Julián Macías analiza al grupo que crea mentiras «Team Jorge» y su conexión con la DAO, Inda y Ferreras.
Categoría: Narcopolítica
Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de un diputado del PP que blindó una concesión millonaria del grupo
La constructora contrató a la hija del actual diputado del PP en Cantabria César Pascual, entonces gerente del hospital de Valdecilla, en noviembre de 2013, cuando le adjudicó un contrato de 900 millones
Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España
La constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de César Pascual, actual diputado del PP en Cantabria. La primera de esas contrataciones se produjo en 2013, cuando Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, adjudicó un multimillonario contrato para la gestión no sanitaria de este centro al grupo de la familia Del Pino, al que luego blindó durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos de contrato.
El polémico macrocontrato de Valdecilla, marcado por sobrecostes, deficiencias y lo que partidos políticos y sindicatos de Cantabria han tachado de «privatización encubierta”, comprendía terminar las obras de ampliación de este centro, cuya fachada se derrumbó en 1999 (murieron cuatro personas), y la concesión de todos los servicios no sanitarios, con un coste para la Administración de más de 900 millones de euros durante 20 años.
El contrato se adjudicó a Ferrovial, protagonista en las últimas semanas por su polémico traslado a Países Bajos, que va a plantear a sus accionistas el próximo 13 de abril. Fue la elegida en alianza con la empresa local Siecsa. Con el Gobierno cántabro entonces con mayoría absoluta del PP, esa adjudicación fue el colofón a casi dos décadas de obras, costes disparados, problemas económicos y retrasos continuos en la renovación del centro.
La consejera de Sanidad era entonces la actual líder popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que nada más asumir esa cartera, en 2011, nombró gerente de Valdecilla a César Pascual. Fue este, y no la consejera, quien firmó la resolución del “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una actuación global e integrada” en el hospital cántabro.
Tras un proceso de “diálogo competitivo”, Ferrovial acabó presentando la única oferta, tras apearse del proceso otras tres UTES formadas por grandes constructoras como OHL, ACS, Acciona o San José. Según la documentación disponible en la plataforma de contratación del Estado, Pascual firmó la adjudicación el 23 de noviembre de 2013. Y ese mismo mes, Ferrovial contrató a su hija Andrea Pascual como ingeniera en el New Doha International Airport de Qatar, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.
“Mi hija se incorporó en efecto el mismo mes pero estaba contratada con anterioridad”, asegura Pascual en un correo electrónico. El diputado, que ya ha anunciado en el Parlamento cántabro que no irá en las listas del PP para las elecciones del próximo 28 de mayo, explica que su hija “estaba trabajando en Marruecos para una empresa francesa y Ferrovial le ofreció un contrato muy sustancial en Qatar”. Y los contratos y visados para trabajar allí “no se formalizan en una semana ni mucho menos. No todos los ingenieros de caminos españoles dominan inglés y francés y menos aceptan trabajar en países árabes, sobre todo si son mujeres”.
Pascual defiende que su actuación en el procedimiento fue “intachable” y no tenía motivos para inhibirse ni hubo conflicto de interés. Argumenta que “la adjudicación del contrato se formalizó al único licitador que quedó después de todo el proceso y por tanto no cabía un supuesto posible trato de favor. El informe técnico dijo que cumplían y mi obligación como órgano de contratación era adjudicar. Si se hubiese dado el caso de más de un licitador obviamente me hubiera abstenido de la mesa de contratación como hubiera sido mi obligación pero no se dio el caso”.
Según Pascual, “para que exista un conflicto de intereses debe existir la posibilidad o la oportunidad de anteponer interés privado a la hora de elegir o tomar una decisión. En este caso no se dieron ninguna de las dos circunstancias: ni hubo que elegir ni tuve que decidir nada puesto que al cumplir los requisitos era obligada la adjudicación”.
Andrea Pascual sigue en Ferrovial: es actualmente project manager de Ferrovial en la ampliación del aeropuerto JFK de Nueva York, una de las obras más emblemáticas que el grupo de la familia Del Pino tiene entre manos.
