Desde la cancillería iraní recordaron que Washington ya no es miembro de este pacto, por lo que «no puede exigir nada a otros miembros en virtud del acuerdo».
Manifestante ondea la bandera de Irán frente a un edificio gubernamental en Los Ángeles, EE.UU. 14 de junio de 2009.Jae C. Hong / AP
Las autoridades de Irán estiman que EE.UU. podría reintegrarse al acuerdo nuclear internacional solo si Washington levanta las sanciones económicas impuestas a Teherán, asume la culpa de haber desmoronado el pacto y garantiza que no volverá a salirse unilateralmente como hizo en 2018.
«Estados Unidos debe tener en cuenta que no es miembro del Plan Integral de Acción Conjunta [el nombre oficial del pacto nuclear, JCPOA por sus siglas en inglés] y no puede exigir nada a otros miembros en virtud del acuerdo», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Said Jatibzadé.
«El camino de EE.UU. para volver al JCPOA está claro: debe asumir su culpa (…), levantar las sanciones de una vez y debe garantizar que ninguna nueva administración repita los pasos de Trump con la salida del acuerdo nuclear», subrayó el portavoz en una rueda de prensa transmitida este lunes por medios locales.
El Plan Integral fue firmado en 2015 por Irán y el sexteto de mediadores internacionales (EE.UU., Francia, Reino Unido, Rusia, China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania). Estipula el levantamiento de ciertas sanciones contra Teherán a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.
El pacto limita al 3,67 % la pureza fisionable a la que las plantas iraníes pueden refinar uranio. No obstante, Teherán comenzó a enriquecer este elemento radiactivo a niveles que superan dicho límite después de que la Administración Trump retirara a EE.UU. del acuerdo en 2018, imponiendo nuevamente sanciones contra el país persa.
Viena ha acogido desde 2020 varias rondas de negociaciones para reiniciar la implementación de ese acuerdo internacional y levantar parte de las sanciones estadounidenses. Según estimó el embajador Mijaíl Ulyánov, que representa a Rusia en estas conversaciones, el trabajo para restablecer el JCPOA estaba hecho al 90 % al cierre de la sexta ronda en junio pasado, pero aún quedaban ciertos «momentos políticos», relacionados con los compromisos de EE.UU. y la observación del pacto por sus futuras administraciones, recoge RIA Novosti.
El dispositivo apenas entró en funcionamiento el pasado 27 de octubre. El vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, ya adelantó que será reemplazado.
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
La madrugada del domingo 7 de noviembre de 2021 se registró una explosión en las instalaciones del radar que el Gobierno ecuatoriano instaló en octubre en el cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí, en la costa del país suramericano, que tiene como objetivo detectar vuelos irregulares, principalmente aeronaves utilizadas para el narcotráfico.
«De momento, no se podría descartar un posible atentado terrorista«, dijo el Ministerio de Defensa Nacional a través de un comunicado, en el que informó del suceso.
En el texto añadió que miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan las investigaciones pertinentes «a fin de recabar datos y esclarecer este suceso».
Posibles causas
La explosión se registró a las 03:00 de la mañana, aproximadamente. El estruendo se escuchó en varias comunas, barrios y ciudadelas del cantón Montecristi.
En primera instancia, Pablo Ramírez, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, confirmó que efectivamente se trató de una explosión en el radar y, en declaraciones al portal Infórmate Manabí, dijo que al parecer «se trató de una falla en la bomba de engranaje» del dispositivo.
Más tarde, el ministro de Defensa, Luis Hernández, ratificó que hubo un daño en el radar y estaban verificando lo sucedido. El funcionario, según La República, atribuyó lo ocurrido a un ataque con dinamita.
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
Mientras las autoridades aún investigan para determinar lo que causó la explosión, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, ya adelantó que el dispositivo afectado será reemplazado.
«El Gobierno reemplazará prontamente el radar y esperamos que esté en funcionamiento lo más pronto posible», dijo Jijón.
11 días de funcionamiento
El radar entró en funcionamiento apenas el pasado 27 de octubre, con el propósito de controlar el tráfico aéreo ilegal en Manabí y parte de la provincia vecina de Santa Elena.
«A partir de hoy, ya está en funcionamiento el radar en el cerro de Montecristi, en Manabí. Felicito a todos quienes han hecho posible que en tiempo récord volvamos a tener control de la provincia», escribió entonces el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en su cuenta en Twitter, al tiempo que señaló que con la instalación de este dispositivo «terminó la historia de entregarle a los narcotraficantes el territorio ecuatoriano».
