«Si el objetivo del Kremlin es tener menos OTAN en sus fronteras, solo conseguirá más OTAN», dijo este sábado Jens Stoltenberg durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Jorge Arreaza. Federico Parra / AFP
El político venezolano Jorge Arreaza comentó las declaraciones de este sábado del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre una posible agresión de Rusia hacia sus Estados miembros.
«Las élites gringo-europeas llevan la guerra en sus genes. Fabricar enemigos es su naturaleza. Hacen la guerra, luego existen, destruyen y se enriquecen«, escribió en su cuenta de Twitter el excanciller de Venezuela, tras la afirmación del jefe de la Alianza Atlántica, en la que señaló que «si el objetivo del Kremlin es tener menos OTAN en sus fronteras, solo conseguirá más OTAN».
Durante la Conferencia anual de Seguridad de Múnich, en Alemania, Stoltenberg declaró que «en respuesta al patrón de acciones agresivas de Rusia», están reforzando su «disuasión y defensa en toda la alianza para evitar cualquier error de cálculo o malentendido» sobre el compromiso de defenderse unos a otros. Al mismo tiempo, insistió en que la organización es una alianza defensiva «que no amenaza a Rusia ni a nadie«.
Desde noviembre pasado, varios altos funcionarios y medios de comunicación occidentales han asegurado que Moscú planea invadir a Ucrania, informes que se han intensificado en las últimas semanas, sugiriendo una guerra ‘inminente’. Sin embargo, el Kremlin ha rechazado reiteradamente estas aseveraciones.
Un amigo del pueblo donde veranea Isabel Díaz Ayuso, y al que conoce desde la infancia, consiguió un contrato por la vía de emergencia para vender 250.000 mascarillas a la Consejería de Sanidad de Madrid en abril de 2020. Fuentes cercanas a Ayuso no niegan la relación con el empresario pero aseguran que la presidenta no intervino en la adjudicación
La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Fueron 1,5 millones de euros –IVA incluido– para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la compañía Priviet Sportive S.L. La adjudicación se decidió en abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia y acogiéndose a la vía de urgencia que permitía en aquel momento el estado de alarma. La empresa se dedicaba al negocio textil y ganadero y su principal accionista y administrador único es Daniel Alcázar Barranco, con quien Ayuso y su familia mantienen amistad desde hace décadas, como han ratificado varios testigos a elDiario.es.
Tanto Isabel Díaz Ayuso como su hermano, Tomás, son amigos desde hace décadas de Daniel Alcázar y de su hermano menor. Se conocen desde niños, del pueblo donde vivía la familia paterna de la dirigente del PP, Sotillo de la Adrada, un municipio al sur de la provincia de Ávila de 4.500 habitantes en el que la presidenta pasa fines de semana y vacaciones y del que suele presumir. Ayuso, su hermano y el empresario Daniel Alcázar son habituales de varios establecimientos del pueblo, entre ellos un pub llamado Paparazzi, donde suelen coincidir con otros amigos, explican varios vecinos a esta redacción, que se ha desplazado a la localidad.
«Son amigos desde siempre, los padres han comido mil veces juntos», cuenta un vecino de Sotillo de la Adrada, donde el empresario es propietario también de un chalet que actualmente se encuentra a la venta [informa Víctor Honorato desde Sotillo]. “De niños era común ver a Daniel y al hermano de Ayuso juntos, incluso a ella”, dice otro vecino a elDiario.es. «Sus padres eran veraneantes de los de antes» con «una gran diferencia de poder adquisitivo respecto a otros del pueblo», añade.
Solo unos días después de formalizar el contrato con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Sotillo agradeció en Facebook a Daniel Alcázar la donación para el municipio de 400 mascarillas FFP2 a través de otra de sus empresas, Ganadería Piedra Escrita, cuya sede está en un municipio de Toledo a 20 kilómetros de Sotillo.
La adjudicación de esta compra de mascarillas se aprobó el 1 de abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia. En total, fueron 1.512.500 euros, IVA incluido: 250.000 mascarillas a 6,05 euros cada una que se almacenaron en el pabellón 10 de Ifema, donde la administración regional levantó un hospital de campaña para atender a pacientes con coronavirus. El contrato se hizo en un momento crítico en el que había escasez de suministros sanitarios en todo el mundo.
En el documento que figura en el portal de contratación del Gobierno regional se especifica que se trata de una compra de mascarillas FFP2 y FFP3, pero no detalla la cantidad de cada uno de los modelos que la Comunidad paga al mismo precio. El pedido se entregó el 10 de abril de 2020, diez días después de la adjudicación.
El Gobierno regional recurrió a esta empresa propiedad del empresario de Sotillo de la Adrada pese a que no tenía ninguna vinculación hasta entonces con el sector de la sanidad ni había relación previa como proveedor de la Comunidad de Madrid. Según figura todavía en el registro mercantil, Priviet Sportive S.L. tiene como objeto social la «confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora», según consta en la documentación en poder de elDiario.es. También se dedica a la «explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de fincas rústicas». No hay nada en la documentación del Registro Mercantil ni en las últimas cuentas presentadas por la empresa –las de 2019– que apunte al negocio de material sanitario.
