Según Naciones Unidas, en la actualidad hay 13.080 armas nucleares en el mundo, el 90% en manos de Estados Unidos y Rusia. Todo esto en un momento en el que Putin ha puesto en alerta su fuerza nuclear y Biden ha especulado con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Como para estar tranquilos.
De la posibilidad de una conflagración nuclear en forma de tercera guerra mundial trata La Base de Público. Con seriedad y con rigor, pero sin caer en el alarmismo, Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levi, analizan un tema que preocupa y mucho.
En nuestra mesa de debate contamos con Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación los Comunes y con Azahara Palomeque, periodista y doctora por Princeton.
Y como punto final, ‘Tendencia Krítica’ con Gema MJ y un repaso a lo que dicen las redes sobre esta escalada nuclear.
José Luis Ulibarri ha sido condenado por fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública.
El empresario José Luis Ulibarri en una imagen de archivo. —José Oliva/EUROPA PRESS
El empresario leonés, José Luis Ulibarri, ha sido condenado a 18 meses de prisión por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama Gürtel. El empresario es uno de los responsables de la televisión privada de Castilla y León, que recibe anualmente subvenciones millonarias de la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco.
Ulibarri ha sido condenado por los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Su condena se ha visto reducida de los siete años solicitados por la «atenuante analógica de confesión en juicio». Concretamente, Ulibarri es condenado como «autor responsable o como inductor o colaborador necesario con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión como muy cualificada y reparación de daño».
José Luis Ulibarri, en el momento de los hechos, figuraba como propietario del Diario de León y como uno de los dos dueños de la Televisión de Castilla y León. El ente privado recibió en 2021 una subvención de 20 millones de euros de la Junta, presidida por Mañueco, según recoge el consejo de Gobierno del 29 de abril de ese mismo año. Cabe recordar que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas sin televisión pública y, por tanto, la opción privada se lleva gran parte de las ayudas de la Junta.
Además de la pena de prisión, que por el momento se desconoce si cumplirá, Ulibarri tendrá que pagar multas asociadas por encima de los 700.000 euros por los delitos cometidos. El auto del juicio añade que por el delito de prevaricación la pena es de «tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público».
Se incluye la condena por «un delito de fraude a las administraciones públicas a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de dos años y seis meses».
También es condenado por un «delito continuado de falsedad documental en documento mercantil a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros«.
Igualmente recibió una condena por un delito contra la Hacienda Pública «a las penas de tres meses de prisión con inhabilitación especial» con una suma de «40.000 euros de multa», más otra condena de otros tres meses por el delito de tráfico de influencias.
El empresario también estuvo imputado por los casos Púnica y Enredadera, llegando a estar en prisión provisional durante tres meses por el segundo. Esta condena no le permitiría recibir subvenciones públicas, por lo que la financiación de su cadena de radiotelevisión se vería afectada. Por esta situación, en noviembre de 2021, Ulibarri traspasó los poderes a su hija, Adriana Ulibarri, y se desligó tanto del Órgano de Administración como de su participación como accionista.
El partido deberá pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de las actuaciones de la trama corrupta en Boadilla del Monte (Madrid). Con esta son tres las condenas para el PP por sufragar eventos de las campañas electorales con dinero de mordidas de la red de Francisco Correa.
Sede del Partido Popular en la calle Génova,
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena en su sentencia por la pieza ‘Boadilla’ de la causa Gürtel a los 24 acusados que se sentaron en el banquillo hace unos meses acusados de participar y de beneficiarse de la trama corrupta que el grupo de Francisco Correa había establecido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada por el PP. El partido ha sido condenado como partícipe a título lucrativo.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, indica que el Partido Popular y el ‘grupo Correa’ actuaron en una «dinámica de beneficio mutuo», que supuso la administración del Ayuntamiento de Boadilla por parte del entramado criminal y la «financiación irregular» del PP a través de «fondos ilícitos».
La Audiencia Nacional condena al PP a pagar 204.198,64 euros y a penas de cárcel de 36 años y 11 meses para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; y de 13,5 años para Francisco Correa y Pablo Crespo.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han desestimado de forma unánime los argumentos presentados por la defensa del Partido Popular en lo referido a la trama Gürtel, condenando a la formación como partícipe a título lucrativo de la actuaciones de la trama en Boadilla del Monte e instándole a pagar la cantidad de 204.198,64 euros; dinero procedente del ‘grupo Correa’, obtenido de mordidas por el amaño de contratos públicos en la localidad durante las precampañas y campañas municipales entre 2003 y 2007.
Con esta serían tres las condenas para el PP en todo lo que concierne a esta trama, en concreto por haberse lucrado de la misma, así como por su caja b. El tribunal, en su escrito, apunta a que existe un «acervo probatorio sólido» de que el PP consiguió un «beneficio evidente» con la trama.
La sentencia parte de la dinámica descrita en la sentencia de la pieza Gürtel-Época primera, confirmada en su mayor parte por el Tribunal Supremo, sobre la actividad desarrollada por Correa y su grupo de empresas para el enriquecimiento personal y de sus miembros a costa de las administraciones
públicas gobernadas por el PP. Declara probado que esto se produjo en el municipio de Boadilla del Monte a partir del 2001 y hasta el 2009 cuando era su alcalde Arturo González Panero.
