Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan la defenestración de Pedro Castillo de la presidencia de Perú por parte del Congreso y los poderes fácticos del país andino. ¿Por qué ha caído Castillo? ¿Cuál ha sido el papel del poder mediático? ¿Por qué Perú ha tenido 65 presidentes en los últimos 6 años? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Con la participación de Anahí Durand, ex Ministra de la Mujer de Perú en el Gobierno de Castillo, y de los analistas Laura Arroyo y Elvin Calcaño. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Categoría: Narcopolítica
Rusia rebate alegatos de Londres sobre cooperación militar con Irán
La embajada rusa en la capital del Reino Unido rechaza las declaraciones del ministro británico de Asuntos Exteriores sobre la cooperación militar Irán-Rusia.
“Rechazamos categóricamente los recientes comentarios del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, quien, siguiendo los pasos de los representantes estadounidenses, acusó a la Federación Rusa e Irán de algunos acuerdos ‘sórdidos’ en el contexto de la crisis de Ucrania”, indica un comunicado publicado este domingo por la embajada rusa.
En alusión a la asistencia militar del Reino Unido a Kiev, la embajada rusa indicó que, a diferencia de los países occidentales, Rusia siempre se compromete a cumplir con las leyes nacionales e internacionales en cooperación con terceros países.
Al respecto, aseguró que el envío de armas a Ucrania por Occidente solo sirve para prolongar las hostilidades y aumentar el número de víctimas civiles, asegurando que “tales actos criminales” tendrán consecuencias legales para todos los involucrados.
Conforme al texto, el Gobierno británico es muy consciente de todo esto. Sin embargo, estos hechos no penetran en los principales medios de comunicación locales y las autoridades de dicho país guardan un vergonzoso silencio ante esto.
Sus declaraciones se producen después de que Cleverly declarara el mismo domingo que Irán es uno de los mayores proveedores de armas a Rusia.
Eso, a pesar de que Teherán ha rechazado varias veces, en los términos más enérgicos, las acusaciones occidentales de que Irán entregó armas y drones a Rusia para usarlos contra Ucrania, diciendo que Irán busca detener el conflicto mediante los canales diplomáticos.
Ante tal coyuntura, Irán y Rusia han subrayado en reiteradas ocasiones que están cooperando en materia de defensa desde hace mucho tiempo, y aseguran que EE.UU. busca, mediante tales acusaciones sin fundamento, ejercer más presiones tanto a Teherán como a Moscú con el fin de imponer más sanciones a estas naciones.
La UE admite que falta de “capacidades críticas de defensa” ante Rusia
El jefe de la Política Exterior de la Unión Europea (UE) vuelve a advertir que los arsenales militares del bloque se han agotado por el bombeo de armas a Ucrania.
El conflicto en Ucrania “ha sido una llamada de atención para todos nosotros sobre nuestras capacidades militares”, escribió el domingo Josep Borrell en el portal informativo de la UE. “Hemos entregado armas a Ucrania, pero al hacerlo nos hemos dado cuenta de que nuestros arsenales militares se han agotado”, agregó.
El diplomático español encendió las alarmas al decir que la guerra en curso en Ucrania ha demostrado que Europa carece de las “capacidades críticas de defensa” para proteger su frontera de manera independiente.
Detalló que la transferencia de armas, municiones y equipos militares a Kiev ha puesto de manifiesto la “insuficiencia” de los arsenales militares de la UE y la “fragilidad” de sus cadenas de suministro.
Borrell, quien en varias ocasiones ha culpado por el problema las inversiones insuficientes en la defensa del bloque comunitario, instó el domingo a los Veintisiete a “hacer frente a las necesidades a corto plazo, invirtiendo y adquiriendo más conjuntamente”.
“Ya lo hemos dicho muchas veces: Europa debe responsabilizarse más de su propia seguridad. Para lograrlo, tenemos que cooperar más para dotarnos de las capacidades de defensa que necesitamos”, sostuvo.
Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania a finales de febrero, destinada, según Moscú, a “desmilitarizar y desnazificar” el país eslavo y detener la creciente expansión de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas, el bloque militar ha proporcionado unos 40 000 millones de dólares en armas a Kiev, según reportó el 26 de noviembre el diario The New York Times.
El reporte indicó que, a la mayoría de los Estados de la OTAN, es decir, 20 de los 30 países miembros, se le está agotando el inventario disponible para enviar a Ucrania, todo ello en momentos en que Kiev también admite que se está quedando sin reservas de armas ante Rusia.
Moscú, por su parte, ha advertido en varias ocasiones al Occidente que la asistencia militar a Kiev ahondará aún más la crisis, asegurando que, al enviar material militar a Ucrania, los países occidentales se convierten en parte de este conflicto.
“La nueva presidenta de Perú es producto del oportunismo político”
La estructura política de Perú tiene que transformarse, ya que en el país confluyen todos los ingredientes requeridos para la inestabilidad, opina un experto.