La relación contractual entre la Comunidad de Madrid y Priviet Sportive además nace y muere con este contrato. El 1 de abril de 2020 fue la primera y única vez que la administración de Ayuso adjudicó un contrato a esta sociedad, propiedad del viejo amigo de la presidenta y de su hermano. El contrato de más de 1,5 millones de euros se tramitó a dedo por la vía de emergencia, sin concurso público ni publicidad, gracias al primer estado de alarma aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que aligeró los trámites burocráticos para hacer frente a la crisis sanitaria.
¿Por qué y cómo se decidió entonces contar con esta empresa que no había trabajado para la administración ni se dedicaba a la confección de material sanitario hasta ese momento? Es una pregunta que nadie ha querido responder en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Esta redacción ha contactado con la Consejería de Sanidad y con el equipo de la presidenta madrileña sin recibir una explicación.
elDiario.es también ha contactado con dos de las personas de la Consejería de Sanidad que se encargaron directamente de realizar los trámites del contrato y tampoco han querido dar ningún detalle de cómo llegó esta empresa al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. «Del contacto no sé nada, yo nunca hablé con ningún proveedor, como es lógico», asegura una de estas personas.
Un empresario próximo a Tomás Díaz Ayuso también confirma la relación de amistad de este con Daniel Alcázar y con su hermano menor. Esta misma fuente apunta a que la empresa de Alcázar tiene en China a sus proveedores para el negocio del textil. Gracias a esa relación empresarial con el país asiático, pudo tener acceso a las mascarillas que compró el Gobierno regional, añade.
El equipo de Ayuso no niega la relación
Desde el equipo de la presidenta no niegan la relación personal que Isabel Díaz Ayuso mantiene con el empresario Daniel Alcázar, pero desvinculan a la presidenta de Madrid de la adjudicación del contrato, que atribuyen a la Consejería de Sanidad, presidida entonces y ahora por Enrique Ruiz Escudero. También aseguran que Alcázar no se puso en contacto con Ayuso ni con el Gobierno regional para ofrecerle mascarillas.
«El contrato está colgado desde junio de 2020 en el portal de contratación. Está fiscalizado y es perfectamente legal. No hay nada más que comentar por nuestra parte”, añaden portavoces autorizados del equipo de Ayuso que tampoco responden a qué significa que el contrato se haya «fiscalizado».
Hasta las 18:43 horas de este martes, cuando elDiario.es contactó con la Consejería de Sanidad, era casi imposible encontrar el contrato por alguna de las vías que permite el Portal de Contratación. El contrato estaba publicado pero era casi imposible acceder a él a través del buscador de esta web oficial del Gobierno de Madrid. Cuando desde este diario se preguntó por el contrato, empezó a estar visible para las búsquedas.
En los archivos que figuran en el portal de contratación también puede comprobarse que la Consejería de Sanidad modificó después de publicarlo la fecha real en la que se produjo la relación contractual. Aunque en un primer momento se indicaba que había sido el 24 de marzo, en un documento posterior se especifica que fue el 1 de abril.
elDiario.es se ha puesto en contacto también con el empresario Daniel Alcázar para recabar su versión, pero no ha querido responder a ninguna de las preguntas formuladas por esta redacción por teléfono y por escrito. El empresario se ha limitado a colgar la llamada.
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Desde hace más de una década el tecnólogo José Gregorio Jiménez trabaja en esta alternativa que podría abaratar los costos de la producción de gasolina hasta en un 70 %, en medio de la situación por las sanciones económicas.
Trabajadores de las gasolineras en una estación de servicio en Caracas, Venezuela, el 1 de junio de 2020SOPA Images / Legion-Media
La curiosidad llevó a un venezolano a interesarse por un líquido fétido y venenoso que surgía del prensado de la yuca, un tubérculo originario de Suramérica, utilizado para elaborar un alimento ancestral. Tras experimentar en su laboratorio, comprobó que de esa sustancia, que suele ser desechada, podía obtener biocombustible.
José Gregorio Jiménez es un inventor popular que nació en el estado Carabobo (centro norte), donde se encuentra uno de los principales parques industriales venezolanos y se concentra buena parte de la producción agrícola. Se graduó como técnico superior universitario en Tecnología Electrónica.
Su propuesta de generar combustible no fósil con el desperdicio de la yuca le ha otorgado varias reconocimientos y satisfacciones, a pesar de que su aplicación, con costos que pudieran ser 70 % más bajos que los de la producción de gasolina, no se ha hecho extensiva en el país. Sin embargo, confía que ante el complejo panorama de las sanciones, que dificultan la importación de tecnología en Venezuela y la entrada de los componentes para producir gasolina, su proyecto pueda tener un reimpulso.
José Gregorio Jiménez, inventor popular venezolanoJosé Gregorio Jiménez
Primero el casabe
Para comprender cómo se produce el etanol a base de yuca, es necesario hablar previamente de la elaboración de un alimento ancestral americano que se hace con este tubérculo. Se trata del casabe, una torta crujiente, plana y sin levadura, surgida de una variedad de yuca amarga.
En Venezuela es la base alimenticia de varios pueblos originarios, tanto de la región norte como sur, y es consumido por una buena parte del país. Su fabricación puede ser artesanal o industrial.
Para obtener el casabe, inicialmente, el tubérculo debe rallarse y prensarse. Tras ese proceso, la yuca pierde entre 60 y 80 % de su volumen y suelta una sustancia lechosa, amarga, almidonada y de olor fétido.
