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El Cahabón es uno de los principales ríos de Guatemala. 195 kilómetros de recorrido que nace en la Sierra de las Minas y transcurre por los departamentos de Alta Verapaz, al norte del país. Desde los primeros pobladores mayas, sus aguas han servido de sustento para decenas de comunidades indígenas que han organizado en torno a sus orillas asentamientos humanos alimentados por la agricultura y la ganadería. Miles de años de convivencia respetuosa con el medio ambiente que ahora se ve amenazada por la construcción de una hidroeléctrica que una de las empresas de Florentino Pérez está levantando en la zona.
Florentino Pérez, en la presentación de la hidroeléctrica
Bautizado como Renace II, el proyecto está a cargo de COBRA Infraestructuras Hidráulicas, filial de ACS, el gigantesco grupo multinacional fundado y dirigido por el presidente del Real Madrid. Desde el inicio de las obras, allá por el 2014, 30 kilómetros de río han desaparecido, literalmente. El cauce se encuentra preso entre dos muros, circunstancia que ha provocado que 29.000 indígenas quekchí se queden sin abastecimiento de agua. En este territorio, solo el 5% de los hogares tienen suministro de agua corriente por lo que el entubamiento del río ha condenado a muchas familias a la emigración. Desde la empresa aseguran que los pobladores tienen garantizado el acceso al caudal, pero las ONG que trabajan sobre el terreno denuncian el establecimiento de puntos de control con personal de seguridad armado donde es habitual la prohibición del paso.
El río Cahabón, preso entre los muros
Alianza por la Solidaridad y Madre Tierra son las organizaciones que llevan meses alzando la voz contra el incumplimiento de la legalidad por parte de la filial de Florentino Pérez. Según el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, que tiene rango constitucional en Guatemala, las comunidades afectadas por cualquier obra civil deben ser consultadas. Ante la vulneración flagrante de sus derechos, los ciudadanos decidieron organizar por su cuenta una votación que arrojó resultados esclarecedores: 27.000 votos en contra de la hidroeléctrica por tan solo 27 a favor. Papel mojado, pues la Corte Constitucional no otorgó validez legal al escrutinio y permitió la continuación de las obras.
No es la única ilegalidad. Las organizaciones han aportado cientos de testimonios de activistas medioambientales que han sufrido agresiones, espionaje e incluso el encarcelamiento por su oposición al proyecto. El líder indígena Bernardo Caal Xol es la última víctima de la estrategia de represión adoptada por la compañía del mandatario madridista, con la complicidad de las autoridades del país. Fue detenido el pasado 30 de enero durante una manifestación de protesta y desde entonces se encuentra entre rejas a la espera de juicio. Alianza por la Solidaridad asegura que desde 2016, un total de 226 activistas han sufrido algún tipo de agresión, amenaza o intimidación. El único varapalo judicial para un emporio que factura 100 millones de euros cada día fue la condena al pago de una multa de 470.000 dólares por la destrucción de un bosque próximo a la instalación.
Protesta contra la construcción de la hidroeléctrica
Las oenegés han solicitado de forma reiterada la suspensión de los trabajos de construcción hasta que no se lleve a cabo un estudio independiente sobre el impacto medioambiental, social y económico del complejo, una propuesta que hasta la fecha en la que se escriben estas líneas no ha sido aceptada por el Ejecutivo. El Gobierno aduce que la hidroeléctrica repercutirá positivamente en la economía de los pueblos colindantes, una teoría más que dudosa teniendo en cuenta que la empresa responsable está exenta del pago de cualquier impuesto.
Las comunidades indígenas insisten en que no se oponen a la planificación de nuevos proyectos que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. En este sentido han presentado una alternativa para la edificación de una serie de hidroeléctricas comunitarias y autogestionadas que repercutan en el suministro de luz y agua corriente para los vecinos.
Hace un par de semanas, miembros de Greenpeace cortaron el suministro de agua en la sede de ACS en Madrid, una acción simbólica de protesta para recordarle a Florentino Pérez la situación que viven cada día miles de indígenas en Guatemala, que continúan en pie de guerra y advierten que no cesarán en la lucha hasta que «el río vuelva a ser
Las autoridades del país escandinavo habían alertado sobre los riegos de la vacunación en mayores de 80 años y pacientes con enfermedades terminales. La compañía aseguró en respuesta que realizará una investigación.
La Agencia Noruega de Medicamentos ha informado a través de un comunicado de prensa que hasta el 14 de enero había registrado 23 muertes «asociadas con la vacuna contra el COVID-19» fabricada por Pfizer-BioNtech.
El ente que regula los medicamentos en el país nórdico (Statens Legemiddelverk Norway) advirtió que las personas mayores de 80 años y los enfermos terminales pueden estar en riesgo de sufrir efectos secundarios fatales tras vacunarse contra el COVID-19, según reportó el diario The Local Norway.
