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Categoría: Narcopolítica
Ayuso prorroga el contrato a la empresa que distribuye comida podrida a pesar de las quejas y los informes negativos
Esta sociedad ha suspendido varias auditorías que evalúan la calidad de su servicio desde su contratación en la Comunidad de Madrid, tiene un expediente sancionador abierto por Competencia, y fue condenada en 2014 por el Tribunal Supremo.
Informe de auditoría de Quimicral sobre los almacenes Femar de Vallecas, a 28 de octubre de 2022. — Público
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar el contrato a las empresas encargadas de distribuir la comida en los centros residenciales públicos a su cargo, pese a las quejas de decenas de familiares y trabajadores, que han denunciado en múltiples ocasiones el mal estado en el que llegan los alimentos. Tal y como ha podido saber Público, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ya ha comunicado «a los adjudicatarios de los distintos lotes la continuación de los conciertos».
Entre las compañías que continuarán ofreciendo este servicio, se encuentra Plataforma Femar S.L, que se ocupa de los menús de 21 centros tutelados de menores, además de 22 residencias de mayores, como la Francisco de Vitoria de Alcalá, comedores sociales y centros ocupacionales. Esta entidad ha sido criticada por repartir embutido podrido, pescado con espinas para niños de tres años y ancianos con disfagia, así como por las escasas cantidades de las que disponen. Deficiencias que, explican las familias, han llegado a provocar problemas de desnutrición entre los residentes.
Pero las dudas sobre la viabilidad de las prácticas de Femar no llegan sólo por parte de los empleados y usuarios. La empresa, que logró ganar seis de los nueve lotes que salieron a concurso el pasado marzo de 2022, ha sido valorada con puntuaciones negativas en varias ocasiones por Quimicral, la consultora en seguridad nutricional contratada por la propia Administración autonómica para inspeccionar su funcionamiento.
En los informes, a los que ha accedido Público, se remarca la «suciedad general» de las naves y los palés en los que se apoyan los víveres antes de ser repartidos, con riesgo a que las comidas se contaminen. También alertan que los almacenes no siempre realizan controles de temperatura, peligrando la cadena del frío que es fundamental para evitar el deterioro de los productos congelados.
De hecho, de acuerdo con lo reflejado en los documentos, la empresa auditora llegó a encontrar cámaras frigoríficas con comida en su interior apagadas en una de sus visitas. En la misma línea, Quimicral habla de desorden, problemas de transporte y señala la presencia de productos de limpieza tóxicos, sin aislar, junto a la comida. Regular, mal y muy mal son palabras que se repiten constantemente en las evaluaciones.
Una oferta temeraria
Desde el pasado septiembre, cuando entró en vigor el contrato de alimentación entre Femar y la AMAS, el sistema de provisión de alimentos en residencias de personas mayores y centros tutelados de menores ha dado un giro de 180 grados. Una coyuntura que no ha sorprendido demasiado, pues los criterios para acceder a la licitación enfocados a la bajada de precios (con una puntuación de 70 sobre 100) ya daban algunas pistas de la calidad del servicio que se iba a ofrecer.
Lejos de actualizar los precios a la inflación experimentada desde el inicio de la guerra de Ucrania, Ayuso apostó por recortar la calidad nutricional de las comidas diarias de niños, adolescentes y mayores que residen en los centros públicos, con menús de hasta 4,60 euros para cubrir el coste del desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
Durante el concurso, Fermar presentó una oferta anormalmente baja en tres de los lotes a los que aplicaba por los que fue requerida para que desglosara «razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o costes». La plataforma justificó su propuesta temeraria con vagas indicaciones sobre el aprovechamiento de las rutas de distribución, la supresión de intermediarios o su elevado volumen de ventas, que claramente compartía con el resto de candidatas que postulaban por precios reseñablemente superiores. Por lo que, en principio, nada la dotaba de una mayor eficiencia significativa en comparación con sus competidores.