De acuerdo con el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Giovanny Espinel, el radar tiene un alcance de detección de más de 220 millas (354 kilómetros).
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
Un día después de entrar en funcionamiento, Espinel acudió al cerro de Montecristi, con el acompañamiento de los medios de comunicación del país, para verificar el funcionamiento del radar.
Previo a la entrada en funcionamiento del radar, a principios de septiembre, la FAE informó que en varios cantones de Manabí fueron descubiertos unos 40 terrenos con características para el aterrizaje de avionetas, que podrían ser usadas como pistas clandestinas para el narcotráfico.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones.
Agentes de policía montan guardia mientras los manifestantes contra Luis Arce sostiene una bandera. 11 de octubre de 2021Claudia Morales / Reuters
Líderes de la oposición boliviana convocaron a un paro nacional para este lunes, en una nueva protesta para exigir la derogación de la Ley sobre la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Patronales del sector transporte, comercio y salud, convocados por los grupos de derecha que se oponen al Gobierno de Luis Arce, han llamado a la paralización de las actividades en todo el país para que se abrogue la también llamada «ley madre». Según el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, si el Ejecutivo no deroga la norma, irán a un paro indefinido.
El Gobierno, por su parte, ha recriminado a los convocantes que no objetaran la ley mientras estaba en discusión, sino que ahora promuevan estas acciones, justo cuando Arce cumple un año de gestión. Asimismo, alertan que la paralización de las actividades económicas podría provocar la pérdida de 112 millones de dólares al día.
¿Por qué están contra la ley?
En agosto de este año, el Parlamento de Bolivia aprobó la polémica norma, conocida como la Ley 1386, que entre otros puntos establece que la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo «podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo», previa consideración y aprobación del consejo que rige la materia.
Esa disposición, establecida en el artículo 7 de la ley, ha sido una de las más cuestionadas por las gremiales, porque consideran le otorga atribuciones discrecionales al Ejecutivo para modificar la norma, sin contar con la validación del Congreso.
Manifestación en defensa de Luis Arce y la bandera wiphala tras el llamado de la oposición, Santa Cruz, 12 de octubre de 2021Lesly Moyano / Reuters
Para los convocantes del paro, la normativa es «copiada» de países como Venezuela, por lo que supuestamente traería «miseria y mendicidad» a Bolivia, como dijo en octubre pasado el presidente del conservador Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.
Como es costumbre, la derecha boliviana alega que las decisiones políticas de Arce están de alguna manera influenciadas por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el enemigo predilecto de los sectores conservadores del país andino.
En esa línea, el diputado opositor del partido Creemos, Erwin Bazán, aseveró la semana pasada que el objetivo del Ejecutivo es «pulverizar la economía privada» y llevar a Bolivia hacia «una ‘venezolanización’ de la economía, hacia una ‘cubanización’ del país».
¿Quiénes están detrás del paro?
Desde el Gobierno de Arce han señalado que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, estaría detrás de la convocatoria al paro nacional indefinido.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Edgar Montaño, apuntó que el Comité Cívico junto con otras organizaciones «que tomaron por la fuerza el poder» en 2019, habrían puesto como excusa la reciente tramitación de la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, para convocar a estas movilizaciones.
Luis Fernando Camacho, entonces líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, durante el golpe de Estado a Evo Morales, La Paz, 10 de noviembre de 2019Carlos Garcia Rawlins / Reuters
«Quiero advertir al Comité Cívico y a sus sectores golpistas que, por cada día de paro, Bolivia pierde 122 millones de dólares y solo el departamento de Santa Cruz, 32 millones de dólares», señaló Montaño el pasado jueves en conferencia de prensa.
A la par del rechazo a la Ley 1386, la Federación de Profesionales de Santa Cruz expresó su molestia por la tramitación de la Ley 342 y el PDES, porque supuestamente le quitaría a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades las facultades de planificación, financiamiento y ejecución de sus planes.
Esto último fue negado por el Ministerio de Obras Públicas. El titular de la cartera recordó que la Constitución boliviana establece que el Estado define la política económica y la planificación nacional, por lo que «no se está violando absolutamente nada».
El Gobierno de Arce ha alertado que la intención verdadera del paro, por parte de grupos de extrema derecha, es desestabilizar al país andino.
«Lo que están buscando es dividir y debilitar a nuestras organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas», dijo el vicepresidente David Choquehuanca.
Por su parte, la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, recalcó que el paro afectará a las personas que, de manera cotidiana, se ganan «el pan de cada día».
