Galpones abandonados, cientos de viviendas derruidas y fábricas cerradas se han convertido, desde hace años, en parte del paisaje habitual de la comarca gallega de A Mariña, de la provincia de Lugo, en el norte de España. Por eso, el posible cierre de otras dos fábricas en la zona ha movilizado a sus habitantes a una huelga general.

De acuerdo a los reportes de las centrales sindicales, el llamado a huelga del miércoles paralizó el 60 % del comercio en la región, que no solo se resiste a quedar reducida a un «desierto industrial» ante el posible cierre del complejo de Alcoa San Cibrao, y Vestas, en Viveiro, sino que clama medidas integrales que permitan evitar el declive económico de una región que sigue perdiendo habitantes con el pasar de los años.

«Las reivindicaciones que nos llevaron a la huelga son justas«, aseveró uno de los líderes de la huelga, Xorxe Caldeiro. Pero es que problema no se limita a la pérdida de empleos, sino al impacto que el cierre de esas plantas tendrá en el resto de la economía en la región, que ya sufre el embate de la despoblación. Si en el año 2000 había censadas más de 76.000 personas, dos décadas más tarde el número se ha reducido en más de 6.000. ¿Qué hay detrás de ese fenómeno?

Ni industrias, ni futuro

«Trabajo digno en nuestra tierra», «queremos trabajar y no emigrar» y «La Mariña está en lucha», fueron parte de las consignas que los trabajadores, sindicalistas y la población en general corearon durante la movilización pacífica, que se concentró una de las calles principales de Burela, a las orillas del Cantábrico, y congregó a unas 15.000 personas, de acuerdo a las estimaciones de la Policía y los convocantes.

Las razones principales de esa lucha son la falta de inversiones en infraestructura, la pérdida de servicios y de la sanidad pública, el ocaso de la industria y el relego de La Mariña en los presupuestos de la Xunta de Galicia. Deudas «históricas» que ponen el riesgo el futuro de una región que en los últimos 40 años se ha dedicado al aluminio, a las actividades primarias (como la pesca, la agricultura y la silvicultura) y, en menor medida, al turismo.

Ya el año pasado, los sindicatos advirtieron que el cierre de Alcoa sería el «golpe de gracia» para la comarca. Sin embargo, los responsables de la planta consideran que la misma es «inviable» a pesar de los precios máximos del aluminio, mientras se niegan a vender la empresa a un tercero y piden que el Gobierno la adquiera y se encargue del traspaso.

El Gobierno central, entretanto, se ha mostrado renuente a la idea de intervenir la planta a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la espera de un tercer inversionista, lo que mantiene en vilo a los trabajadores de Alcoa.

«Si la industria cierra, la infraestructura será menor, y entonces no vendrán alternativas industriales; entonces la gente emigrará y la población bajará, y entonces los servicios serán cada vez peores. Y esta región tendrá un peso político cero», explicó el sindicalista María José Novoa, de las Comisiones Obreras (CCOO).

A este posible cierre, se suma la venta de la multinacional danesa Vestas, cuyos dueños han anunciado que cerrarán sus puertas el 31 de diciembre si no logran el traspaso, poniendo en riesgo 115 puestos de trabajo. La empresa, dedicada a la producción de elementos para parques eólicos, prevé transformarse en un centro de servicios y formación, que se quedaría solo con 24 plazas de empleo.

Desierto industrial (y poblacional)

Esta no es la primera vez que unas industrias cierran en La Mariña. En los últimos 20 años, han desaparecido al menos 10 de la zona, entre las que se cuentan fábricas de ladrillos, conserveras, mueblerías, constructoras y madereras, que han hecho que se pierdan cientos de empleos.

Ese fenómeno, además, arrastra consigo el deterioro de los servicios públicos y sanitarios, lo que obliga a muchos de sus habitantes a emigrar a otras localidades o países, apuntalando aún más la despoblación. De hecho, los últimos datos oficiales revelan que cada vez hay menos gente en los 11 municipios más pequeños de la comarca y los fallecimientos superan a los nacimientos, lo que compromete el futuro de una población cada vez más envejecida.

Los migrantes, por su parte, tienden a concentrarse en los núcleos urbanos más grandes, a la caza de mayores oportunidades laborales. Pero el cierre de las fábricas puede significar que hasta ese incipiente flujo de personas a la zona se detenga.

En ese contexto, las promesas de reindustrialización han quedado tan paralizadas como las obras de infraestructura que prometían darle mejor conexión a la comarca, como la vía Transcantábrica, que se prometió hace 20 años y que, paradójicamente, no incluyó a seis de los ocho municipios que están bañados por ese mar.