Casabera en el estado Monagas, en Venezuela, el 9 de diciembre de 2012Juan Carlos Hernandez Via ZUMA Wire / Legion-Media
El líquido que surge, denominado ‘yare’, es venenoso, porque posee un alto contenido de cianuro. Debido a que no puede ser aprovechado, se descarta y se vierte a un pozo séptico, donde se produce metanol, un gas de efecto invernadero.
Del veneno al etanol
Para que el ‘yare’ se transforme en etanol se realiza la filtración, seguida de la pasteurización, para eliminar las bacterias que se encuentran naturalmente en el líquido. Posteriormente, se efectúa un proceso enzimático o hidrólisis enzimática, «que es el secreto industrial» o la tecnología que descubrió Jiménez.
Luego de la hidrólisis enzimática viene la hidrolización, que corresponde a la subdivisión de las moléculas de la sustancia. Entonces, los almidones presentes en el ‘yare’ se transforman en azúcares primarios como la glucosa y la sacarosa.
Platas de yucaPumkinpie / Legion-Media
«Estos dos tipos de azúcares reaccionan o fermentan con levaduras, las que se utilizan para la cerveza o para el pan, y hacen que se transformen en alcohol y dióxido de carbono», dice el inventor popular.
Un descubrimiento inesperado
Jiménez aclara que no es químico y que le tocó aprender lo necesario para poder llevar adelante su proyecto. Como tantos otros inventos de la historia, el descubrimiento del ‘Yaretanol’ fue accidental.
Recuerda que en 2006 durante una visita a la zona del Campo de Carabobo, en su estado de origen, llegó junto a un amigo al sector El Rincón, donde se hace casabe desde hace más de cien años. En ese lugar pudo ver el proceso completo de cómo se producía artesanalmente.
Al ver y escuchar sobre el ‘yare’ pidió una muestra. A partir de ella comenzó su investigación, que se ha desarrollado por aproximadamente catorce años.
Etanol sin maíz
La propuesta de Jiménez para elaborar biocombustible tiene una diferencia fundamental con la producción de etanol a base de maíz. La variedad de yuca amarga no es comestible y es un desecho agroindustrial, mientras que el cereal es uno de los alimentos más importantes del mundo.
Imagen ilustrativaThamKC / Legion-Media
Pero no solo el tubérculo que da pie al casabe es candidato para la generación de etanol. El investigador ha hecho muchas pruebas «porque la idea no es hacerlo con el alimento sino con sus desechos«.
Como ejemplo de insumos para el combustible de origen vegetal habla de las papas pequeñas, que son descartadas por los agricultores porque no tienen el tamaño ni la calidad requeridas; las zanahorias, las remolachas y cualquier subproducto que tenga azúcar o almidones.
Además, está probando con algas, tanto de agua dulce como salada, para producir alimentos y biodiesel.
¿Por qué el proyecto no arranca?
Jiménez manifiesta que su proyecto tiene una etapa de desarrollo, de puesta en marcha y de consolidación. A pesar de que ya tiene más de diez años trabajando en él, no ha logrado su aplicación a gran escala.
«Venimos de un país que depende del petróleo, entonces crear un componente similar que sustituye a la gasolina es una competencia contra una empresa que domina muchos ámbitos», afirma.
Otro tema que dificulta su cristalización es el presupuesto, pues el costo de una planta productora de etanol que surta al país no puede ser financiado por una persona. «Este es un proyecto de Estado y estoy dispuesto a sentarme con el presidente Maduro para que logremos aplicarlo en el país de origen».
Campo petrolero frente a la costa este del lago de Maracaibo, en Venezuela, el 10 de mayo de 2017Jose Bula / Legion-Media
El tecnólogo asevera que años atrás no existían las necesidades actuales y que esta es una buena oportunidad para desarrollarlo. «No es un proyecto personal, la idea es que sea aplicado acá, con la participación de los países aliados, porque requiere una inversión importante para generar una fuente renovable de biocombustibles y alimentos», agrega.
¿Cuánto le ahorraría la propuesta al país?
Frente a una economía surcada por las sanciones y el bloqueo de las cuentas del Estado venezolano en el exterior, lo que dificulta la compra de maquinarias y repuestos, Jiménez explica que la ventaja de su propuesta es que ha sido desarrollada totalmente en el país suramericano. Esto incluye las enzimas, los equipos, las plantas de destilación, entre otros. «Todo se ha ido perfeccionando sin necesitar ningún tipo de importación», sostiene.
La producción de etanol cuesta 70 % menos que la de gasolina y puede ser utilizado como aditivo del combustible en una escala que va del 10 % al 50 %.
Además de la generación de combustible se produciría la harina que se utiliza en el sector casabero, que sirve para el consumo humano y animal.
Un soldado realiza controles en una gasolinera, el 26 de mayo de 2020Pedro Rances Mattey / picture alliance / Gettyimages.ru
«Es un producto 100 % amigable con el ambiente, que genera una baja del 50 % de las emisiones de monóxido de carbono y un mejoramiento en el desempeño de los vehículos, porque sube el octanaje», dice.
Afirma que además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, se podría captar este gas de efecto invernadero con la siembra de múltiples hectáreas de yuca y otros productos para generar etanol.
«Es un producto prácticamente inagotable porque es 100 % renovable y Venezuela cuenta con un territorio bastante amplio, donde el 75 % del país puede ser utilizado para sembrar yuca y otros rubros».
