las peticiones de cárcel.
Así, para el líder de la trama ahora los fiscales piden un año y seis meses por presunta pertenencia a organización criminal; una rebaja de siete años. Lo mismo para sus más cercanos colaboradores. Llama la atención la eliminación del eje central de la acusación fiscal, es decir, el delito de cohecho, ya que en 2018 la Fiscalía consideraba que desde el año 2000 hasta 2016, los gestores del Grupo Cursach «dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionaros públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo».
Ahora los fiscales han sustituido para Cursach y los suyos el presunto cohecho por la «inducción de la prevaricación administrativa» perpetrada por otros acusados. Sin embargo, los cuatro funcionarios y políticos que se sentarán en el banquillo cuentan sorpresivamente con el favor de la Fiscalía, que pide su absolución. Se trata de Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo, y Bernardí Seguí, otro cargo de Turismo para los que los fiscales pedían antes 10 años de inhabilitación. Para Julián Garau, funcionario del Ayuntamiento de Palma, y Jaime Nadal, del consistorio de Calvià ahora la Fiscalía solicita su absolución cuando antes pedía para cada uno cuatro años y seis meses de cárcel.
Los peor parados en el arranque del juicio por lo que respecta a la posición del Ministerio Público son los 15 agentes de policía procesados, que habrían actuado en beneficio propio cuando presuntamente amedrentaron a los negocios competencia de Cursach. De hecho, la petición fiscal más alta es para el expolicía Gabriel Mayol, al que piden nueve años y seis meses de cárcel por presuntos delitos de cohecho, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.
A finales de 2013 comenzó a instruirse en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca una investigación sobre mafia policial que desembocó en el conocido caso Cursach: toda una serie de extorsiones a funcionarios públicos por orden del capo de la noche mallorquina para hacerse con el monopolio de los locales de ocio.
Tolo Cursach era el principal empresario de ocio de Mallorca, con las discotecas más grandes en las zonas turísticas, como Calvià y El Arenal. Llegó a ser el principal inversor del Mallorca Club de Fútbol. Su connivencia con el PP balear, que gobernó desde 1983 a 1999 ininterrumpidamente, provocó la destitución de la cúpula del PP de Palma de Mallorca en julio de 2016.
Conexiones de la trama con el PP
Según planteó el juez Penalva –el segundo instructor tras el cambio de destino de la primera jueza– en 2016, José María Rodríguez, el entonces presidente del PP de Palma, sería «el artífice en la sombra del organigrama corrupto» ideado en la Policía Local de Palma para servir a los intereses de Cursach. El juez descubrió que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de «crear una estructura corrupta» para actuar con impunidad y «al servicio de determinados políticos y su partido».
El 28 de febrero de 2017 Cursach fue detenido junto al administrador de sus empresas, Antonio Bergas, y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, que había sido director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear. El capo Cursach permaneció en prisión provisional hasta el 14 de abril de 2018. Entonces comenzaron los ataques a la instrucción judicial, a cargo del juez Manuel Penalva y del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones e, incluso, anular las actuaciones.
Los investigadores descubrieron que el equipo del Gobierno municipal del PP pagó sobresueldos a determinados agentes de la Policía Local por espiar a políticos, incluso del propio PP, en prostíbulos. Es decir, una especie de patrulla de élite para encargos ilícitos.
Atacar al juez y al fiscal
El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto.
Pero el golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás.
Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas. En ellas se podía escuchar al juez insultar a varios de los investigados. Aquello le costó el puesto. Fue apartado tras una recusación y en julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020.
Ataque a la libertad de prensa
El tercer juez que ha tenido el caso, Miquel Florit, tomó la lamentable decisión de requisar los móviles de dos periodistas –una redactora de Europa Press, Blanca Pou, y un redactor de Diario de Mallorca, Francisco Mestre– para atajar las filtraciones del sumario, en una insólita acción contra la libertad de prensa que finalmente no ha obtenido reproche penal, aunque el TSJ de Baleares calificó su decisión como «injusta».
