El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se dirige a la nación en mensaje del Año Nuevo desde sitio construido mil años antes de la llegada de europeos.
López Obrador ha enviado este sábado un mensaje de Año Nuevo a los ciudadanos en sus redes sociales, grabado en la zona arqueológica de Palenque, un antiguo asentamiento maya del periodo Clásico (250-900 d. C.), que fue la capital de una dinastía que dominó una extensa región que abarcó el norte del actual estado de Chiapas y el sur de lo que hoy es Tabasco.
“Qué mejor lugar para desear un buen año [y] desear, en lo personal, que gocemos de salud y seamos muy felices”, ha señalado el jefe de Estado.
También, ha dicho que está optimista y quiere trasmitir ese optimismo a todos. Ha explicado que su optimismo se basa en la herencia cultural del pueblo mexicano.
En este contexto, se ha referido al Templo de las Inscripciones, conocido popularmente como el Templo de la Tumba de Pakal, y dijo brevemente cómo fue construido el “mágico y majestuoso [sitio] construido mil años antes de que los europeos llegaran a invadirlo”.
“Fue construido mil años antes de que llegaran los españoles. Y todavía hay quienes sostienen que ellos nos trajeron la civilización, que vinieron a civilizarnos porque éramos bárbaros”, ha afirmado el presidente mexicano.
También, ha subrayado que las antiguas civilizaciones prehispánicas heredaron a los mexicanos “virtudes extraordinarias”, entre las que destaca la honestidad en la que fundamenta su optimismo.
Por otro lado, ha indicado que, a pesar de las adversidades, como inundaciones, temblores, malos gobiernos y pandemias, México ha sabido a salir adelante gracias a su fortaleza.
“México es muy fuerte, por sus culturas, tradiciones, porque tiene un pueblo bueno, honesto y trabajador. Les transmito mi optimismo y les mando un abrazo. Va a ser un buen año el 2023”, ha resaltado.
Junto a sus cómplices policiales y mediáticos perpetraron un plan para que se pudiera acusar al comisario de Asuntos Internos Martín Blas o a otros asistentes a la reunión.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la primera sesión de un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, el 8 de noviembre de 2022, en Madrid. —Isabel Infantes/EUROPA PRESS
El juicio por la grabación ilegal a agentes del CNI en el que está acusado Villarejo ha quedado visto para sentencia. Junto al comisario de las cloacas están imputados como cooperadores necesarios su esposa Gemma Alcalá y el periodista Carlos Mier.
La Fiscalía pide para el comisario ya jubilado 4 años de prisión por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos ya que considera que Villarejo ordenó la grabación del encuentro entre agentes del CNI y policías de Asuntos Internos que tuvo lugar en octubre de 2014. Pero también le señala como responsable de la posterior difusión de ese audio en medios de comunicación.
Sobre este último punto, hay que subrayar que la instrucción del caso dejó fuera del juicio la pata mediática que colaboró activamente en la publicación y dispersión de la grabación. Se trata de una serie de periodistas y medios que no informaban sobre un acontecimiento de interés público sino que colaboraban activa y conscientemente en la estrategia diseñada por Villarejo.
La coartada de este grupo de apoyo mediático es que son muchos periodistas de varios medios diferentes los que publican contenidos similares sobre la grabación al CNI. Y no es casualidad. Porque esta es precisamente una de las dos estrategias de la defensa de Villarejo.
Tanto los letrados como los testigos que han acudido en apoyo del comisario jubilado, entre los que se encuentran varios miembros de la pata policial que han colaborado habitualmente con Villarejo, han insistido en crear situaciones que abren el abanico de sospechosos de grabar y difundir el audio de la reunión con miembros del CNI más allá de los acusados. Recurren, así, a señalar que son muchos los posibles autores. Se diluye de esta forma la responsabilidad de los acusados.
La otra estrategia de defensa va en conexión con la primera. Se trata de insistir en cuestiones ya zanjadas por la Audiencia Provincial durante la instrucción y que tenían que ver con falsas acusaciones a los investigadores de Asuntos Internos de la Policía (el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén Eladio López). De esta manera, se ha tratado durante el juicio de señalar irregularidades en la investigación y mostrar una supuesta parcialidad manifiesta de los investigadores ya que se insistía una y otra vez en una teórica enemistad entre Villarejo y Martín Blas. Algo que la pata mediática bautizó como «guerra de comisarios» y que ya descartó la Audiencia Provincial.
Una grabación realizada con la intención de que hubiera varios sospechosos
El primer instructor de este caso, el juez Zamarriego, solicitó a dos organismos técnicos oficiales sendos informes sobre la grabación. Tanto la Policía Científica como el Centro Criptológico Nacional (CCN) concluyeron que la reunión se grabó por conducto telefónico y en remoto.
Por esta razón, el primer punto donde hay que detenerse para saber quién grabó la reunión es el de los teléfonos de los asistentes. Estos aportaron voluntariamente sus terminales para que fueran analizados. Con esa información y la aportada por las compañías telefónicas a petición del juez Zamarriego se puede dibujar lo que ocurrió para que la reunión pudiera ser registrada.
Ninguno de los presentes tenía en sus teléfonos rastro alguno de llamadas entrantes o salientes o grabaciones durante el periodo de la reunión (desde las 17:30 hasta aproximadamente pasadas las 18:00). Es decir, según esta información, esas llamadas o grabaciones no existieron o fueron borradas. Además, todos los presentes en ese encuentro declararon que no sonó ningún teléfono mientras estaban reunidos.
Sin embargo, las antenas que daban cobertura a las líneas de los asistentes dibujan otra historia. Uno de los presentes recibió una llamada de 13 minutos y 6 segundos. Y esta persona presente era, precisamente, el titular del despacho donde se estaba celebrando la reunión: el jefe de Asuntos Internos, el comisario Martín Blas. Según el análisis del CCN a este terminal, un ‘malware’ previamente instalado en el teléfono pudo permitir la grabación del audio del encuentro de forma remota y la posterior destrucción de cualquier rastro de esta operación.
El juez Zamarriego solicitó conocer quién era el titular y usuario de la línea que efectúa esa llamada. Gracias a los datos de las antenas se comprueba que esta persona es el periodista Carlos Mier Fernández, en aquel momento empleado en la web ‘Información Sensible’, propiedad de Sensible Code SL, empresa que entonces era propiedad en un 80% del grupo de sociedades del comisario Villarejo y un 20% del periodista Daniel Montero Bejarano. Este último, compaginaba esta posición con la de redactor de la revista Interviú del Grupo Zeta.
Pero no solo se solicitó el titular de la línea, también la posición del teléfono de Carlos Mier durante la celebración de esa reunión. Y se constata que se realiza bajo la antena que cubre la oficina de Villarejo de la calle Mártires, 9, de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, y que es también el lugar de trabajo habitual de Mier en ‘Información Sensible’, a pesar de que la editora, Sensible Code SL tenga su domicilio fiscal en la calle Orense, 12, de Madrid en donde Villarejo posee un piso y un trastero donde guardaba documentación de proyectos. Como Público averiguó en exclusiva, fue también esta misma dirección la que el comisario Juan Antonio González -JAG- usó para constituir una consultora con la que facturar a la Telefónica de Alierta.
Aumentar los sospechosos como defensa
La primera persona a la que se intentó señalar como difusor de la grabación del encuentro fue el comisario Martín Blas. Más allá de ser su terminal el que registra el audio según la información de las antenas, a pesar de que se comprueba que se hizo a través de software malicioso, se diseña un plan para señalarlo sin género de dudas.