Reconocimientos
Jiménez ha recibido reconocimientos tanto dentro como fuera del país suramericano. El primero obtenido en Venezuela fue Premio del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), en 2008. Un año después le otorgaron el Premio Nacional de la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano.
Su proyecto ha sido distinguido también en ciudades como Bogotá (2009); Ámsterdam (2010), donde quedó en tercer lugar en el Congreso Mundial de Biocombustible y en Dubai (2011), donde fue galardonado con el premio Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida, 2011.
A pesar de ocho años de denuncias de fraude electoral, el deterioro de las condiciones de vida de los hondureños y el doloroso fenómeno de las caravanas migrantes, el punto de quiebre para Washington fue un juicio en Nueva York.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, saluda al salir de la Academia Diplomática de Chile. 10 de marzo de 2018 Esteban Felix / AP
Del amor al odio pasaron ocho años. La imagen sonriente de Barack Obama cuando le estrechó la mano o los halagos que recibió de Donald Trump son apenas recuerdos para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien se entregó a las autoridades locales para su posible extradición a EE.UU. por cargos de narcotráfico.
Hernández vive ese trance semanas después de haberse quitado la banda presidencial de Honduras, un país que gobernó durante dos períodos consecutivos, a pesar de las denuncias de fraude electoral que fueron convenientemente minimizadas en su momento por Washington.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», se le escuchaba decir en un audio difundido la mañana del martes en sus redes sociales. En ese breve discurso, con una pantalla en negro, dijo que estaba dispuesto a acudir ante el juez que designe la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para llevar su caso.
Aunque el proceso apenas comienza, el punto actual no es una sorpresa para nadie. El ocaso de la relación con la Casa Blanca empezó hace al menos un par de años, cuando la etiqueta de «narcoestado» empezó a acompañar el nombre de Honduras en Washington, pero no por las recurrentes denuncias de la izquierda en ese país, sino por los testimonios de excapos ante una corte de Nueva York.
El político de la continuidad
La carrera a la presidencia de Juan Orlando Hernández –o JOH, como suelen decirle por el acrónimo de su nombre– empezó como líder del Congreso de Honduras durante el mandato de Porfirio Lobo (2010-2014), con quien compartía militancia en el conservador Partido Nacional de Honduras.
Ese período, marcado por las secuelas del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y el gobierno de facto de Roberto Micheletti, sumió a Honduras en el aislamiento internacional, ya que la mayoría de los países del hemisferio exigía la vuelta al poder del mandatario derrocado. Sin embargo, Lobo pudo seguir con las riendas del país por un apoyo clave que llegó directo de la Casa Blanca.
Cuatro años más tarde, el sucesor de Lobo en el cargo fue Hernández (2014-2018). Al conocerse su triunfo por parte del Tribunal Supremo Electoral, cuya validez fue puesta en duda por Xiomara Castro como candidata por el recién fundado partido Libre, EE.UU. lanzó un comunicado para darle un espaldarazo a la gestión del conservador.
«Elogiamos al Gobierno de Honduras por asegurar que el proceso electoral fuera generalmente transparente, pacífico, y que reflejó la voluntad del pueblo hondureño», dijo el entonces Secretario de Estado, John Kerry.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto a exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández Brendan Smialowski / AFP
A la bendición del Departamento de Estado le siguieron las palmadas en el hombro de Barack Obama, quien elogió la capacidad de «diálogo» de Hernández y sus «logros» de Gobierno, como la firma de un acuerdo anticorrupción con la Organización de Estados Americanos (OEA); el incremento del presupuesto para la policía comunitaria; la «asistencia social para más de 450.000 familias» con programas estatales y el «control efectivo de gastos».
Las palabras de admiración mutua también eran de Hernández hacia el inquilino de la Casa Blanca por esa época. En 2016, por ejemplo, afirmó que Obama estaba «dejando un legado de una relación diferente entre Centroamérica y EE.UU.» y aseguró que su homólogo estadounidense había tomado ideas que él propuso en el Plan de la Alianza para la prosperidad, con el propósito de enviarlo al Congreso.
La permanencia de Hernández en el poder, en los hechos, era la garantía de ‘continuidad’ que hubo durante la gestión anterior, una cuestión que resultaba más que conveniente para Washington. De hecho, cables revelados por WikiLeaks confirmaron que Lobo consultaba casi todas sus decisiones con la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.
Entre las más polémicas, por ejemplo, estuvo el intento de Lobo de nombrar al general que perpetró el golpe de Estado contra Zelaya, Romeo Vásquez Velásquez, como ministro de Defensa. El representante norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, contuvo esa designación y le aconsejó al mandatario un movimiento distinto para no generar polémica ante la comunidad internacional. La dinámica habría sido la misma en otros asuntos de Estado.
Un hombre «fantástico»
A pesar de las promesas de Hernández de mejorar las condiciones de vida de los hondureños, lo cierto es que al cierre de su primer período, más del 65% del país vivía en la pobreza y los indicadores sociales eran cada día más alarmantes. Sin embargo, se presentó a su reelección.
En ese comicio, convocado el 26 de noviembre de 2017, Hernández enfrentó a Salvador Nasralla, quien se postuló en alianza con Xiomara Castro como designada presidencial. A pesar de que los conteos preliminares ponían a la dupla de izquierda a la cabeza, el escrutinio se detuvo y, solo cuando se retomó la transmisión, JOH aparecía como ganador.
