A pesar de ocho años de denuncias de fraude electoral, el deterioro de las condiciones de vida de los hondureños y el doloroso fenómeno de las caravanas migrantes, el punto de quiebre para Washington fue un juicio en Nueva York.

Del amor al odio pasaron ocho años. La imagen sonriente de Barack Obama cuando le estrechó la mano o los halagos que recibió de Donald Trump son apenas recuerdos para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien se entregó a las autoridades locales para su posible extradición a EE.UU. por cargos de narcotráfico.

Hernández vive ese trance semanas después de haberse quitado la banda presidencial de Honduras, un país que gobernó durante dos períodos consecutivos, a pesar de las denuncias de fraude electoral que fueron convenientemente minimizadas en su momento por Washington.

«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», se le escuchaba decir en un audio difundido la mañana del martes en sus redes sociales. En ese breve discurso, con una pantalla en negro, dijo que estaba dispuesto a acudir ante el juez que designe la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para llevar su caso.

Aunque el proceso apenas comienza, el punto actual no es una sorpresa para nadie. El ocaso de la relación con la Casa Blanca empezó hace al menos un par de años, cuando la etiqueta de «narcoestado» empezó a acompañar el nombre de Honduras en Washington, pero no por las recurrentes denuncias de la izquierda en ese país, sino por los testimonios de excapos ante una corte de Nueva York.

El político de la continuidad

La carrera a la presidencia de Juan Orlando Hernández –o JOH, como suelen decirle por el acrónimo de su nombre– empezó como líder del Congreso de Honduras durante el mandato de Porfirio Lobo (2010-2014), con quien compartía militancia en el conservador Partido Nacional de Honduras.

Ese período, marcado por las secuelas del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y el gobierno de facto de Roberto Micheletti, sumió a Honduras en el aislamiento internacional, ya que la mayoría de los países del hemisferio exigía la vuelta al poder del mandatario derrocado. Sin embargo, Lobo pudo seguir con las riendas del país por un apoyo clave que llegó directo de la Casa Blanca.

Cuatro años más tarde, el sucesor de Lobo en el cargo fue Hernández (2014-2018). Al conocerse su triunfo por parte del Tribunal Supremo Electoral, cuya validez fue puesta en duda por Xiomara Castro como candidata por el recién fundado partido Libre, EE.UU. lanzó un comunicado para darle un espaldarazo a la gestión del conservador.

«Elogiamos al Gobierno de Honduras por asegurar que el proceso electoral fuera generalmente transparente, pacífico, y que reflejó la voluntad del pueblo hondureño», dijo el entonces Secretario de Estado, John Kerry.

A la bendición del Departamento de Estado le siguieron las palmadas en el hombro de Barack Obama, quien elogió la capacidad de «diálogo» de Hernández y sus «logros» de Gobierno, como la firma de un acuerdo anticorrupción con la Organización de Estados Americanos (OEA); el incremento del presupuesto para la policía comunitaria; la «asistencia social para más de 450.000 familias» con programas estatales y el «control efectivo de gastos».

Las palabras de admiración mutua también eran de Hernández hacia el inquilino de la Casa Blanca por esa época. En 2016, por ejemplo, afirmó que Obama estaba «dejando un legado de una relación diferente entre Centroamérica y EE.UU.» y aseguró que su homólogo estadounidense había tomado ideas que él propuso en el Plan de la Alianza para la prosperidad, con el propósito de enviarlo al Congreso.

La permanencia de Hernández en el poder, en los hechos, era la garantía de ‘continuidad’ que hubo durante la gestión anterior, una cuestión que resultaba más que conveniente para Washington. De hecho, cables revelados por WikiLeaks confirmaron que Lobo consultaba casi todas sus decisiones con la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.

Entre las más polémicas, por ejemplo, estuvo el intento de Lobo de nombrar al general que perpetró el golpe de Estado contra Zelaya, Romeo Vásquez Velásquez, como ministro de Defensa. El representante norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, contuvo esa designación y le aconsejó al mandatario un movimiento distinto para no generar polémica ante la comunidad internacional. La dinámica habría sido la misma en otros asuntos de Estado.