No sólo ordenó la incautación de los móviles de trabajo de dos periodistas, sino que pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia Efeen Baleares. También solicitó las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación del caso Cursach.
Acabó apareciendo en la investigación emprendida por el juez Florit un chat mantenido entre el juez Penalva, el fiscal Subirán y los investigadores policiales. El descubrimiento sirvió para armar una acusación por presunta revelación de secretos contra los anteriores responsables de la instrucción de la causa.
Cursach contrató a Villarejo
Este diario descubrió las conexiones del comisario Villarejo con el empresario Cursach. Fue el comisario investigado el que diseñó una estrategia mediática a favor del capo balear y por ello recibió medio millón de euros. Público pudo acceder al informe confidencial, elaborado en marzo de 2005, que entregó Villarejo a Cursach sobre la guerra interna del PP que le estaba afectando a él y a sus negocios.
En el citado informe, Villarejo relataba que los exministros Abel Matutes y Eduardo Zaplana, junto al entonces presidente balear Jaume Matas, estaban utilizando el diario El Mundo, entonces en manos de Pedro J. Ramírez, y a su delegado en Baleares, Eduardo Inda, para «aniquilar a sus adversarios políticos» en las islas. Y Cursach estaba siendo atacado porque le consideraban aliado del anterior presidente balear del PP, Gabriel Cañellas, y del magnate de prensa Pedro Serra.
En estos años, marcados por la pandemia, la Junta ha recuperado proyectos urbanísticos desechados en el pasado por sus impactos ambientales; ha apostado por la intensificación del regadío en Doñana, humedal en declive por la industrialización del campo; y ha agravado algunos problemas históricos como el conflicto del vertedero de Nerva.
Vista de los cultivos de Maro, pedanía de Nerja en la que se ha proyectado un complejo de golf con hotel y apartamentos. —Fotograma del documental ‘Se vende’
Los andaluces acudirán a las urnas en un momento marcado por la degradación ambiental del territorio. Durante la última legislatura algunos de los problemas ecológicos de la región se han visto agravados y el bajo interés del Gobierno de PP y Ciudadanos en la protección de los ecosistemas podría ser determinante en los resultados finales de las urnas.
En estos años, marcados por la pandemia, la Junta ha recuperado proyectos urbanísticos desechados en el pasado por sus impactos ambientales; ha apostado por la intensificación del regadío en Doñana, humedal en declive por la industrialización del campo; y ha agravado algunos problemas históricos como el conflicto del vertedero de Nerva.
Doñana y la amnistía a los regadíos ilegales
A finales de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenaba a España por no cuidar las masas de agua del Parque Nacional de Doñana, el pulmón verde de Andalucía. La extracción ilegal de agua lleva años amenazando este paraje natural, considerado Patrimonio mundial por la UNESCO, como consecuencia del desarrollo intensivo de la agricultura y la industrialización del campo. Esta sentencia europea, sin embargo, no ha llevado al Gobierno andaluz a incrementar la protección del humedal, sino todo lo contrario. Tanto es así que el PP y Ciudadanos impulsaron a principios de 2022 una nueva ley con la que se ampliaban las zonas regables del entorno de Doñana en más de 1.400 hectáreas. Esto suponía, según denunciaron los grupos ecologistas y algunos partidos de la izquierda, una amnistía para decenas de plantaciones que están extrayendo agua sin permiso para alimentar sus cultivos.
La ley salió adelante, pese al rechazo ciudadano, gracias al acuerdo de las derechas y con una polémica abstención del PSOE, que dio la espalda a la postura oficial de la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera. La proposición llegó después del tirón de orejas por parte de Europa y tras un año difícil desde el punto de vista hidrológico, pues en 2021 la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivirdeclaró una «sequía extraordinaria».