Mientras que el expresidente peruano Pedro Castillo sigue detenido de manera preliminar por acusaciones de delito “rebeldía”, las manifestaciones a favor del cierre del Congreso y la llamada a elecciones presidenciales anticipadas en el país han dejado dos muertos y cinco heridos.
Durante una entrevista concedida este lunes a la cadena HispanTV, el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín ha comentado que “la nueva presidenta [Dina Boluarte] es producto de un considerable oportunismo político”, en momentos en los que el país experimenta una inestabilidad política enorme.
Sánchez Marín ha dicho, además, que, “seis presidentes en seis años, dan una idea de la gravedad de la situación” política, que solo podría solventarse con cambios fundamentales en el sistema institucional de Perú.
La Audiencia Nacional ignoró tres informes sobre corrupción en Marbella y un chivatazo al marido de la alcaldesa
La Policía solicitó en un atestado la apertura de una investigación por delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, pero no consta en el sumario respuesta de la fiscal Antidroga del caso ni del juez
La investigación a la familia de la alcaldesa pone bajo sospecha a la Policía de Marbella
Escolar.net — Por mucho que nos amenace, la alcaldesa de Marbella no nos va a callar, por Ignacio Escolar
El nombre de Ángeles Muñoz, su cargo, alcaldesa de Marbella, o el apelativo con el que la conoce su entorno, Titi, aparecen mencionados en repetidas ocasiones en el sumario de la causa en la que han sido procesados por narcotráfico y blanqueo su hijastro y su marido. Y no son menciones circunstanciales. La Policía propuso en un informe que la presunta utilización del poder de Muñoz por parte de sus familiares investigados se convirtiera en una línea concreta de investigación. Nunca ocurrió. Ni la Fiscalía Antidroga, ni el Juzgado de la Audiencia Nacional apreciaron indicios suficientes.
El hijastro de la alcaldesa de Marbella, procesado por narcotráfico: «La ciudad es nuestra, la Junta… la jodida Andalucía»
SABER MÁS
Tanto para el Juzgado Central de Instrucción número 6 como para la Fiscalía especializada la investigación ha concluido. Lo hizo el 29 de septiembre, tres semanas antes de que elDiario.es comenzara a revelar los detalles de una causa que había permanecido en secreto durante tres años, lejos del foco mediático, por tratarse supuestamente de una de tantas que se siguen en la Audiencia Nacional contra organizaciones de narcotráfico.
Este medio ha localizado en el voluminoso sumario tres informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con epígrafes referentes a presuntas prácticas de corrupción. En el primero de ellos, fechado en julio de 2019, la unidad que actuaba en funciones de policía judicial comunicaba al entonces juez del caso, Alejandro Abascal, lo siguiente: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. No consta respuesta en el sumario. Ni del juez, ni de la fiscal Antidroga del caso, María Dolores López Salcedo.
Y no se trataba de una ocurrencia de los investigadores. Con la información que había llegado de las autoridades suecas, la Policía comenzó a investigar al hijastro de la alcaldesa por transportar marihuana y hachís desde Marruecos a Suecia, con parada en la Costa del Sol, y por utilizar la provincia de Málaga para blanquear los beneficios.
Primero intervinieron los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO), especializados en el tráfico de drogas. Seguían a los narcotraficantes suecos en sus visitas por España, establecían conexiones, cruzaban sus datos con otro caso que llevaba la Guardia Civil… En una segunda fase entró en juego la UDEF para rastrear el blanqueo del dinero obtenido con el narcotráfico. Cuando los agentes comenzaron a escuchar las conversaciones de Joakim Broberg supieron que el caso “de los suecos”, como se conocía en la Audiencia Nacional, escondía algo más.
Tres días después de las elecciones municipales de mayo de 2019, Broberg se refiere a un “calvo” que tenía sentado al lado en un bar de Marbella. El hijastro de Ángeles Muñoz le cuenta a su socio Mike Holmen que se trata de ‘el calvo’ que les había facilitado unos permisos en Benahavís, ciudad colindante con Marbella en la que arrancó su carrera política Ángeles Muñoz como teniente de alcalde.
“Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía. Aquí está sentado [el calvo] con los tres técnicos y diciendo que vamos a poner todo sobre la mesa. Esto, lo otro y tal”, afirmaba Broberg. La UDEF se ocupó de conocer quién era “el calvo”. Y efectivamente, era un responsable de Urbanismo en Benahavís, el muncipio más rico de Málaga.
A continuación, otro párrafo del informe ignorado por el juez Abascal y la fiscal López Salcedo: “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”.
“Notorio uso de influencias”
Solo tres meses después de la primera advertencia policial sobre presunta corrupción llegó la segunda. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio desconocido hasta ahora, la UDEF trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.
La recogida de indicios y su plasmación en informes de la UDEF se mantuvo mucho más en el tiempo, siempre bajo el secreto decretado por el juzgado. Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.
Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.
Consultada por este medio, una voz autorizada de la Fiscalía Antidroga asegura que su fiscal López Salcedo investigó las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción, así como que la citada fiscal ha impulsado “en todo momento” el proceso. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando éste compareció en fase de instrucción, aseguran fuentes presentes en la declaración.
Chivatazo de una investigación bajo secreto
El sumario del caso recoge otro hecho relevante que tampoco mereció investigación alguna. Lars Broberg (79 años) avisó a su hijastro de que tenía el teléfono intervenido mientras Joakim ya era investigado por narcotráfico y blanqueo en una causa secreta de la Audiencia Nacional, iniciada a solicitud de las autoridades suecas, muy preocupadas por los niveles de violencia que la Mocro Mafia está ejerciendo en su país.
El propio autor del chivatazo a Joakim Broberg, su padre Lars, acabó investigado y después procesado en la causa, aunque ésta se ha dejado de dirigir contra él porque sus facultades mentales actuales no le permiten defenderse. Descubrir quién avisó al marido de la senadora del PP y alcaldesa de Marbella de una investigación secreta de tal alcance no mereció una sola diligencia por parte del juez ni solicitud de la misma en el caso de la fiscal.
En el informe de agosto de 2020, la Policía vuelve a destacar indicios de delitos entre horas y horas de conversaciones. Uno de ellos corresponde al 28 de octubre de 2019. Han pasado seis meses desde que arrancara en secreto la causa de la Audiencia Nacional. Ese día, a las 20:19, Lars Broberg tiene prisa por informar a su hijo de que el móvil que sostiene está pinchado: “El que estás sosteniendo ahora. Están escuchando todo”.
Joakim Broberg se jacta de saber que tiene ese teléfono intervenido y añade que dispone de otro terminal al que los policías no pueden acceder. “Yo soy especial”, llega a decir. Su padre corta abruptamente la conversación, según describen los policías en su atestado. La UDEF plasma que la conversación denota que Lars Broberg conoce la investigación en marcha.
Desde la Fiscalía Antidroga apuntan que cuando la fiscal accedió al contenido de esa conversación, que se produjo en sueco, ya era “prácticamente inútil investigar quién o cómo se filtró la información”. En esta línea, las fuentes consultadas destacan la dificultad de “proteger el secreto” de causas como la aludida, una investigación conjunta con Suecia, país donde se estaban practicando simultáneamente diligencias.
Cualquier otra de las partes personadas podría instar al juez instructor, ahora que no hay secreto de sumario, a abrir una nueva línea de investigación o a deducir testimonio a otro juzgado competente, ya fuera por la corrupción o por el chivatazo. Sin embargo, los abogados de los presuntos narcotraficantes están centrados en la defensa de los intereses de sus clientes y el actual magistrado de la causa, Manuel García-Castellón, ha rechazado la personación del PSOE de Marbella como acusación popular.
Pruebas, grabaciones y testigos clave a los que renunció la Fiscalía para acabar pidiendo la absolución en el ‘caso Cursach’
Anticorrupción rechazó la declaración de 54 testigos en el juicio contra el magnate del ocio mallorquín Bartolomé Cursach, sus hombres de confianza, funcionarios y policías, que concluyó sin cargos para los procesados. También desestimó decenas de grabaciones aportadas en el sumario que probarían un sistema de corrupción para neutralizar a la competencia por medio de una mafia policial. Así se allanó el terreno para Cursach y los suyos.
Más bien responde al inexplicable cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ha dejado sin contenido todas y cada una de las graves acusaciones de cohecho, prevaricación, coacciones y grupo criminal que la investigación judicial del caso reveló en relación al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y a sus hombres.
Y para ello, los dos fiscales que han intervenido en la vista oral, que quedó vista para sentencia el 30 de noviembre pasado, Juan Carrau y Tomás Herranz, han invocado presuntas irregularidades en la instrucción a cargo del ya exjuez Manuel Penalva, del exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional para clamar a favor de la inocencia de Cursach y el resto y retirar hasta la última de las acusaciones, pese a que Carrau fue el fiscal que pidió prisión provisional para el magnate y su mano derecha, Bartolomé Sbert; incluso se opuso con contundencia a su puesta en libertad, en abril de 2018, después de 14 y 10 meses, respectivamente, en la cárcel.
Penalva, Subirán (ya jubilados) y cuatro agentes de la Policía Nacional fueron sometidos a una brutal campaña de acoso y descrédito, que contó con varios medios baleares como altavoces de la trama. Todos ellos quedaron retratados como una especie de delincuentes que investigaron y encarcelaron arbitrariamente a decenas de acusados sin que se llegara a explicar el por qué de aquella supuesta actuación. Esta es la tesis de la Fiscalía, que ha pedido que aumenten los cargos contra el juez y el fiscal en la causa abierta en su contra en el TSJ de Baleares. En el alegato final del fiscal Herranz no faltaron las lágrimas irreprimibles al invocar la «inocencia» de Cursach y los suyos.