«Nuevamente la extrema derecha antipatria busca perjudicar con un paro a nuestra querida Bolivia«, escribió Evo Morales en un mensaje publicado el viernes en su cuenta de Twitter.
«No reconocen el esfuerzo del hermano presidente Luis Arce, que junto al pueblo trabajador, se esmera cada día para recuperar y fortalecer la economía. El paro destruye el empleo», agregó el mandatario.
¿Dónde se darán las movilizaciones?
El miércoles 3 de octubre, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció un paro indefinido con alcance nacional, un llamado que fue rápidamente desmentido en los días siguientes.
«No es cierto», aclaró el representante del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, sobre la convocatoria. Además, el vocero criticó que en lugar de reivindicar las necesidades y los proyectos de desarrollo económico de los departamentos, los comités convirtieron todo en «política».
«Este paro perjudica en la salud —por la pandemia del covid-19— y en la reactivación económica del país. Se está manejando políticamente para que el país no avance«, dijo Pérez.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones contra el Gobierno de Arce. Se trata de un territorio con fuerte influencia del Comité Cívico.
El papel del Comité Cívico
Camacho fue presidente del Comité Cívico y uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Morales, además de una de las figuras que respaldó la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez.
Apenas un mes después del golpe, Camacho apareció en un video publicado en redes sociales, en donde admitía abiertamente que su padre había llegado a a un acuerdo con el Ejército y con la Policía para que se sumaran a su estrategia golpista contra Morales.
A raíz de la violencia en las calles y tras la presión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, y se exilió en México para salvar su vida.
Es en este contexto que los ministros del Gobierno de Arce se refieren a los intentos de desestabilización por parte del Comité Cívico y otras organizaciones. Durante el anuncio del paro indefinido, el propio presidente de esta organización civil de derecha, Calvo, declaró en conferencia de prensa: «Este puede ser nuestro último ‘round’ de los bolivianos«.
Se trata de seis octogenarios que un abogado de Madrid habría utilizado para blanquear fondos de una red de narcotráfico que llegó a mover hasta 4.000 kilos de cocaína.
Coches de lujo, embarcaciones valoradas en más de medio millón de euros, propiedades y empresas, son algunas de las posesiones con las que contarían las seis personas mayores implicadas, pero que curiosamente tienen pocos recursos.
Precisamente, de esa falta de recursos se aprovecharía el abogado Juan Ramón García Crespo que los utilizaba como sus testaferros para blanquear fondos de la mayor red de narcotráfico desmantelada en la Comunidad Valenciana y cuyo cabecilla sería Juan Andrés Cabeza, según publica el diario El País. Importaban cocaína de Sudamérica y la introducían en Europa.
Al fijarse en el perfil de los seis mayores implicados, uno de ellos ya fallecido, las cuentas no cuadran. Los octogenarios no tenían recursos, alguno de ellos incluso reside en una vivienda tutelada del Ayuntamiento de Madrid desde 2018 y recibe una ayuda social de 286 euros al mes. Sin embargo, maneja 44 cuentas bancarias y su nombre aparece en 25 empresas. Otro de ellos ingresa menos de 8.100 euros al año de pensión, pero en el año 2017 controlaba 264 sociedades y 135 propiedades y está acusado de lavar 120.000 euros.
El ‘modus operandi’ era sencillo: el abogado pagaba a los mayores por firmar en la notaría, reconoce uno de los mayores implicados en la trama al diario El País. En total se habrían blanqueado más de dos millones de euros.
El abogado García Crespo fue arrestado en septiembre del 2019 en su vivienda de la conocida urbanización de La Moraleja de Madrid. Los agentes se encontraron con cuatro coches de lujo y 40.800 euros en efectivo. El informe policial concluyó que él era el «principal cerebro de las operaciones de blanqueo de la red criminal investigada».
Moscú reaccionará de forma adecuada a los intentos de Occidente de romper la paridad estratégica. Lo declaró el presidente, Vladímir Putin, en un contexto de las cada vez más intensas provocaciones, tanto de EEUU, como de sus socios de la OTAN, sobre todo en la frontera occidental de Rusia y en el mar Negro.
Contexto
Muchas son las provocaciones que lanzan a Rusia desde Occidente: las que realizan de forma particular países como EEUU o Reino Unido, o las que hacen en conjunto todo el resto de países que están bajo el paraguas de la OTAN, ya sea en países que limitan con Rusia en su frontera occidental, como Ucrania, en el mar Negro, o incluso en aguas del Lejano Oriente ruso, ya sea por tierra, mar o aire.