Para ello, el mismo día de la grabación, el 20 de octubre de 2014, Mier llama de nuevo al comisario de Asuntos Internos. La llamada dura segundos y no es atendida. Cabe dentro de lo posible, que esta llamada pudiera ser la vía para borrar en remoto la anterior llamada que se usó para grabar durante la reunión y desinstalar el malware del móvil borrando así todo rastro de la operación de escucha.
En los dos días siguientes, Martín Blas recibe más llamadas de Mier que sí atendió, pero, según declaró el entonces jefe de Asuntos Internos, al identificarse el interlocutor como periodista (Martín Blas asegura que no lo conocía) le colgó, ya que el cauce adecuado para los medios es acudir al departamento de prensa de la Policía.
Esas llamadas no atendidas le sirven luego a Mier para el día 22 y siguientes publicar contenido de la reunión de los policías con el CNI sugiriendo que la fuente es Martín Blas.
Estos artículos de Mier en ‘Información Sensible’ y el reportaje publicado el 31 de octubre por el socio de Villarejo en el accionariado de ese medio, Daniel Montero, que publica en otra revista, Interviú, donde recoge detalles de la reunión, permiten antes de acabar el mes saber que, por un lado, alguien había accedido al contenido de la reunión y, por otro, que son periodistas del entorno de Villarejo los que tienen el primer conocimiento de que se ha producido el encuentro.
Cuando los datos de tráfico telefónico y de posicionamiento empiezan a descartar a Martín Blas como sospechoso, se busca una segunda opción: el policía Miguel Ángel Hidalgo ‘Michel’, que también asistió al encuentro.
Villarejo y sus cómplices a través de la pata mediática que controlan filtran el relato de que Martín Blas atribuye a Hidalgo la autoría y que por eso solicita su cese al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino. Sin embargo, el cese, que además se anuló a los pocos días, no fue iniciativa de Martín Blas, sino que fue pensado y decidido exclusivamente por Eugenio Pino, según este acabó por reconocer en el juicio.
Para aumentar la lista de sospechosos, también se pone encima de la mesa, utilizando nuevamente la red mediática, una tercera posibilidad: un agente del CNI que habría asistido telefónicamente a la reunión. Sin embargo, esto ha quedado demostrado con datos y declaraciones que era falso.
Existe otro intento de implicar al CNI en la segunda parte de los hechos que se juzgan, la difusión del audio. El 17 de noviembre de 2014 se organiza una puesta en escena en un parque madrileño con la idea de que se apunte a un agente del CNI como responsable de la entrega de la grabación a Francisco Nicolás Gómez, el Pequeño Nicolás, en aquel momento envuelto en toda la polémica por su detención y el caso de Martínez de la Hidalga. El objetivo era difundirla en prensa a través del joven como paso previo a una solicitud de archivo del caso.
Ese día, Francisco Nicolás se encuentra en el Parque del Canal de Isabel II de Madrid con un amigo suyo, Luis de la Morena, un policía de cierta edad en segunda actividad, quien, según declara, queda con el joven porque detecta en él pensamientos suicidas. Al mismo tiempo que concierta el encuentro con De la Morena, Nicolás cita en el mismo sitio y hora a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.
Francisco Nicolás pasea dando vueltas con De la Morena mientras los periodistas permanecen a distancia (con «mucho frío» según declaran en el juicio) en una suerte de «notarios» de la escena. Una vez que termina el paseo con De la Morena, el joven se reúne en el bar del parque con los periodistas diciéndoles, según declaran, que paseaba con un agente del CNI. En ese encuentro también les prometió el joven una entrevista en exclusiva a cambio de que los periodistas le entregaran información o material que decían tener que ayudaría al joven a conseguir el archivo del caso que días antes se había abierto contra él.
Cinco días después del sketch del Parque del Canal, el 22 de noviembre de 2014, el periodista Carlos Mier publica en ‘Información Sensible’ una noticia utilizando aquel encuentro como marco: «La venganza del Pequeño Nicolás, el joven denunciará a Asuntos Internos y CNI por fabricar pruebas contra él». En el subtítulo de este texto es cuando se hace referencia por primera vez a la existencia de una grabación de la reunión con el CNI y se apunta a la inteligencia española como responsable de la difusión (e implícitamente del acto de grabación): «Un miembro del CNI ha hecho llegar de manera anónima al entorno de Nicolás un breve extracto de una conversación entre el comisario Marcelino Martín Blas y unos espías».
El 5 de diciembre, Mier vuelve a publicar y relata con más detalles el encuentro en el parque madrileño entre el Pequeño Nicolás y De la Morena, asegurando que este último sería un agente del CNI y que es la persona que le filtra al muchacho la grabación de la reunión.
Una vez se establece mediáticamente esta falsaria entrega de la grabación a Nicolás, el 12 de diciembre se ejecuta otra treta para aumentar el número de tenedores del audio y, por tanto, difusores posibles: los periodistas Inda y Urreiztieta y el inspector de policía José Ángel Fuentes Gago entregan la grabación por triplicado a los responsables de la investigación del caso Nicolás: Gago por mail a Martín Blas, Inda por el mismo sistema a Rubén López y Urreiztieta en mano, en un pendrive, a López.
Esta «jugada» se produce a tan solo cinco días de su difusión del audio (19 de diciembre) en medios. Primero, por la mañana, en el diario digital Infolibre y horas después en el programa de televisión ‘Un tiempo nuevo’, de la productora Mandarina, donde el Pequeño Nicolás ofreció una entrevista.
¿Entregar la grabación para colaborar con la Justicia o para difundir sin responsabilidad penal?
Aunque Inda y Urreiztieta explican que entregan la grabación el 12 de diciembre de 2014 para «colaborar» con las autoridades, en realidad tardaron casi un mes en hacerlo según queda acreditado por el sumario y sus propias declaraciones en el juicio.
Un mail de 17 de noviembre de 2014 de Urreiztieta enviado desde su correo personal a su correo corporativo de El Mundo, es reenviado por el periodista a Inda. Esta sucesión de envíos queda registrada y prueba que este periodista tenía la grabación en su poder desde al menos ese día de noviembre. El mail de Urreiztieta figura en el sumario porque forma parte de la cadena de correos con la que Inda remitió la grabación al inspector López el 12 de diciembre.
Ambos periodistas, pues, tuvieron en su poder durante casi un mes la grabación, a pesar de que sabían que se trataba de la prueba de un delito. Ellos mismos declararon que no publicaron el audio en El Mundo, medio en el que trabajaban, por consejo del abogado del periódico. En lugar de ello, la retuvieron e Inda la rentabilizó usando su contenido (tergiversadamente y para acusar en falso de irregularidades a los investigadores) en las tertulias donde tenía presencia permanente.
¿Y cómo les llegó la grabación a Inda y Urreiztiega? Los datos de posicionamiento de los terminales telefónicos de los periodistas les sitúan la mañana del 17 de noviembre con Villarejo y su esposa, Gemma Alcalá, en las inmediaciones de Torre Picasso, donde el comisario tenía sus oficinas.
Al día siguiente, 18 noviembre, y tras el encuentro por la tarde noche con Nicolás, el joven acude a casa de Inda en la que este y Urreiztieta le harían la entrevista «exclusiva» que El Mundo publicaría en portada el sábado 22.