Un hombre «fantástico»

A pesar de las promesas de Hernández de mejorar las condiciones de vida de los hondureños, lo cierto es que al cierre de su primer período, más del 65% del país vivía en la pobreza y los indicadores sociales eran cada día más alarmantes. Sin embargo, se presentó a su reelección.

En ese comicio, convocado el 26 de noviembre de 2017, Hernández enfrentó a Salvador Nasralla, quien se postuló en alianza con Xiomara Castro como designada presidencial. A pesar de que los conteos preliminares ponían a la dupla de izquierda a la cabeza, el escrutinio se detuvo y, solo cuando se retomó la transmisión, JOH aparecía como ganador.

Los indicios de fraude eran de tal magnitud que hasta la OEA desacreditó el proceso electoral y recomendó repetir la convocatoria a las urnas. Sin embargo, casi un mes después, ahora con Donald Trump en la Casa Blanca, EE.UU. volvió a la vieja jugada de reconocer a Hernández como mandatario electo, matizando el insólito respaldo con un llamado a revisar «las irregularidades» y a un «diálogo nacional sólido».

Hernández asumió su segundo mandato en 2018 y, en septiembre de ese mismo año se conformó la primera caravana de migrantes, integrada por más de 1.000 hondureños que emprendieron el viaje hacia EE.UU. con la esperanza de huir de la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en su propio país.

La situación se repitió en las naciones del llamado Triángulo Norte, lo que inauguró una etapa de presiones por parte de la Casa Blanca. En su política de retórica hostil, Trump amenazó con cortar la ayuda a esas naciones si no frenaban esas migraciones.

El resultado de esa política de coacción fue que Honduras, El Salvador y Guatemala firmaron el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), un pacto que le permitía a EE.UU. deportar a migrantes hacia esas naciones. En ese entonces, un pletórico Trump le dirigía estas palabras a Hernández: «Quiero felicitarte a ti y a tu país, y quiero decirte que has hecho un trabajo fantástico. Mi gente trabajando junto a ti también lo que nos pasa diciendo es cuánto amas a tu país».

La era de la sospecha

Más allá de las declaraciones públicas, el deterioro de la reputación del mandatario hondureño en Washington había empezado al menos dos años atrás por las acusaciones de un narcotraficante en contra de su hermano, Antonio ‘Tony’ Hernández, quien también era diputado.

En 2017, un capo del narcotráfico afirmó ante una corte de Nueva York que «Tony» Hernández le había prometido ayuda para cobrar una deuda al Gobierno con una empresa fachada. Ese señalamiento fue el primer hilo del que tiró la Justicia hasta que, el año pasado, un juez federal condenó a cadena perpetua por delitos narcotráfico al hermano del presidente hondureño, actualmente preso en territorio estadounidense.

Ese proceso judicial mermó a tal punto la credibilidad de Hernández que, todavía en la era de Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, junto a una comitiva bipartidista, se negó a asistir a una reunión con el presidente hondureño. El mandatario aseguró en reiteradas oportunidades que no tuvo nada que ver con las irregularidades perpetradas por su hermano, pero los señalamientos finalmente lo alcanzaron.

El año pasado, el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga –exlíder del cartel de ‘Los Cáchiros’– como testigo en un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York, apuntó directamente al presidente de Honduras como receptor de sobornos para evitar su captura y posterior extradición a EE.UU. Sus palabras fueron también respaldadas por el capo Geovanny Fuentes Ramírez, recientemente condenado a perpetua en EE.UU.

El tenor de las acusaciones creció a tal punto que, en septiembre de 2021, durante su comparecencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hernández aludió el tema y enarboló su defensa ante lo que tildó como «falsos testimonios«.

Con la llegada de Joe Biden, el panorama cambió poco. Inmediatamente, el presidente demócrata suspendió el ACA que, en la práctica, solo había sido aplicado por Trump en Guatemala. La señal más significativa de que no habría vuelta de tuerca ocurrió cuando la asistencia de la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro ni siquiera incluyó una foto con el mandatario saliente.

En el estadio donde ocurrió la investidura de Castro, un cántico se escuchó con contundencia desde las gradas y parecía dirigido a Harris: «¡Llévense a JOH, llévense a JOH!».