El diputado popular reconoce asimismo que su hijo César también trabaja como ingeniero en la multinacional de los Del Pino. Se incorporó en 2018 y es jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
“Mi hijo entró en Ferrovial, como entró la mitad de su promoción”, dice. “Aprobó ingeniería de caminos a curso por año, sin repetir, y estaba entre los mejores”. “Las empresas, OHL, Ferrovial, todas, se disputan a los mejores”. “No tengo nada con Ferrovial, he trabajado con todas las empresas que se han adjudicado contratos de construcción, he estado 42 años en la Administración”, afirma Pascual, que dice que publicar un reportaje sobre sus relaciones con la multinacional es “inútil porque ya he anunciado mi retirada de la política”.
El diputado autonómico del PP, médico especializado en gestión sanitaria, fue director gerente de Valdecilla desde 2011 hasta 2015. En junio de ese año, cuando el PP ya enfilaba la salida del Gobierno cántabro y estaba en funciones, firmó una resolución relativa a la interpretación de una cláusula del contrato con Ferrovial que, en la práctica, impidió a la Administración regional sancionar y penalizar durante dos años a la adjudicataria por incumplimientos del contrato. “Ese blindaje no se ha hecho en ninguna concesionaria de Madrid”, dice una fuente del sector.
2 millones de perjuicio
Pascual adoptó esa resolución el 17 de junio de 2015, tres semanas después de las elecciones autonómicas de ese año. En ella establecía “que el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios, sea de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura”. La otra condición era la puesta en marcha de una nueva herramienta informática, Aurora, para “registrar todas las incidencias que se puedan producir”.
“Yo entendía que el tema de las penalizaciones del contrato entraba en vigor cuando se hiciera el traslado del hospital viejo al nuevo, porque entendía que el funcionamiento del hospital viejo no se lo podía achacar a Ferrovial”, explica al teléfono Pascual. “Con este contrato ha habido muchísima polémica siempre” y el PSOE “ha planteado muchísimos recursos y demandas y los perdió todos”, añade.
El Gobierno cántabro del PRC y el PSOE declaró esa resolución lesiva para el interés público en abril de 2017, por entender que se emitió sin el informe jurídico preceptivo que exige la Ley de Contratos del Sector Público y se basó en “una interpretación forzada” del contrato de concesión, amparada en “lagunas” legales que no existían. Esto provocó, según la resolución del Ejecutivo cántabro, “que se favorezca de manera exclusiva al contratista, y que se opere en perjuicio de la Administración contratante”.
En 2019, la entonces consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real (PSOE), cifró ese perjuicio en “más de dos millones de pérdidas para los intereses públicos” durante esos más de dos años. La decisión de Pascual de bloquear posibles indemnizaciones la anuló en febrero de 2019 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santander, a instancias del Gobierno cántabro. Pero Ferrovial recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) revocó esa decisión.
“La justicia me dio la razón, no a mí; se la dio a Ferrovial”, dice por teléfono Pascual, que asegura que los tribunales determinaron que su comportamiento “no fue lesivo para el Gobierno”.
En febrero de 2020, el TSJC anuló la suspensión cautelar de la resolución de Pascual que decretó el Gobierno cántabro en noviembre de 2016. Su principal argumento fue que, en contra de lo que planteó el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, sí hubo un informe jurídico, del que se encargó no la Administración, sino dos empresas externas, una UTE formada por la consultora de construcción estadounidense Hill International y Antares Consulting, dedicada al sector sanitario.
El TSJC dictaminó que si bien “no se cumple” el requisito de que ese informe lo firmara la Consejería o la Dirección General de Sanidad de Cantabria, el hospital de Valdecilla “es una entidad dependiente del Organismo Autónomo llamado Servicio Cántabro de Salud. De modo que parece, en principio, desvinculado de la organización o dependencia de las Consejerías o Direcciones Generales del Gobierno de Cantabria. Parece no dependiente ni de su organización jerárquica, ni presupuestaria… etcétera”.
“Por lo que, es lógico que los servicios de asesoramiento jurídicos también tuvieran que ser propios, y por lo tanto se entiende que el director del Hospital, en un momento dado, y teniendo en cuenta la complejidad del Contrato a implantar”, externalizara la asesoría jurídica, según la sentencia del TSJC.
“No sé a qué se debe esa insistencia en considerar que yo tuve un posible trato de favor con Ferrovial cuando ha quedado demostrado en los numerosos recursos judiciales que tuvo el proceso que se realizó con absoluta trasparencia y ajustado a derecho”, señala Pascual, que asegura que “ni un solo proceso judicial falló en contra del contrato”.