Sólo por mencionar dos hechos concretos, el 30 de octubre entró en las aguas del mar Negro el destructor estadounidense USS Porter, armado con misiles guiados. La Sexta Flota de EEUU informó sobre su participación en ejercicios conjuntos con aliados de la OTAN y socios de la región del mar Negro. Dos días más tarde, el 1 de noviembre, la misma Sexta Flota anunció el envío al mar Negro de su buque insignia: la nave de comando anfibio USS Mount Whitney, con idéntica finalidad al anterior.
En este contexto Putin ha vuelto a ubicar en su lugar a líderes de países y organismos occidentales. Al indicar que varios países occidentales no cejan en sus intentos de romper la paridad estratégica, mediante despliegues de elementos de seguridad global contra misiles en la vecindad inmediata de las fronteras con Rusia, «no podemos dejar de observar estas amenazas para la seguridad de Rusia y vamos a reaccionar adecuadamente […] al respecto».
El jefe de Estado ruso también se refirió a «la creciente intensidad de los vuelos de la aviación de la OTAN cerca de Rusia, la aparición en los mares Báltico y Negro de buques de la Alianza con las armas de misiles guiados. […] Y ahora, como saben, el buque de EEUU entró en el mar Negro. Pudimos rápidamente observarlo con binoculares o por la mira de los sistemas de defensa pertinentes».
‘Teléfono’ para Occidente
Entonces, lanzó un aviso a navegantes: «El sistema de defensa aeroespacial [ruso] modernizado debe detectar los misiles hipersónicos y balísticos de todo tipo y a gran distancia, y destruirlos en cualquier tramo de la trayectoria de vuelo». Un mensaje para cabecitas calientes que intentan poner de rodillas a Rusia.
El director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, opina que las declaraciones correctas de Putin tienen mucho que ver con algo muy trascendental que ocurrió hace muy pocos días, y donde Vladímir Putin expresó con gran claridad en el Foro de Debates Valdái sobre cuál es el mundo actual.
«Ese mundo actual, él lo definió, y coincido, en el que la unipolaridad ya es algo viejo y perimido, y que es imposible volver los tiempos atrás. Y también dijo que un dominio occidental absoluto tampoco ya es posible mantenerse ante el creciente poderío de las naciones asiáticas y euroasiáticas. Esto es un marco referencial muy importante a tener en cuenta en estos momentos en que EEUU parece ser que la única baza que tiene a nivel de la política internacional es solamente la herramienta o el expediente militar», subraya el analista.
Pereyra Mele entiende que «hay algo que ya sabemos a partir de la historia: todos los imperios cayeron fundamentalmente por dificultades internas, no por problemas externos. Y en este caso específico, EEUU sigue viviendo una situación de crisis política, social y económica, de la que no ha salido».
«Por más que los publicistas, que se definen como analistas, hablan de un crecimiento económico de EEUU, etc., la realidad es que EEUU ya no representa ante el mundo, el PIB que representaba hace 20 o 30 años en proporción. Y hoy ese retroceso en su participación mundial del PIB, ha sido ocupada por otras potencias emergentes, que ya no solamente siguen creciendo, sino que le disputan seriamente áreas importantes, fundamentalmente en algo que es clave en el siglo XXI, que es el control y el dominio de la ciencia y la tecnología», remarca Carlos Pereyra Mele.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró como nuevo ministro del Interior al abogado Avelino Guillén, quien se desempeñó como fiscal en el juicio en el que el expresidente Alberto Fujimori (1990-200) fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
«Bienvenido, apreciado Avelino Guillén. Tu conocimiento, experiencia y trayectoria nos permitirán seguir luchando contra la delincuencia y, además, estaremos más cerca de cumplir los anhelos profundos de nuestro pueblo», indicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.
Guillén fue parte del equipo fiscal que consiguió en 2009 que Fujimori sea condenado a 25 años de prisión, una labor que le valió que en 2008 el diario español El País lo nombre como una de las 100 personalidades más importantes del mundo en ese año.
El flamante ministro del Interior reemplaza al renunciante Luis Barranzuela, quien dejó el cargo tras celebrar una fiesta en su domicilio el 31 de octubre, contraviniendo la prohibición dada por la cartera del Interior para celebrar reuniones sociales en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.
Apenas unos días después del cierre de la investigación policial por el homicidio del joven enfermero coruñés, la instrucción judicial todavía sigue abierta. A la espera del juicio con jurado popular, algunos de los implicados están en la cárcel, otros en un centro de menores y dos de ellos en libertad.