Los dos periodistas negaron en el juicio, durante su declaración como testigos, es decir, con obligación de decir verdad, que ofrecieran o dieran nada a Nicolás a cambio de esta exclusiva. Sin embargo, estas afirmaciones se contradicen con lo confesado espontáneamente por el joven al inspector Rubén Eladio, el jefe de grupo de Asuntos Internos. Según este hizo constar en sus informes, el muchacho le declaró que la grabación se la dieron Inda y Urreiztieta el 18 en casa del primero.
También se contradice la versión de los dos periodistas con lo declarado por la también testigo y periodista Patricia López sobre lo que Nicolás le dijo en las horas inmediatamente anteriores al encuentro del Parque. De una parte, el joven le informa de esta cita y, de otra, le dice que no podía darle la entrevista que la periodista le pedía porque se la había prometido a Inda y Urreiztieta a cambio de «algo» que estos le iban a entregar y con lo que lograría archivar el caso que había contra él.
Toda esta estrategia, como ya señaló Público, buscaba no sólo que hubiera muchos sospechosos de tanto la grabación como de la difusión del audio, sino que se archivara el caso gracias a un recurso de nulidad por las «irregularidades» cometidas durante la investigación. Algo que no prosperó.
Entre estas inventadas irregularidades para tratar de lograr la nulidad del caso destaca, por la intensidad con la que fue publicitada, la falacia de que los investigadores sitúan en falso a Villarejo en el Parque del Canal confundiéndole adrede con un paseante. Esta versión aseguraba que esta relación aparecía en el informe que realizan los investigadores después de que el juez solicite las imágenes de las cámaras de la zona.
No solo el informe no lo aseguraba (solo se significaba el parecido) sino que son los propios Villarejo y Fuentes Gago los que a los pocos días del encuentro (3 de diciembre de 2014) comentan entre ellos el gran parecido entre Villarejo y el paseante avistado por las cámaras del recinto.
Extracto de las agendas de Villarejo con apunte sobre el policía Fuentes Gago.
A todo esto se une que las antenas posicionaron el teléfono de Villarejo durante al menos varios minutos en las inmediaciones y dentro del espacio temporal.
Villarejo y el periodista Daniel Montero se desligan de ‘Información Sensible’
Uno de los puntos clave es la difusión de los primeros detalles de la reunión a través de la web de Villarejo ‘Información Sensible’. El inicio de todo. El comisario de las cloacas ha negado en el juicio tener relación alguna con la grabación de la reunión con agentes del CNI y se ha desmarcado completamente de la gestión financiera, administrativa y de contenidos de ‘Información Sensible’.
Tanto Villarejo como su socio en la empresa editora de esa web, Daniel Montero, han cargado toda responsabilidad en la esposa del comisario, Gemma Alcalá, y en el periodista Carlos Mier. De hecho, Villarejo ha negado en varias ocasiones conocer a este último o haber hablado con él.
Pero sus propias agendas le desmienten, como ya avanzó Publico. Estos apuntes no solo registran contactos con Mier, sino que señalan un contacto específico el mismo día de la grabación, el 20 de octubre de 2014.
Extracto de las agendas de Villarejo que demuestra la relación previa con el periodista Carlos Mier.
Pero hay más, como Público ha podido saber, gracias al estudio pormenorizado de la guía de audios del comisario (sus famosas agendas), que Villarejo programó una reunión ese día 20 de octubre de 2014 en su oficina de la calle Mártires, 9, de Boadilla. Como se ha señalado antes, este es el lugar de trabajo de Mier y es desde donde se acredita que se realizó la llamada que graba la reunión ese día. Un detalle muy relevante que no ha salido a relucir en el juicio ni durante la instrucción porque las agendas del comisario no fueron solicitadas ni por el fiscal ni por la juez instructora al juzgado central 6 de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Villarejo’.
Como puede verse a continuación, el comisario queda en «ofi de BOA» (la oficina de Boadilla) el lunes 20 de octubre de 2014 a las 9:30 de la mañana con el presidente de Legalitas, Alfonso Carrascosa, cuando lo habitual es que Villarejo trabaje a diario y reciba en su elegante oficina de Torre Picasso.
La documentación incautada dibuja a Carrascosa como socio y/o colaborador en varios «proyectos» del comisario y como persona con amplias y estrechas relaciones dentro de la judicatura y la fiscalía. Motivo por el cual, era una de las personas a las que el comisario recurría en busca de ayuda cuando las cosas se le ponían feas.
Extracto de las agendas de Villarejo que recoge el encuentro en la oficina de Boadilla entre el comisario y Alfonso Carrascosa.
Por su parte, Montero se ha desligado de Información Sensible durante el juicio al asegurar que aunque el 20 de octubre de 2014 figuraba en el registro mercantil como socio y administrador de Sensible Code SL, empresa editora de ese medio, en realidad solo era sobre el papel porque, según su versión, se apartó de la dirección de contenidos de la web y de la empresa en junio o julio de 2014 aunque no se hiciera oficial hasta diciembre, y que a partir de esos meses de verano «no sabe» quien dirigía la web y su contenido, si bien remarca que Carlos Mier siguió allí.
Protestan conta los altos precios de la energía en Leipzig, Alemania, 3 de octubre de 2022. (Foto: Getty Images)
Las empresas alemanas estiman que el 2023 habrá menos producción y empleo en comparación con el año pasado, a raíz de la crisis entre Rusia y Ucrania.
De acuerdo con un sondeo realizado por el Instituto de la Economía Alemana (IW) de Colonia, de las 49 empresas germanas consultadas, 39 considera la situación mucho peor que la de hace un año, lo que significa casi 80 % del total.
Por lo tanto, según detalla el sondeo, un poco más del 60 % de las empresas piensa que el nivel de la producción en sus sectores será menor en el 2023. De hecho, solo 13 compañías, el 27 %, consideran que habrá un incremento en la producción en sus sectores.
Esta situación ya es similar en el sector del empleo, donde casi el 33 % pronostica que bajarán los puestos de trabajo en sus sectores, 47 % cree que no habrá cambios en los pagos y solo el 18 % prevén que habrá con un aumento.
Además de los empresarios, también las industrias que consumen energía sufren tales desafíos. Esto a raíz de la crisis energética fomentada por la operación especial militar de Rusia a Ucrania.
El huracán energético sacudió a la Unión Europa (UE) tras el inicio de la operación rusa en Ucrania en 24 de febrero y, en concreto, por las sanciones a la importación del gas ruso que han impuesto desde Occidente, en particular Europa, como un instrumento de presión. Una decisión, hasta el momento, con efecto adverso, puesto que Moscú inició el corte del flujo de gas desde junio, lo que les ha costado muy caro a los ciudadanos europeos. Mientras tanto, la inflación ha provocado diversas protestas, así como huelgas en diversos países del continente europeo como el Reino Unido.
Según los expertos, la UE sufre una tremenda crisis económica, sin embargo, sigue utilizando sus propios fondos para respaldar a Ucrania y mantener vivo un conflicto que su único ganador es evidentemente Estados Unidos.
Además, este martes el gigante euroasiático anunció la prohibición de suministrar petróleo y productos petrolíferos rusos a países que se han sumado al tope de precio, lo que puede agravar la economía de los países europeos, en particular Alemania, que sufre una inflación grave en torno al 11,3 % en noviembre, la más alta desde principios de la década de 1950.
Últimamente el PP está tan confuso que se hiere a sí mismo…
Este martes el Gobierno anunció un cheque de 200 euros a hogares vulnerables, una rebaja del IVA de alimentos o la prórroga durante otros seis meses de la rebaja de los impuestos de la electricidad y del gas, entre otras medidas anticrisis. El anuncio parece que pilló con el paso cambiado al PP. En el caso de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, reaccionó con una crítica a la totalidad. Tanto que se pasó un poco de frenada y aseguró que «todas las medidas que ha anunciado hoy Sánchez para 2023 ya las han pagado los españoles en 2022».
