Cuatro meses de la muerte de Samuel: ¿Qué ha pasado con los siete detenidos por un posible crimen homófobo?

Apenas unos días después del cierre de la investigación policial por el homicidio del joven enfermero coruñés, la instrucción judicial todavía sigue abierta. A la espera del juicio con jurado popular, algunos de los implicados están en la cárcel, otros en un centro de menores y dos de ellos en libertad.

Cuatro meses después del linchamiento del joven Samuel Luiz en A Coruña, fuentes cercanas al caso consideran que la investigación policial ha desvelado carga probatoria suficiente para argumentar ante un jurado la culpabilidad de quienes están detenidos por su muerte. Pero evitan aclarar si esas pruebas demuestran una motivación de odio en los hechos.

Samuel falleció tras una brutal paliza con patadas, puñetazos e incluso un botellazo en la cabeza, en la madrugada del pasado 3 de julio. Sus presuntos asesinos lo ejecutaron entre insultos homófobos a la salida del pub El Andén, en una zona céntrica frente al paseo marítimo de la ciudad. La agresión fue captada por varias cámaras de tráfico y por las de los teléfonos móviles de varios particulares. Samuel y una amiga suya habían mantenido en el interior del pub una discusión con varias de las personas que luego lo mataron.

Con la investigación policial cerrada, pero con la instrucción judicial todavía abierta, el juez mantiene en prisión a tres de los cuatro varones adultos detenidos por su muerte, y en un centro de menores a otros dos jóvenes. Todos están acusados de haber participado en el linchamiento. Una de las posibles evidencias de que se trató de un crimen homófobo fue que varios de los acusados se reunieron posteriormente en un parque coruñés donde, según una testigo que no los conocía, uno de ellos justificó así la agresión: «¡Puto maricón! ¡Si era un maricón de mierda!».

Otros dos testigos del caso serán los jóvenes senegaleses Ibrahima y Makatelos únicos que intentaron auxiliar a Samuel mientras lo apaleabanPúblico ha intentado contactar con ellos en reiteradas ocasiones a través de una ONG local que colabora con la colonia senegalesa de A Coruña, pero tanto la Policía como los jueces les han pedido que no hagan declaraciones públicas antes del juicio.

Dos de los detenidos por el asesinato están en libertad provisional

El martes pasado, el juez decretó la libertad provisional de uno de los encarcelados, detenido a finales de septiembre y a quien la investigación policial atribuye una posición «de apoyo», y no «de ataque», en la paliza. En julio, la primera jueza que empezó a instruir el caso ya había dejado también en libertad a una chica de 19 años, amiga de los anteriores, a quien no considera partícipe directa en los hechos.

A principios de septiembre, la Audiencia Provincial de A Coruña había desestimado una petición similar de la defensa de otro de los jóvenes adultos detenidos. Los magistrados consideraron que existían «indicios racionales» de su participación «en una agresión brutal» que podría llegar a ser calificada como asesinato, lo que podría conllevar para él «una petición de pena de hasta 25 años de prisión».

También alertaron de que su permanencia en la cárcel era una medida «necesaria y proporcional», teniendo en cuenta la «solidez» de la base inculpatoria respecto a su participación en los hechos y el riesgo de fuga y alteración de pruebas que podría suponer ponerlo en libertad, según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por ello, los jueces de la Audiencia consideraron necesario «extremar las precauciones para garantizar su enjuiciamiento».

«Nadie debería morir al grito de maricón de mierda»

«Lo que queremos es que la justicia sea justa con todo el mundo», afirma Ana García Fernández, presidenta de la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual (Alas) de A Coruña, que se ha presentado como acusación particular en el caso. García prefiere no pronunciarse sobre si la investigación policial ha podido demostrar que se trató de un crimen homófobo: «El juicio va a ser con jurado popular y no queremos influenciar a nadie ni aparecer como protagonistas de nada. Lo único que queremos es que a nadie le suceda lo que le sucedió a Samuel», añade. «Nadie en este mundo debería morir apaleado al grito de maricón de mierda», defiende la presidenta del colectivo.