Los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y Dolores Hernández (Ponente) indican que el lucro se obtenía mediante la adjudicación de obras o de contrataciones directas a las empresas de Correa y otras seleccionadas por este a cambio del pago de una comisión, con la que iba realizando pagos a los cargos públicos responsables dentro del Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda. Una parte de las comisiones iba destinaba al pago de facturas para actos, eventos y gastos del Partido Popular.
Se condena todos los acusados que reconocieron los hechos, Francisco Correa,
Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Cesar Tomas Martín Morales, Alfonso Bosch, Alfonso García-Pozuelo, Jose Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Antonio de Miguel Reyes, Ramón
Blanco Balín, Felisa Isabel Jordán, Javier Nombela Olmo, Luis de Miguel y Javier del Valle.
A todos ellos se les imponen las penas solicitadas por el Ministerio Público, acogiendo la atenuante analógica de confesión en juicio, con el carácter muy cualificado, «en reconocimiento no solo a la utilidad y suficiencia de la información facilitada, sino también en el caso de Correa y Crespo debido al cambio de actitud observada en relación a la reparación de la responsabilidad civil por haber cooperado en la repatriación del dinero de sus cuentas en Suiza», consta en la sentencia.
A Arturo González Panero, quien fuera alcalde de Boadilla del Monte cuando se produjeron los hechos, la Audiencia Nacional le condena por un total de 18 delitos, entre ellos, por asociación ilícita, delito continuado de cohecho pasivo, de prevaricación continuada, fraude a las administraciones públicas, delito continuado de malversación, delito de trafico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Son 36 años de prisión y multas de más de seis millones de euros los que recaen sobre González Panero, que en el juicio recibió la reprimenda de la Fiscalía por no haber colaborado.
A la acusada Alicia Vallejo López se la condena por «su contribución al ocultamiento de los fondos de Arturo González Panero como cooperadora necesaria de un delito de blanqueo de capitales».
Se condena también al resto de los acusados que negaban su participación en los hechos, salvo a Francisco Pastor de Luz. A los funcionarios Juan Jesús Siguero y Juan Carlos Rey Rico se les condena por la manipulación de las adjudicaciones.
De acuerdo a Podemos, «nada justificaría que no se defienda con convicción el derecho del pueblo saharaui a determinarse libremente frente a las pretensiones colonialistas de Mohamed VI».. | Foto: EFE
El presidente Pedro Sánchez viaja a Marruecos a sellar el acuerdo con el rey Mohamed VI sobre el conflicto saharaui.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español, del presidente Pedro Sánchez, se quedó solo este jueves en una votación en el Congreso local, la cual criticaba el giro del Gobierno en relación con la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, luego de un acuerdo entre España y Marruecos al respecto.
La votación antecede a la visita que realiza desde este jueves el presidente Sánchez a Marruecos, por invitación del rey Mohamed VI, en la cual se prevé que aborden los términos del acuerdo anunciado en una carta enviada el mes anterior por el Gobierno español a la monarquía marroquí, la cual perjudica el acceso a la independencia del pueblo del Sahara Occidental.
La proposición ha salido adelante con 168 votos a favor, los otros partidos socios del Gobierno, además del opositor Partido Popular, 118 en contra, los del PSOE, y 61 abstenciones.
El PSOE se quejó del discurso de su socio Podemos durante el debate de la iniciativa, luego de que un diputado de Podemos cuestionara al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante su intervención y comparase la situación del Sahara con la de Ucrania.
Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Podemos, Gerardo Pisarello, comentó que el pasado martes el Congreso reconoció en un acto el derecho del pueblo ucraniano a «existir», por lo cual «nada justificaría que no se defienda con la misma convicción el derecho del pueblo saharaui a determinarse libremente frente a las pretensiones colonialistas de Mohamed VI».
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el rey marroquí Mohamed VI protagonizan este jueves en Rabat una reunión que simbolizará el cierre definitivo de la crisis diplomática entre España y Marruecos y la apertura de una nueva etapa en la relación bilateral.
Sánchez viajará a la capital marroquí invitado por el monarca alauí, quien ha querido que el jefe del Ejecutivo le acompañe en el «iftar» de esta jornada, el momento en el que se rompe el ayuno con motivo del mes sagrado del Ramadán.
Se pretende superar así la crisis iniciada hace un año con el enfado de Marruecos por el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali.
De acuerdo a las autoridades de Donetsk, el ataque ocurrió durante la evacuación de la población civil de la localidad. | Foto: @olehbatkovych
La Defensa de la República Popular de Donetsk denunció que militares ucranianos realizaron el ataque contra la estación de trenes de Kramatorsk.
Un ataque con misiles perpetrado este viernes contra la estación de trenes de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, dejó al menos 35 muertos y 100 heridos.
La Defensa Territorial de la República Popular de Donetsk denunció que militares ucranianos realizaron un ataque con misiles Tochka-U cerca de una estación de trenes de Kramatorsk.