¿Que las medidas que toma el Gobierno las pagan los españoles? Claro, se llaman impuestos y así es como funcionan los Estados modernos. ¿De dónde pensaban en el PP que se saca el dinero para pagar la sanidad, la educación, las carreteras o las ayudas? ¿Cómo se piensan que se pagó el rescate de la banca?
Las palabras de Gamarra han encontrado multitud de respuestas en Twitter.
Podría Gamarra sacar un vídeo explicando también cómo se paga la supresión de ciertos impuestos que solo pagan unos pocos por ejemplo en Andalucía o en Madrid, o las becas de Ayuso para las rentas altas. Sería muy ilustrativo.
El presidente espera llegar al próximo mes de junio con cerca del 73% de sus compromisos cumplidos. «Estamos asentando una buena costumbre», ha afirmado el líder del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece antes los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de La Moncloa en Madrid este martes. —Juan Carlos Hidalgo/EFE
El Gobierno de Pedro Sánchez incluirá en la próxima reforma de la Ley de Transparencia la obligatoriedad de los futuros Ejecutivos de rendir cuentas a la ciudadanía. Así lo ha anunciado el presidente en una rueda de prensa ofrecida en Moncloa para hacer balance del año y presentar las nuevas medidas anticrisis. En su comparecencia además ha dado detalle, como es habitual cada semestre, delinforme «Cumpliendo», que fija el grado de compromisos cumplidos durante toda la legislatura.
Según este informe, el Gobierno de coalición ha cumplido más de 1000 compromisos, un total de 66,8% en estos momentos. La previsión es lograr el 72,9% para el próximo semestre. Sánchez habría cumplido también el 73,2% sobre los compromisos de su discurso de investidura. La previsión es que sea de un 80% para junio. Respecto a los acuerdos incluidos en el pacto de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, se llega a final de este año con un 68,9% y la previsión es que sea de 75,9% para junio.
«Estamos asentando una buena costumbre y una sana costumbre. Vamos a incorporar este mecanismo a la próxima reforma de la Ley de Transparencia para que todos los gobiernos se vean mandatados a ejercer este ejercicio de rendición de cuentas», ha explicado el líder del Ejecutivo.
Sánchez ha destacado que el Gobierno cumple con sus compromisos de investidura pese a tener que hacer frente a fenómenos adversos como la pandemia o la guerra en Ucrania.Ha destacado también que el informe «Cumpliendo» sigue una metodología avalada por un grupo de expertos independientes.
Para la Presidencia del Gobierno, lo más importante es el ejercicio en sí, no los resultados. Entre los objetivos de esta iniciativa pionera se encuentran aumentar la calidad democrática, favorecer el escrutinio de la ciudadanía y llevar a cabo un aprendizaje institucional.
María Luisa Segoviano y César Tolosa, elegidos magistrados del Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a César Tolosa y María Luisa Segoviano magistrados del Constitucional por unanimidad, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de los dos candidatos propuestos por los vocales conservadores que llevaban meses bloqueando el acuerdo.
César Tolosa era la opción de los conservadores desde que se atuvieron a nombrar su candidato mientras que María Luisa Segoviano, magistrada progresista, ha sido elegida también a propuesta de los conservadores, quienes se han negado en todo momento a aceptar el candidato de los vocales progresistas del CGPJ, José Manuel Bandrés. Finalmente, el bloque progresista ha aceptado el nombre de la jueza Segoviano, con lo que los dos candidatos se han realizado a propuesta de los vocales conservadores.
Los mismos vocales conservadores que se atrincheran en el órgano de gobierno de los jueces han logrado finalmente imponer a los dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional cuya elección la ley atribuye al Poder Judicial. Hasta ahora, cada bloque elegía a un candidato. La estrategia de los conservadores ha sido proponer al magistrado conservador por el que habían optado y, además, a uno progresista, hurtándole a los vocales de esa sensibilidad proponer el nombre que consideraran más adecuado.
En este caso, los progresistas habían optado por el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, con dilatada experiencia profesional y sin un perfil político de relevancia pública. Sin embargo, los conservadores lo desecharon desde el primer momento. En una reunión precedente, los conservadores presentaron a Tolosa y al progresista Pablo Lucas, pero el sector progresista del Poder Judicial se negó a renunciar a su candidato, Bandrés.
Fuentes del Poder Judicial atribuyen el empecinamiento de los conservadores en buscar otro nombre que no fuera Bandrés para disponer de alguna opción distinta a que Cándido Conde-Pumpido llegue a presidente del Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores daban por seguro que Bandrés votaría a Conde-Pumpido y confían en que Segoviano no lo haga y opte por María Luisa Balaguer, la otra magistrada progresista del Constitucional que opta al puesto. La votación de presidente del Tribunal Constitucional no debe demorarse ya que uno de los magistrados cuyo mandato ha caducado y será sustituido es su actual presidente, Pedro González-Trevijano.
Con el nombramiento de los dos jueces por parte del CGPJ se desbloquea la toma de posesión de los dos magistrados propuestos por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuera directora general de Asuntos Constitucionales en Presidencia Laura Díez. Con los dos magistrados propuestos por el Poder Judicial se alcanza la renovación por tercios. Esto provocará un cambio en las mayorías del Tribunal Constitucional, decantándose hacia el sector progresista.
María Luisa Segoviano es una magistrada considerada de sensibilidad progresista que, además, es emblema de la ruptura de los techos de cristal en la judicatura. En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer presidenta de una de las salas jurisdiccionales del Supremo. Estuvo al frente de la Sala de lo Social hasta su jubilación hace unos pocos meses. Fue nombrada por una amplia mayoría del CGPJ, tanto por el sector conservador como por el progresista. César Tolosa, por su parte, es el presidente de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2020. En los 16 años anteriores ejerció como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Felicitación del Gobierno
El Gobierno ha celebrado el acuerdo y lo ha considerado una decisión con la que “gana la democracia y pierde el PP”. En Moncloa creen que el Constitucional “recupere el prestigio, la objetividad y la credibilidad” que, dicen, había perdido ante el bloqueo del sector conservador del Gobierno de los jueces, que se resistía a nombrar a los candidatos para el Constitucional que correspondían al Poder Judicial.
Desde el Ejecutivo señalan que “el PP debería reflexionar si era necesario llevar hasta el límite” el Congreso, el Senado y el Constitucional, “dañar el prestigio del ese órgano y de algunos de sus magistrados para, finalmente, ”no impedir que se cumpla la Constitución“ y que se renueve el tribunal de garantías.
Hace varias décadas, se predijo que gracias a las vacunas y los antibióticos las enfermedades infecciosas desaparecerían. Sin embargo, en los últimos años la sociedad no ha dejado de sufrir epidemias: la covid-19, la viruela del mono, VIH, Ébola, etc.
Poliovirus, causante de la poliomielitis en humanos. -Wikimedia Commons / F.P. Williams, U.S. EPA
Para empezar, en 1981 apareció el SIDA, que se ha cobrado hasta ahora más de 50 millones de vidas. Todavía en la actualidad, cada año se infectan por VIH 1,5 millones de personas en el mundo.