Los indicios de fraude eran de tal magnitud que hasta la OEA desacreditó el proceso electoral y recomendó repetir la convocatoria a las urnas. Sin embargo, casi un mes después, ahora con Donald Trump en la Casa Blanca, EE.UU. volvió a la vieja jugada de reconocer a Hernández como mandatario electo, matizando el insólito respaldo con un llamado a revisar «las irregularidades» y a un «diálogo nacional sólido».
El expresidente de EE.UU., Donald Trump, junto al exmandatario hondureño Juan Orlando HernándezPresidencia De Honduras
Hernández asumió su segundo mandato en 2018 y, en septiembre de ese mismo año se conformó la primera caravana de migrantes, integrada por más de 1.000 hondureños que emprendieron el viaje hacia EE.UU. con la esperanza de huir de la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en su propio país.
La situación se repitió en las naciones del llamado Triángulo Norte, lo que inauguró una etapa de presiones por parte de la Casa Blanca. En su política de retórica hostil, Trump amenazó con cortar la ayuda a esas naciones si no frenaban esas migraciones.
El resultado de esa política de coacción fue que Honduras, El Salvador y Guatemala firmaron el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), un pacto que le permitía a EE.UU. deportar a migrantes hacia esas naciones. En ese entonces, un pletórico Trump le dirigía estas palabras a Hernández: «Quiero felicitarte a ti y a tu país, y quiero decirte que has hecho un trabajo fantástico. Mi gente trabajando junto a ti también lo que nos pasa diciendo es cuánto amas a tu país».
La era de la sospecha
Más allá de las declaraciones públicas, el deterioro de la reputación del mandatario hondureño en Washington había empezado al menos dos años atrás por las acusaciones de un narcotraficante en contra de su hermano, Antonio ‘Tony’ Hernández, quien también era diputado.
En 2017, un capo del narcotráfico afirmó ante una corte de Nueva York que «Tony» Hernández le había prometido ayuda para cobrar una deuda al Gobierno con una empresa fachada. Ese señalamiento fue el primer hilo del que tiró la Justicia hasta que, el año pasado, un juez federal condenó a cadena perpetua por delitos narcotráfico al hermano del presidente hondureño, actualmente preso en territorio estadounidense.
Ese proceso judicial mermó a tal punto la credibilidad de Hernández que, todavía en la era de Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, junto a una comitiva bipartidista, se negó a asistir a una reunión con el presidente hondureño. El mandatario aseguró en reiteradas oportunidades que no tuvo nada que ver con las irregularidades perpetradas por su hermano, pero los señalamientos finalmente lo alcanzaron.
El año pasado, el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga –exlíder del cartel de ‘Los Cáchiros’– como testigo en un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York, apuntó directamente al presidente de Honduras como receptor de sobornos para evitar su captura y posterior extradición a EE.UU. Sus palabras fueron también respaldadas por el capo Geovanny Fuentes Ramírez, recientemente condenado a perpetua en EE.UU.
El tenor de las acusaciones creció a tal punto que, en septiembre de 2021, durante su comparecencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hernández aludió el tema y enarboló su defensa ante lo que tildó como «falsos testimonios«.
Con la llegada de Joe Biden, el panorama cambió poco. Inmediatamente, el presidente demócrata suspendió el ACA que, en la práctica, solo había sido aplicado por Trump en Guatemala. La señal más significativa de que no habría vuelta de tuerca ocurrió cuando la asistencia de la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro ni siquiera incluyó una foto con el mandatario saliente.
En el estadio donde ocurrió la investidura de Castro, un cántico se escuchó con contundencia desde las gradas y parecía dirigido a Harris: «¡Llévense a JOH, llévense a JOH!».
A principios de este mes, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que Washington no solo le retiraba el visado a Hernández –ya fuera del poder–, sino que emitía una prohibición de entrada a territorio estadounidense «debido a actos corruptos». «Nadie está por encima de la ley», escribió.
Una tacita de té
Pasada la época de los respaldos de los Gobiernos demócratas a la derecha en Honduras para boicotear el retorno de la izquierda, o la urgencia de Trump por mostrar resultados en materia migratoria con la coacción a Centroamérica, lo que queda ahora para Biden es concretar una acción contra un político que acaba de dejar el poder.
La contundente respuesta en las urnas en Honduras no solo demostró el apoyo Castro, sino que cerró el ciclo de conflicto político abierto desde 2009 con el golpe de Estado a Zelaya, que fue respaldado por Washington a pesar de sus declaraciones públicas.
Pero lo cierto es que ni las recurrentes denuncias de fraude electoral, ni las pésimas condiciones de vida de los hondureños, ni mucho menos las causas estructurales de la violencia en ese país centroamericano durante los ocho años de Gobierno de Hernández promovieron un cambio en la mirada de Washington. El punto de inflexión fue la palabra de los excapos procesados en una corte de Nueva York.
Ahora, las autoridades judiciales estadounidenses acusan a Hernández de participar en una «conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras» desde varios países, «por rutas aéreas y marítimas».
«La conspiración transportó más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los EE.UU.», dice la acusación que señala que Hernández habría recibido «millones de dólares por sobornos y ganancias» de parte de múltiples organizaciones de narcotráfico en su país, México y otros lugares.