En el informe se sugiere que las «reacciones comunes a las vacunas con ARNm, como fiebre y náuseas, pueden haber contribuido a un desenlace fatal en algunos pacientes frágiles y ancianos», según explicó Sigurd Hortemo, médico jefe de la Agencia Noruega de Medicamentos.
Dentro de los fallecidos se evaluaron a trece pacientes que murieron tras ser inoculados contra el COVID-19. Los expertos llegaron a la conclusión de que los efectos secundarios asociados con la vacuna pueden haber contribuido a reacciones graves entre pacientes «débiles y los ancianos».
Como resultado, el Instituto Nacional de Salud Pública ha impulsado una actualización de su guía de vacunación COVID-19 con consejos más detallados sobre los riesgos que implica la vacunación en adultos mayores y pacientes más vulnerables.
«Todas las muertes que ocurren durante los primeros días de la vacunación se evalúan cuidadosamente. No podemos descartar que las reacciones adversas a la vacuna que ocurren dentro de los primeros días después de la vacunación (como fiebre y náuseas) pueden contribuir a un curso más grave y un desenlace fatal en pacientes con una enfermedad subyacente grave», avisó la agencia.
Según la entidad, un promedio de 400 noruegos mueren cada semana en hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo. Además, el organismo aseguró que es muy posible que más adultos mayores mueran luego de vacunarse contra el nuevo coronavirus.
Hasta ahora, los autoridades sanitarias noruegas son las primeras en el mundo que realizan un llamado a la cautela y lanzan una advertencia sobre la vacuna contra el COVID-19, en este caso, fabricada por la sociedad alemana-estadounidense, Pfizer-BioNtech.
En respuesta, Pfizer dijo en un comunicado que junto a BioNTech están trabajando con el ente regulador noruego para investigar las muertes en ese país. La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron que las reacciones alérgicas a las vacunas COVID-19 son relativamente raras.
Los CDC dijeron que de casi 2 millones de personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 durante un período de 10 días en diciembre, solo 21 personas experimentaron reacciones alérgicas graves. Y resaltaron que la mayoría de esas personas tenían antecedentes de alergias o reacciones alérgicas.
Autoridades noruegas llaman a la calma
Durante este lunes (18.01.2021), las autoridades sanitarias del país nórdico trataron de salir a disipar las preocupaciones en torno a las muertes de ancianos que recibieron la vacuna contra el COVID-19, aludiendo a que no hay pruebas de un vínculo directo.
Según rescata Bloomberg, si bien es cierto que los médicos consideran que existe una posibilidad de que la vacuna del coronavirus pueda agravar las enfermedades subyacentes, el director médico de la Agencia Noruega de Medicamentos Steinar Madsen afirmó que «claramente el COVID-19 es más peligroso para la mayoría de los pacientes que la vacunación. No estamos alarmados».
Por su parte, la jefa del Instituto Noruego de Salud Pública Camilla Stoltenberg también se refirió a la polémica por la muerte de los adultos mayores que recibieron la vacuna: «Es importante recordar que alrededor de 45 personas mueren cada día en las residencias de ancianos en Noruega, por lo que no es un hecho que represente un exceso de mortalidad o que exista una conexión causal», afirmó.
Además, la Agencia Noruega de Medicamentos afirmó que dejó claro antes de que comenzara el programa de vacunación que «es de esperarse que las muertes se produzcan en un contexto relacionado al proceso de vacunación» para las personas «más viejas y enfermas» que reciben la inoculación.
JU (legemiddelverket.no, ansa.it, foxnews.com, thelocal.no, bloomberg.com)
00:08| OMS examina la vacuna de AstraZeneca
Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) examinaron el lunes (08.02.2021) la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, cuya eficacia se cuestiona ahora en las personas de mayor edad y contra la variante sudafricana del virus, haciendo incluso que ese país suspendiera temporalmente su campaña de inmunización.
La vacuna AstraZeneca/Oxford -que el Reino Unido fue el primero en administrar de forma masiva en diciembre- ya fue aprobada por otras naciones y por la Unión Europea (UE). Pero, debido a la falta de datos sobre su eficacia en la población de edad más avanzada, algunos Gobiernos decidieron recomendar su uso para personas de menos de 65 años, o incluso de 55, como en España.
El juez investiga si el Gobierno de Rajoy pagó con fondos reservados seguimientos al extesorero
El Periódico de Catalunya / Madrid
09·09·20 | 10:08
El extesorero del PP Luis Bárcenas, en 2017. EFE
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha levantado el secreto de sumario de la pieza 7 de la macrocausa ‘Tándem’, también conocida como el ‘caso Villarejo’, y estudia imputar a dos exministros del PP: Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal. Estas son las claves de la investigación judicial.
¿Qué se investiga en la macrocausa ‘Tandem’?