Representación del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). —Wikimedia Commons / Los Alamos National Laboratory
Más reciente tenemos la pandemia de covid-19, que irrumpió a finales de 2019 y de la que lentamente vamos recuperándonos en Occidente, en gran parte gracias a las vacunas. Por el contrario, en China, donde hasta hace poco se había impuesto la política de «covid cero», el resurgir actual de casos recuerda a modo de déjà vu lo que vivimos en Europa, con el colapso de hospitales y un elevado número de fallecimientos.
A nivel mundial, hasta la fecha se han confirmado 650 millones de infectados por SARS-CoV-2 y más de 6,5 millones de muertes por covid-19. Además, las consecuencias del covid persistente o prolongada todavía están por determinar.
Auge de las infecciones respiratorias
Además de estas pandemias víricas, a finales de 2022 hay constancia de brotes epidémicos de al menos otras seis infecciones humanas.
En el hemisferio norte, el otoño-invierno ha llegado con brotes importantes de infecciones respiratorias por gripe y virus respiratorio sincitial (VRS). Los dos años de mascarillas y el aislamiento social para hacer frente a la covid-19 han favorecido el resurgir actual de las infecciones por virus respiratorios.
Micrografía electrónica de transmisión del RSV. —Wikimedia Commons / CDC
Tenemos vacunas y antivirales (oseltamivir) frente al virus de la gripe pero no frente al VRS. Los ancianos y los inmunodeprimidos son las poblaciones más vulnerables. El VRS afecta, además, a niños de corta edad, ocasionando cuadros de bronquiolitis que pueden causar la muerte.
Epidemias por virus de origen africano
El brote de viruela del mono (monkeypox o «mpox», según la OMS) se inició en Europa en mayo de 2022. Se ha extendido por más de cien países y se han confirmado 80.000 casos, de los cuales 60 derivaron en la muerte de los infectados/afectados/enfermos. En España se han confirmado 5.000 casos, casi todos entre hombres que practican sexo con hombres con promiscuidad elevada.
Entre tanto, en Uganda ha surgido un nuevo brote de Ébola. Está producido por la variante de Sudán, frente a la que no hay vacunas. Se han confirmado más de 150 casos y 55 fallecimientos, diez de ellos entre personal sanitario que atendió a los pacientes. Se han cerrado las escuelas y se han creado áreas de aislamiento en los hospitales. El último brote importante de Ébola fue en África occidental en 2016 y 2017, con más de 28.000 infectados y 11.300 fallecidos.
Epidemias por agua o alimentos contaminados
En Haití hay un nuevo brote de cólera desde principios de octubre. Hasta la fecha se han comunicado más de 10.000 casos sospechosos y se han producido más de un centenar de muertes, muchas de ellas en niños menores de 14 años. El último gran brote de cólera en Haití ocurrió en 2010, tras el terremoto que sufrió la isla. Hubo más de 800.000 casos y 10.000 muertos. Las pobres condiciones higiénicas, la malnutrición y la limitada infraestructura sanitaria han favorecido el resurgir de la epidemia actual.
Vibrio cholerae, la bacteria que causa el cólera. —Wikimedia Commons / CDC
A principios de 2022 se comunicaron dos casos de parálisis por el virus de la polio en Jerusalén (febrero) y en Nueva York (junio). La poliomielitis era una enfermedad infecciosa terrible y frecuente hasta hace medio siglo. Está producida por un virus ARN que se transmite principalmente por vía fecal-oral, esto es, a partir de aguas contaminadas. Aunque muchos casos son asintomáticos, algunos pacientes desarrollan daño neurológico, con destrucción neuronal en la médula espinal. Se produce de forma irreversible parálisis fláccida de las extremidades inferiores en uno de cada 200 infectados. Las formas más graves, con encefalitis, pueden ser mortales.
Tras la II Guerra Mundial, la vacuna inyectada con virus inactivados (vacuna de Salk) y, una década después, la vacuna oral con virus atenuados (vacuna de Sabin) consiguieron eliminar la infección en gran parte del mundo. Sin embargo, todavía es endémica en Afganistán y Pakistán, donde la cobertura vacunal es insuficiente. Las guerras y la pandemia de covid-19 han empeorado el acceso a las vacunas en otros países del Tercer Mundo, como en Yemen, donde se han descrito brotes recientemente.
En los países occidentales, alrededor de un 6% de los niños de menos de 6 años no están vacunados y son susceptibles de padecer la infección. Desde principios de año, el estudio de aguas residuales en Londres, Nueva York y Jerusalén ha comunicado la presencia de virus de la polio. En todos los casos se trata de la variante atenuada utilizada en la vacuna oral (Sabin). Las autoridades sanitarias han emprendido campañas de refuerzo de la vacunación en todos los niños de 1 a 9 años.
Aunque la vacuna oral de la polio (Sabin) es más efectiva que la de virus inactivados, ocasionalmente puede producir enfermedad. Por eso, la vacuna inyectada con virus inactivados (Salk) ha vuelto a recomendarse y es la más utilizada actualmente. Eso sí, aunque evita el desarrollo de enfermedad, no bloquea la infección y transmisión del virus.
La OMS aprobó hace dos años una nueva formulación de la vacuna oral, con un nuevo virus atenuado que incorpora un sistema de hipermutagénesis, que anula el riesgo de reversión a formas virulentas. Ya la han recibido más de 100 millones de personas en el mundo y está prevista su administración masiva en casos de emergencia sanitaria.
Prevención de nuevos brotes epidémicos
La lucha contra las enfermedades infecciosas tiene tres pilares fundamentales. El primero es la higiene y prevención del riesgo de exposición. El segundo son las vacunas, que bloquean la infección (esterilizantes) o protegen de formas graves. La tercera arma contra las infecciones víricas son los fármacos antivirales.
En un mundo globalizado, con flujos migratorios importantes, convendría focalizarse en tres intervenciones:
Programas actualizados de vigilancia sanitaria (OMS, CDC, eCDC, etc.).
Asegurar tasas de vacunación elevadas, para evitar el resurgir de brotes de infecciones víricas que creíamos controladas.
Disponer de reservas suficientes de antivirales para uso inmediato en caso de necesidad.
El Gobierno gallego, presidido entonces por Feijóo, permitió a una explotación de pollos duplicar su capacidad hasta 48.000 animales con una nave ubicada a escasos metros de una vivienda a cuyos propietarios no dejó personarse como afectados.
Vista general de una granja de engorde de pollos. —EQUALIA/Cedida
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por la Xunta contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la licencia de ampliación de una macrogranja de pollos en la localidad de Santa María de Congostro, en el municipio de Rairiz de Veiga, en la comarca ourensana de A Limia. Según la providencia del tribunal, a la que ha tenido acceso Público, el Supremo no ha atendido a ninguno de los argumentos con los que el Gobierno gallego pretendía que el fallo fuese revocado.
El 19 de noviembre de 2021, la sala de lo Contencioso del TSXG anuló una resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climatico de la Conselleria de Medio Ambiente de la Xunta, aprobada dos años antes, por la que autorizaba la ampliación de la macrogranja de pollos de la empresa Covirsa Freire, vinculada a Coren.
En concreto, Covirsa quería ampliar sus instalaciones en Rairiz de Veiga para duplicar su capacidad, que pasaría de unos 23.000 pollos por ciclo productivo -son unos seis ciclos al año- a casi 48.000. Para ello, y gracias a la autorización de la Xunta, construyó una nueva nave a escasos metros de una vivienda. Sus propietarios recurrieron la licencia y el informe de impacto medioambiental en la que se basaba, que ni siquiera citaba la existencia de su casa y en el que no se les consideraba como afectados por el proyecto.