Cuatro meses después del linchamiento del joven Samuel Luiz en A Coruña, fuentes cercanas al caso consideran que la investigación policial ha desvelado carga probatoria suficiente para argumentar ante un jurado la culpabilidad de quienes están detenidos por su muerte. Pero evitan aclarar si esas pruebas demuestran una motivación de odio en los hechos.
Samuel falleció tras una brutal paliza con patadas, puñetazos e incluso un botellazo en la cabeza, en la madrugada del pasado 3 de julio. Sus presuntos asesinos lo ejecutaron entre insultos homófobos a la salida del pub El Andén, en una zona céntrica frente al paseo marítimo de la ciudad. La agresión fue captada por varias cámaras de tráfico y por las de los teléfonos móviles de varios particulares. Samuel y una amiga suya habían mantenido en el interior del pub una discusión con varias de las personas que luego lo mataron.
Con la investigación policial cerrada, pero con la instrucción judicial todavía abierta, el juez mantiene en prisión a tres de los cuatro varones adultos detenidos por su muerte, y en un centro de menores a otros dos jóvenes. Todos están acusados de haber participado en el linchamiento. Una de las posibles evidencias de que se trató de un crimen homófobo fue que varios de los acusados se reunieron posteriormente en un parque coruñés donde, según una testigo que no los conocía, uno de ellos justificó así la agresión: «¡Puto maricón! ¡Si era un maricón de mierda!».
Otros dos testigos del caso serán los jóvenes senegaleses Ibrahima y Makate, los únicos que intentaron auxiliar a Samuel mientras lo apaleaban. Público ha intentado contactar con ellos en reiteradas ocasiones a través de una ONG local que colabora con la colonia senegalesa de A Coruña, pero tanto la Policía como los jueces les han pedido que no hagan declaraciones públicas antes del juicio.
Dos de los detenidos por el asesinato están en libertad provisional
El martes pasado, el juez decretó la libertad provisional de uno de los encarcelados, detenido a finales de septiembre y a quien la investigación policial atribuye una posición «de apoyo», y no «de ataque», en la paliza. En julio, la primera jueza que empezó a instruir el caso ya había dejado también en libertad a una chica de 19 años, amiga de los anteriores, a quien no considera partícipe directa en los hechos.
A principios de septiembre, la Audiencia Provincial de A Coruña había desestimado una petición similar de la defensa de otro de los jóvenes adultos detenidos. Los magistrados consideraron que existían «indicios racionales» de su participación «en una agresión brutal» que podría llegar a ser calificada como asesinato, lo que podría conllevar para él «una petición de pena de hasta 25 años de prisión».
También alertaron de que su permanencia en la cárcel era una medida «necesaria y proporcional», teniendo en cuenta la «solidez» de la base inculpatoria respecto a su participación en los hechos y el riesgo de fuga y alteración de pruebas que podría suponer ponerlo en libertad, según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por ello, los jueces de la Audiencia consideraron necesario «extremar las precauciones para garantizar su enjuiciamiento».
«Nadie debería morir al grito de maricón de mierda»
«Lo que queremos es que la justicia sea justa con todo el mundo», afirma Ana García Fernández, presidenta de la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual (Alas) de A Coruña, que se ha presentado como acusación particular en el caso. García prefiere no pronunciarse sobre si la investigación policial ha podido demostrar que se trató de un crimen homófobo: «El juicio va a ser con jurado popular y no queremos influenciar a nadie ni aparecer como protagonistas de nada. Lo único que queremos es que a nadie le suceda lo que le sucedió a Samuel», añade. «Nadie en este mundo debería morir apaleado al grito de maricón de mierda», defiende la presidenta del colectivo.
En los primeros seis meses de 2021 se registraron 43 incidentes homófobos en A Coruña
Alas presta servicios de apoyo y asesoramiento a las personas que sufren agresiones homófobas, y hace tres años constituyó el Observartorio Coruñés contra la LGTBIfobia, que recoge las denuncias de quienes las han sufrido. Sólo en los primeros seis meses de este año, casi hasta la muerte de Samuel, han registrado 43 incidentes, de los que veintidós, más de la mitad, fueron agresiones verbales o físicas. Y siguen sumando.
La última fue la sufrida el pasado sábado por el actor coruñés Alberte Vello, quien reside en la la localidad coruñesa de Cerceda pero sufrió otra brutal paliza en Vigo, donde prepara un espectáculo. Un hombre lo tiró al suelo a patadas y puñetazos mientras le insultaba: «¡Maricón de mierda! ¡Maricona!». La denuncia de Vello está manos del área especializada en delitos de odio de la Fiscalía de Pontevedra, aunque la policía aún no ha podido detener a nadie por el caso.