De acuerdo al comunicado de las autoridades de Donetsk, el ataque ocurrió durante la evacuación de la población civil de la localidad.
Testigos del hecho difundieron imágenes en redes sociales mostrando varios automóviles carbonizados y los restos de un presunto misil.
El lugar del ataque estaba sembrado de maletas abandonadas, vidrios rotos y escombros, mientras que el interior de la estación se mostraba cubierto de sangre.
Por su parte las autoridades de Kiev señalan que se trató de un ataque deliberado ruso contra una infraestructura civil.
La Asamblea General de la ONU votó a favor de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. | Foto: Gettyimages.ru
Para China la suspensión de Rusia agravará la división entre los miembros de la ONU y tendrá un fuerte impacto en el sistema de gobernanza de la organización.
China llamó este viernes a no politizar la temática de los derechos humanos y tampoco usarla como herramienta de lucha, tras la suspensión de Rusia del Consejo de DD.HH. de la ONU.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian,indicó que su país se opone a politizar e instrumentalizar las cuestiones de derechos humanos y a las prácticas de confrontación en casos de DD.HH.
Zhao Lijian también comentó que Beijing condena y rechaza el uso de los DD.HH. para presionar a otros países.
Beijing señaló que la resolución de la Asamblea General de la ONU privará a Rusia de su pertenencia al Consejo de Derechos Humanos y que asuntos tan importantes deben ser tratados con precaución, basándose en los hechos y la verdad, y manejándose con calma, objetividad y racionalidad.
Asimismo, el Gobierno chino insistió en que el proceso de redacción de las resoluciones contra Moscú «no fue abierto ni transparente, ni se celebraron consultas con todos los Estados miembros, como es habitual, ni se escucharon ampliamente las opiniones».
Para China la decisión tomada por la Asamblea General de la ONU solo agravará la división entre los Estados miembros, e intensificará aún más la confrontación y tendrá un mayor impacto en el sistema de gobernanza de la ONU con serias consecuencias.
La Asamblea General de la ONU votó a favor de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, luego de la campaña contra Moscú por su operación militar especial para proteger a la población del Donbás, desmilitarizar y desnazificar a Ucrania.
La suspensión fue aprobada con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, quórum mucho menor al que necesitó Rusia para acceder al organismo, en 2020, con 170 votos, sobre un total de 198 miembros.
La decisión se adoptó en una resolución en la que la Asamblea General expresó lo que llamó «su grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania».
En marzo de 2011, este órgano decidió suspender la membresía de Libia en el Consejo de DD.HH. bajo la acusación de haber cometido violaciones graves y sistemáticas a esos derechos. Fue el preámbulo de la invasión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a ese país africano.
«Seremos unos fascistas, pero sabemos gobernar…», decía allá por mayo de 2021 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. «Se acaba toda esa era de hacer lo que uno quiere, de esos gobiernos absolutistas porque tienen partidos que les fiscalizan y que les miran con lupa en todo lo que hacen», aseguraba la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en 2019.
Pues bien, esta semana hemos conocido que en la peor etapa de la pandemia, los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón estafaron, según la Fiscalía Anticorrupción, al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario defectuoso por 10,8 millones de euros. Un caso perfecto para que los tuiteros lo analicen con su habitual y celebrada ironía.
Un ferrari, un Lamborghini, un yate, un rolex, un casoplón en Pozuelo y tu abuela muerta, el Madrid de Ayuso y Almeida.
China llamó a la comunidad internacional a evaluar los documentos presentados por Rusia de manera imparcial. | Foto: news.cgtn.com
China resaltó que cualquier registro de acciones biológicas militares debe generar una mayor atención por parte de la comunidad internacional
China resaltó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) la preocupación mundial que generaron los datos revelados por la Federación Rusa sobre los laboratorios biológicos de Estados Unidos (EE.UU.) en Ucrania y otros países.
“La pandemia de la Covid-19 nos recuerda la importancia crítica de la paz y la seguridad internacionales, la bioseguridad que no conoce fronteras», resaltó el representante permanente adjunto de China ante la ONU, Dai Bing en el marco de una reunión informal convocada por Rusia.
Asimismo, resaltó que cualquier registro de acciones biológicas militares debe generar una mayor atención por parte de la comunidad internacional, para evitar daños que pudieran ser irreversibles.
«China da la bienvenida a la comunidad internacional para que evalúe los documentos descubiertos dentro de los marcos apropiados, incluidas la Convención sobre Armas Biológicas y la ONU, y escuche las aclaraciones del país pertinente de manera justa e imparcial”, dijo el funcionario chino.
Al mismo tiempo Dai Bing apuntó que Estados Unidos debe asumir las responsabilidades que le toquen y ofrecer todas las aclaraciones sobre sus actividades biológicas para acabar con las dudas a nivel mundial.
Ante la ausencia de los representantes de Estados Unidos y Reino Unido a la cita, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianski aseveró que esto era una prueba del problema pues tienen algo que ocultar y no quieren responder a los cuestionamientos que se les hace.