Público dio cuenta de cómo se fraguó aquella campaña contra el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca, a mediados de 2019, que además de invalidar la instrucción, como ha ocurrido finalmente, tenía como objetivo amedrentar a los testigos que señalaban las prácticas corruptas de agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià para favorecer a los establecimientos del emporio Cursach frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016. Este diario emprendió una rigurosa investigación, a raíz de las denuncias internas de policías, que apuntaban a una mafia policial que cobraba del Grupo Cursach para atemorizar con inspecciones y sanciones a los locales de la competencia de este grupo.
Por su parte, Cursach, Sbert y Jaime Lladó, exdirector de la discoteca Tito’s, solicitan penas de prisión para el juez, el fiscal y los cuatro agentes que suman casi 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.
La Fiscalía renunció a 54 testigos clave
Hace nueve años que arrancó la investigación de la mayor trama de corrupción policial, empresarial y política jamás descubierta en Mallorca. El juez Penalva [fue el segundo instructor de la causa ] y el fiscal Subirán llegaron a tomar declaración a más de 80 testigos, que dieron claves sobre la corrupción en la Patrulla Verde, la unidad de la Policía Local de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio. Los testimonios más potentes fueron descartados para el juicio por los fiscales Herranz y Carrau; y los que finalmente comparecieron en la vista oral se desdijeron de sus testimonios iniciales, algo que ya presumían de antemano los abogados de los empresarios perjudicados por la órbita de Cursach y que se constituyeron como acusaciones.
Por ejemplo, entre los testigos que se han retractado, figura el testigo protegido número 16, que en el juicio dijo no recordar las acusaciones que realizó durante la investigación: el cobro de «entre 200 y 1.000 euros» por parte de varios agentes de la Policía Local de Palma a cada establecimiento nocturno para retirar las sanciones y hacer la vista gorda con sus infracciones; y los «sobres de dinero» que vio coger a un jefe policial.
La Fiscalía renunció a 54 testigos, a los que no llevó al juicio; entre ellos a los testigos 13, 26 y 29. Según ha podido saber Público, estas personas tenían pruebas respecto a la práctica de obsequiar a ciertos policías locales con cocaína, alcohol y prostitución en la discoteca Tito’s, uno de los buques insignia del Grupo Cursach. Esta rama de la investigación quedó fuera del juicio.
Lo mismo ocurrió con otros hechos calificados durante la instrucción como presuntas prevaricaciones de cargos políticos y funcionarios del Govern y de los Ayuntamientos de Calvià y Palma en favor del magnate Cursach. De esta manera, se libraron de imputación la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario autonómico Bernardí Coll, y el funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal.
Un nuevo relato por parte de los fiscales
Los fiscales presentaron al inicio del juicio un nuevo escrito de acusación, que en realidad era un amputación del mismo que se elaboró en 2018, en el que participó el fiscal Carrau, con graves cargos de cohecho, prevaricación y coacciones contra Cursach, al que pedían ocho años y medio de cárcel, y del que para el juicio eliminaron 20 folios, tachando esas acusaciones y construyendo un nuevo relato, que finalmente ha allanado el camino a la absolución a la veintena de procesados.
Así, borraron de un plumazo los testimonios de policías que denunciaron represalias por no obedecer las órdenes de sus superiores de anular sanciones a los locales del Grupo Cursach por mantener la música a un nivel más alto del permitido, por ejemplo.
Los policías que denunciaron corrupción no fueron al juicio
Según la declaración prestada el 16 de diciembre de 2015 por un agente, a la que ha podido acceder Público, la dirección del Megapark, uno de los locales de Cursach, presentó una denuncia contra él mismo y dos compañeros por negarse a anular un expediente sancionador. Aquella denuncia supuso que los tres estuvieran cerca de tres años sometidos a procedimientos penales hasta que finalmente fue sobreseída. Según aquel policía, su comisario le citó a una reunión en la que estuvo Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, en la que se le «presionó para que modificara el informe y atestado».
Otro testimonio policial no aportado por la Fiscalía explicaba cómo desde la cúpula de la Policía de Palma se daban instrucciones para que los tiqueteros (repartidores de publicidad) de los locales de Cursach no fueran molestados ni sancionados mientras que los de otros locales eran sancionados de manera sistemática.
Expedientados, trasladados y amenazados
Los policías que denunciaron prácticas mafiosas durante la instrucción del caso no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía. Sus testimonios se referían a las órdenes que recibían para avisar de las inspecciones con antelación a los locales de Cursach; las inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta «asfixiarlos», la imposición de policías locales como seguridad en puertas de las discotecas; y las exigencias del pago periódico de dinero (mordidas) a otros empresarios. Esos policías fueron expedientados injustamente, incluso trasladados de unidad y algunos recibieron amenazas personales, como pudo saber este diario.