Ana García reconoce que el crimen de Samuel ha permitido visibilizar que la violencia homófoba es una realidad que padecen a diario miles de personas. Según el informe anual del Observatorio relativo al 2020, un 8% de las personas LGTBI encuestadas en España han sufrido agresiones físicas o verbales, y un 20% padecen o han padecido discriminación en su ámbito laboral. Dentro del colectivo trans, un 63% sufren discriminación de algún tipo en su vida cotidiana.
«Hace falta más compromiso de las instituciones, porque el discurso del odio está campando a sus anchas por ellas, y lo de Samuel ha sido la máxima expresión de esa violencia. Podía habernos pasado a cualquiera de nosotras», advierte la portavoz de Alas. «Que la muerte de Samuel no haya sido en vano», concluye.
Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez y Luis María Anson presentan el libro ‘El jefe de los espías’ haciendo esfuerzos sobrehumanos para no contar todo lo que supieron sobre la fortuna secreta del rey y su lista de amantes
Anson, Cebrián y Ramírez en un acto del Instituto Internacional de Prensa en 1982. EFE
En julio de 1997, Emilio Alonso Manglano tiene una reunión con Felipe González. La fecha es importante, porque en esas fechas Manglano ya no es director de los servicios de inteligencia, el Cesid, y González ya no es presidente del Gobierno. No son dos jubilados matando el tiempo para contarse viejas batallitas. Ambos tienen un problema. La artista televisiva Bárbara Rey está chantajeando al rey Juan Carlos con las pruebas de su relación sentimental –un concepto discutible en este caso porque resulta más conveniente citar el título de la película ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’–. Es necesario hacer algo al respecto. Es decir, hay que ocultarlo. «La prensa sensata está controlada, aunque en los ambientes la relación se da por segura. También existe el apoyo de la élite, banqueros, empresarios…», dice González.
La descripción de la reunión aparece en el libro ‘El jefe de los espías’, escrito por los periodistas de ABC Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, que se han basado en los documentos personales en los que Manglano resumió su trayectoria como director del Cesid entre 1981 y 1995. La presentación del libro en Madrid este martes contó con la presencia de tres de los periodistas más influyentes de esa época –Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez y Luis María Anson–, por lo que era interesante saber hasta qué punto estaban todos metidos en esa historia: cómo los medios de comunicación jugaron un papel clave en la Transición y años posteriores no sólo para contar lo que estaba pasando, sino para ocultar todo aquello que podía perjudicar a las altas instituciones del Estado. Lo que en el caso de Juan Carlos I era prácticamente todo.
Cebrián, director de El País durante doce años y luego consejero delegado de Prisa hasta 2018, dio un ejemplo perfecto del cinismo con el que se manejan las élites en Europa. Cuando surge una revelación vergonzosa sobre el pasado y le preguntan qué hizo él en esos momentos, responde que esas cosas pasan en todos los países y no hay que escandalizarse. «Todos los estados tienen cloacas», dijo. Ramírez lanzó una catarata de acusaciones contra Manglano por haber cometido delitos para proteger al rey y a Felipe González, pero ignoró su propia relación con Mario Conde cuando este chantajeó al Gobierno para que le librara de sus problemas con la justicia tras hundir Banesto. Anson, director de ABC entre 1983 y 1997, no contó nada relevante, porque a estas alturas de su vida no va a salirse del personaje que creó hace tiempo. Como tiene 88 años, nadie se lo va a reprochar en voz alta.
Lo de Anson es interesante, porque el entonces director de ABC era uno de los periodistas, junto a Ramírez, que formó una asociación en los años noventa que tenía como misión acabar con el felipismo. Cebrián, en una muestra de ingenio periodístico casi impropia de su forma de escribir, les llamó «el sindicato del crimen». El libro cuenta en detalle que Manglano estaba muy preocupado por esa ofensiva a la que consideraba una maniobra «contra el Estado». Algunos de esos periodistas estaban muy pasados de rosca. Si había que llevarse por delante a la monarquía para deshacerse del PSOE, no tenían ningún problema con ello. Su prioridad era acabar con González para que el Partido Popular llegara al poder cuanto antes.
Por contarlo todo, hay que recordar que Manglano –y en última instancia el rey– habían ligado su destino al de González. «Hay que ayudar a PG (presidente del Gobierno). Ayuda para evitar situaciones peores», escribe Manglano en sus papeles al producirse el escándalo de Juan Guerra, hermano del vicepresidente, como aparece recogido en el libro.