En los primeros seis meses de 2021 se registraron 43 incidentes homófobos en A Coruña

Alas presta servicios de apoyo y asesoramiento a las personas que sufren agresiones homófobas, y hace tres años constituyó el Observartorio Coruñés contra la LGTBIfobia, que recoge las denuncias de quienes las han sufrido. Sólo en los primeros seis meses de este año, casi hasta la muerte de Samuel, han registrado 43 incidentes, de los que veintidós, más de la mitad, fueron agresiones verbales o físicas. Y siguen sumando.

La última fue la sufrida el pasado sábado por el actor coruñés Alberte Vello, quien reside en la la localidad coruñesa de Cerceda pero sufrió otra brutal paliza en Vigo, donde prepara un espectáculo. Un hombre lo tiró al suelo a patadas y puñetazos mientras le insultaba: «¡Maricón de mierda! ¡Maricona!». La denuncia de Vello está manos del área especializada en delitos de odio de la Fiscalía de Pontevedra, aunque la policía aún no ha podido detener a nadie por el caso.

Ana García reconoce que el crimen de Samuel ha permitido visibilizar que la violencia homófoba es una realidad que padecen a diario miles de personas. Según el informe anual del Observatorio relativo al 2020, un 8% de las personas LGTBI encuestadas en España han sufrido agresiones físicas o verbales, y un 20% padecen o han padecido discriminación en su ámbito laboral. Dentro del colectivo trans, un 63% sufren discriminación de algún tipo en su vida cotidiana.

«Hace falta más compromiso de las instituciones, porque el discurso del odio está campando a sus anchas por ellas, y lo de Samuel ha sido la máxima expresión de esa violencia. Podía habernos pasado a cualquiera de nosotras», advierte la portavoz de Alas. «Que la muerte de Samuel no haya sido en vano», concluye.

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Oposición venezolana reconoce garantías electorales de CNE

Vista de la fachada de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Caracas, capital, 8 de marzo de 2020. (Foto: AFP)

Los expertos electorales de la oposición venezolana reconocen avances en las garantías electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país suramericano.

Según informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en su cuenta de Twitter, la segunda fecha de actividad de la auditoría de infraestructura tecnológica electoral para las elecciones regionales y municipales de Venezuela se desarrolló el martes 2 de noviembre, donde participaron personal técnico del organismo comicial y auditores externos, así como expertos electorales de los partidos políticos de la oposición venezolana.

Entretanto, los participantes de la oposición admitieron avances del CNE en el desarrollo de nuevas garantías electorales de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Los especialistas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicaron, a su vez, que estas garantías están en línea con la ley y los acuerdos que han logrado las organizaciones políticas del país.

Conforme a los representantes de la coalición opositora, entre los avances, señalan la observación y acompañamiento electorales como un elemento clave en el marco de garantías, cuya matriz de instancias participantes se ha diversificado, para las próximas elecciones.

Por su parte, Eugenio Martínez, un miembro de la MUD, consideró la presencia de un grupo de especialistas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el mismo acto como un hecho sumamente relevante, que, según éste, abre las puertas a una asistencia electoral al CNE en un futuro.

En tal sentido, el director del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Hector Vanolli, también dijo que la presencia de las misiones de observación internacional en tales hechos abre una ventana al mundo que posibilita a la comunidad internacional efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral.

Además, la experta de la plataforma de la sociedad civil Foro Cívico, Beatriz Borges, admitió los avances en materia de observación y acompañamiento, considerando que es una ventana que se abre con la observación internacional para seguir en la ruta de la normalización del país caribeño.

Para el 21 de noviembre de este año en curso, más de 21 millones de venezolanas y venezolanos, y también extranjeros residentes en el país, están convocados a acudir a las urnas para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, cargos para los que se postulan cerca de 5000 ciudadanos, de casi medio centenar de organizaciones políticas.

Entretanto, la Unión Europa (UE) ha desplegado a 44 observadores en diversos estados de Venezuela, para monitorear las elecciones, por la invitación del CNE, lo que a juicio de algunos analistas, es solo un elemento de garantía para los que se retiraron de los comicios anteriores.