Los fiscales renunciaron a una declaración muy importante, la de una de las inspectoras que reconoció que se avisaba con antelación a las empresas del Grupo Cursach para que pasaran sin problemas las inspecciones. En su declaración del 31 de agosto de 2017 la inspectora describió «el clima de terror que viven en su departamento cuando se trata de inspeccionar a los negocios del Grupo Cursach, manifestando que no tratan igual al resto de empresarios inspeccionados». Según esa inspectora, sus jefes fueron quienes le dijeron textualmente: «Llama a Tolo [por Sbert]».
Ni rastro de las conversaciones intervenidas
Las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación, a las que ha podido acceder este diario, dan cuenta de multitud de indicios de tráfico de influencias y coacciones, pero la Fiscalía las ha obviado.
Por ejemplo, en una de ellas entre Bartolomé Sbert y un funcionario del Ayuntamiento de Palma, en noviembre de 2015, dicen que le han pedido al jefe del departamento de Obras que «controle a Esperanza», en alusión a una funcionaria que no se dejaba corromper. La conversación se refería a la ampliación de aforo de la discoteca Pachá tras unas obras de reforma.
Otra conversación muestra la connivencia de un funcionario de Palma con directivos del Grupo Cursach: «Dile a Tolo [por Bartolomé Sbert] que me tendrá que hacer un buen regalo», se le escucha decir, tras asegurar que había logrado que no se sacaran fotografías aéreas de un local que iba a ser inspeccionado».
Informes policiales despreciados
Tampoco se han aportado al juicio por parte de la Fiscalía varios informes policiales de gran valor, como el emitido el 23 de diciembre de 2016, donde se incluyen cuadros estadísticos que muestran el trato de favor recibido por el Grupo Cursach respecto a otras empresas rivales. Esos datos desvelan que sólo se tramitó un 12,50% de los expedientes sancionadores a Cursach frente al 57,78%, 61,11% o 100% que afectó a otros grupos y empresas del sector del ocio nocturno.
También fue ignorado por la Fiscalía un informe policial del Grupo de Blanqueo de fecha 16 de febrero de 2017, complementado por otro de fecha 27 de febrero de 2017, que describía cómo se perjudicaba a locales de la competencia, con el objeto de beneficiar al Grupo Cursach.
Acoso a un empresario para que vendiera el local
Para los abogados de las acusaciones particulares personadas en el juicio, el caso del empresario José Manuel Bover, hostigado hasta la saciedad con el objetivo de que acabara vendiendo como una ganga su local al Grupo Cursach, es una de las mayores «tragedias» impunes de toda la causa.
Además de la colocación de vallas para desviar la clientela a la discoteca BCM de Cursach, en perjuicio del local de Bover, con la supuesta connivencia del Ayuntamiento de Calvià y de su Policía municipal, este empresario ha sufrido todo tipo de acosos. Desde convertir la entrada de su bar en una escombrera, arrojarle carne putrefacta y todo tipo de basuras, hasta cortar la luz en la Plaza Pitiuses, donde se ubicaba, para paralizar su negocio y el de la competencia.
«La finalidad era estrangular económicamente al Sr. Bover con el propósito de adquirir sus negocios a muy bajo precio», consta en el sumario. Varias conversaciones intervenidas evidencian estos planes. Por ejemplo, Sbert le dice a Cursach en una de ellas: «Por un millón de euros la plaza será tuya», en relación a todos los negocios de dicha plaza, que el magnate ansiaba para su grupo, barriendo así a toda la competencia en la localidad turística de Calvià.
Miguel Urbán: «El mayor riesgo de atentado en suelo europeo viene de la extrema derecha»
El eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán recibe a Público en su despacho del Parlamento Europeo, el mismo donde asegura que ha recibido ataques de la extrema derecha por sus votaciones –fue el único eurodiputado español en oponerse al nombramiento de Rusia como Estado terrorista- en torno a la guerra en Ucrania. En conversación con este periódico, analiza el momento presente y futuro de la actualidad europea, donde la ultraderecha vive uno de sus mejores momentos políticos. Lanza, de paso, un dardo a Yolanda Díaz: «Su proyecto parece la subordinación al PSOE».
Una de las noticias que deja la semana es ese plan para derrocar al Gobierno de Alemania desde un grupo de extrema derecha con conexiones con las organizaciones ultras Ciudadanos del Reich y QAnon. ¿Qué nos dicen estos eventos del riesgo que supone la ultraderecha para el país y para el conjunto de la UE?
Podríamos decir que desde el atentado en Noruega, hace ya 11 años, el mayor riesgo de atentados en suelo europeo sería de la extrema derecha. Lo dice la propia Europol. En la última década, el incremento del terrorismo ultraderechista ha ido creciendo de forma muy acelerada. Pero las alarmas sobre ello no han crecido al mismo ritmo.