Las pesquisas tratan de esclarecer las presuntas actividades ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre del 2017. La macrocausa consta de ocho piezas y la operación Kitchen es la séptima de ellas.
¿Qué se investiga en la operación Kitchen?
La tesis de los investigadores es que se costeó con dinero de los fondos reservados un operativo parapolicial cuyo fin sería conseguir documentación comprometedora para el PP que pudiera conservar el extesorero del partido Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia. Cuando sucedieron los hechos, ya estaba abierta la investigación judicial por la presunta financiación irregular del partido al hilo de la ‘trama Gürtel‘. La operación Kitchen nació a raíz del descubrimiento de un ‘pendrive’ en el domicilio de Villarejo en el que se habla del citado operativo parapolicial.
¿Cuántos imputados hay?
La investigación se inició en el 2018 y, desde entonces, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño. En cuanto a políticos, ya estaba siendo investigado el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hasta la fecha ha preferido no declarar. A él se podrían sumar Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y superior directo de Martínez, y María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP. También está imputado el empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal.
¿En qué consistió la operación?
Esta operación policial encubierta se puso en marcha entre el 2013 y el 2014 por parte de Villarejo (entonces adjunto a la DAO de la Policía) y se trataba de un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Para ello, presuntamente se usaron fondos reservados aprobados cuando Fernández Díaz era ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La operación coincidió con el escándalo sobre la fortuna del extesorero y los presuntos pagos en dinero negro a dirigentes del PP. Bárcenas ingresó en prisión el 27 de junio de 2013.
¿Qué papel jugaba cada uno?
Sergio Ríos, chófer del matrimonio Bárcenas. Habría recibido 48.000 euros de los fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas, conseguir documentación comprometedora para el PP y pasarla a mandos de la Policía. La operación se llama ‘Kitchen’ en referencia al propio Ríos, apodado como ‘el cocinero’.
Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. Se investiga si autorizó el pago de los fondos reservados para Kitchen. Hasta ahora se ha negado a declarar ante el juez, pero ha tirado de la manta ante la Fiscalía Anticorrupción. Advirtió en varios mensajes de que si él era citado a declarar, posteriormente lo sería Jorge Fernández Díaz y «probablemente MR», en referencia a Mariano Rajoy.
La cúpula policial de la época. El entonces Director Operativo Adjunto (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, habría encargado a sus subordinados obtener del chófer de Bárcenas información «que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado» -al que definen como ‘zulo’- dicha documentación comprometedora para pasarla después a la cúpula policial. Entre dichos subordinados estarían los entonces inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, el que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y los comisarios Enrique García Castaño y Manuel Gómez Gordo.
Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. Anticorrupción cree que los «indicios» de su participación para que se llevara a cabo la operación Kitchen «son muy numerosos y concluyentes», como cuatro mensajes de móvil que envió a su número dos. En uno de ellos escribió: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe (…) ese material lo había dado ‘B’ a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda».
María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP. Según la fiscalía, tenía un «interés personal» en el espionaje a Bárcenas porque la documentación que se buscaba en la operación era «supuestamente comprometedora para ella» y también para otros altos dirigentes del partido.
Decenas de pruebas sobre los 20 años de corrupción estructural en la formación de Aznar y Rajoy llegan a juicio
A… pero B
Dinero que el Partido Popular declaró al Tribunal de Cuentas como ingresos procedentes de donativos anónimos que en realidad formaban parte de su caja b. El PP recibió entre 1990 y 2008 donativos de varias decenas de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública, y en muchos casos por cantidades superiores a los 60.000 euros al año, según los papeles de Bárcenas. La Ley de Financiación de Partidos Políticos prohibía expresamente recibir donaciones de empresas que contrataban con la Administración, y prohibía recibir más de 60.000 euros al año de un único donante.
La ley estableció este veto para evitar que una empresa tuviera la tentación de donar grandes cantidades de dinero a un partido a cambio de que le adjudicasen contratos públicos.
Con una parte de esas cantidades que engrosaban la caja b, el PP pagó distintos servicios del partido: sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes, distintas ayudas a otros cargos, obras en su sede central, pagos para adquisición de sedes provinciales o compra de participaciones de un medio de comunicación, según Bárcenas. Con el sobrante, el tesorero troceaba las aportaciones de empresarios en cantidades inferiores a 60.000 euros y las ingresaba en una sucursal del Banco de Vitoria en la cuenta oficial de donativos del PP. Con esta treta el PP conseguía blanquear parte del dinero opaco.
Acebes, ÁngelMinistro de Interior y secretario general del PP entre 2004 y 2008
Los papeles de Bárcenas registran pagos de sobresueldos en b a Ángel Acebes durante su etapa como secretario general del partido. Eran pagos no declarados a Hacienda, ni por el PP ni por Acebes, que niega haber recibido ese dinero.