Manglano tiene claro que necesita un topo y Anson es la pieza que consigue. El periodista, monárquico desde el franquismo, está conmocionado por las locuras que escucha a sus colegas. Se convierte en un agente doble que informa al jefe de los espías. Y no sólo a Manglano. Narcís Serra, miembro del Gobierno de González durante catorce años como ministro de Defensa y después vicepresidente, le cuenta lo que le ha relatado el periodista: «Para Anson, sería muy importante llegar a conocer qué periodistas de El Mundo cobraron de Roldán. Sería la mejor forma de desmontarlo todo».
Esta es una pelea de facinerosos en la que unos acusan al Gobierno de haber pagado al corrupto director de la Guardia Civil y otros acusan a algunos periodistas de haber cobrado del mismo Roldán o de Mario Conde. Serra está en su salsa. El simpático alcalde de Barcelona se convirtió en un personaje siniestro del Gobierno de González siempre dispuesto a utilizar los servicios de inteligencia en beneficio de su partido político. Manglano estaba encantado de colaborar con él.
Emilio Alonso Manglano, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar ante el juez por el caso GAL en 1995. Hernández de León/ EFE
Sobre su condición de espía a tiempo parcial, Anson no dijo nada en la presentación del libro. Tampoco ha contado nunca mucho sobre su papel esencial en las conspiraciones del Madrid de 1980 para acabar con Adolfo Suárez y provocar un giro completo de la política del país hacia la derecha. Prefirió hacer una lacrimógena defensa de la integridad de Juan de Borbón, que renunció a la Corona en favor de su hijo. Y defender a Juan Carlos hasta el límite de la muerte cerebral. Para él, todo lo que se ha publicado sobre la fortuna del anterior monarca en el extranjero son «insidias y calumnias». Juan Carlos ha tenido que pagar a Hacienda centenares de miles de euros para que no le acusen de delito fiscal. Pero es que el propio libro que tanto elogió en la presentación revela basándose en los papeles de Manglano que ese rey se ha pasado buena parte de su vida cobrando comisiones y almacenando una fortuna fuera.
Cebrián comentó que Fernández Campo le contó a él todo lo que aparece en el libro sobre la conducta personal de Juan Carlos. Se refería a sus amantes, no a su fortuna ilegal. El entonces director de El País era uno de los cancerberos del Estado que se dedicaba a proteger la reputación del monarca. Sigue haciéndolo: «Lamentándolo mucho (porque sabe que le van a criticar por ello), diré que este país tiene una deuda de gratitud con Juan Carlos I». Sobre los delitos de los que no quiso y no quiere hablar en detalle, se refirió sólo a las «irregularidades fiscales». Como si fuera igual a olvidar rellenar la casilla adecuada en la declaración de la renta.
En ese debate de hasta dónde contar sobre lo que hizo Juan Carlos, Pedro J. Ramírez llevaba las de ganar. Su problema es que también cuenta con unos cuantos esqueletos en el armario sobre los que es menos locuaz. Llamó a Manglano «presunto delincuente con galones» y «dócil criado de sus amos». Le responsabilizó de haber tapado los crímenes del terrorismo de Estado. Para el director de Diario 16 y El Mundo entre 1980 y 2014, el exdirector del Cesid fue un encubridor de delitos: «Protegió al Estado mediante la ocultación de múltiples acciones delictivas incurriendo en delitos de forma reiterada». Utilizaba con frecuencia la palabra ‘presunto’, pero sólo como cortesía legal.
Ramírez denunció que el rey utilizaba al Cesid, con la complicidad de Manglano, «para ocultar sus escándalos financieros y sus hechos amatorios». Es totalmente cierto y aparece reflejado en el libro. Para que no hubiera dudas, el periodista citaba las páginas del libro en que aparecen esas revelaciones. No es una exageración. Los espías españoles tenían como una de sus principales funciones impedir que salieran a la luz los negocios oscuros del rey.
Tenían que trabajar duro. Juan Carlos estaba tan desatado que a principios de los noventa pidió un crédito de 90 millones de pesetas a Mario Conde. Cuando Banesto fue intervenido por el Gobierno, había que tapar esa operación. «Hablé con Ybarra y con Alfredo Sáenz. Este me lo arregló», le contó a Manglano. Ahora ya es más fácil entender por qué Sáenz fue indultado por el Gobierno de Zapatero en 2011 cuando estaba en funciones.