Incluso un informe de valoración elaborado por el jefe de servicio de gestión administrativa de la Comunidad de Madrid reconoció que era «difícil plasmar numéricamente la reducción de costes por la implantación de la empresa en el sector y por la especialización en trabajos con administraciones públicas». Sin embargo, pese las quejas constatadas y publicadas, los suspensos de inspección y la reducción sospechosa de los costes en el procedimiento, el responsable no dudó en adjudicarle dos de los tres lotes investigados en base a la supuesta aptitud de su herramienta informática.
Bajo el acecho de Competencia
Quien sí que ha considerado estas prácticas como posibles movimientos anticompetitivos es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene abierto un expediente sancionador contra Femar. La investigación se centra, precisamente, en el supuesto «reparto de clientes y la posible manipulación de licitaciones destinadas al suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios» entre varias entidades.
Las indagaciones de la CNMC llevan en curso desde el 28 de mazo del año pasado, por lo que cuando el Gobierno de Ayuso contrató a la plataforma estos hechos, esto es, que Femar podría formar parte de un cártel, ya se conocían. Es más, en diciembre Competencia volvió a emitir una nota donde se informaba de que, tras haber inspeccionado las sedes de las compañías implicadas en el caso, la instrucción seguía adelante a la espera de una resolución, que debe emitirse en un plazo máximo de 18 meses.
Si bien esta no es la primera contienda a la que se enfrenta la plataforma, que fue condenada por sentencia firme como autor responsable de un delito continuado y consumado de falsedad en documento mercantil por el Tribunal Supremo (TS) en 2014.
«Que la Administración tome las riendas»
Al conocer la decisión del Ejecutivo autonómico de alargar el concierto, Juan Lobato, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE ha hecho llegar una carta a Ayuso donde le ha exigido que «no prorrogue el sistema aprobado en el mes de septiembre dejando que sea el nuevo Ejecutivo que salga elegido después del 28 de mayo el que tome esa decisión».
En el escrito, el líder socialista ha puesto en valor la «dignidad» y el «respeto» que merecen las personas que viven en residencias y centros de menores. Lobato ha exigido que una buena alimentación de calidad sea lo prioritario para el Consejo de Gobierno de la comunidad.
Desde Más Madrid también son contundentes y reclaman «que la Administración tome las riendas» y se haga cargo del malestar generalizado en los centros residenciales públicos. El partido líder de la oposición en la Asamblea lamenta la situación de especial vulnerabilidad de los más pequeños: «Pueden estar dándoles basura, que difícilmente se van a poder quejar».
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Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de un diputado del PP que blindó una concesión millonaria del grupo
La constructora contrató a la hija del actual diputado del PP en Cantabria César Pascual, entonces gerente del hospital de Valdecilla, en noviembre de 2013, cuando le adjudicó un contrato de 900 millones
Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España
La constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de César Pascual, actual diputado del PP en Cantabria. La primera de esas contrataciones se produjo en 2013, cuando Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, adjudicó un multimillonario contrato para la gestión no sanitaria de este centro al grupo de la familia Del Pino, al que luego blindó durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos de contrato.
El polémico macrocontrato de Valdecilla, marcado por sobrecostes, deficiencias y lo que partidos políticos y sindicatos de Cantabria han tachado de «privatización encubierta”, comprendía terminar las obras de ampliación de este centro, cuya fachada se derrumbó en 1999 (murieron cuatro personas), y la concesión de todos los servicios no sanitarios, con un coste para la Administración de más de 900 millones de euros durante 20 años.
El contrato se adjudicó a Ferrovial, protagonista en las últimas semanas por su polémico traslado a Países Bajos, que va a plantear a sus accionistas el próximo 13 de abril. Fue la elegida en alianza con la empresa local Siecsa. Con el Gobierno cántabro entonces con mayoría absoluta del PP, esa adjudicación fue el colofón a casi dos décadas de obras, costes disparados, problemas económicos y retrasos continuos en la renovación del centro.