El intento de golpe de Estado no es algo nuevo en Alemania. Hace un año y medio se desbarató otro intento. Alemania, que puede ser uno de los más avanzados de Europa en terrorismo ultraderechista, tuvo que disolver las propias fuerzas especiales del Ejército por la infiltración de elementos ultras.
Muchas veces banalizamos el riesgo del terrorismo ultraderechista. Es altísimo, pero es más preocupante el caldo de cultivo que justifica o que lo dota de contenido político. Y también es preocupante el intento de psiquiatrizarlo para darle justificación: «No estaba bien, estaba enfermo». El caso de Breivik en Utoya fue clarísimo. Psiquiatrizamos las motivaciones para no hablar de las reales motivaciones políticas, porque eso sería tocar incluso al propio sistema político europeo, en donde la extrema derecha está cada vez más normalizada. Yo me pregunto: ¿Cuándo hemos psiquiatrizado las motivaciones de un atentado yihadista? Nunca.
Alemania no tenía presencia de la extrema derecha en el Parlamento hasta 2017. ¿Qué es lo que ha provocado esta situación en un país con la historia que arrastra además Alemania? ¿Es un caso ‘sui generis’ o podríamos ver situaciones similares en otros Estados miembros?
Era un maquillaje, un oasis ficticio. Hemos tenido una imagen muy distorsionada. Que no hubiera partidos con representación parlamentaria no significa que no existiese la extrema derecha. Antes de la entrada de Alternativa por Alemania (AfD) en el Bundestag ya había numerosos ataques. Tras 2015 se produjo un aumento del 200% en los ataques a refugiados, que eran mayoritariamente sirios. No se puso la alerta sobre ese aumento exponencial de este terrorismo de baja intensidad. Y ahora ya tenemos muertos encima de la mesa.
«Ese terrorismo no ataca ya solo al inmigrante, sino que abre mucho más su arco»
Creo que Breivik fue una ruptura del terrorismo ultraderechista. Un antes y un después con la utilización de Internet, las redes sociales, la publicidad de su acción, la lógica del Gran Remplazo y de ya no solo atacar al invasor, sino a los cómplices. En Alemania vimos el asesinato de un alcalde de la CDU que abogaba por la integración de la población migrante en su municipio. Es decir, ese terrorismo no ataca ya solo al migrante, sino que abre mucho más su arco.
La gran diferencia de Alemania es que primero ha crecido ese terrorismo y luego se ha producido el ascenso político con AfD. En otros países, la expresión política ha dotado primero la justificación y los discursos del odio a atentados que han venido después, como vimos en las elecciones italianas de 2018 cuando un diputado de La Lega tiroteó a seis migrantes senegaleses. Salvini o Berlusconi le restaron importancia. Y esto es lo peligroso y perverso del terrorismo ultraderechista. Los discursos del odio son la verdadera gasolina que alimentan este terrorismo. El monopolio de la violencia terrorista lo tiene la extrema derecha. Y atención ahora al conflicto ucraniano, donde miles de militantes de extrema derecha se están yendo a luchar a ambos bandos. El FBI hablaba hace cuatro años de que Ucrania era para el terrorismo ultraderechista lo que fue Afganistán para el yihadista.
Hacía referencia al incremento imparable de la extrema derecha en la UE. A nivel político, ha pasado de ser una fuerza cuasi residual a formar gobiernos de coalición. El cordón sanitario terminó de romperse con la llegada de Meloni a Italia. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión en este cambio y en esta normalización de la ultraderecha en Europa?
Hungría y Polonia tienen asientos en el Consejo y comisarios en la Comisión. Es interesante ver la reacción de la UE cuando los ultras de FPÖ entraron en el Gobierno austriaco por primera vez. Hubo represalias y condenas diplomáticas. En el 2017, cuando vuelven a entrar en el Ejecutivo nadie dice nada. Son dos casos iguales con 15 años de diferencia. Creo que hay una normalización evidente y que la extrema derecha es cada vez más funcional para el modelo y la estructura de la UE. No tienen críticas a las políticas de austeridad y neoliberales ni una diferencia con las políticas geoestratégicas y militares. Polonia antes de la guerra era una apestada y vemos ahora las fotografías conjuntas y agradecimientos por acoger a refugiados ucranianos. Estamos ante una hipocresía donde no hay ningún tipo de cordón sanitario con la extrema derecha. Solo hay juegos de artificio que tienen más que ver con juegos electorales que con una conciencia democrática y antifascista. Al proyecto europeo le importa más si eres neoliberal que si eres demócrata. Y ahí tienes el ejemplo de Meloni.
Vivimos tiempos complicados: la inflación récord, la crisis energética, la polarización política, el cansancio tras años de pandemia, la guerra en Ucrania… Un caldo de cultivo para el auge de los populismos. Las elecciones europeas serán en mayo de 2024. ¿Cómo las anticipa? ¿Qué papel juega aquí el PPE, cuyo debilitamiento le ha obligado a acercarse a postulados más cercanos a la extrema derecha?
