Esta semana el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha rechazado los recursos y confirmado el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, junto a sus ex altos cargos por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de una menor tutelada por parte de su exmarido, quien trabajaba de educador social y fue condenado a 5 años de prisión.

El procesamiento ha llegado después de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia —dirigida por Pedro Castellano y que ha archivado numerosos casos de corrupción del PP— reabriera el caso tras estimar parcialmente los recursos de la víctima (representada por el abogado y exlíder de la asociación España 2000 José Luis Roberto) y de la acusación popular (representada por Vox con sus miembros José Gosálbez y Marta Castro y la agitadora ultraderechista Cristina Seguí a través de su asociación Gobiérnate).

La Audiencia estimó que no podía “descartarse claramente” la existencia de una infracción penal y que no existiese “indicios suficientes”. Sin embargo, el caso fue archivado el pasado 2 de abril por el juez instructor al no existir “indicios de la comisión de delito alguno”, una decisión explicada en un extenso auto de 96 páginas.

“Discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento”, señalaban los magistrados, pese a que el propio juez instructor aseguró que no había podido acreditar “ni siquiera al nivel propio de los indicios” que Oltra tuviera conocimiento de los hechos hasta el 4 de agosto de 2017, fecha en la que llegó al hogar aun compartido la resolución sobre la primera denuncia a su exmarido.

Unan los puntos

“¿Qué tendrá que ver el expresidente de la Generalitat de un partido condenado por corrupción, con Ribera Salud, con una fundadora de Vox querellante y exhibicionista de Maite por espectáculos televisivos, el Ateneo Mercantil, y un exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial?”, se preguntaba la aún vicepresidenta en la intervención en Les Corts de abril de 2022, mientras sujetaba una fotografía de la propia Cristina Seguí junto a el expresident del PP, Francisco Camps, y el dirigente de Ribera Salud, Alberto de Rosa.

Durante su mandato, así como en los anteriores de Eduardo Zaplana, Francisco Camps privatizó numerosos hospitales públicos que acaban en manos de Ribera Salud, lo que se denominó como ‘modelo Alzira’ y donde los pacientes se consideraban ‘potenciales clientes’. Según recogía El Salto, el grupo llegó a gestionar hasta el 20% de la sanidad pública valenciana, llegando a pagar la Generalitat Valenciana hasta 7.500 millones de euros entre 2003 y 2018.

Pero tras la llegada del Botànic con Oltra como vicepresidenta, comenzó la reconversión de los hospitales de nuevo a gestión totalmente pública, hecho que hizo que Ribera Salud tuviera millones de euros de pérdidas.

Aquí radicaría la verdadera razón de esta persecución. Y es que además de la participación de la ultraderecha en el proceso, el poder económico también es una parte fundamental de un caso de lawfare.

Pero Oltra no solo señalaba a Alberto de Rosa. Su hermano, Fernando de Rosa, es expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, exconseller de Justicia en el gobierno de Camps y actual miembro del Partido Popular.

Pero además, su hermana Carmen de Rosa es la presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, donde precisamente se celebró un acto llamado ‘Protejamos a nuestras menores’ organizado por la misma Cristina Seguí junto a Javier Negre, donde se afirmó que Oltra utilizó al Generalitat para obstruir la causa contra su exmarido”. Más tarde, el Gobierno de Mazón —con Vox todavía en el Ejecutivo— nombró a Carmen de Rosa directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas en la Conselleria liderada anteriormente por Oltra.

Todo un conjunto de actores que estarían detrás del lawfare contra Oltra. Persecuciones políticas, mediáticas y judiciales contra un líder en las que, como en este caso, se intenta alargar al máximo el proceso judicial —pese a no haber pruebas directas y ni siquiera indicios— sin necesidad de que finalmente haya una sentencia condenatoria, sino siendo el objetivo final el acabar la carrera política de un dirigente elegido democráticamente.