Baltar dio más de 55.000 euros en gratificaciones a funcionarios de confianza antes de dejar la Deputación de Ourense

Su sucesor, Luis Menor, mantiene en sus cargos al personal del círculo cercano al expresidente del PP ourensano.

20/12/23 Baltar (i) y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado 27 de octubre tras la renuncia del primero a la presidencia del PP de Ourense.
Baltar (i) y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado 27 de octubre tras la renuncia del primero a la presidencia del PP de Ourense.  Rosa Veiga / EUROPA PRESS

El expresidente de la Deputación de Ourense, del PP provincial y senador por designación autonómica Manuel Baltar gastó antes de dejar su cargo en julio pasado más de 55.000 euros del presupuesto público en incentivos y gratificaciones a una treintena de funcionarios de su círculo de confianza.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, los mayores beneficiarios, con cantidades superiores a los 2.000, los 3.000 y los 5.000 euros, son el que fuera su chofer personal y responsable del servicio de conductores de la institución, otros tres trabajadores de su secretaría personal y varios altos cargos y mandos intermedios de diversos departamentos.

Fuentes internas de la Deputación han confirmado a Público que la mayoría de las personas más próximas a Baltar que desempeñaron puestos de confianza durante sus mandatos han sido confirmadas en sus puestos tras el ascenso a la presidencia del nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor, alcalde de la localidad de Pereiro de Aguiar.

Menor fue senador hasta el pasado agosto y es presidente del partido en la provincia desde la renuncia de Baltar en octubre pasado.

Hombre de confianza de Feijóo

Según confirman fuentes del PP, Menor es una persona de la plena confianza del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, quienes le impulsaron como nuevo líder del partido en la provincia.

Público ha tratado sin éxito de contactar con Baltar para obtener una valoración sobre los sobresueldos cobrados por el personal de su círculo íntimo en la Deputación. El entorno del nuevo presidente sí ha respondido alegando que se trata de «una cuestión de gestión interna, debidamente fiscalizada por los órganos de control de la Deputación y con pleno arreglo a derecho».

El expresidente renunció a seguir al frente de la Deputación y del PP ourensano tras haber sido imputado por un delito contra la seguridad vial por conducir a 215 km/h el coche oficial de la Deputación, causa que se sigue contra él en el Tribunal Supremo dado que después de esa infracción obtuvo la condición de aforado, cuando Feijóo y Rueda acordaron facilitarle un escaño en el Senado por designación del Parlamento de Galicia.

Entre las gratificaciones que Baltar entregó antes de marcharse a una treintena de funcionarios destacan las que percibieron tres personas adscritas a su secretaría personal por valor de 5.400,49 euros, 5.209,90 euros y 5.200 euros, respectivamente. Su chófer oficial percibió otros 4.200 euros, y un alto cargo del departamento de Obras, otros 3.285 euros.

Retribuciones extraordinarias

Además, hay otros tres funcionarios con retribuciones extraordinarias por encima de los 2.000 euros y otros 19 con percepciones por encima de los de mil. El resto de cantidades oscilan entre los 260 y los 950 euros.

20/12/23 El nuevo presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, en su toma de posesión de su cargo el pasado 17 de julio de 2023.
El nuevo presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, en su toma de posesión de su cargo el pasado 17 de julio de 2023.  Rosa Veiga / EUROPA PRESS

Entre los beneficiarios hay funcionarios con plaza fija, interinos y personal laboral. Las citadas fuentes aseguran que en varios casos se trata de militantes del PP o simpatizantes del partido que se habrían presentado en puestos medios en las candidaturas del partido en alguno de los procesos electorales de los últimos años.

Esas personas recibieron esas cantidades en concepto de gratificaciones e incentivos a la productividad, a pesar de que en sus nóminas figuran ya complementos que representan en algunos casos el doble de sus salarios base.