En las elecciones europeas pasadas, la extrema derecha fue la opción más votada en Francia, Italia, Polonia y Hungría. En Hungría la primera fuerza fue el Fidesz y el segundo el Jobbik, un partido neonazi. El problema ya era real. Si a día de hoy los eurodiputados de extrema derecha se unificaran en un único grupo, serían la segunda familia más importante de la Eurocámara, por delante de los Socialdemócratas. Sus divisiones internas han facilitado que estén divididos en tres grupos (No inscritos, ID y ECR). Hay un intento de unirse. Si eso pasara, en las elecciones de 2024 conseguirían dos cosas: ser el segundo grupo del Parlamento y tener capacidad de minoría de bloqueo. Podrían bloquear o condicionar la mayoría de votaciones en el Parlamento.
Junto a los populares, los liberales y los propios socialdemócratas están sucumbiendo también a este giro en muchas cuestiones y votaciones. La política migratoria que está aplicando el Gobierno de España no es diferente de la política que aplica la extrema derecha. Para justificar los asesinatos en Melilla, el Gobierno español ha hablado de invasión. Esa retórica es la que utiliza la extrema derecha para estigmatizar a la población migrante. Es profundamente xenófoba y es el caldo de cultivo para la extrema derecha. En el debate en Melilla, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch celebró que estaban haciendo lo que Vox venía pidiendo desde hacía tiempo. Y tenía razón. Si queremos combatir a la extrema derecha hay que combatir a sus políticas xenófobas y a las políticas neoliberales. Pero la gran coalición que gobierna Europa ha claudicado en todo.
Veremos en qué se concreta ese Pacto de Asilo y Migración.
El problema es que el Pacto de Asilo intenta normalizar las malas praxis que se estaban aplicando hasta ahora. Y es muy grave porque lo que busca ahora es constitucionalizar. El modelo australiano de gestión de fronteras antes era un tabú y ahora es ya lo que se va a consolidar con el nuevo pacto migratorio. Eso es la victoria de la extrema derecha en las políticas de la UE. La Europa Fortaleza es la necropolítica de la extrema derecha.
Mencionaba antes la guerra en Ucrania. Putin quería tomar Kiev en días, derrocar al Gobierno ucraniano y poner uno impuesto por Moscú. La izquierda es muchas veces acusada de defender más al invasor que al invadido. ¿Tienen un problema o dilema de discurso en esta guerra? ¿Cree que Ucrania debe defenderse con las armas enviadas por la OTAN o debería asumir la ocupación rusa?
La izquierda ha tenido diferentes posiciones en el tema ucraniano. La bancada de La Izquierda no vota ni mucho menos unificada sobre ello. En Anticapitalistas condenamos la invasión de Putin sin ambages. Y defendemos el derecho de los pueblos, también el ucraniano, para defender su integridad territorial.
La UE debería haber jugado un papel de mediación y pacificación. Nunca hemos buscado la solución política al conflicto. El problema con su posición es que no ha defendido el derecho de autodeterminación o de defensa de Ucrania, sino sus intereses imperialistas propios. Los intereses de la UE no pasan por los intereses del pueblo ucraniano. Y eso se explica de una forma muy clara: ¿la UE manda armas al Frente Polisario para que defienda su derecho a existir como pueblo y su autodeterminación en la ocupación de Marruecos? No, apoya al ocupante. Tiene otro tipo de intereses geopolíticos o geoestratégicos que no tienen nada que ver con respetar el Derecho Internacional o la autodeterminación de los pueblos. Lo podemos ver también en Palestina o Yemen.
«Ucrania se ha convertido en una excusa para los proyectos de remilitarización de la UE y de la OTAN»
Podemos decir que estamos ante un conflicto interimperialista donde nos jugamos mucho: la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Y ante eso, los antimilitaristas tenemos un papel que jugar. Y creemos que pasa por no azuzar el conflicto con el envío de armas. Ucrania se ha convertido en una excusa para los proyectos de remilitarización de la UE y de la OTAN. En 2019 Macron hablaba de la OTAN como en muerte cerebral y ahora la OTAN vive su mejor momento de la historia. Nunca había soñado con la entrada de países como Suecia y Finlandia.
Hemos visto esta semana la disolución del Congreso por Pedro Castillo en Perú. ¿Le ha sorprendido?
No me ha sorprendido. Hemos visto un acoso y derribo de la oligarquía y la extrema derecha peruana ante todo lo que no sean ellos y sea popular. Pedro Castillo no es una persona de mi especial cariño ni cercanía política, pero representaba a ese Perú campesino, rural, indígena, que molesta a la oligarquía y extrema derecha peruana. No podían consentir que fuese el presidente. Su respuesta ha sido desesperada.