Camiones vertiendo purines como fertilizante en A Limia. —CEDIDA
El TSXG atendió íntegramente su demanda y concluyó que la Xunta vulneró su derecho «a la salud, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado», y advirtió de que la ampliación de la macrogranja supone «graves riesgos» sanitarios por las emisiones «de polvo, partículas, olores y ruidos», además de amoniaco y gérmenes transmisibles a las personas «con consecuencias incalculables».
Carga contaminante
Asimismo, los magistrados estimaron que la autorización de la Xunta se había expedido sin valorar las repercusiones de la ampliación sobre los recursos hídricos de una zona situada en Red Natura 2000, en la que el medio ambiente ya se ha visto afectado por los residuos ganaderos y en el que cualquier nueva explotación supone una afección evidente a la capacidad del entorno para asumir más carga contaminante. «La descripción de los aspectos medioambientales que pueden verse afectados por el proyecto y la evaluación de sus efectos carece de rigor, es insuficiente, parcial, incompleta y vaga», establecía la sentencia.
La Xunta presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, una figura extraordinaria que permite a un recurrente solicitar la anulación de una decisión judicial alegando la existencia de jurisprudencia en contrario de otro tribunal que, ante un caso idéntico, haya fallado de manera opuesta.
Aguas contaminadas en una de las playas del embalse de As Conchas, en una imagen de archivo. —Movemento Ecoloxista da Limia
En su providencia, fechada el pasado 14 de diciembre, el Supremo ni siquiera admite a tramite el escrito de la Xunta por varias razones. Entre otras, que carece de interés casacional, dado que no aporta jurisprudencia en contrario que quepa casar frente a la sentencia del TSXG; y que los argumentos de la Xunta carecen de fundamentación suficiente como para que los jueces entren a valorar el fondo del caso.
La decisión del Supremo es firme y contra ella no cabe recurso. Fuentes próximas a la familia afectada por la explotación vinculada a Coren manifestaron su satisfacción por la decisión del Supremo, y expresaron su deseo de que la sentencia del TSXG sea declarada firme y que el tribunal ordene cuanto antes su ejecución.
Público preguntó en su día a Coren por el caso, pero la empresa no quiso contestar ni dar su versión. Al cierre de este artículo, tampoco la Consellería de Medio Ambiente había respondido al ofrecimiento de este diario para que valorara la decisión del Tribunal Supremo.
“Siempre hemos actuado dentro de la legalidad», se defiende la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, una de las denunciadas.
Aspecto de uno de los coches que se utilizaron durante el congreso de funcionarios celebrado el pasado mes de noviembre. —Archivo/ARCHIVO
Escuchar a Dani Martín en directo, ver a los voladores teñir el cielo de colores desde el emblemático faro de Maspalomas, tomar champán Moët & Chandön en una cena de gala, desplazarte con un vehículo de alta gama y dormir en un hotel de cinco estrellas. Todo ello por medio millón de euros de dinero público. Esa fue la estampa que dejó la celebración del I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional celebrado en Gran Canaria a finales de noviembre.
Lo que se presentaba como el primer gran evento acogido en Canarias en el que se reunirían altos funcionarios, representantes del Ministerio de Hacienda, catedráticos y magistrados terminó con una denuncia por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y un posible abuso en el ejercicio de su función. El evento pasó al imaginario colectivo por los vídeos de las fiestas que siguieron a las conferencias y por la procedencia del dinero con el que se pagaron: las arcas públicas.
El concejal de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana Alejandro Marichal, en la oposición, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra los alcaldes de San Bartolomé, Santa Lucía de Tirajana y contra las interventoras por el excesivo gasto público en la realización del evento. Las denunciadas son la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, la interventora del municipio, Tania Naya Orgeira, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García, y la interventora del mismo organismo, Noemí Naya Orgeira. Los cuatro se encargaron de organizar el citado congreso a través del Consorcio Sur de Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre.
Semanas antes y a raíz de la polémica con los vídeos de botellas de champán y el concierto de Dani Martín, Marichal pidió al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la información con los gastos desglosados. A pesar de que la administración tenía dos días hábiles para responder, tras un mes de espera, sigue sin obtener respuesta. Por su parte, Público ha pedido acceder a esos mismos desgloses, pero el Ayuntamiento asegura que “la información se está analizando”.
Lo que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y una de las impulsoras del Congreso, Concepción Narváez, describe como «una inversión», fue tildado por el opositor como «un despilfarro» durante «tres días de lujoso desenfreno». El concejal Alejandro Marichal afirma que los gastos de un congreso en el municipio suelen estar en torno a los 80.000 euros. Sin embargo, este evento multiplicó por seis esa cifra.
¿A dónde fue el dinero?
Entre el 16 y 18 de noviembre el Hotel Riu Palace Maspalomas acogió lo que pretendía ser un espacio de diálogo para tratar, entre otras cosas, la sostenibilidad financiera, el déficit y la deuda pública y dar a conocer las nuevas novedades del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2023.
«El dinero ha estado invertido principalmente en el Congreso y en los actos del Congreso», declaró ante Televisión Canaria la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, cuando salieron a la luz los vídeos del evento. Ya en el pliego de prescripciones técnicas para la celebración del evento se podía prever la falta de austeridad con la que se organizó. El documento que marcaba las directrices exigidas pedía la contratación de un director artístico y las actuaciones de Cristina Ramos, La Oreja de Van Gogh o un grupo con características similares, la organización de una cena de gala y una fiesta de clausura ambientada en el carnaval.
En esta línea se extiende la denuncia: «Indican al personal con adscripción al área de festejos (en especial al empleado público Alfredo Domínguez) que realice actos preparatorios para la contratación de todo tipo de artistas de alto caché, total y como Cristina Ramos, Benito Cabrera, Dani Martín…», continúa.
Al mismo tiempo, para el hospedaje la misma denuncia afirma que se alojó a una veintena de ponentes y sus acompañantes. En este punto, también aseguran que dos pubs fueron avisados para que las consumiciones de los invitados fueran facturadas a cargo de la organización. «Disfrutar de sus extravagancias, y un sinfín de caprichos, antojos y homenajes ajenos a lo que es un encuentro formativo de funcionarios de la administración local».
Para la celebración de la cena de gala se exigía, en este mismo pliego, que los artículos y las consumiciones que se ofrecieran al público deberían ser «óptimas en atención a la tipología del servicio [cena de gala] y al número de asistentes». Por ejemplo, las botellas de champán Moët & Chandön escogidas para el evento rondan los 43 euros la unidad. Además se pidió al personal que fuera vestido de gala y que se transportara a los asistentes, para ello se eligió la marca de alta gama Audi.
A la cena de gala se sumó la fiesta de cierre del acto que tuvo lugar el 18 de noviembre y para la que se exigía como requisitos mínimos un servicio de catering, barra libre hasta las doce de la noche, la presencia de una comparsa, orquestas e incluso de la reina adulta del carnaval.
El hermetismo denunciado por la oposición pone sobre la mesa dudas que aún no se han resuelto. Cuánto dinero fue destinado para trasladar en avión a los asistentes, bajo qué régimen y motivo se alojaron a los acompañantes, el caché y el total de artistas contratados durante los tres días son algunas de estas cuestiones. Así como si la cifra de gasto del evento superó el medio millón de euros puesto que tanto el Patronato de Turismo como el Cabildo de Gran Canaria aparecen también como patrocinadores en el evento.