Nerva, el vertedero de basura tóxica a cielo abierto
El vertedero de Nerva (Huelva) no es un vertedero cualquiera. En este enclave se amontonan toneladas y toneladas de residuos tóxicos importados desde diversas partes del planeta. Allí llegan desperdicios que tienen unas cualidades específicas que los hacen difíciles de tratar: explosivos, inflamables, irritantes, infecciosos… Algunos se preparan para ser incinerados y otros se entierran. Si bien este basurero lleva funcionando desde finales de los años noventa, estos dos últimos han atraído la atención mediática y ciudadana, debido a la llegada de ingentes cantidades de desperdicios desde Montenegro, con la autorización del Gobierno de España y la Junta de Andalucía.
‘El último vergel’ de Málaga, amenazado por el golf
Maro, una pequeña pedanía al este de Nerja, es el último vergel de tierra virgen de la Axarquía malagueña. Frente a unos acantilados, decenas de colonos labran la tierra sin saber cuándo llegarán las excavadoras. El paraje se ha convertido en el objetivo del urbanismo y los propietarios históricos de la zona, la familia Larios, pretenden cambiar el ecosistema para siempre y construir 680 viviendas, un hotel y un campo de golf con vistas al mar.
El Ayuntamiento de Nerja ya ha aprobado un convenio que da luz verde al convenio y la Junta de Andalucía respalda la recalificación de los terrenos. El periplo, sin embargo, podría alargarse y tanto los vecinos de la zona como los colectivos ecologistas llevan buena parte de esta legislatura movilizándose a nivel local y autonómico para impedir que el ladrillo se imponga de nuevo a la naturaleza en la Costa del Sol.
Los Genoveses, un hotel en mitad de una playa virgen
La playa virgen de Los Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata, ha resucitado los fantasmas del famoso y polémico hotel a medio construir del Algarrobico. En 2020 se anunció un nuevo complejo turístico que no tardó en contar con el respaldo de la Junta de Andalucía, que defiende transformar un pequeño cortijo de la zona en un hotel de cuatro estrellas con vistas al mar. El proyecto todavía está en fase de tramitación y, nuevamente, el Gobierno autonómico se enfrenta con su postura a las quejas de colectivos ecologistas y conservacionistas de Almería.
En junio de 2021, el Gobierno reactivó un polémico plan urbanístico en Barbate que ya había sido desechado hace diez años: campos de golf, viviendas, apartamentos turísticos y un hotel. Para que las obras lleguen a buen puerto hará falta la recalificación de centenares de hectáreas, un proceso que podría alargarse más de una década. Algunos colectivos conservacionistas ya han presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento barbateño.
Menos restricciones ambientales para el urbanismo
Durante esta legislatura, la Junta ha dado pasos claros para avanzar en la desregulación ambiental. El ejemplo claro es la aprobación de un decreto a comienzos de 2021 con el que se modificaba la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA). Con esta medida se elimina de un plumazo la obligación estricta de presentar evaluaciones de impacto ambiental en determinados proyectos y, además, se otorga al Gobierno autonómico la capacidad de decidir arbitrariamente qué proyectos están exentos de presentar estos documentos, imprescindibles para el desarrollo de cualquier actividad.
¿Hasta cuándo van a seguir negando los datos y ocultando el desprecio por la educación por incompetencia e intereses? ¿Por qué en vez de abordar estos problemas Ayuso propone censurar libros de texto?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Si algo caracteriza la educación pública madrileña es la baja inversión, la alta presencia del sector privado y una fuerte segregación escolar. Todo ello ha reducido el peso de la red pública. Y, claro, cargarse la educación pública tiene consecuencias, porque se empieza privatizando y recortando en educación y se acaba en la cola de la calidad.
Es un escándalo que Madrid, siendo la región con mayor PIB, sea la que menos dedica a la educación. Los estudios dicen que el éxito escolar es directamente proporcional a la renta per cápita y a temas tan concretos como los metros cuadrados de librería que tiene una familia. Madrid rompe esta regla a pesar de su ventajosa posición social de salida: la comunidad autónoma más rica obtiene unos flojos resultados en las pruebas objetivas que permiten realizar comparaciones. Los datos demuestran que la derecha desprecia la educación, además de utilizarla para confrontar con el Gobierno central y generar conflicto como hace con su cruzada anti LOMLOE. Veamos.