La consejera de Sanidad era entonces la actual líder popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que nada más asumir esa cartera, en 2011, nombró gerente de Valdecilla a César Pascual. Fue este, y no la consejera, quien firmó la resolución del “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una actuación global e integrada” en el hospital cántabro.
Tras un proceso de “diálogo competitivo”, Ferrovial acabó presentando la única oferta, tras apearse del proceso otras tres UTES formadas por grandes constructoras como OHL, ACS, Acciona o San José. Según la documentación disponible en la plataforma de contratación del Estado, Pascual firmó la adjudicación el 23 de noviembre de 2013. Y ese mismo mes, Ferrovial contrató a su hija Andrea Pascual como ingeniera en el New Doha International Airport de Qatar, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.
“Mi hija se incorporó en efecto el mismo mes pero estaba contratada con anterioridad”, asegura Pascual en un correo electrónico. El diputado, que ya ha anunciado en el Parlamento cántabro que no irá en las listas del PP para las elecciones del próximo 28 de mayo, explica que su hija “estaba trabajando en Marruecos para una empresa francesa y Ferrovial le ofreció un contrato muy sustancial en Qatar”. Y los contratos y visados para trabajar allí “no se formalizan en una semana ni mucho menos. No todos los ingenieros de caminos españoles dominan inglés y francés y menos aceptan trabajar en países árabes, sobre todo si son mujeres”.
Pascual defiende que su actuación en el procedimiento fue “intachable” y no tenía motivos para inhibirse ni hubo conflicto de interés. Argumenta que “la adjudicación del contrato se formalizó al único licitador que quedó después de todo el proceso y por tanto no cabía un supuesto posible trato de favor. El informe técnico dijo que cumplían y mi obligación como órgano de contratación era adjudicar. Si se hubiese dado el caso de más de un licitador obviamente me hubiera abstenido de la mesa de contratación como hubiera sido mi obligación pero no se dio el caso”.
Según Pascual, “para que exista un conflicto de intereses debe existir la posibilidad o la oportunidad de anteponer interés privado a la hora de elegir o tomar una decisión. En este caso no se dieron ninguna de las dos circunstancias: ni hubo que elegir ni tuve que decidir nada puesto que al cumplir los requisitos era obligada la adjudicación”.
Andrea Pascual sigue en Ferrovial: es actualmente project manager de Ferrovial en la ampliación del aeropuerto JFK de Nueva York, una de las obras más emblemáticas que el grupo de la familia Del Pino tiene entre manos.
El diputado popular reconoce asimismo que su hijo César también trabaja como ingeniero en la multinacional de los Del Pino. Se incorporó en 2018 y es jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
“Mi hijo entró en Ferrovial, como entró la mitad de su promoción”, dice. “Aprobó ingeniería de caminos a curso por año, sin repetir, y estaba entre los mejores”. “Las empresas, OHL, Ferrovial, todas, se disputan a los mejores”. “No tengo nada con Ferrovial, he trabajado con todas las empresas que se han adjudicado contratos de construcción, he estado 42 años en la Administración”, afirma Pascual, que dice que publicar un reportaje sobre sus relaciones con la multinacional es “inútil porque ya he anunciado mi retirada de la política”.
El diputado autonómico del PP, médico especializado en gestión sanitaria, fue director gerente de Valdecilla desde 2011 hasta 2015. En junio de ese año, cuando el PP ya enfilaba la salida del Gobierno cántabro y estaba en funciones, firmó una resolución relativa a la interpretación de una cláusula del contrato con Ferrovial que, en la práctica, impidió a la Administración regional sancionar y penalizar durante dos años a la adjudicataria por incumplimientos del contrato. “Ese blindaje no se ha hecho en ninguna concesionaria de Madrid”, dice una fuente del sector.
2 millones de perjuicio
Pascual adoptó esa resolución el 17 de junio de 2015, tres semanas después de las elecciones autonómicas de ese año. En ella establecía “que el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios, sea de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura”. La otra condición era la puesta en marcha de una nueva herramienta informática, Aurora, para “registrar todas las incidencias que se puedan producir”.