Armado con los documentos que el teniente coronel Perote sacó del Cesid, Conde lanzó una campaña de presión contra el Gobierno amenazando con sacarlo todo. «Mario Conde está detrás de todo esto», explicó Anson a Manglano refiriéndose a las maniobras de los periodistas antifelipistas. Pedro J. Ramírez estaba con muchas ganas de publicar lo que le llegara de Conde. Sobre el banquero que acabó encarcelado, no habló en la presentación del libro. Al igual que para Cebrián, él cree que el fin justifica los medios. Es sólo que ambos han estado en puntos diferentes de las trincheras, pero la sensación de amoralidad les une.
Todo tuvo un gran nivel de representación teatral. La Royal Shakespeare Company es una pandilla de aficionados comparada con estos ilustres periodistas. Son muchos años y muchas historias que hay que seguir ocultando.
Corrección: se ha eliminado un párrafo con una frase de Sabino Fernández Campo sobre la fortuna de Juan Carlos en Suiza en 1990 porque inducía a error. El alto cargo de la Casa Real desde 1977 a 1993 dijo que el rey tenía entonces «5.000 millones (de pesetas) en Suiza». Tal y como estaba escrito el párrafo eliminado, se entendía que podían ser euros, lo que era imposible en 1990.
Vista de la fachada de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Caracas, capital, 8 de marzo de 2020. (Foto: AFP)
Los expertos electorales de la oposición venezolana reconocen avances en las garantías electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país suramericano.
Según informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en su cuenta de Twitter, la segunda fecha de actividad de la auditoría de infraestructura tecnológica electoral para las elecciones regionales y municipales de Venezuela se desarrolló el martes 2 de noviembre, donde participaron personal técnico del organismo comicial y auditores externos, así como expertos electorales de los partidos políticos de la oposición venezolana.
Entretanto, los participantes de la oposición admitieron avances del CNE en el desarrollo de nuevas garantías electorales de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Los especialistas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicaron, a su vez, que estas garantías están en línea con la ley y los acuerdos que han logrado las organizaciones políticas del país.
Conforme a los representantes de la coalición opositora, entre los avances, señalan la observación y acompañamiento electorales como un elemento clave en el marco de garantías, cuya matriz de instancias participantes se ha diversificado, para las próximas elecciones.
Por su parte, Eugenio Martínez, un miembro de la MUD, consideró la presencia de un grupo de especialistas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el mismo acto como un hecho sumamente relevante, que, según éste, abre las puertas a una asistencia electoral al CNE en un futuro.
En tal sentido, el director del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Hector Vanolli, también dijo que la presencia de las misiones de observación internacional en tales hechos abre una ventana al mundo que posibilita a la comunidad internacional efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral.
Además, la experta de la plataforma de la sociedad civil Foro Cívico, Beatriz Borges, admitió los avances en materia de observación y acompañamiento, considerando que es una ventana que se abre con la observación internacional para seguir en la ruta de la normalización del país caribeño.
Para el 21 de noviembre de este año en curso, más de 21 millones de venezolanas y venezolanos, y también extranjeros residentes en el país, están convocados a acudir a las urnas para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, cargos para los que se postulan cerca de 5000 ciudadanos, de casi medio centenar de organizaciones políticas.
Los fondos, inicialmente destinados a las víctimas de los terremotos de 2001, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, el 16 de abril de 2018 Marvin Recinos / AFP
La Justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y a dos personas más a pagar 10 millones de dólares que fueron desviados de un donativo hecho al país por Taiwán.
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador determinó que Saca deberá pagar seis millones de dólares. Además, Juan Tennant Wright, exdirigente del partido Arena, y Gerardo Balzaretti, presidente de un centro de estudios políticos, deben desembolsar dos millones de dólares cada uno.
Saca, Wright y Balzaretti fueron acusados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y activos debido a que desviaron diez millones de dólares que provenían de un donativo que Taiwán entregó al país centroamericano en 2003. El destino de este monto era realizar cuatro proyectos para las víctimas de dos terremotos que afectaron a El Salvador en 2001. Sin embargo, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.
En un video publicado por la Fiscalía, uno de los fiscales afirmó que los acusados «causaron un daño al Estado» debido a que el «dinero venía destinado para obras sociales».
En agosto pasado, la Fiscalía había pedido al Juzgado que los ahora condenados fueran exonerados por la prescripción del delito de lavado de dinero, cometido durante el mandato del fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004). Sin embargo, una jueza pidió continuar con el proceso civil contra Saca, Wright y Balzaretti.
Saca cumple desde 2018 una condena de diez años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos estatales.