La tarde del martes, Hernández fue sacado de su casa con chaleco antibalas y esposado de manos y pies, para ser llevado a las oficinas de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. La imagen apocada difiere de aquel hombre que, hace unos años, le diagnosticó a Zelaya «nostalgia de poder» y le recetó «una tacita de té» al político para que pudiera lidiar con las secuelas de su derrocamiento.
El exmandatario escribió en su cuenta de Twitter que la investigación el tribunal de justicia internacional estableció que las protestas fueron causadas «por el afán de usurpar el poder por parte del gobierno de facto».
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, en Atenas, Grecia SOPA Images / Legion-Media
El expresidente boliviano Evo Morales calificó como «una victoria de la verdad sobre la falsedad» la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la demanda interpuesta en su contra por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, por supuestos crímenes de lesa humanidad durante las fuertes protestas sociales.
En una serie de tuit, Morales reaccionó a la decisión de la CPI y aseveró que el organismo de justicia internacional había «rechazado las acusaciones falsas de la derecha golpista». El exmandatario se refiere así a la denuncia de Áñez, que lo señalaba de haber cometido «delitos de lesa humanidad» por promover los bloqueos de carreteras que se prolongaron por 12 días en agosto de 2020 y que, supuestamente, impidieron a la población acceder a suministros y servicios médicos vitales en el contexto de la pandemia.
«No existe relación de causa y efecto entre los bloqueos de carreteras de agosto de 2020 y los fallecimientos de hermanas y hermanos por COVID-19. Se derrumba otra mentira (…) Al contrario de lo que falsamente se denunció, los dirigentes de los bloqueos dieron paso a tanques de oxígeno que necesitaba nuestro pueblo», escribió Morales sobre la investigación conclusiva elaborada por el fiscal Karim Khan.
Por otro lado, aseveró que «por defender a los más pobres, nacionalizar los recursos naturales y defender la soberanía de Bolivia» ha sido perseguido, acusado y difamado sin pruebas. «Pero la verdad siempre sale a la luz. Junto a nuestro pueblo, trabajamos y marchamos libres y dignos», afirmó.
En 2020, casi un año después del golpe de Estado que depuso a Morales, la expresidenta de facto lo acusó ante La Haya de haber cometido «delitos de lesa humanidad» y de ser el responsable de la muerte de más de 40 personas que no pudieron acceder al oxígeno que necesitaban por el cerco de las ciudades durante las protestas a favor del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
Áñez acusó a Morales de haber ordenado los bloqueos para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a fijar una fecha para las elecciones presidenciales, que habían sido postergadas tres veces desde el inicio de la pandemia.
Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin analizan la victoria del PP, el auge de VOX y de las formaciones de la ‘España vaciada’ y los malos resultados de la izquierda en las elecciones en Castilla y León. Con la participación especial del director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, y del periodista y cofundador de El Salto Pablo Elorduy; y con las colaboraciones de Anita Fuentes en «Placeres culpables» y de Alfredo Serrano en «La Pizarra latinoamericana».
Se reaviva la polémica en torno a la retirada de las fuerzas de EE.UU. de Afganistán. Los informes desclasificados del Pentágono responsabilizan a la administración Biden del caos desatado en el país en los últimos días de la extensa ocupación por parte de Washington. En particular, culpan a la Casa Blanca por la falta de coordinación, que derivó en retrasos en la evacuación y provocó aún más confusión y víctimas civiles. El analista internacional Juan Luis González Pérez comenta este asunto.
Varios empresarios ya han desmentido la información de su salida del país.
Imagen ilustrativa Touch The Skies / Legion-Media
El diario Ukrayinska Pravda reportó este domingo que varios multimillonarios y empresarios ucranianos han estado abandonando activamente el país en vuelos chárter y aviones privados.
Según medio, solo este 13 de febrero partieron de Kiev unos 20 chárteres y aviones privados. «No ha habido tantos chárteres en 6 años de observaciones», señala el medio.
Así, Ukrayinska Pravda sugiere que dos de los tres empresarios que encabezan la lista Forbes de los 100 ucranianos más ricos, Rinat Akmétov y Víktor Pinchuk, abandonaron el país a finales de enero.
Entre las personas que, según el medio, también han partido de Kiev en los últimos días se encuentran Vadim Novinski (8.º en la lista), Alexánder Yaroslávski (9.º), Boris Kolésnikov (55.º), Vadim Stolar (64.º) y otras figuras de alto nivel.
Sin embargo, varios empresarios ya han desmentido la información de su salida del país. «Un medio mentiroso y perpetuamente manipulador miente como siempre», escribió Boris Kolésnikov en su cuenta de Facebook, agregando que no planea irse de Ucrania hasta el 1 de marzo.
Por su parte, Vadim Novinski indicó en una entrevista con RBC que el pasado jueves voló a Múnich, pero tiene previsto regresar a Ucrania este lunes por la tarde, agregando que el viaje fue «planeado» y «relacionado con cuestiones personales». «Nadie huye a ninguna parte, conozco a mucha gente, y puedo decir sin duda que nadie tiene sensación de pánico para huir», señaló.
A su vez, el grupo de compañías DCH que encabeza Alexánder Yaroslávski, destacó que el empresario efectivamente partió para Londres el 10 de febrero. «El viaje fue planificado y se realiza para pasar tiempo con la familia», aseguraron desde la oficina de prensa.
Asimismo, la oficina de prensa del empresario Andréi Stavntiser (49.º en la lista) informó a Cenzor.net que el magnate sí que abandonó el país pero se trata del viaje de negocios planificado a Dubái y señalaron que Stavnitser planea regresar a Ucrania «en un futuro próximo».