Varios de los beneficiarios son militantes del PP o simpatizantes del partido que se presentaron en sus listas

Según ha podido saber Público, los presupuestos de la Deputación de Luis Menor para el año que viene mantienen la misma previsión de gasto en retribuciones extraordinarias que los que había dejado Baltar para 2023. Eso no quiere decir que el nuevo presidente vaya a seguir usándolos, pero sí que se reserva la posibilidad de hacerlo.

Con los votos de Jácome

Menor pudo aprobar los nuevos presupuestos gracias a los votos de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense a quien, a su vez, el PP apoya en el Ayuntamiento para que pueda mantenerse en la Alcaldía.

Además de su procesamiento en el Supremo, Baltar se enfrenta a una investigación abierta por la Fiscalía por los audios desvelados por Público en los que su hermano reconocía supuestas mordidas de ambos en la contratación de obras del organismo.

Antes de su renuncia también se supo que la Deputación se había negado a identificar al conductor en varios expedientes por exceso de velocidad asignados al coche que él conducía, y que otros correspondientes a otros vehículos oficiales de la Deputación habían sido asumidas ante la Dirección General de Tráfico por familiares de su anterior conductor, ya jubilado.

Al menos en uno de esos casos, una de esas personas, también trabajadora del organismo, habría visto mejoradas sus condiciones laborales al ver consolidada su plaza poco después de señalarse como responsable de la infracción y asumir el pago de la multa.

 

La Base 4×59 | Milei pone en marcha la MOTOSIERRA ULTRA NEOLIBERAL

En el programa de hoy, 21/12/23, Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan la situación política en Argentina después de que Javier Milei anunciara la aprobación por decreto de un paquete de más de 300 medidas para desmantelar el Estado argentino. Con la participación desde Argentina de Daniel Tognetti, periodista de Canal Red y Alfredo Serrano, director de CELAG. Entra en https://apoya.canalred.tv/ y hazte suscriptor de Canal Red. Síguenos también en nuestras redes sociales:

 

La Base 4×58 | Y voló, y voló… 50 años del Atentado de Carrero Blanco

En el programa de hoy, 20/12/23, Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el significado del atentado contra Carrero Blanco con motivo de su 50 aniversario. Además, hablan de la situación en Argentina después de que el Gobierno de Milei anunciara la puesta en marcha de una política represiva sin precedentes y mano dura contra los piquetes. Con la participación del historiador y autor de ‘Operación Ogro. Hechos y construcción del mito’, Iñaki Egaña. Entra en https://apoya.canalred.tv/ y hazte suscriptor de Canal Red. Síguenos también en nuestras redes sociales:

 

El Poder Judicial, indignado con las acusaciones de ‘lawfare’, guarda silencio ante ‘Neurona’ y la guerra contra Colau

La misma semana en la que se han archivado dos casos de guerra jurídica para perseguir a oponentes políticos, la tensión entre la cúpula judicial y los partidos se aviva por las comisiones de investigación sobre el ‘lawfare’ contra el ‘procés’.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, abraçada amb la candidata de BComú, Ada Colau, abans de l'inici d'un acte al Carmel
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, abraza a Ada Colau, candidata a las elecciones municipales del 28M por Barcelona en Comú, en un acto en el Carmel (Barcelona).  Blanca Blay / ACN

La misma semana en la que han quedado archivados dos señalados casos judiciales dirigidos contra Podemos y la exalcaldesa de BarcelonaAda Colau, ejemplos de guerra judicial o lawfare contra partidos políticos, el Poder Judicial ha clamado respeto a su independencia. «Déjennos en paz», ha llegado a pedir el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Vicente Guilarte, a los políticos.

La cúpula judicial está indignada por las referencias al lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez y que comenzará a materializarse con la celebración de tres comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, vinculadas de alguna manera con el procés independentista.

El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.

Guerra judicial contra políticas de vivienda social

La jueza de Barcelona que ha archivado la querella contra Ada Colau sí lo ha hecho, al afirmar en su auto que el fondo buitre emprendió acciones penales contra Colau «simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato», puesto que le causaban «perjuicios», que «no justifican la implicación en un proceso penal a políticos, por el mero hecho de estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona», sostiene la jueza.

La titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, Carmen García, abronca a Vauras por presentar la querella contra Colau en busca del «efecto mediático que supone involucrar a un partido político», pese a que sabía que Colau, alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, no tuvo participación alguna en unas coacciones que no llegaron a producirse.

Ada Colau y los exconcejales Marc Serra Lucía Martín estaban siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y coacciones tras la querella de la sociedad Vauras Investment por presuntamente haber sido amenazada con no concederle licencias de obras en inmuebles de su propiedad si no ofrecía pisos en alquiler social a las familias desahuciadas del Bloc Llavors, un edificio del fondo buitre en el Poble-Sec, tal y como ordenaba la ley de vivienda catalana.

Colau tuvo que declarar por esta causa dos meses antes de las elecciones municipales del 28 de mayo pasado. Tras conocer el archivo, la exalcaldesa ha manifestado en sus redes sociales que la querella del fondo buitre Vauras es un ejemplo de lawfare y ha planteado si el proceso judicial pudo haber influido en los resultados electorales: «En las últimas elecciones, el actual alcalde del PSC sacó un concejal más con solo 141 votos más. ¿Qué hubiera pasado sin todos los titulares del lawfare y mi imagen yendo a declarar al juzgado en bucle en los medios?», se pregunta Ada Colau.

Hay que recordar que la jueza Carmen García inadmitió la querella de Vauras en noviembre de 2020 al no apreciar indicios de delito, pero en abril de 2022 la Audiencia de Barcelona admitió el recurso del fondo buitre y ordenó reabrir la causa, aunque rebajando considerablemente el número de delitos investigados.

Bombardeo de querellas contra Colau

De la quincena de denuncias y querellas que ha recibido Colau y su equipo de gobierno de los comuns durante su mandato solo quedan vivas tres, y en dos de ellas permanece investigada la exalcaldesa: una relacionada con la adjudicación de subvenciones y otra sobre la peatonalización de la vía Consell de Cent. Hay otra causa abierta por un caso similar al del fondo Vauras.

El lobby inmobiliario, hoteles, empresas y rivales políticos han llevado a los tribunales su enfado por las políticas de los comuns, desde la vivienda social a la gestión del agua o las zonas de bajas emisiones en la ciudad de Barcelona, como una manera de instrumentalizar el sistema judicial para debilitar a un partido y a una ideología política concreta.  Pero ¿qué tipo de responsabilidad tienen los jueces instructores que pese a la carencia de indicios delictivos se embarcan en una investigación abocada al fracaso, que mantiene imputado a un partido o a sus dirigentes?

¿Tienen responsabilidad los jueces?

Es el caso del juez Juan José Escalonilla, al frente del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, que durante tres largos años ha mantenido imputados a Podemos y a varios de sus responsables en una macrocausa, el caso Neurona, que ha fiscalizado desde las finanzas del partido hasta las relaciones de amistad de la exministra Irene Montero con dos de las trabajadoras de la formación, en la pieza separada caso Niñera

El juez Escalonilla cerraba la causa esta semana pasada sin atisbo alguno de una reflexión sobre sus motivos para alargar y extender en una decena de piezas separadas una investigación basada en unos endebles indicios: la denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente, en julio de 2020, en una especie de vendetta contra el partido, que fue oportunamente rentabilizada pocos meses después de que Podemos formara gobierno con el PSOE.

Según ha podido saber Público, la formación morada estaría planteándose emprender algún tipo de acción judicial respecto a esta causa que le mantuvo imputado durante toda la pasada legislatura.

Al margen del caso Neurona, hace un mes, Podemos presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra los magistrados Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, y Joaquín Gadea, el juez de refuerzo en dicho juzgado de la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y/o omisión del deber de perseguir delitos, en relación a la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos.