La Justicia de El Salvador condena al expresidente Elías Antonio Saca a pagar 6 millones de dólares por el desvío de un donativo de Taiwán

Los fondos, inicialmente destinados a las víctimas de los terremotos de 2001, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, el 16 de abril de 2018 Marvin Recinos / AFP

La Justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y a dos personas más a pagar 10 millones de dólares que fueron desviados de un donativo hecho al país por Taiwán.

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador determinó que Saca deberá pagar seis millones de dólares. Además, Juan Tennant Wright, exdirigente del partido Arena, y Gerardo Balzaretti, presidente de un centro de estudios políticos, deben desembolsar dos millones de dólares cada uno.

Saca, Wright y Balzaretti fueron acusados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y activos debido a que desviaron diez millones de dólares que provenían de un donativo que Taiwán entregó al país centroamericano en 2003. El destino de este monto era realizar cuatro proyectos para las víctimas de dos terremotos que afectaron a El Salvador en 2001. Sin embargo, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.

En un video publicado por la Fiscalía, uno de los fiscales afirmó que los acusados «causaron un daño al Estado» debido a que el «dinero venía destinado para obras sociales».

En agosto pasado, la Fiscalía había pedido al Juzgado que los ahora condenados fueran exonerados por la prescripción del delito de lavado de dinero, cometido durante el mandato del fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004). Sin embargo, una jueza pidió continuar con el proceso civil contra Saca, Wright y Balzaretti.

Saca cumple desde 2018 una condena de diez años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos estatales.

 

El jefe del Gobierno español acuerda derogar la reforma laboral del 2012

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, acordó derogar la reforma laboral del 2012 aprobada por el Ejecutivo anterior. La portavoz del gabinete destacó que se necesitan relaciones laborales justas para emprender la recuperación de la pandemia. La cuestión causó polémica, porque la vicepresidenta primera, a diferencia de la Ministra de Trabajo, solo quería eliminar una parte de las cláusulas y no derogar toda la reforma.

 

Enfrentamientos políticos en España por la recuperación del Mar Menor, mientras persisten las secuelas del desastre ecológico

Las devastadoras imágenes de más de cinco toneladas de peces muertos le dieron la vuelta al mundo en agosto, un evento con serias consecuencias económicas, sociales y medioambientales.

Cientos de personas participan en una concentración en defensa del Mar Menor, el 7 de octubre de 2021, en Murcia (España). Foto: Edu Botella / www.globallookpress.com

España se encuentra en pleno debate por los presupuestos para el próximo año, que deben atender varias necesidades como la recuperación económica del país tras la pandemia. Uno de los temas más polémicos es la recuperación del Mar Menor, en la Región de Murcia, que este verano vivió una nueva catástrofe ecológica.

El presidente de la región, Fernando López Miras, del Partido Popular, asegura que el presidente Pedro Sánchez, no está destinando los recursos necesarios a la zona, pese a que el Gobierno ha garantizado 300 millones de euros.

Golpe a la economía local

Tan solo unos meses después de las devastadoras imágenes de miles de peces muertos en el Mar Menor, se puede concluir que hay serias consecuencias económicas, sociales y medioambientales de este desastre ecológico.

Los pescadores viven en primera persona el golpe medioambiental de la albufera más grande de toda España. Decenas de embarcaciones que salen a laborar cada día aseguran que la situación es crítica.

«Si seguimos así nuestra profesión de pescadores en la zona va a desaparecer. Poco a poco va peor, cada día que pasa vemos que va a menos», resaltó José Blaya, presidente de la Cofradía de pescadores del Mar Menor.

Todos los días por la mañana se realiza la subasta de pescado en esta región. A pesar de que los análisis oficiales no han mostrado ningún riesgo para la salud de quienes lo consumen, los pescadores están preocupados porque la captura de peces se ha reducido un 20 %, según el gremio.

En la playa de Los Nietos, una de las poblaciones del Mar Menor. Las asociaciones de vecinos recalcan que el valor de sus casas ha caído en picado en los últimos años. Tras la última crisis medioambiental, el número de comercios cerrados ha aumentado.