“Yo entendía que el tema de las penalizaciones del contrato entraba en vigor cuando se hiciera el traslado del hospital viejo al nuevo, porque entendía que el funcionamiento del hospital viejo no se lo podía achacar a Ferrovial”, explica al teléfono Pascual. “Con este contrato ha habido muchísima polémica siempre” y el PSOE “ha planteado muchísimos recursos y demandas y los perdió todos”, añade.
El Gobierno cántabro del PRC y el PSOE declaró esa resolución lesiva para el interés público en abril de 2017, por entender que se emitió sin el informe jurídico preceptivo que exige la Ley de Contratos del Sector Público y se basó en “una interpretación forzada” del contrato de concesión, amparada en “lagunas” legales que no existían. Esto provocó, según la resolución del Ejecutivo cántabro, “que se favorezca de manera exclusiva al contratista, y que se opere en perjuicio de la Administración contratante”.
En 2019, la entonces consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real (PSOE), cifró ese perjuicio en “más de dos millones de pérdidas para los intereses públicos” durante esos más de dos años. La decisión de Pascual de bloquear posibles indemnizaciones la anuló en febrero de 2019 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santander, a instancias del Gobierno cántabro. Pero Ferrovial recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) revocó esa decisión.
“La justicia me dio la razón, no a mí; se la dio a Ferrovial”, dice por teléfono Pascual, que asegura que los tribunales determinaron que su comportamiento “no fue lesivo para el Gobierno”.
En febrero de 2020, el TSJC anuló la suspensión cautelar de la resolución de Pascual que decretó el Gobierno cántabro en noviembre de 2016. Su principal argumento fue que, en contra de lo que planteó el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, sí hubo un informe jurídico, del que se encargó no la Administración, sino dos empresas externas, una UTE formada por la consultora de construcción estadounidense Hill International y Antares Consulting, dedicada al sector sanitario.
El TSJC dictaminó que si bien “no se cumple” el requisito de que ese informe lo firmara la Consejería o la Dirección General de Sanidad de Cantabria, el hospital de Valdecilla “es una entidad dependiente del Organismo Autónomo llamado Servicio Cántabro de Salud. De modo que parece, en principio, desvinculado de la organización o dependencia de las Consejerías o Direcciones Generales del Gobierno de Cantabria. Parece no dependiente ni de su organización jerárquica, ni presupuestaria… etcétera”.
“Por lo que, es lógico que los servicios de asesoramiento jurídicos también tuvieran que ser propios, y por lo tanto se entiende que el director del Hospital, en un momento dado, y teniendo en cuenta la complejidad del Contrato a implantar”, externalizara la asesoría jurídica, según la sentencia del TSJC.
“No sé a qué se debe esa insistencia en considerar que yo tuve un posible trato de favor con Ferrovial cuando ha quedado demostrado en los numerosos recursos judiciales que tuvo el proceso que se realizó con absoluta trasparencia y ajustado a derecho”, señala Pascual, que asegura que “ni un solo proceso judicial falló en contra del contrato”.
No obstante, sí ha habido resoluciones en ese sentido, como la que dictó en marzo de 2021 el Tribunal Supremo, que obligó a Ferrovial y Siec a costear el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci IS3000, que supone más de 163.000 euros al año y tiene implicaciones sobre el resto de tecnología presente o futura del centro, según indicó entonces el Ejecutivo cántabro.
“Otra cuestión es que políticamente a algunas fuerzas no les gustasen los contratos de colaboración público privada”, dice Pascual. “Pero una cosa es la valoración política y otra muy diferente que el contrato no fuera exquisitamente formalizado ateniéndose a la ley de contratos”.
Ambulancias en Madrid
Los caminos de Ferrovial y Pascual volvieron a cruzarse en 2018, año en que la constructora contrató a su hijo César. Él era director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid con Cristina Cifuentes como presidenta. Y fue imputado junto a otros tres altos cargos por supuesta prevaricación en el concurso sobre el transporte de ambulancias a hospitales del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) que adjudicó el servicio a Ferrovial.