1. Los resultados de la selectividad (Evau) de 2021 no pueden ser más mediocres. La Comunidad de Madrid ocupa la antepenúltima posición en notas medias, habiendo retrocedido del puesto número 8 al 15. Con la misma Evau de siempre que examina a los alumnos de un currículo de contenidos mínimos y comunes (60%) y una parte que depende de la comunidad autónoma (40%), sin que pueda haber grandes diferencias entre ellas. Y no se puede sostener que el nivel de exigencia sea mayor en Madrid. Los datos lo desmienten porque una cosa es la propaganda política y otra los frutos de la realidad.
2. Los resultados del último informe PISA anterior a la pandemia encendieron todas las luces rojas. Los datos de 2018 fueron muy malos para Madrid, que retrocedió en los tres exámenes respecto a 2015: Ciencias (-29 puntos), Matemáticas (-17 puntos) y Lengua o comprensión lectora (-46 puntos), bajando de la parte alta de la tabla a la media baja. Estos resultados revelan un retroceso en la equidad en Madrid, algo que ha ido empeorando de forma continua.
Lo que sucede no es extraño. La experiencia sueca refleja lo mismo. Se ha privatizado el sistema educativo desde 1991 con dinero público a través de un sistema de cheques escolares que allí se llaman vales de “libre elección”. Ello ha hecho caer en picado los resultados en PISA, aumentar las diferencias en conocimientos entre escuelas y aumentar la segregación escolar. Andreas Schleicher (OCDE) dice que se ha pasado de “mirar a Suecia como patrón de oro de la educación” a un “sistema que parece haber perdido su alma”.
La pregunta es ¿por qué siendo Madrid la comunidad más rica de España obtiene resultados tan grises? La explicación es un cóctel explosivo: mísera inversión y la alta segregación producida por el gran peso de la red concertada, el distrito único y el modelo bilingüe. El PP y Ayuso lo tienen claro: subordinan la educación al negocio y venden colegios a fondos de inversión. No hay más que ver el movimiento de los especuladores educativos y el gran número de cambios de titularidad (más de cien) en la última década.
En cuanto a la inversión educativa, Madrid gasta un 2,2% de su PIB frente al 4.2% de media en España y al 7% de países europeos punteros como Finlandia. Es un hecho incontestable, se mida como se mida. Si vemos el gasto educativo en 2021 por habitante sería de 759 euros/año, frente a 1.076 euros de media de España. Y si lo comparamos en gasto por alumno, son 4.727 euros/año frente a una media en España de 5.779 euros o de 9.298 euros en el País Vasco. Que Madrid esté a la cola en inversión educativa demuestra lo poco que le importa la educación al gobierno regional.
La segregación educativa es brutal y una estrategia deliberada que se traduce en desigualdad social. Estudios solventes así lo indican. ESADE y Save The Children señalan que la segregación en la Comunidad de Madrid “ha crecido de forma muy notable y es hoy una de las regiones con mayor segregación en toda la OCDE”. Es una segregación múltiple, pero especialmente socioeconómica. La investigación de F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido de la Universidad Autónoma de Madrid concluye que la Comunidad de Madrid es la segunda región de Europa con mayor segregación socioeconómica en Secundaria. Un solo dato sobre el desequilibrio de atención al alumnado con necesidades de apoyo escolar: las escuelas públicas escolarizan a tres de cada cuatro alumnos inmigrantes.
La segregación siempre es social y obedece a un modelo clasista, aunque Ayuso niegue la existencia de clases. Para evitar la mezcla social se selecciona el alumnado y se disfraza de un cínico discurso sobre la meritocracia para defender y perpetuar los privilegios de las élites. Se financian con dinero público colegios de ricos donde solo van los hijos de los ricos, se roban recursos destinados a la equidad y se culpabiliza a los que fracasan. Todo docente sabe cómo condicionan el contexto y origen social los resultados académicos. No hay igualdad de oportunidades si la educación no es un derecho sino un servicio que compra el que puede.
