Si María Corina Machado y Edmundo González ganaron las elecciones y tienen las actas que lo prueban… ¿Qué necesidad tienen de colgar estas actas «truchas»?
El 17,34% de los diputados del Congreso ingresa rentas por el alquiler de algún tipo de propiedad. La cifra sube a un 19,33% en el caso de los socialistas.
«España es un país solidario y el parque de vivienda en alquiler, en su mayor parte, pertenece a particulares, a pequeños propietarios. Les pido que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos las rentabilidades en términos sociales y que valoremos que esos precios estén de acuerdo con la capacidad de los españoles y las españolas».
Es lo que ha afirmado este martes en la Cadena SER la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a topar los precios del alquiler. La ministra pide a los propietarios solidaridad y que «se hagan cargo». Lo curioso es que la ministra podría haber dirigido también esas peticiones directamente a los diputados en el Congreso, donde abundan quienes ingresan un sobresueldo gracias a las rentas del alquiler.
El 17,34% de los parlamentarios de la Cámara Baja cobran algún tipo de renta por el alquiler de propiedades. La cifra es incluso más elevada entre la bancada socialista. El 19,33% de los diputados del PSOE cobra un sobresueldo gracias a alquileres: prácticamente uno de cada cinco. Esto hace que el PSOE sea entre los cuatro grandes grupos del Congreso el que cuenta con un mayor porcentaje de rentistas.
Los datos provienen del análisis que ha realizado Público de las declaraciones de bienes y rentas que los diputados presentan ante el Congreso. Actualmente 346 han cumplido con esta obligación. Otros cuatro han recogido su acta hace poco en sustitución de un compañero y, por ello, aún no han presentado su declaración o la Cámara Baja aún no la ha publicado.
En total, son 60 diputados de ese total de 346 de los que se ha publicado la declaración los que declaran algún tipo de ingreso por alquiler de propiedades. No quiere decir que no haya más. Los diputados no rellenan siempre de forma adecuada el modelo de declaración de bienes que les facilita el Congreso. Tampoco hay una casilla específica para indicar los ingresos por alquiler.
La mayoría lo indican en el apartado de «otras rentas o percepciones de cualquier clase», pero algunos lo apuntan en otras secciones del documento y otros podrían haberlo omitido directamente. El Congreso no revisa ni verifica el contenido de las declaraciones de los diputados y, por lo tanto, nadie llega realmente a comprobar si lo que están declarando los parlamentarios es cierto o si podría faltar información.
Entre los diputados rentistas hay nombres célebres como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP asegura en su declaración haber percibido 5.584,40 euros por el alquiler de propiedades en 2022, aunque no especifica de qué clase: si un local, una vivienda, un aparcamiento u otro tipo de inmueble.
26 diputados no aclaran qué tipo de bienes inmuebles tienen alquilados
El presidente del Gobierno tampoco indica qué tipo de bienes ha arrendado, pero ha declarado haber ingresado 12.845 euros por ese concepto en 2022. Sánchez y Feijóo son dos de los 26 diputados que no concretan en sus declaraciones qué tipo de propiedades han tenido alquiladas.
Esa falta de concreción en las declaraciones impide poder comparar los ingresos de alquiler de los distintos diputados rentistas. De hecho, el modelo del Congreso establece que los diputados deberían indicar sus rentas anuales en el año anterior a la presentación de la declaración. Pero cada uno lo hace a su manera. Además, tampoco hay sanciones en el caso de que lleguen a mentir u ocultar información. Todo ello, hace que, por ejemplo, unos indiquen rentas anuales y otros, mensuales; o que unos especifiquen los ingresos brutos y otros, los netos.
A pesar de ello, algunos parlamentarios destacan especialmente. Es el caso de los únicos tres diputados que declaran ingresar más de 20.000 euros anuales por el alquiler de propiedades. Los tres son del PP: Isabel María Borrego Cortés, Manuel Cobo Vega y Carlos Rojas García. Anteriormente también formaba parte de esta lista Miquel Iceta, que ya no es diputado ni ministro y ejerce como embajador delegado permanente de España en la Unesco.
Rocío Aguirre, diputada de Vox y hermana de Esperanza Aguirre, cobraba 100.000 euros como agente inmobiliaria
Otro caso curioso es el de Rocío Aguirre Gil de Biedma, diputada de Vox. La también hermana de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha declarado 12.600 euros gracias a las rentas de sus bienes inmuebles. Pero, además, en su declaración también indica que antes de ser diputada trabajaba como agente inmobiliaria. Su salario por ese trabajo en 2022 fue de 104.400 euros —si no se ha equivocado al indicarlo, la cifra debería ser en neto—.
La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cobra rentas por alquilar una vivienda. O al menos era así la última vez que fue diputada. En su declaración indicaba ganar 5.130 euros al año por el alquiler de una vivienda en Ciudad Real.
¿A lo Torrente? Alvise y el dueño del Club de alterne en las cuentas investigadas: Alvise dio la cuenta de una sociedad en la que aparece al frente un propietario de un club de chicas, según cuentan varios medios. La documentación y movimientos entorno a Cryptospain sigue aportando datos muy sorprendentes. En cuanto a la financiación de Vox, son más de 9 millones de euros prestados por un banco de Hungría próximo al ultra Orbán. Podría ser una vulneración de la ley de financiación de partidos políticos. Siguen apareciendo datos escalofriantes sobre las muertes en la residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia. Testimonios de Manuel Rico y de Victoria Zunzunegui que nos cuentan informaciones ocultas por Ayuso. El rey Emérito, no paga impuestos en España, pero sigue regateando a bordo del Bribón en Galicia y hasta nos dicen que es un campeón… Informe Cintora.