Entre los gastos anotados por Bárcenas en sus papeles figura la compra de participaciones de Libertad Digital, medio de comunicación afín al PP que por aquel entonces aireaba las teorías de la conspiración sobre la participación de ETA en los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004.
Ángel Acebes, tras una reunión del comité de dirección del PP, en 2004.MG / EFE
Bárcenas sostuvo ante el juez que Acebes ordenó la compra de aquellas participaciones. “No recuerdo si hablé con el tesorero de este tema y si el partido compró acciones”, declaró este al juez. Acebes aseguró que en su partido nadie tenía constancia de que existiera una caja b y eludió cualquier responsabilidad sobre la gestión financiera: “Yo no era el superior jerárquico de Álvaro Lapuerta. No es mi competencia controlar al tesorero. No tuve responsabilidad en materia económica. El cargo de secretario general era un cargo político, no contable”. Los secretarios generales del PP de la etapa investigada repitieron estos argumentos cuando el juez les preguntó por su responsabilidad.
Acusados
Cinco personas se sentarán en el banquillo de los acusados. Dos cargos del Partido Popular, el extesorero, Luis Bárcenas; y el exgerente, Cristóbal Páez, como responsables de la gestión financiera del partido. Y tres profesionales del despacho de arquitectura, entre ellos el propietario Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de reforma de la sede del PP en Génova 13 y que supuestamente cobró en negro una parte de los trabajos y no pagó los impuestos correspondientes. El juicio también va contra el PP como responsable civil subsidiario por los impuestos que supuestamente no abonaron sus gestores financieros, Páez y Bárcenas.
Arenas, JavierMinistro y secretario general del PP entre 1996 y 2000
Participó en la reunión del Palacio de La Moncloa en la que Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, acordaron con Mariano Rajoy los términos en los que el extesorero continuaría cobrando del partido pese a su imputación en el caso Gürtel. Durante más de dos años, Bárcenas conservó secretaria, chófer y una sala de la sede nacional del PP donde guardaba sus documentos, además de recibir uno de los mayores sueldos del partido: 200.000 euros al año.
Arenas, como secretario general del PP (2000-2004), figura entre los dirigentes que cobraba sobresueldos trimestrales, según los papeles de Bárcenas. En su declaración ante el juez Ruz negó haber cobrado sobresueldos y tener competencias sobre la gestión de las finanzas del partido. Durante la investigación, el entorno de Bárcenas sugirió que había una conversación grabada entre el extesorero y Javier Arenas donde se destapaba el escándalo. Nunca se ha localizado dicha grabación.
ArquitectoGonzalo Urquijo
El PP reformó casi al completo la sede nacional del partido durante varios años. El proyecto y la ejecución de las obras se le encargó a la empresa UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES, propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo. La investigación descubrió que una parte de los trabajos de la sede principal del PP fueron abonados “con fondos ajenos al circuito económico legal” de una “caja B” de la formación política. La empresa de arquitectura no pagó ni el IVA ni el impuesto de sociedades correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008 por más de un millón y medio de euros, según la investigación.
Aznar, José MaríaPresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, presidente del PP entre 1990 y 2003
Cuenta que nunca supo nada sobre los manejos de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas entre 1990 y 2004, cuando dirigió el PP. Esa ha sido su respuesta cada vez que le han preguntado, aunque nunca en presencia de un juez. La primera vez que declarará por la caja b del PP será como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional. Aznar contestó así hace dos años en el Congreso de los Diputados: “Sobre la supuesta caja b del PP, mientras usted no demuestre su existencia —y no está demostrada su existencia— yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo. Por tanto, no existe ninguna organización del Partido Popular dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley o no hayan sido respetuosos con la legalidad, pero hay que diferenciar muy bien lo que significa la organización de lo que significan algunas personas en relación con la organización”.
El expresidente del Gobierno José María Aznar durante su comparecencia en el Congreso, en 2018. JAIME VILLANUEVA
Bárcenas, Luis
Se ocupó de las finanzas del PP desde los 34 años hasta los 53, como gerente primero (1990-2008) y como tesorero después (2009). Trabajó siempre desde la sala de máquinas de Génova, 13, y sólo desde 2004 entró en las instituciones al ser elegido senador por Cantabria. Dejó su escaño en 2010 por su imputación en el caso Gürtel. Fue condenado a 29 años de cárcel en esa causa. Ahora afronta un nuevo juicio donde la Fiscalía le pide cinco años de cárcel por delito fiscal, apropiación indebida y falsedad documental.
Bárcenas sostiene que el sistema de financiación ilegal que controló desde 1990 no es ni un invento suyo ni tampoco es secreto, pues lo conocían los principales dirigentes del partido, que en esos años fueron José María Aznar y Mariano Rajoy como presidentes, y los secretarios generales, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal. Cuenta Bárcenas que estos dirigentes conocían la donación opaca que hacían los empresarios y decidían en qué se gastaba ese dinero. Y que los secretarios generales y vicesecretarios del PP cobraron sobresueldos trimestrales o semestrales de esa caja b.