Las especulaciones del medio ucraniano se dan en medio de la intensificación de los señalamientos sobre una posible invasión rusa de Ucrania, lo que Moscú ha tachado repetidamente de «falsos» e «infundidos».
En particular, el pasado viernes la Cancillería rusa afirmó que se está llevando a cabo «un ataque mediático coordinado» contra Moscú para «socavar y desacreditar las justas exigencias de Rusia en materia de garantías de seguridad, así como para justificar las aspiraciones geopolíticas occidentales y el desarrollo militar del territorio ucraniano».
«La verdadera deuda nacional, incluidos los derechos no financiados, es de al menos 60 billones de dólares», asegura el director ejecutivo de Space X y Tesla.
Elon Musk Hannibal Hanschke / Gettyimages.ru
Elon Musk ha asegurado que la deuda estadounidense no es sostenible y advirtió que en realidad es aproximadamente tres veces el tamaño de la economía nacional.
«La verdadera deuda nacional, incluidos los derechos no financiados, es de al menos 60 billones de dólares, aproximadamente tres veces el tamaño de toda la economía estadounidense. Algo tiene que ceder», escribió este jueves en Twitter el director ejecutivo de Space X y Tesla.
Los comentarios del empresario surgieron en respuesta a una publicación del medio satírico The Babylon Bee, que afirmaba que el presidente Joe Biden planeaba liquidar la deuda pública apostando al «doble o nada» por el equipo de fútbol americano de los Cincinnati Bengals en el Super Bowl.
De acuerdo con los cálculos del Gobierno, la deuda nacional bruta se ubica actualmente sobre los 30 billones de dólares. Sin embargo, esa cifra podría estar muy subestimada, ya que no reconoce los valores de las obligaciones futuras y —como señala Musk— podría ser mucho más alta.
En un informe de The Hill de 2018, Shiva Rajgopal, profesor de contabilidad de la Escuela de Negocios de Columbia, afirma que la contabilidad de Washington «no reconoce las facturas» de cosas a pagar en el futuro, como «recortes de impuestos», «obligaciones incurridas debido a los compromisos del Seguro Social, Medicare y Medicaid». «La deuda no registrada, alrededor de 60 billones de dólares, equivale a aproximadamente 240.000 dólares por cada adulto que vive en EE.UU.», dijo en ese entonces el académico.
En medio de la actual situación fiscal de EE.UU., Biden continúa impulsando la ley ‘Build Back Better’, un plan económico que incluye un proyecto de ley social y ambiental de casi dos billones de dólares. De acuerdo con el modelo de presupuesto de Penn Wharton, una iniciativa de investigación no partidista de la Universidad de Pensilvania, si esa iniciativa es aprobada por el Congreso y recibe una prórroga de sus disposiciones, la deuda nacional podría dispararse en un 24 % en los próximos 30 años.
Vox ha sido la tercera fuerza más votada en las elecciones regionales de Castilla y León y podría formar parte del Ejecutivo con el Partido Popular.
El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Juan García-Gallardo (2º por la izda), con otros líderes de su formación. Twitter / Santi_ABASCAL
Este domingo se han celebrado elecciones regionales en Castilla y León, la Comunidad Autónoma más grande de España, con nueve provincias. Los resultados han dejado un claro vencedor, el conservador Partido Popular (PP), pero lejos de la mayoría absoluta que buscaba, si bien puede alcanzar la suma para gobernar en una coalición con la extrema derecha de Vox, quien ha sido la tercera fuerza más votada y que ya ha exigido la vicepresidencia.
El escenario tras estos comicios puede tener implicaciones a nivel nacional, tanto en la correlación de fuerzas para la formación de otros gobiernos –ya sean regionales o el nacional– como a nivel interno, sacudiendo los liderazgos del principal partido de la oposición, el PP.
35 años de gobierno popular
Desde 1987 Castilla y León ha contado con un presidente del Partido Popular (los primeros dos años bajo las siglas de Alianza Popular). Una racha inaugurada por José María Aznar, quien años más tarde se convertiría en el primer presidente del Gobierno de España (1996 – 2004) perteneciente a esta formación.
Los sondeos previos a las elecciones auguraban que esta racha podía llegar a su fin y que se podría producir una alternancia encabezada por el candidato socialista con el apoyo de otras fuerzas minoritarias.
Sin embargo, el resultado final ha vuelto a dejar al popular Alfonso Fernández Mañueco como el más votado, consiguiendo 31 de los 81 procuradores que integran las Cortes regionales. El Partido Socialista ha conseguido 28; Vox ,13; Unión del Pueblo Leonés (UPL), 3; Soria ¡Ya!, 3; Podemos – Izquierda Unida, 1; Ciudadanos, 1; y Por Ávila, 1.
La suma de PP y Vox obtendría 44 procuradores, superando la mayoría absoluta situada en 41. Vox ya ha dicho que ellos merecen una vicepresidencia, mientras que Mañueco ha anunciado que hará ronda de contacto con todas las formaciones, comenzando por el Partido Socialista.
¿Vox por primera vez en un Gobierno?
Desde la irrupción de Vox en el escenario español, a finales de 2018, no ha conseguido entrar en ningún Gobierno regional. Sin embargo, desde fuera del Ejecutivo sus votos sustentan a los gabinetes populares de varios territorios, como Madrid, Murcia y Andalucía.