Hay que recordar que finalmente la Audiencia Nacional ordenó, en marzo de 2022, al juez García Castellón archivar la causa al entender que se trataba de una investigación «prospectiva» contra Podemos.

Los morados quieren ahora que se estudie la posible responsabilidad de García Castellón y el juez Gadea en la reapertura de la causa, en octubre de 2021, ante los supuestos indicios aportados por el exmilitar venezolano Pollo Carvajal, que trataba de evitar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico a cambio de presunta información sobre la relación entre las finanzas de Podemos y el Gobierno venezolano.

El bloque conservador del CGPJ, en pie de guerra

La continua pugna del bloque de sensibilidad conservadora del CGPJ contra el Gobierno de Pedro Sánchez, recrudecida a raíz del acuerdo para la ley de amnistía, ha provocado no solo una declaración institucional inédita del CGPJ sobre una proposición de ley, incluso antes de que esta fuera presentada y que está denunciada ante el Supremo por Sumar,  sino también que el órgano del gobierno de los jueces aborde la legalidad de las comisiones de investigación en el Congreso y el hipotético deber de comparecencia a las mismas de los jueces y magistrados.

Así lo han solicitado al presidente suplente del Consejo todos los vocales designados a propuesta del PP, que esperan que el asunto forme parte del pleno ordinario del próximo 21 de diciembre.

La Audiencia de Madrid ordena reabrir otra causa contra Ayuso por los «protocolos de la vergüenza» en pandemia

Se investiga el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal (Madrid) durante la pandemia de covid-19.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante pleno en la Asamblea de Madrid este jueves 22 de noviembre de 2023.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante pleno en la Asamblea de Madrid este jueves 22 de noviembre de 2023.  Chema Moya / EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a una jueza que reabra una causa penal contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con los protocolos de derivación a hospitales.

Así consta en un auto dictado el pasado 25 de octubre, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se estima el recurso parcialmente presentado contra el sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid en las diligencias previas seguidas contra la dirección de esta residencia Amavir y el archivo libre respecto de la residencia.

El recurso de apelación de la parte querellante se articulaba en diferentes motivos como la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación.

Los querellantes se quejaban de que la magistrada no había practicado la actividad instructora suficiente, porque no se había llamado a declarar a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos.

Los magistrados emplazan ahora a la titular del Juzgado de Instrucción número 50 a seguir investigando la querella, que se dirige contra Ayuso y los exconsejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, y Enrique López.

En un comunicado, Marea de Residencias señala que las diligencias que se instaron «vienen a reforzar lo referido a las decisiones tomadas para derivar no derivara los residentes a Centros hospitalarios en directa relación con los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid y los recursos técnicos y sanitarios con los que contaban las residencias, tanto para atención y seguimiento del estado de salud de los residentes, como para protegerse del contagio del coronavirus trabajadores y residentes».

Un juzgado de Collado Villalba investiga también a Ayuso, Escudero y Enrique López por los protocolos de derivación de residencias a hospitales. En este procedimiento han declarado el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur.

♟️MILEI GANA: NO LLORES POR MÍ, ARGENTINA | El Tablero

Emitió en directo hace 2 horas

Hoy tenemos a Rafa Mayoral (Podemos), Ayme Román (Filósofa), Ada Santana (PSOE), Álvaro López (ElDiario) Videoconferencia: Eduardo García (Descifrando la Guerra) -Ortega Smith humilla a los agentes de la Policía Nacional en la concentración de Ferraz -El País afirma que Pedro Sánchez debe tenderle la mano a la derecha en esta legislatura -La policía de Marlaska permite cortar una autopista a los manifestantes del PP -Israel ha destruido 3 de cada 4 hospitales en Gaza y dañado la mitad de las viviendas -Israel ataca un convoy de Médicos Sin Fronteras y asesina a uno de sus colaboradores -Helicópteros israelíes dispararon contra milicianos y civiles del festival de música el 7 de octubre durante el ataque de Hamás -El ultra Javier Milei presidente electo de Argentina