La gestión de Bárcenas como gerente y tesorero en el PP coincidió con un enriquecimiento personal que no se correspondía con sus ingresos laborales y que le llevó a esconder en dos cuentas suizas hasta 48 millones de euros. Bárcenas atribuyó esa fortuna nunca declarada a sus negocios privados y a su pericia en las inversiones bursátiles. Pero el extesorero nunca pudo acreditar que las cantidades que ingresó en Suiza procedían de sus negocios privados.
Caja b
El juez José de la Mata hace esta descripción del sistema de financiación ilegal de la formación conservadora. “El Partido Popular utilizó entre 1990 y 2008 una contabilidad paralela o “Caja b” que se habría nutrido de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, habría sido destinada, al menos, a los siguientes fines:
a) al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido.
b) al pago de gastos generados en campañas electorales.
c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad.
d) así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido”.
Cohecho
El juez Pablo Ruz llegó a imputar a los empresarios que supuestamente habían donado grandes cantidades de dinero al PP, según la contabilidad paralela de Bárcenas. Pero los informes periciales que solicitó no fueron capaces de determinar si las supuestas aportaciones de los empresarios estaban vinculadas a la adjudicación de contratos públicos, lo que hubiera supuesto un delito de cohecho. El juicio del caso Gürtel, la trama corrupta que se enriqueció con adjudicaciones amañadas en administraciones gobernadas por el PP, permitió reabrir la investigación del supuesto cohecho tras la confesión de algunos implicados. El juez Santiago Pedraz, actual instructor, tiene abierta una investigación sobre las adjudicaciones de seis ministerios a empresas donantes del PP durante la etapa de Gobierno de José María Aznar.
Cospedal, Dolores
Era la secretaria general del PP en los últimos meses de funcionamiento de la caja b. Sostiene que nunca conoció la existencia de ese mecanismo de financiación ilegal y que no cobró los dos sobresueldos de 7.500 euros anotados en los papeles de Bárcenas. Demandó al extesorero del PP y logró que la Audiencia Provincial de Toledo obligase a Bárcenas a indemnizarle con 50.000 euros por vulneración al honor.
Dolores de Cospedal, en el centro de la primera fila de la sala de vistas, escucha, sin mirar al monitor, la respuesta de Bárcenas a través de videoconferencia desde la cárcel, en 2013.ULY MARTIN
Cospedal contactó con el comisario José Manuel Villarejo cuando estalló el escándalo para estudiar estrategias de defensa del partido para obstaculizar las investigaciones del caso Gürtel o responder a las maniobras de Luis Bárcenas. Su director general de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el policía Andrés Gómez Gordo, participó en la captación de un confidente para espiar a Bárcenas e intentar sustraerle documentación comprometedora para el PP, según la investigación abierta en la Audiencia Nacional en el caso Kitchen.
Del BurgoJaime Ignacio
Diputado de UPN que entre 1991 y 1992 hizo de correo para llevar dinero de la caja b al entonces consejero de Salud del Gobierno navarro, Calixto Ayesa. El juez Ruz le preguntó y Del Burgo confirmó que él personalmente había hecho las entregas de efectivo que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela del PP.
Pregunta. ¿Le concuerda a usted haber hecho seis recogidas entre 1991 y 1992?
Respuesta. Reconozco que recogía esas cantidades que se le daban al señor Ayesa. Si el señor Ayesa dice que totalizaban 3,9 millones [de pesetas], pues esa es la verdad. Además, coincide con las anotaciones que hay ahí [en referencia a los papeles de Bárcenas]. Yo reconozco que efectivamente esas anotaciones pueden ser absolutamente ciertas. Es verdad que yo recogía dinero, esas cantidades son correctas yo no tengo nada que decir. Como no era un asunto que no me tocaba de forma personal, no contaba el dinero, me limitaba a recogerlo y trasladarlo.
P. ¿Quién toma el acuerdo de pagar esas cantidades?
R. El presidente, el presidente del partido.
P. ¿Quién era?
R. José María Aznar.
Delito fiscal
El Partido Popular no presentó declaración por el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 2008 ni efectuó pago alguno a cuenta por este tributo en dicho ejercicio, según el juez instructor del caso de la caja b. El PP entendió aquel año que no estaba obligado por ley a hacerlo y tramitó su baja en la declaración de este impuesto.
El juez relata que el PP omitió la presentación de la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a 2008 sobre las donaciones ilegales que registró Bárcenas en sus papeles —más de un millón de euros en un año electoral—, lo que significa que “habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167 euros”. Esa cuota defraudada supondría la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, imputable a quien actuara como administrador o responsable legal de la formación política, en esto caso el tesorero, Luis Bárcenas, y el gerente de la formación, Cristóbal Paez. Con el dinero de las donaciones ilegales se pagaron parte de las obras de reforma de la sede del PP.