Ahora el escenario arrojado después de los comicios de este fin de semana abre la puerta a que Castilla y León sea la primera región que integre a la ultraderecha en un Gobierno.
Esta tesis es defendida por varias de las voces importantes del PP a nivel nacional, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que durante su participación en esta campaña electoral ya anunció que ella no tendría ninguna reticencia en hacerlo.
¿Se tambalea el liderazgo de Pablo Casado?
El presidente de Castilla y León convocó estas elecciones anticipadas ante la probabilidad de que su Gobierno saliera reforzado con una mayoría absoluta. Hasta entonces formaba un gobierno de coalición con Ciudadanos, un partido en claro declive en todo el territorio nacional, con muy poca fuerza negociadora dadas sus circunstancias.
Parece que la jugada no ha salido como estaba prevista y puede ser que se produzca el cambio de un socio débil por otro más fuerte y en ascenso. Además, todo esto puede repercutir en la formación política a nivel nacional.
En el seno del PP se está librando una lucha interna por el liderazgo. Pablo Casado lleva tres años al frente del PP y hasta el momento no ha logrado buenos resultados, por lo que su liderazgo está siendo cuestionado. Paralelamente, una figura emergente en su partido ha comenzado a eclipsarle, se trata de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoHandout / Comunidad De Madrid / AFP
El adelanto de los comicios en Castilla y León tenía una lectura en clave nacional en cuanto se entendía que una victoria por mayoría absoluta fortalecía a Casado. Mientras que muchos entienden que el resultado que se ha dado favorece a Díaz Ayuso y a Vox.
¿Adiós definitivo al cordón sanitario?
El cordón sanitario a la extrema derecha, llevado a cabo en muchos países del entorno europeo, como Alemania o Francia, nunca ha sido una realidad en España. Sin embargo, muchos han abogado por él. Los partidos progresistas defienden esta opción, mientras que los partidos conservadores han sido mucho más tibios en esta cuestión.
En el caso del Partido Popular, es una opción que no se puede permitir. La aparición de nuevos partidos políticos en un panorama que había estado décadas marcado por el bipartidismo ha supuesto prácticamente el fin de las mayorías absolutas, lo que significa que hay que pactar para gobernar.
El PP ha quemado las naves en sus relaciones con la mayoría de fuerzas políticas del país, hasta el punto de que partidos conservadores nacionalistas o regionalistas, a pesar de compartir parte de su ideología, prefieren sumar en el bloque progresista antes que apoyar al PP.
Asimismo, también ha echado por tierra su relación con Ciudadanos, después de episodios oscuros, como la sospecha de compra de diputados en Murcia, o las convocatorias de comicios anticipados para deshacerse de su socio de Gobierno en otros territorios. Así las cosas, solo les queda Vox, son su única oportunidad de gobernar en muchas regiones, y puede que la única de hacerlo en un futuro en el Gobierno de España.
¿Más lecciones?
Pero estas elecciones han dado mucho más de sí, constatando varios fenómenos que hay que tener en cuenta para analizar el futuro del país.
Por un lado el desplome de Ciudadanos sigue sin tener fin. Después de que la repetición electoral de las elecciones generales de 2019 hiciera que sus 57 diputados se quedaran en unos exiguos 10, el resto de citas locales han consolidado la tendencia, por lo que se podría asistir incluso a la desaparición de esta formación que hace tan solo un lustro llegó a liderar las encuestas nacionales.
Por su parte, Podemos, en esta ocasión en coalición con Izquierda Unida, ha tenido unos resultados decepcionantes, perdiendo parte de su representación y constatando que su fuerza sigue residiendo en el medio urbano y que aún necesitan mucho trabajo para conseguir una implantación en todo el territorio.
El Partido Socialista ha perdido una oportunidad de oro para conseguir entrar en un Ejecutivo que no pisa desde hace tres décadas y media y que parece inmune a los escándalos.
La revuelta de la España vaciada
Mientras, la gran sorpresa de la jornada ha sido la irrupción de agrupaciones de electores de ámbito provincial. Soria ¡Ya! ha conseguido tres procuradores en una provincia en la que ha obtenido el 40 % de los votos y Por Ávila se ha alzado con un representante por primera vez.
Estos resultados no tienen por que ser una anécdota regional y se pueden trasladar al Congreso de los Diputados. Ya hay un precedente, el de Teruel Existe, que cuenta con un escaño en el Hemiciclo desde 2019.
Estas formaciones forman parte de un movimiento que se conoce como la revuelta de la España vaciada. Se trata de territorios de interior, con poca población, que llevan décadas quejándose del olvido de la Administración central en cuanto a infraestructuras.
En la actualidad, se pueden encontrar pueblos sin acceso a Internet, localidades sin una sucursal bancaria o núcleos cuyos habitantes tienen que recorrer decenas de kilómetros, si no más de cien, para ser atendidos por un especialista médico. Castilla y León es un claro exponente de esta situación. Ocupa más del 18 % del territorio nacional, pero solo tiene el 5 % de la población.
El auge de estas fuerzas políticas puede dar lugar a una Cámara baja aún más fragmentada de lo que ya lo está en la actualidad. El Congreso español ya tiene representantes de 19 formaciones distintas y la tendencia ascendente de las agrupaciones de electores podrían aumentar aún más esta cifra en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023.