No obstante, sí ha habido resoluciones en ese sentido, como la que dictó en marzo de 2021 el Tribunal Supremo, que obligó a Ferrovial y Siec a costear el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci IS3000, que supone más de 163.000 euros al año y tiene implicaciones sobre el resto de tecnología presente o futura del centro, según indicó entonces el Ejecutivo cántabro.
“Otra cuestión es que políticamente a algunas fuerzas no les gustasen los contratos de colaboración público privada”, dice Pascual. “Pero una cosa es la valoración política y otra muy diferente que el contrato no fuera exquisitamente formalizado ateniéndose a la ley de contratos”.
Ambulancias en Madrid
Los caminos de Ferrovial y Pascual volvieron a cruzarse en 2018, año en que la constructora contrató a su hijo César. Él era director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid con Cristina Cifuentes como presidenta. Y fue imputado junto a otros tres altos cargos por supuesta prevaricación en el concurso sobre el transporte de ambulancias a hospitales del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) que adjudicó el servicio a Ferrovial.
Finalmente, a principios de 2019, y con Pascual ya cesado en el Gobierno madrileño, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid archivó la querella que presentó la empresa que quedó primera en el concurso, Ambulancias Alerta, cuya oferta fue la más barata, de 72,3 millones. Esta empresa aportó grabaciones en las que los altos cargos del gobierno madrileño (entre ellos Pascual) presionaban para que renunciaran al contrato porque, sostenían, habían ofrecido una rebaja excesiva. Alerta renunció y el contrato se lo quedó por 76 millones la segunda clasificada, Ferrovial, que ya prestaba ese servicio.
“Participé en una investigación por un conflicto con Ambulancias Alerta, pero no tenía nada que ver con Ferrovial. Se mezcla todo. Yo no era órgano de contratación ni estaba en la mesa de contratación”, dice Pascual, que tras archivarse ese procedimiento fue número 7 de la candidatura del PP de Cantabria para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
La adjudicataria del contrato del hospital de Valdecilla pertenece a Ferrovial Servicios, cuya venta al fondo Portobello cerró hace un año Ferrovial, aunque conserva una participación del 24,7% en esa filial, rebautizada como Serveo. Según El Economista, a finales de 2022 Ferrovial y Portobello contrataron a Santander para tratar de vender esa concesión. Según fuentes del mercado, actualmente no está en venta.
¿DEBEN DEVOLVER LAS AYUDAS LAS EMPRESAS QUE SE VAN? | PANDEMIA PARLAMENTARIA
Revisamos las PNL presentada por EH Bildu para que las empresas que se deslocalicen devuelvan las ayudas cobradas. PP, Vox y Ciudadanos sacan el eterno comodín de ETA. Analizamos también la PNL presentada por Vox en un insultante ejercicio de transposición aderezado con teorías de la conspiración para exigir medios veraces y plurales. Spoiler: sale mal.
A LA CÁRCEL POR RECHAZAR LA GUERRA| @innaafinogenova – LA BASE
Inna Afinogenova habla del caso de María Moskaliova, niña rusa que hizo un dibujo en contra de la guerra que llevó a su padre al arresto domiciliario y a ella, al orfanato.
La increíble historia de una «playa llena» con sólo seis bañistas: «En Antena 3 no le dicen la verdad ni al médico»
Un rótulo que, en efecto, se presta a confusión. La «animosa» playa vacía de A3.
No siempre es fácil lo del periodismo. La posibilidad de tomarle el pulso a lo que acontece es, en ocasiones, fuente de confusiones. La crónica periodística, siempre sujeta a las veleidades del presente, conduce al periodista a situaciones ciertamente sonrojantes.
En esta crónica, avistada este jueves en Espejo Público, programa comandado por Susanna Griso, nos topamos con un rótulo un tanto extemporáneo. Dice así: «Playas llenas en València con temperaturas muy altas que seguirán subiendo». Incluso la compañera periodista, enviada especial a la Malvarrosa, tiene a bien hacer hincapié en el «ambiente» que se vive en la citada playa.
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Todo bien si no fuera porque las imágenes parecen impugnar lo que se dice y escribe. No en vano la playa de marras aparece ante nuestros ojos completamente vacía, con la excepción, eso sí, de un grupo de seis amigas que, con sonrisa nerviosa, miran de reojo a la cámara.