Donación anónima
La Ley de Financiación de los Partidos Políticos permitía las donaciones anónimas: no había que declarar ante nadie el nombre de la persona o empresa que aportaba al dinero. Este hecho impedía un mínimo control por parte del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de esas ayudas. Aunque la ley prohibía expresamente aportaciones superiores a 60.000 euros al año de un único donante, y también prohibía que pudieran donar empresas contratistas de la administración, la trampa era muy sencilla. Según lo investigado en el caso de los papeles de Bárcenas, el sistema del PP era imposible de descubrir por parte del Tribunal de Cuentas. Un donante anónimo, contratista de la administración pública, entregaba al tesorero del PP un sobre con 180.000 euros en efectivo. El tesorero hacía tres paquetes de 60.000 euros y ordenaba al cajero del PP que lo ingresara como tres donaciones anónimas. En la contabilidad oficial del PP quedaba reflejado como un asiento absolutamente legal, y el Tribunal de Cuentas nunca puso la más mínima objeción.
Garzón, Baltasar
El juez que desarticuló desde la Audiencia Nacional la trama corrupta que dirigía Francisco Correa para enriquecerse a través de los contratos amañados que dirigentes del PP adjudicaban a sus empresas. Garzón fue condenado e inhabilitado por ordenar grabaciones en la cárcel a los principales imputados con sus abogados. Fue la primera víctima del caso Gürtel que él destapó.
Baltasar Garzón, durante el juicio contra él en el Tribunal Supremo, en el que se enfrenta a la acusación de prevaricación por ordenar las escuchas en la instrucción del ‘caso Gürtel’, en 2012.CLAUDIO ALVAREZ
Iglesias, Rosalía
La esposa de Luis Bárcenas ingresó en prisión hace dos meses para cumplir una pena de 12 años tras confirmarle el Supremo la condena de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel. Aunque era su marido quien llevaba la gestión del patrimonio de la pareja, el tribunal consideró que Rosalía Iglesias “tenía pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular”. Bárcenas sostiene que su mujer sólo firmaba los papeles que él le entregaba. Pero el tribunal atribuyó a Iglesias “una conducta claramente activa en orden a cooperar en esta dinámica de defraudación, ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo”. “Su participación”, concluye la sentencia, “no se limitó a plasmar su firma en cierta documentación”.
Libertad Digital
La empresa de comunicación Libertad Digital atravesaba dificultades financieras en 2004 y el PP compró acciones de ese medio de comunicación por 410.000 euros. Bárcenas declaró que fue el secretario general del PP, Ángel Acebes, quién le ordenó comprar participaciones de un medio de comunicación que entonces defendía la teoría de la conspiración del 11-M para atribuir a ETA la matanza de los trenes. El locutor Federico Jiménez Losantos demandó a EL PAÍS cuando este periódico informó sobre la compra de participaciones de Libertad Digital con dinero de la caja b del PP. Pero algunos meses después de presentada la demanda, Losantos la retiró: “Lo que en aquellas fechas llamé gravísima afirmación sin fundamento alguno, hoy, a la vista de las diligencias del juzgado y del reconocimiento del propio Bárcenas, existen dudas de hecho y de derecho que hacen aconsejable la renuncia a la acción”.
Matas, Jaume
Expresidente balear y exministro de Medio Ambiente en el Gobierno de José María Aznar. Su nombre figura en los papeles de Bárcenas con aportaciones de 5.400 euros para el pago de un piso. Matas aseguró al juez que nunca había recibido dinero b del PP pero admitió que la formación conservadora le pagó el alquiler de un piso en Madrid que utilizó cuando ya no era ministro y estaba pendiente de iniciar la campaña electoral en Baleares.
Páez, Cristóbal
Fue gerente del PP muy poco tiempo pero trabajo algunos años a la sombra de Luis Bárcenas. Su nombre aparece en los papeles con un sobresueldo de 6.000 euros que Páez reconoció.
Palencia, RafaelDonante
Empresario clave en la investigación abierta sobre el supuesto cohecho en la adjudicación de contratos a donantes del PP. Palencia se reunió con el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, por indicación de Luis Bárcenas. El empresario propuso a este alto cargo de la Comunidad de Madrid donar dinero al PP a cambio de que le adjudicaran contratos públicos. De Miguel grabó esa conversación, que acabó en el juzgado y permitió abrir una nueva investigación sobre el supuesto cohecho.