Dicen los expertos que si se rompe el principio de heterogeneidad del alumnado se reduce la calidad educativa en términos globales. Aunque en términos globales son bastantes parecidas las notas medias de las dos redes, tienen más mérito y valor las de la pública porque no selecciona al alumnado por nivel socio económico y porque asume a la gran mayoría que tiene necesidades educativas especiales. Por último, hay una pista sobre la calidad educativa: la nota más brillante en las Evau es siempre de alumnado de la educación pública.
Todos estos datos son una bofetada a la propaganda del Gobierno de Madrid. ¿Hasta cuándo van a seguir negando los datos y ocultando el desprecio por la educación por incompetencia e intereses? ¿Por qué en vez de abordar estos problemas Ayuso propone censurar libros de texto? Son intentos inútiles y sin recorrido a problemas inventados. La principal consecuencia de cargarse la educación pública es un modelo educativo mediocre que no nos merecemos los madrileños y que hipoteca nuestro futuro como sociedad. La alternativa es muy clara: triplicar la inversión, fortalecer la educación pública y aumentar la equidad.
El presidente de la Sala Segunda considera que Acodap, detrás de la que sitúa al exjuez Presencia, está «al servicio de una estrategia generadora de información falsa»
Manuel Marchena, en una entrega de premios el pasado 15 de noviembre. / JAVIER LÓPEZ (EFE)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, remitirá a fiscalía la denuncia del presidente de su Sala Segunda, Manuel Marchena, contra determinadas imputaciones, como que magistrados del alto tribunal disponen de dinero en paraísos fiscales, que realiza contra ellos la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), detrás de la que está Fernando Presencia, que fue expulsado de la carrera judicial por dos delitos de prevaricación judicial, al beneficiar a amigos en su labor jurisdiccional.
Marchena expresa la preocupación de los magistrados afectados, entre los que está el propio Lesmes, por ciertas informaciones e intentos de cambiar su biografías en wikipedia. La misiva sostiene que dicho colectivo «podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pueda ser utilizada para denigrar a personas o instituciones que por una razón u otra se oponen a los designios de su promotor». De ahí que considere que el nacimiento de la organización se concibiera «con el exclusivo objeto de ponerse al servicio del delito».
A través de su web y el enlace de Youtube a través del que difunde informaciones falsas sobre los magistrados, explica la misiva, se recogen donativos a través de un número de cuenta de la asociación, por lo que «todo apunta que Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados de esta Sala«.
En medio del aumento de sanciones de EE.UU., Rusia y China fortalecen aún más sus lazos comerciales inaugurando un puente transfronterizo de 1080 metros de longitud.
El primer puente de carretera entre Rusia y China, que costó 19 000 millones de rublos (342 millones de dólares), sobre el río Amur, quedó oficialmente inaugurado el viernes por autoridades de ambas naciones.
La obra de ingeniería civil contó con la participación de trabajadores los dos países, quienes construyeron 540 metros cada uno, sumando 1080 metros de longitud. Este puente enlaza a la ciudad rusa de Blagovéschensk con la china de Heihe.
Por su parte, el ministro ruso de Transporte, Vitali Savéliev, aseguró que el nuevo enlace entre las referidas ciudades incrementará anualmente las relaciones comerciales entre Rusia y China, reducirá costos de transporte a las empresas, disminuirá más de tres veces las rutas de exportación e importación, entre otros beneficios.
De igual modo, el viceprimer ministro chino Hu Chunhua manifestó que su país está listo para trabajar con Rusia para impulsar continuamente la cooperación en conectividad, y proporcionar despachos aduaneros y servicios logísticos mejores y más convenientes para los intercambios comerciales y de personal.
La construcción del puente inició desde 2016 y se completó en mayo de 2020, pero su apertura se pospuso debido a las restricciones transfronterizas de la pandemia derivada del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. Se estima que por este transitarán diariamente más de 600 camiones, 164 autobuses y 68 vehículos ligeros.