Finalmente, a principios de 2019, y con Pascual ya cesado en el Gobierno madrileño, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid archivó la querella que presentó la empresa que quedó primera en el concurso, Ambulancias Alerta, cuya oferta fue la más barata, de 72,3 millones. Esta empresa aportó grabaciones en las que los altos cargos del gobierno madrileño (entre ellos Pascual) presionaban para que renunciaran al contrato porque, sostenían, habían ofrecido una rebaja excesiva. Alerta renunció y el contrato se lo quedó por 76 millones la segunda clasificada, Ferrovial, que ya prestaba ese servicio.
“Participé en una investigación por un conflicto con Ambulancias Alerta, pero no tenía nada que ver con Ferrovial. Se mezcla todo. Yo no era órgano de contratación ni estaba en la mesa de contratación”, dice Pascual, que tras archivarse ese procedimiento fue número 7 de la candidatura del PP de Cantabria para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
La adjudicataria del contrato del hospital de Valdecilla pertenece a Ferrovial Servicios, cuya venta al fondo Portobello cerró hace un año Ferrovial, aunque conserva una participación del 24,7% en esa filial, rebautizada como Serveo. Según El Economista, a finales de 2022 Ferrovial y Portobello contrataron a Santander para tratar de vender esa concesión. Según fuentes del mercado, actualmente no está en venta.
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Inna Afinogenova habla del caso de María Moskaliova, niña rusa que hizo un dibujo en contra de la guerra que llevó a su padre al arresto domiciliario y a ella, al orfanato.
La increíble historia de una «playa llena» con sólo seis bañistas: «En Antena 3 no le dicen la verdad ni al médico»
Un rótulo que, en efecto, se presta a confusión. La «animosa» playa vacía de A3.
No siempre es fácil lo del periodismo. La posibilidad de tomarle el pulso a lo que acontece es, en ocasiones, fuente de confusiones. La crónica periodística, siempre sujeta a las veleidades del presente, conduce al periodista a situaciones ciertamente sonrojantes.
En esta crónica, avistada este jueves en Espejo Público, programa comandado por Susanna Griso, nos topamos con un rótulo un tanto extemporáneo. Dice así: «Playas llenas en València con temperaturas muy altas que seguirán subiendo». Incluso la compañera periodista, enviada especial a la Malvarrosa, tiene a bien hacer hincapié en el «ambiente» que se vive en la citada playa.
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Todo bien si no fuera porque las imágenes parecen impugnar lo que se dice y escribe. No en vano la playa de marras aparece ante nuestros ojos completamente vacía, con la excepción, eso sí, de un grupo de seis amigas que, con sonrisa nerviosa, miran de reojo a la cámara.
Y claro, el personal, por lo general ajeno a los sinsabores de la profesión periodística, no ha dudado en mofarse al respective de este asunto:
Otros, en cambio, han querido recordar otra cobertura legendaria a pie de playa (vacía):
No reírse de los periodistas, hagan el favor. La realidad, en ocasiones, se empeña en contradecirnos. El plumilla queda entonces en evidencia, sometido al escrutinio de tuiteros ávidos de chascarrillo. El equipo de Tremending, como no podía ser de otro modo, empatiza con los responsables de esta información, también con el grupo de bañistas que, sin pretenderlo, se han visto envueltos en una playa ficticiamente abarrotada.
Antena 3 Rectifica Dentro de la Campaña de Desprestigio a Sanchez Gordillo (Alcalde de Marinaleda)
Eso si, rectifica con la boca chica. En ningun mometo de la rectificacion dicen que el error mayor es que el ayuntamiento de Marinaleda debe 2,8 millones y no 800 como dijeron (en ningun momento del el programa). Aparte de catalogar el error como: «datos no del todo correctos».
La Sexta Manipulando en Directo. Gamonal
Al menos exagerando lo que en ese momento se estaba produciendo. Tan habituados a mentir, que se olvidan que estan en directo y grabando.