‘Papelesde Bárcenas’
Luis Bárcenas acumulaba a comienzos de 2010 numerosas sospechas de corrupción y seguía imputado en el caso Gürtel. El tesorero se paseaba algunos días con una cartera de piel marrón tamaño folio donde guardaba documentos sobre la historia oculta de su partido. Se mostraba indignado con el trato que algunos dirigentes del PP le estaban dando, según contaba a personas que intentaban ayudarle. Se lamentaba de que no se le protegiera lo suficiente frente a jueces y fiscales cuando él había cuidado de todos y tenía información suficiente para tumbar al partido y a sus principales dirigentes. El tesorero guardaba la información explosiva en esa cartera de piel marrón y se la mostró a varias personas: eran los papeles de la caja b.
Fragmento de uno de los documentos que forman parte de los ‘papeles de Bárcenas’.
Cuando EL PAÍS hizo públicos esos papeles, el 31 de enero de 2013, Bárcenas negó su autenticidad y tildó de chapucera esa contabilidad. Pero pronto rectificó y confesó ante el juez Pablo Ruz: “No hay un solo apunte que no se corresponda con un hecho real y todos los apuntes y las cantidades son rigurosamente ciertas”.
Querellas y demandas contra EL PAÍS
EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas y al menos una decena de las personas que aparecían reflejadas en las anotaciones del tesorero del PP demandaron al periódico por vulneración al honor, injurias y calumnias. El expresidente José María Aznar, su yerno, Alejandro Agag; la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; los secretarios generales y vicesecretarios del PP de distintas etapas (Angel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Dolores de Cospedal); el arquitecto Gonzalo Urquijo; el empresario Luis del Rivero o el locutor Federico Jiménez Losantos perdieron o retiraron sus demandas. Las sentencias avalaron siempre el trabajo del periódico. Durante meses, los principales dirigentes del PP acusaron a EL PAÍS de fabricar unos papeles falsos e intentaron que los jueces condenaran al periódico a rectificar aquella información.
Rajoy, Mariano
Salió presidente a la tercera y para entonces, noviembre de 2011, el caso Gürtel ya envenenaba el futuro de un partido sobre el que empezaba a pesar una grave sospecha de corrupción masiva. Los papeles de Bárcenas, conocidos en febrero de 2013, acabaron de dar la puntilla a Rajoy y al PP, que se desplomó en las siguientes elecciones generales. Pero el presidente del Gobierno aguantó en el cargo hasta que una moción de censura le apartó del poder en junio de 2018 tras hacerse pública la primera sentencia del caso Gürtel. Rajoy asegura que nunca cobró los sobresueldos que figuran en los papeles. Como presidente del PP, fue quien ascendió a Barcenas al cargo de tesorero nacional y le mantuvo cuando ya estaba imputado con el sueldo más alto de toda la organización.
Mariano Rajoy, durante su declaración como testigo en el juicio del ‘caso Gürtel’, en la Audiencia Nacional en 2017. POOL / REUTERS
Sobresueldos en b
Los principales dirigentes del PP entre 1990 y 2009 gozaron de varios sueldos oficiales con sus correspondientes retenciones de IRPF. Pero Bárcenas sostiene que además de esos salarios que les pagaba el partido –o las instituciones donde estaban- había un “sobresueldo” opaco al fisco que recibían cada trimestre y que suponía, de media, 24.000 euros al año. Ninguno de los dirigentes que recibió ese dinero habría cometido delito fiscal al no declararlo porque la cuota defraudada es muy inferior a 200.000 euros. Ese es uno de los motivos por los que la investigación judicial no se detuvo en los sobresueldos a la cúpula del PP, porque no suponían ninguna infracción penal. Por eso no se investigó a fondo y los beneficiarios lo negaron siempre con vehemencia.
Willy Bárcenas canta a su madre a las puertas del juicio por la ‘caja b’: «Es inútil llorar, mejor luchar a muerte»
Willy Bárcenas, líder del grupo pop Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, ambos actualmente en prisión, es el autor de la canción ‘Mamá’, que cierra su último disco publicado este viernes y en el que canta frases como «es inútil llorar, mejor luchar a muerte». La publicación de la canción se produce a tres días del inicio del juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional contra su padre y el ex gerente del partido, Cristóbal Páez, ent …
(Reuters) – Jazz Pharmaceuticals Plc dijo el miércoles que había acordado comprar GW Pharmaceuticals plc en un acuerdo de efectivo y acciones por valor de 7.200 millones de dólares que reforzará su negocio de neurociencia con la incorporación de un tratamiento para la epilepsia a base de cannabis.
Epidiolex de GW Pharma, la primera droga derivada de la marihuana aprobada en los Estados Unidos, generó ventas de más de $ 500 millones para la compañía con sede en el Reino Unido el año pasado. Los analistas esperan que las ventas superen los mil millones de dólares pronto.
El medicamento fue aprobado en junio de 2018 para su uso en pacientes de dos años o más con formas raras de epilepsia de inicio en la niñez que se encuentran entre las más resistentes al tratamiento. Desde entonces, ha recibido aprobaciones más amplias, incluso en niños de un año en adelante.