Por este motivo, en la denuncia también se citan posibles testigos para proceder con la investigación como el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales o el presidente del Patronato de Turismo, Carlos Álamo.
Dudas en la licitación
El contrato para la gestión del evento se firmó entre el Consorcio Sur de Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre y la mercantil R.S Sonocom SL, la única que se presentó a la licitación. Fue negociado sin publicidad, no se presentaron otras empresas y se tramitó de forma urgente. En la denuncia que ahora espera la respuesta de la Fiscalía Provincial de Las Palmas se acusa a los alcaldes y a las interventoras de ambos municipios de haber orquestado un «paripé administrativo».
Según esta teoría, la adjudicación se realizó con el objetivo de conceder a Sonocom la licitación, después de haber pedido a la empresa que adelantase el dinero para las reservas de actuaciones o alimentación. «Sin proyecto previo, sin presentación de oferta en firme, sin documentación acreditativa del servicio, adjudican un contrato de servicios para ejecutar algo que ya estaba ejecutado», acusa la denuncia a Fiscalía.
El texto presentado por el representante de Coalición Canaria en el consistorio insiste en que las interventoras de ambos ayuntamientos, que además son hermanas, están encargadas de fiscalizar toda la actividad presupuestaria de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. «Se ubican en la cúspide del organigrama municipal, con puestos directivos y sin cuya firma no puede abonarse ni un solo pago a terceros», señala el texto al que ha tenido acceso Público.
Otro de los puntos destacados en la denuncia presentada en Anticorrupción es la decisión de los Ayuntamientos de organizar el evento a través del Consorcio Sur de Televisión, donde Tania Naya Orgeira es interventora, Noemí Naya Orgeira es tesorera y el presidente es también el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García López. «Es una entidad concesionaria de un servicio de retransmisión televisiva en desuso, con escasa actividad en materia de contratación y sin personal propio para desarrollar actividades de servicios como el que se pretendía por las denunciadas», recoge la acusación.
En este punto, se señala a ambas hermanas y a los dirigentes de los dos Ayuntamientos como responsables de las transferencias realizadas desde las cuentas de ambos consistorios hasta la del Consorcio de Televisión por un total de 500.000 euros. «Siempre hemos actuado dentro de la legalidad. Esto no deja de ser una campaña de desprestigio político contra mí, contra mi persona para eliminarme del ámbito electoral», se defendió la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez.
En esta línea la oposición cuestiona por qué no se realizó la celebración del evento contando con los diferentes organismos relacionados con las administraciones locales. Como es el caso del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, la Federación Española de Municipios y Provincias o el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. En su denuncia el concejal de Coalición Canaria hace mención incluso a la Universidad de Verano de Maspalomas o al recinto Expo-meloneras que recoge diferentes congresos a lo largo del año.
El Gobierno de Aragón consagra el caudal memorialista del barrio zaragozano, cuna y casa de líderes libertarios antes de que una checa falangista, la cárcel provincial y el uso de la tapia del cementerio como paredón lo convirtieran en el núcleo de la persecución de republicanos en la capital aragonesa.
Las tapias del cementerio de Torrero fueron el principal escenario de asesinatos a manos de los sublevados a partir de 1936. —Pablo Ibáñez/ARAINFO
«Uno de nuestros objetivos es rendir homenaje a la gente que fue asesinada por sus ideas. Es una muestra de lo que ocurrió en muchas ciudades y barrios, y queremos que sea una muestra para conocer lo que pasó, porque nadie tiene una garantía de no repetición», explica Enrique Gómez, presidente de Armha (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón).
Tras un trabajo de dos años en el que han participado las asociaciones de vecinos de La Paz y de Venecia-Montes de Torrero y la asociación cultural el Cantero, además de Armha y de expertos como Agustín Martín, uno de los mejores conocedores del mundo libertario, el Gobierno de Aragón ha declarado como Ruta de Memoria Democrática el itinerario «Torrero, espacio de memoria«, conformado por once espacios emblemáticos tanto del movimiento libertario, que tuvo en ese barrio uno de los principales focos de efervescencia de la capital aragonesa en los años 20 y 30 del siglo pasado, como de la represión de los republicanos a manos de los sublevados en los meses, más bien años, que siguieron al golpe de julio de 1936.
La ruta «supone un recorrido por varios lugares vinculados a la memoria democrática y la historia del barrio durante la primera mitad del pasado siglo», señala la orden de la Consejería de Cultura que declara el espacio memorialista, y que llega un año después de que un decreto reconociera como Lugar de Memoria uno de los hitos del itinerario: la tapia trasera del Cementerio de Torrero, «en la cual tuvieron lugar numerosos fusilamientos durante la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista».
«Estamos para contar la memoria de los vencidos», anota Gómez, para quien el memorial de las víctimas de la sublevación y la dictadura ubicado en ese mismo cementerio «es un poco como la conciencia de la ciudad», ubicado cerca de unas tapias que «fueron el último lugar en la vida de muchas personas».
«Estamos para contar la memoria de los vencidos que es un poco como la conciencia de la ciudad»
Según las investigaciones del historiador Julián Casanova, en Zaragoza murieron 3.544 personas a manos de los sublevados y de los represores franquistas, dos de cada cinco del total de 5.523 represaliados identificados en todo Aragón. La actividad de veinte juzgados militares enjuiciando a civiles durante varios años tiene bastante que ver con la magnitud de esa cifra.
La ruta acaba siendo la suma de varios itinerarios con entidad propia que recogen la historia, más reciente que pasada, de un barrio de algo más de 35.000 habitantes que, situado en la zona más elevada de la ciudad y rodeado por la estepa hacia el sur y por el Canal Imperial al norte, siempre ha tenido una idiosincrasia particular, la misma que llevó al distrito a ser coloquialmente conocido como la ‘República Independiente de Torrero’ medio siglo después de haber sido ‘Torrerico Libertario’ en los años 20 y 30 del año pasado.
Torrerico Libertario, un barrio de tradición anarquista
«Torrero fue cuna de dirigentes de la CNT y de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), como Joaquín Ascaso,entre otros. Y ese poso ha quedado en el imaginario del barrio, que siempre ha sido obrero y de ideología muy libertaria», señala Martín, que recuerda cómo años después, en los 70, los pinares de Venecia acogerían varias de las clandestinas asambleas iniciales del sindicato CCOO, alguna de ellas finalizada con la irrupción de la Policía.
La ruta incluye la casa del número 29 de la calle Alicante, donde vivió Ascaso, «un importante dirigente histórico anarquista, natural del barrio de Torrero que llegó a ser primer secretario nacional de la CNT (1933), que participó en la derrota de los golpistas en Barcelona el 20 de julio de 1936 y que más tarde sería Presidente del Consejo Regional de Defensa de Aragón (6 octubre 1936 – 11 agosto 1937)», recoge la orden. Moriría en el exilio en Caracas en 1977.
El Consejo de Aragón, un gobierno de corte libertario que durante diez meses y en plena guerra controló la mitad oriental del país y que se inspiraba en la experiencia insurgente que el Ejército Negro de Néstor Majnov había implantado en Crimea y el Donbás entre 1928 y 1921, fue el primer referente de autonomía aragonesa en varios siglos y tras abortar el proceso estatutario de 1936 con la sublevación militar.
La casa de la familia Muñoz Laviñeta, Antonio y Pilar, incluida también en la ruta y ubicada en el número 4 de la actual Calle Joaquín Ascaso Budría, fue uno de los centros más activos de ese universo libertario de Torrero. Colaboró en su construcción el líder anarquista Buenaventura Durruti, quien «estaba muy relacionado con la familia y seguramente se alojó un tiempo allí», anota Martín.