Y claro, el personal, por lo general ajeno a los sinsabores de la profesión periodística, no ha dudado en mofarse al respective de este asunto:
Otros, en cambio, han querido recordar otra cobertura legendaria a pie de playa (vacía):
No reírse de los periodistas, hagan el favor. La realidad, en ocasiones, se empeña en contradecirnos. El plumilla queda entonces en evidencia, sometido al escrutinio de tuiteros ávidos de chascarrillo. El equipo de Tremending, como no podía ser de otro modo, empatiza con los responsables de esta información, también con el grupo de bañistas que, sin pretenderlo, se han visto envueltos en una playa ficticiamente abarrotada.
Antena 3 Rectifica Dentro de la Campaña de Desprestigio a Sanchez Gordillo (Alcalde de Marinaleda)
Eso si, rectifica con la boca chica. En ningun mometo de la rectificacion dicen que el error mayor es que el ayuntamiento de Marinaleda debe 2,8 millones y no 800 como dijeron (en ningun momento del el programa). Aparte de catalogar el error como: «datos no del todo correctos».
La Sexta Manipulando en Directo. Gamonal
Al menos exagerando lo que en ese momento se estaba produciendo. Tan habituados a mentir, que se olvidan que estan en directo y grabando.
El Orden Criminal del Mundo
Estos documentales deberían ser transmitidos en los sistemas de televisión publica de nuestros paises. La información es poder, por eso quienes detentan el poder todo el tiempo quieren controlar la información. Me quedo con dos magistrales frases del Maestro Galeano: «Con el dinero ocurre al revés que con las personas: cuanto más libre, peor» y «La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo»…
Presidente Maduro ratifica compromiso en lucha anticorrupción
El jefe de Estado destacó que no se detendrán en la lucha contra los bandidos y la corruptela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra la corrupción.
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Durante la inauguración de la II Feria Nacional de Criabúfalos Caracas 2023, el mandatario expresó que «cuando procedimos a tirar esta operación anticorrupción, estábamos en la certeza que estábamos dando un golpe a las mafias podridas de la corrupción».
«En esta etapa es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra las bandas de mafiosos enquistadas. (…) No nos vamos a detener en la lucha contra los malamañosos, los corruptos, los bandidos, contra la corruptela», aseveró el jefe de Estado.
Además, recordó que ha dirigido personalmente esta investigación desde hace semanas, junto con un grupo importante de funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Fiscalía General, «con paciencia, con mucha intuición y profundidad».
«Voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado a un pueblo en circunstancias verdaderamente excepcionales», manifestó.
Por otro lado, el presidente Maduro instó a los organismos de investigación y la Fiscalía a garantizar que los recursos robados sean reintegrados al Estado para su posterior inversión en programas sociales.
«Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país, que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo más temprano que tarde», dijo.
La Corte Constitucional de Ecuador admite juicio político contra El presidente Lasso
Para que se pueda destituir al presidente de la República se requieren 92 votos de los 137 asambleístas ecuatorianos.
La Corte Constitucional (CC) de Ecuador admitió este miércoles el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso relacionado con el presunto delito de peculado.
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En un comunicado, el máximo ente constitucional del país suramericano explicó que el pleno resolvió “inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado”.
La CC mencionó que esta determinación ocurrió por mayoría calificada de seis votos a favor y tres votos salvados (emitidos en forma individual por las juezas Teresa Nuques Martínez y Carmen Corral Ponce y el juez Enrique Herrería Bonnet).
Agregó que en el análisis de la solicitud presentada por la Asamblea Nacional (parlamento) se estableció que los primeros dos cargos formulados -relacionados con el delito de concusión- no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
“En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la LOGJCC”, especificó la CC.
Con este dictamen de admisibilidad, por primera vez en la historia democrática de Ecuador, desde que rige la Constitución del año 2008, un presidente de la República será llamado a juicio político en la Asamblea Nacional, destacó el corresponsal de teleSUR en Quito, Orlando Pérez.
El periodista explicó que ahora el parlamento tiene un plazo de hasta 30 días para que procese todos los mecanismos de orden constitucional (defensa, descargo, entre otros).
Luego de que la comisión parlamentaria de fiscalización elabore un informe con el detalle de la acusación, este pasará al pleno legislativo para su debate.
Para que se pueda destituir al presidente de la República se requieren 92 votos de los 137 asambleístas ecuatorianos.
En un comunicado emitido en la noche del miércoles, el Gobierno del presidente Lasso manifestó que respeta la decisión de la Corte Constitucional, sin embargo rechaza el juicio político y ratifica la inocencia del jefe de Estado.