Hoy contamos con las intervenciones de Darko Decimavilla (Elle Activista), Sarah P. Santaolalla (Analista política), Andrea Paredes (Politóloga) y Edu García (Descifrando la Guerra)
El alargamiento del proceso judicial, pese a no haber ni pruebas directas y ni siquiera indicios, no deja de ser uno de los elementos que configuran el lawfare
Rober Solsona / Europa Press
Esta semana el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha rechazado los recursos y confirmado el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, junto a sus ex altos cargos por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de una menor tutelada por parte de su exmarido, quien trabajaba de educador social y fue condenado a 5 años de prisión.
El procesamiento ha llegado después de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia —dirigida por Pedro Castellano y que ha archivado numerosos casos de corrupción del PP— reabriera el caso tras estimar parcialmente los recursos de la víctima (representada por el abogado y exlíder de la asociación España 2000 José Luis Roberto) y de la acusación popular (representada por Vox con sus miembros José Gosálbez y Marta Castro y la agitadora ultraderechista Cristina Seguí a través de su asociación Gobiérnate).
La Audiencia estimó que no podía “descartarse claramente” la existencia de una infracción penal y que no existiese “indicios suficientes”. Sin embargo, el caso fue archivado el pasado 2 de abril por el juez instructor al no existir “indicios de la comisión de delito alguno”, una decisión explicada en un extenso auto de 96 páginas.
“Discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento”, señalaban los magistrados, pese a que el propio juez instructor aseguró que no había podido acreditar “ni siquiera al nivel propio de los indicios” que Oltra tuviera conocimiento de los hechos hasta el 4 de agosto de 2017, fecha en la que llegó al hogar aun compartido la resolución sobre la primera denuncia a su exmarido.
“¿Qué tendrá que ver el expresidente de la Generalitat de un partido condenado por corrupción, con Ribera Salud, con una fundadora de Vox querellante y exhibicionista de Maite por espectáculos televisivos, el Ateneo Mercantil, y un exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial?”, se preguntaba la aún vicepresidenta en la intervención en Les Corts de abril de 2022, mientras sujetaba una fotografía de la propia Cristina Seguí junto a el expresident del PP, Francisco Camps, y el dirigente de Ribera Salud, Alberto de Rosa.
Durante su mandato, así como en los anteriores de Eduardo Zaplana, Francisco Camps privatizó numerosos hospitales públicos que acaban en manos de Ribera Salud, lo que se denominó como ‘modelo Alzira’ y donde los pacientes se consideraban ‘potenciales clientes’. Según recogía El Salto, el grupo llegó a gestionar hasta el 20% de la sanidad pública valenciana, llegando a pagar la Generalitat Valenciana hasta 7.500 millones de euros entre 2003 y 2018.
Pero tras la llegada del Botànic con Oltra como vicepresidenta, comenzó la reconversión de los hospitales de nuevo a gestión totalmente pública, hecho que hizo que Ribera Salud tuviera millones de euros de pérdidas.
Aquí radicaría la verdadera razón de esta persecución. Y es que además de la participación de la ultraderecha en el proceso, el poder económico también es una parte fundamental de un caso de lawfare.
Pero Oltra no solo señalaba a Alberto de Rosa. Su hermano, Fernando de Rosa, es expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, exconseller de Justicia en el gobierno de Camps y actual miembro del Partido Popular.
Pero además, su hermana Carmen de Rosa es la presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, donde precisamente se celebró un acto llamado ‘Protejamos a nuestras menores’ organizado por la misma Cristina Seguí junto a Javier Negre, donde se afirmó que Oltra utilizó al Generalitat para obstruir la causa contra su exmarido”. Más tarde, el Gobierno de Mazón —con Vox todavía en el Ejecutivo— nombró a Carmen de Rosa directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas en la Conselleria liderada anteriormente por Oltra.
Todo un conjunto de actores que estarían detrás del lawfare contra Oltra. Persecuciones políticas, mediáticas y judiciales contra un líder en las que, como en este caso, se intenta alargar al máximo el proceso judicial —pese a no haber pruebas directas y ni siquiera indicios— sin necesidad de que finalmente haya una sentencia condenatoria, sino siendo el objetivo final el acabar la carrera política de un dirigente elegido democráticamente.
En declaraciones a Diario Red la eurodiputada Irene Montero ha desvelado que los mandos responsables le han informado de que es la misma Secretaría de Estado de Interior la que deniega la entrada
Hoy en Noticias Básicas te contamos que Alvise reconoce que es culpable por el cobro de 100.000 euros en la campaña de las elecciones europeas, la huelga general y jornada de lucha por Palestina en todo el Estado y que uno de cada cinco diputados del PSOE cobra rentas por el alquiler de propiedades.
“Aznar ve a Feijóo como un corderito, como un edificio que se derrumba, y Aznar ha exigido más. Hay una alianza, un sindicato mediático y judicial para acabar con este gobierno”, revela Ernesto Ekaizer. “El juez Peinado fue al asalto de la Moncloa para tomar una declaración grabada a Sánchez que podía ahorrarse. García Castellón va contra Ione Belarra (Podemos) y le pone una demanda de un coste altísimo”. Ekaizer también se moja y dice lo que puede durar el gobierno. Habla de Israel, Líbano, plan de regeneración, okupas, deudas con Hacienda o Manu Tenorio… Revelaciones de Ernesto Ekaizer a Jesús Cintora.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha impedido el acceso de la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la sala del aeropuerto en la que se encuentran retenidos decenas de activistas saharauis. Belarra ha criticado las «condiciones inhumanas» que sufren los activistas en la sala de asilo del aeropuerto. Además, ha acusado al Gobierno de rechazar sus solicitudes para evitar conflictos con Marruecos. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
@Hipatia203
hace 5 horas