Los Senderos de Libertad de Los Hijos de la Noche: 300 vidas salvadas monte a través
Se trata de una de las historias más audaces, y al mismo tiempo desconocidas, de los libertarios de Torrero: la ruta de evasión con la que un grupo de ellos logró extraer del barrio entre octubre de 1936 y enero de 1937 a «más de 300 personas» de militancia izquierdista que permanecían ocultas ante la certeza de que, de ser interceptados, iban a ser víctimas de la represión de los sublevados.
Una de las historias más audaces de los libertarios de Torrero es la ruta de evasión por la que más de 300 militantes de izquierda lograron escapar
Los Hijos de la Noche fue un grupo guerrillero fundado por Agustín Remiro, de Épila; el zaragozano Pascual Alda, alias Cucalón; Juan Bautista Albesa, alias Batista o Batiste, procedente de Valderrobres (Teruel), y José Antolín, que coincidieron en Fuendetodos, el pueblo natal del pintor Francisco de Goya, después de haber podido escapar de los sublevados y tras tomar esa localidad las columnas anarquistas y de ERC y de Estat Català salidas de Barcelona y Valencia a finales de julio.
Los cuatro, junto con un grupo variable de colaboradores del que solían formar parte Ramón Rufat y Martí Gallart, llegaron a realizar cinco evasiones por una ruta monte a través de alrededor de 40 kilómetros que discurría, entre Fuendetodos y Zaragoza, por las Planas (estepas) de María de Huerva y las de la capital y por los Montes de Torrero, en todos los casos con la misma operativa.
«Se adentraban en la ciudad de noche e iban a casas de conocidos. Permanecían unos días, cuatro o cinco, mientras preparaban la salida, que también era de noche», con los evadidos, que eran entre diez y cincuenta en cada ocasión, explica Martín, que anota que «inicialmente iban a sacar libertarios, pero también salían republicanos y socialistas, que igualmente estaban ocultos para eludir la represión».
El dispositivo, a uno de cuyos impulsores atribuye el escritor Diego Abad de Santillán la frase «soy guerrillero, y como mucho lo único que podemos perder es la vida», dejó de operar cuando en el sexto intento un error de orientación hizo que algunos miembros de Los Hijos de la Noche fueran sorprendidos por fuerzas sublevadas.
La Diputación de Zaragoza estudia a propuesta de Armha señalizar el itinerario de 41 kilómetros entre Fuendetodos y Torrero que desde hace unos años sigue la marcha conmemorativa ‘Senderos de Libertad’, una caminata nocturna que sale de la primera de esas localidades a las siete de la tarde para llegar al barrio zaragozano a mediodía.
El cementerio y su tapia trasera, la antigua prisión provincial y su laurel
La antigua prisión provincial y la tapia trasera del cementerio de Torrero, un complejo que incluye otros espacios incluidos en la ruta como los memoriales erigidos en 1980 y 2010, una fosa común y el monumento en recuerdo de las víctimas navarras del Tercio Sanjurjo, fueron, como apuntaba Gómez, responsable también de la Casa de la Memoria Democrática situada entre ambos, el último trayecto que recorrieron miles de zaragozanos: del encierro a la muerte.
La prisión de Torrero fue un «lugar emblemático de la represión sufrida en Zaragoza durante la Guerra de España y la posterior dictadura franquista»
La prisión de Torrero fue un «lugar emblemático de la represión sufrida en Zaragoza durante la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista», indica la orden, mientras que la tapia trasera del cementerio añadió a su estigma de escenario de represión el de haberse convertido, aunque sin reconocimiento oficial, en una de los espacios en los que rebrotó la secular tradición pacifista de la capital aragonesa: los fusileros «tiraban sin apuntar o apuntando a la pared, o a partes del cuerpo cuya herida no pudiera ser mortal«; es decir, que disparaban a no matar.
Así lo recuerda en sus memoriasGumersindo Estella, capellán de la cárcel de Torrero durante tres décadas, que narra cómo esa mala puntería de los soldados, relativamente habitual en todo el país y bajo distintas banderas pero especialmente frecuente en Zaragoza, derivaba, no obstante, en agónicas prolongaciones y repeticiones de las ejecuciones que solían terminar con los oficiales que mandaban los pelotones descerrajando tiros de gracia sobre víctimas malheridas y agonizantes.
Este bloque de la ruta memorialista incluye una referencia a El Laurel, el árbol que desde el patio de la prisión «fue símbolo de libertad para los presos» por tratarse de «algo que sobrepasaba libre las tapias de la cárcel» y que, de no haberse secado, seguiría en lo que hoy es la Plaza de la Memoria de Torrero.
La ruta memorialista incluye una referencia a El Laura, el árbol que desde el patio de la prisión «fue símbolo de libertad para los presos
«En la zona sobre la que se construyó la cárcel [en 1928] había habido unos viveros municipales de los que quedaría algún retoño que fue creciendo y que los responsables de la cárcel y los presos optaron por cuidar», explica Martín. El Laurel empezó a morir cuando las nevadas del invierno de 2001 a 2002 hicieron que, por el peso de la nieve, se desgajara una de sus ramas principales.
La checa falangista, la cárcel de gudaris, el cuartel sublevado y el ejemplo italiano
Los otros cinco puntos que completan la ruta tienen que ver con los sublevados, para quienes resulto clave para hacerse con el control de la ciudad en los primeros días del golpe la «activa participación» del antiguo cuartel de caballería de Castillejos, situado en el Paseo del Canal, y que utilizarían como polvorín las dependencias de la fábrica de yesos López, cuyo bombardeo por la aviación republicana el 5 de noviembre de 1937 «tuvo efectos devastadores no sólo en las viviendas del barrio sino también en el edificio de la Prisión de Torrero», recuerda la orden.
El grupo escolar Luis Vives, albergó durante la guerra un hospital de campaña, además de ser «utilizado como centro penitenciario de tercer grado destinado a los ‘gudaris’ vascos apresados en los frentes de combate«, mientras que el chalet de estilo racionalista del doctor Matías Bergua, en el Paseo de Ruiseñores, fue convertido en una checa.
«Albergó uno de los más siniestros centros de represión falangista», recuerda la resolución, que añade cómo fue «dirigido por el siniestro coronel del Estado Mayor y miembro del secretariado político de Falange, Darío Gazapo» y cómo allí, entre otros, «fueron torturados, antes de ser posteriormente asesinados por los sublevados, entre otros, Ángel Vera Coronel (Gobernador Civil de Zaragoza) y Manuel Pérez-Lizano (Presidente de la Diputación)».
«Los cuerpos aparecían después en el canal. Los tiraban allí mismo, al lado de donde los torturaban y asesinaban», explica Martín, que recuerda cómo uno de los motivos por los que el levantamiento militar cogió con el pie cambiado a buena parte del anarquismo zaragozano fue la confianza de uno de sus líderes, Miguel Abós, en la palabra del gobernador militar, su compañero de logia el general Miguel Cabanellas, cuando le insistía en que si algo ocurría permanecería leal al Gobierno.
Completa la Ruta de Memoria el Sagrario Militar Italiano, en el número 10 del Paseo de Cuéllar, un complejo funerario propiedad de la República de Italia construido entre 1942 y 1945 que conserva los restos de 2.867 ciudadanos de ese país que murieron luchando en la guerra civil española, 22 de ellos brigadistas garibaldinos.