A principios de este mes, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que Washington no solo le retiraba el visado a Hernández –ya fuera del poder–, sino que emitía una prohibición de entrada a territorio estadounidense «debido a actos corruptos». «Nadie está por encima de la ley», escribió.

Una tacita de té

Pasada la época de los respaldos de los Gobiernos demócratas a la derecha en Honduras para boicotear el retorno de la izquierda, o la urgencia de Trump por mostrar resultados en materia migratoria con la coacción a Centroamérica, lo que queda ahora para Biden es concretar una acción contra un político que acaba de dejar el poder.

La contundente respuesta en las urnas en Honduras no solo demostró el apoyo Castro, sino que cerró el ciclo de conflicto político abierto desde 2009 con el golpe de Estado a Zelaya, que fue respaldado por Washington a pesar de sus declaraciones públicas.

Capturan al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras la petición de extradición a EE.UU. por narcotráfico

Pero lo cierto es que ni las recurrentes denuncias de fraude electoral, ni las pésimas condiciones de vida de los hondureños, ni mucho menos las causas estructurales de la violencia en ese país centroamericano durante los ocho años de Gobierno de Hernández promovieron un cambio en la mirada de Washington. El punto de inflexión fue la palabra de los excapos procesados en una corte de Nueva York.

Ahora, las autoridades judiciales estadounidenses acusan a Hernández de participar en una «conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras» desde varios países, «por rutas aéreas y marítimas».

«La conspiración transportó más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los EE.UU.», dice la acusación que señala que Hernández habría recibido «millones de dólares por sobornos y ganancias» de parte de múltiples organizaciones de narcotráfico en su país, México y otros lugares.

La tarde del martes, Hernández fue sacado de su casa con chaleco antibalas y esposado de manos y pies, para ser llevado a las oficinas de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. La imagen apocada difiere de aquel hombre que, hace unos años, le diagnosticó a Zelaya «nostalgia de poder» y le recetó «una tacita de té» al político para que pudiera lidiar con las secuelas de su derrocamiento.

El exmandatario escribió en su cuenta de Twitter que la investigación el tribunal de justicia internacional estableció que las protestas fueron causadas «por el afán de usurpar el poder por parte del gobierno de facto».

El expresidente boliviano Evo Morales calificó como «una victoria de la verdad sobre la falsedad» la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la demanda interpuesta en su contra por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, por supuestos crímenes de lesa humanidad durante las fuertes protestas sociales.

En una serie de tuit, Morales reaccionó a la decisión de la CPI y aseveró que el organismo de justicia internacional había «rechazado las acusaciones falsas de la derecha golpista». El exmandatario se refiere así a la denuncia de Áñez, que lo señalaba de haber cometido «delitos de lesa humanidad» por promover los bloqueos de carreteras que se prolongaron por 12 días en agosto de 2020 y que, supuestamente, impidieron a la población acceder a suministros y servicios médicos vitales en el contexto de la pandemia.

«No existe relación de causa y efecto entre los bloqueos de carreteras de agosto de 2020 y los fallecimientos de hermanas y hermanos por COVID-19. Se derrumba otra mentira (…) Al contrario de lo que falsamente se denunció, los dirigentes de los bloqueos dieron paso a tanques de oxígeno que necesitaba nuestro pueblo», escribió Morales sobre la investigación conclusiva elaborada por el fiscal Karim Khan.

Por otro lado, aseveró que «por defender a los más pobres, nacionalizar los recursos naturales y defender la soberanía de Bolivia» ha sido perseguido, acusado y difamado sin pruebas. «Pero la verdad siempre sale a la luz. Junto a nuestro pueblo, trabajamos y marchamos libres y dignos», afirmó.

La Corte Penal Internacional desestima demanda contra Evo Morales por supuestos crímenes de lesa humanidad

En 2020, casi un año después del golpe de Estado que depuso a Morales, la expresidenta de facto lo acusó ante La Haya de haber cometido «delitos de lesa humanidad» y de ser el responsable de la muerte de más de 40 personas que no pudieron acceder al oxígeno que necesitaban por el cerco de las ciudades durante las protestas a favor del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Áñez acusó a Morales de haber ordenado los bloqueos para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a fijar una fecha para las elecciones presidenciales, que habían sido postergadas tres veces desde el inicio de la pandemia.