Desde el año pasado, los trabajadores alertan del riesgo que representa que el único sector al que se destinen las inversiones del Estado sea el turístico, ya que solo genera ingresos para los habitantes de la región durante dos o tres meses al año en condiciones ‘normales’, un asunto que quedó severamente en entredicho durante la pandemia de covid-19.

La fragilidad y «estacionalidad» de este sector, por lo tanto, no es suficiente para generar suficiente riqueza en la zona como para que frene la despoblación y ofrezca oportunidades de subsistencia a sus habitantes.

Posiciones encontradas

A la marcha del miércoles asistieron políticos de todo el espectro político. Mientras la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, que «deje de buscar culpables y lidere una solución para la crisis industrial», el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, achacó la responsabilidad de la situación al Gobierno central.

«Alcoa se va de España porque no confía en la política energética del Ejecutivo de Pedro Sánchez», apunto Tellado. Entretanto, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, respaldó la movilización e instó a buscar «una solución ante el clamor de una comarca que pide garantías laborales e industriales».

El mes pasado, el Tribunal Supremo (TS) falló en contra de Alcoa y avaló la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que observó «mala fe» por parte de la compañía y anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa pretendía aplicar para poder despedir a 524 trabajadores directos de la planta de San Cibrao.

Así, las cubas de electrólisis se mantendrán encendidas a la espera de que se resuelva la situación. Los trabajadores, por su parte, se han declarado en huelga indefinida ante la inacción en la venta de la fábrica, que de momento solo produce material para refundir, ya que el aluminio primario no sale de las instalaciones.

Pero el futuro de las negociaciones es sombrío. En el contexto de la marcha en Burela, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, alertó sobre la «sumisión total» de la Xunta de Galicia y del Gobierno central ante Alcoa. Para los trabajadores, la solución pasa por la intervención estatal de la fábrica, una acción que ya ha sido descartada por el Ejecutivo, que ha aludido a una «pérdida de confianza» con la multinacional.

«En el caso de Alcoa, siempre ha estado en lo negativo, pese a que estamos de la mano Industria, la Xunta y el comité de empresa, pero lo único que se ha conseguido es la crispación de la sociedad gallega. Claramente no está haciendo nada por sumarse y ser parte de la solución, y es en esto en lo que está trabajando la Mesa Industrial. Lo que le pedimos a la empresa es que Alcoa abandone La Mariña, tiene que ser una realidad que venda», aseveró el pasado lunes la ministra ministra de Industria, Reyes Maroto.

Esa postura del Gobierno, según Zan, confirma el desamparo: «Da la sensación de que, si la empresa quiere, puede hacer con nosotros lo que le venga en gana».

No es solo la planta

La adhesión de los habitantes de la comarca al paro fue considerable, aunque no todos se sumaron por el futuro de las plantas sino para reclamar por la desinversión estructural en la zona.

«Es una industria que no tendría que estar ahí ni en ningún sitio, porque es muy contaminante», comenta María Rodríguez, una habitante de la villa de Lourenzá. Para ella, más que la presencia de Alcoa o Vestas, lo que requiere la región es mayor inversión para el desarrollo del ámbito rural y el pequeño y mediano comercio, así como el mantenimiento de la sanidad pública, que en los últimos años ha experimentado severos recortes.

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«Es que Alcoa siempre ha sido un coto aparte. Es cierto que mueve mucho dinero, pero su impacto es muy puntual. La cuestión es que acá salimos a protestar cuando nos tocan el bolsillo, pero ni nos inmutamos cuando afectan los servicios públicos, que son responsabilidad de todos. En la marcha por la sanidad, éramos cuatro gatos», se queja María. «El tema es que funcione todo, no solo una fábrica».

Raquel López, una de las hosteleras de la zona que se sumó al paro, también deja claro que su adhesión a la huelga tuvo que ver con algo que va más allá de la presencia de las plantas. «Es que si quieres hacer un trámite en el juzgado tienes que ir a Viveiro; muchas especialidades médicas ya no las atienden en el hospital de Burela, sino que te mandan a Lugo, y si cada vez nos quitan más servicios, menos gente va a querer quedarse aquí».

Aunque Rodríguez considera que el turismo puede ser una alternativa para el desarrollo sustentable de la región, López lo ve inviable. «Yo vivo en Ribadeo y cuando se va a el verano, no queda nadie. No puede ser que dependamos de una temporada cuando los negocios deberían ser rentables todo el año».