El acuerdo tomó por sorpresa a algunos fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en el cannabis. Muchos lo vieron como un sello de aprobación para la industria de la marihuana medicinal por parte de las compañías farmacéuticas tradicionales.
“Hoy podría ser un punto de inflexión notable ya que una compañía farmacéutica más tradicional ha acordado comprar GW Pharma”, dijo Nawan Butt, gerente de cartera de Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF.
Dan Ahrens, director de operaciones y gestor de cartera de AdvisorShares, que gestiona el ETF Pure Cannabis, dijo: «Estamos sorprendidos por la noticia … pero no sorprendidos en absoluto por la oportunidad o el precio».
«Cada vez más empresas están aprendiendo los beneficios de los productos cannabinoides, y los productos de cannabis y cannabinoides están ganando rápidamente aceptación en el ojo público y a nivel del gobierno federal».
El acuerdo permitirá a Jazz ir más allá de los trastornos del sueño y los tratamientos contra el cáncer reforzando su unidad de neurociencia.
El presidente y director ejecutivo de Jazz, Bruce Cozadd, dijo en una entrevista que en GW, Jazz está obteniendo “un producto de gran éxito a corto plazo en Epidiolex y una plataforma científica realmente emocionante en torno a los medicamentos cannabinoides, con programas clínicos de etapa temprana a tardía ya implementados . «
El expresidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, tras su salida de la Casa Blanca debido a su derrota electoral ante Joe Biden, anunció la contratación de dos controvertidos abogados para representarle en su juicio político que se estará desarrollando desde el 9 de febrero en el Senado de ese país, acusado de haber incitado a la violenta invasión del Capitolio el 6 de enero.
Tras la deserción de cinco juristas este fin de semana, y a solo ocho días del comienzo de su proceso, confió finalmente la tarea a Bruce Castor y David Schoen. Uno es un exfiscal que rechazó procesar al actor Bill Cosby por agresión sexual, y el otro sigue convencido de que el financiero Jeffrey Epstein no se suicidó en prisión por su proceso judicial de pederastia, informa un trabajo publicado por AFP.
Pese a no ser figuras de primera línea, ambos letrados ya han copado titulares y podrían garantizar el espectáculo durante unas audiencias que serán retransmitidas en directo en todo el país.
El penalista Schoen, de Alabama, se ha vanagloriado en el pasado de haber defendido a “todo tipo de gánsters”, incluidos los jefes de la mafia rusa o italiana. Entre sus clientes más famosos figura Roger Stone, amigo de larga data de Trump. Condenado por “perjurio” durante la investigación rusa; Stone es un autoproclamado especialista en “golpes bajos” de la política quien fue finalmente “indultado” por el Presidente justo antes de dejar el poder.
Schoen ha dado mucho de qué hablar sobre todo tras la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein en agosto de 2019. El letrado aseguró haber sido contratado para defender al financiero, acusado de explotación sexual de menores, y de haberle visitado antes de que apareciera colgado en su celda. “No creo que sea un suicidio”, afirmó entonces al Atlanta Jewish Times.
Castor, por su parte, es un exlegislador republicano de 59 años, quien también fue fiscal general interino del estado de Pensilvania. En este influyente puesto, rechazó, en 2005, abrir acciones contra el actor Bill Cosby, acusado por una mujer de violencia sexual. El actor, denunciado por decenas de otras mujeres en los años siguientes, acabó siendo condenado a prisión trece años después por estos abusos.
A partir del 9 de febrero, los dos abogados se verán de nuevo bajo los focos durante el proceso de Trump, el único presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar dos juicios políticos.
Abogados temerosos del “fraude”
Para evitar el debate de fondo (la invasión del Capitolio), los abogados de Trump piensan argumentar que un expresidente no puede ser sometido a un proceso de destitución. “Schoen y Castor están de acuerdo en que este impeachment es inconstitucional”, aseguraba el comunicado que anunció su contratación.
La prensa estadounidense ha puesto en la mesa si, entonces, estos abogados tratarán de justificar la cruzada poselectoral de Trump retomando las acusaciones de fraude que no pudo querellar judicialmente.
Una parte de los abogados del exinquilino de la Casa Blanca, precisamente abandonaron su defensa este fin de semana por negarse a entrar en esta vía.
Schoen aseguró al Washington Post que no desarrollará una teoría sobre el “fraude electoral”. “El proceso no versará sobre eso”, juró.
CLAVES:
El Exmandatario será juzgado por “incitación a la insurrección” tras el asalto de sus seguidores al Capitolio en la sesión en la que los legisladores certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Algunos de los 50 senadores republicanos, impresionados por la violencia de la invasión, podrían unir sus votos a los de los 50 demócratas.
Es, sin embargo, poco probable que alcancen los 67 legisladores necesarios para que sea condenado en el senado.
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