¿Una campaña de acoso y derribo justificaría un autogolpe contra las instituciones democráticas?
No lo justifica ni mucho menos. Hay que ver lo que ha pasado en Perú porque hay muchos claroscuros sobre el tema del autogolpe. Nada puede justificar un golpe en Perú ni en ningún país. Pero no voy a condenar algo hasta que no sepa qué ha pasado. En un golpe hay militares en la calle, Policía en las instituciones, lo vimos en Bolivia.
Por último y en clave nacional, ¿qué le parece el proyecto Sumar de Yolanda Díaz? ¿Lo apoyará? ¿Concurrirá la izquierda española de forma unida en las próximas elecciones?
Para tener una opinión se tendría que concretar el proyecto. No hay contenido ni propuestas en Sumar. Dicen que quieren hacer un proyecto de país, ¿dónde está? Nos han dicho que quieren hacer un proyecto de país como el de Felipe González. No es el mío. Tenemos claro la oposición al gobernismo de coalición, de minoría, de a cualquier forma y a cualquier precio con el PSOE, que al final te obliga a asumir sus políticas social-liberales, su política migratoria con Melilla y exterior con Marruecos. Entendemos que Sumar no hace una autocrítica ante ese gobierno de coalición en minoría y de subordinación al PSOE, sino que parece que su proyecto es la subordinación al Partido Socialista. Si eso es así, no es nuestro proyecto.
La presentadora ANA TERRADILLOS y las FAKE NEWS | Rubén Hood
Si yo no respeto el código de circulación al volante, me van quitando puntos y si me paso de listo al final pierdo el carnet además de las ricas multas que me como. Pero los medios de comunicación se saltan el código deontológico periodístico día sí y día también y aquí no pasa nada. Si les cayeran buenas multas y después de reiteradas sanciones perdieran los derechos de emisión, seguro que empezarían a hacer bien su trabajo. Ahí dejo la idea para una futura ley de medios que tanta falta hace en España.
Fuertes vínculos entre el ultraderechista Bolsonaro e Israel
En los últimos años ha habido una conexión muy fuerte del ultraderechista brasileño Bolsonaro y su movimiento con el régimen de Israel.
En el siguiente reportaje nos proponemos analizar cuáles son los orígenes políticos y religiosos de ese fenómeno. Lo primero que hay que mencionar es que Jair Bolsonaro es actualmente evangélico.
Desde un punto de vista doctrinario, las Iglesias evangélicas están fuertemente influenciadas por lo que se conoce como la teología de la prosperidad.
Esta definición contextualiza estas imágenes. Bolsonaro se bautizó como evangélico en las aguas del río Jordán en 2016, en el mismo viaje trascendieron imágenes de sus hijos vistiendo orgullosamente camisetas de los servicios de inteligencia y del ejército de Israel.
En la actualidad, miles de evangélicos permanecen frente a los cuarteles militares a la espera de que las fuerzas armadas intervengan para impedir la asunción de Lula da Silva.
Andrés Sal.lari, Sao Paulo
Divulgan carta de Pedro Castillo que denuncia “plan maquiavélico”
Publican en Perú una carta de Pedro Castillo en la que denuncia un “plan maquiavélico” diseñado por el Congreso, la Fiscalía y la nueva presidenta en su contra.
El congresista Guillermo Bermejo divulgó el sábado la mencionada carta en su cuenta en Twitter, con permiso del presidente vacado, después de un encuentro que mantuvieron en la misma jornada, según ha anunciado el legislador peruano.
En la misiva, Castillo que se pronuncia por primera vez desde su detención, revela que “una fiscal sin rostro” y “un grupo de médicos camuflados” intentaron sacarle una muestra de sangre sin su consentimiento, y acusa al Congreso; a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su exvicepresidenta, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de la Presidencia luego de la destitución de Castillo, de orquestar un “plan maquiavélico” en su contra.
“No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la Sra. fiscal de la nación, el presidente del Congreso, y la Sra. Dina Boluarte”, subrayó Castillo.
Defensa de Castillo demanda al Estado peruano y pide restituirlo
En el marco la investigación preliminar contra Castillo, se le realizaron el sábado un examen toxicológico luego de que se planteó esta teoría que el expresidente “no se encontraba en sus facultades” en el momento de leer su decisión de disolver el Legislativo y que él habría sido drogado y podría tratarse de un movimiento “inducido”.
Castillo decretó el miércoles, sin ningún apoyo, la disolución temporal del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional. Horas después de este anuncio, Cámara de Perú aprobó la vacancia de Castillo por “incapacidad moral”, ignorando la decisión del mandatario.
El destituido mandatario peruano seguirá detenido hasta el 13 de diciembre de manera preliminar para impedir su “posible fuga” del país, mientras que se le acusan de un presunto delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso. El que fuera, hasta el miércoles, el presidente de Perú, ahora enfrenta cargos que le podrían enviar tras las rejas, al menos, por 20 años.