El desastre ecológico

En agosto, las imágenes de más de cinco toneladas de peces muertos le dieron la vuelta al mundo. Los expertos apuntan a que los animales se asfixiaron por la falta de oxígeno en el agua, esto principalmente se debe a la gran cantidad de nitratos que recibe el mar, procedentes de la actividad agraria.

Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, asegura que este verano ha sido «el episodio de mortalidad más importante conocido del Mar Menor. Pero no ha sido el primero, en el 2019 se produjo una mortalidad muy importante».

Hace tres años se retiraron 3.000 kilos de peces muertos. Por aquel entonces, se advirtió de la proliferación masiva de algas y se dio a conocer que la agricultura intensiva usa la laguna de agua salada para verter restos con nitratos.

El agricultor Santiago Pérez Blay, sostiene que el urbanismo desmesurado, el mal alcantarillado o la falta de acción de las administraciones también forman parte del problema. «Nosotros tenemos que solucionar lo que tenemos en nuestra casa, y los demás si quieren solucionarlo que lo solucionen y caso contrario está claro que el Mar Menor no se va a recuperar», indicó Pérez.

Recientemente miles de personas se manifestaron una vez más en la capital murciana para exigir responsabilidades y soluciones a las instituciones. López Miras indicó que la recuperación de la albufera no va a venir por sí sola, sino que «precisa del esfuerzo y la movilización activa de todas las administraciones».

La muerte de toneladas de peces este verano es solo un nuevo aviso. Una nueva alerta para la vida de miles de familias que dependen de estas aguas. El futuro del Mar Menor está en juego y las autoridades locales lentamente están tomando las medidas correspondientes.

Identifican un «coctel tóxico invisible» con decenas de nuevos contaminantes en el agua potable de EE.UU.

Los estadounidenses que beben agua del grifo «están recibiendo una dosis de contaminantes industriales o agrícolas», causantes de múltiples enfermedades como el cáncer.

Imagen ilustrativa Legion Media

El Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), organización estadounidense que vela por soluciones medioambientales, identificó decenas de nuevos contaminantes en el agua potable durante los dos últimos años, según la última actualización de su base de datos, que recopila informes de casi 50.000 empresas de suministro de agua en todo el país desde 2014.

EWG descubrió que los compuestos detectados pertenecen en su mayoría a las llamadas sustancias perfluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés), que pueden permanecer por mucho tiempo en el agua potable de decenas de millones de hogares.

Además, el «coctel tóxico invisible» incluye pesticidas, plomo, arsénico, subproductos de desinfección, elementos radioactivos (uranio y radio), nitratos y «muchas otras sustancias que se encuentran a menudo en el agua potable en niveles potencialmente inseguros», advierte la organización.

De este modo, los estadounidenses que beben agua del grifo «están recibiendo potencialmente una dosis de contaminantes industriales o agrícolas», que están relacionados múltiples enfermedades como el cáncer, daños al sistema nervioso y al cerebro, además de problemas de fertilidad, trastornos hormonales. Un estudio de 2019 que utilizó datos del EWG encontró más de 20 cancerígenos en niveles que podrían poner en riesgo al público, incluso cuando el agua potable «cumplía con los estándares federales».

Regulaciones obsoletas

En este contexto, Tasha Stoiber, científica principal del EWG, asegura que las regulaciones en EE.UU. no son «lo suficientemente fuertes». Si el monitoreo del suministro de agua fuera eficiente, la lista de contaminantes, que ya resulta alarmante, sería mucho más larga. Muchos de ellos se han producido y utilizado durante años, pero solo ahora están siendo rastreados, debido a que su impacto a la salud es cada vez más evidente.

Un ejemplo es el HAA-5, un subproducto del proceso de desinfección del agua potable que la industria había calificado como seguro, pero que estudios recientes lo relacionaron con el daño fetal. Eso obligó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a prestarle más atención.

«El sistema de agua del grifo de EE.UU. está lleno de infraestructuras anticuadas y de una contaminación galopante de las fuentes, mientras que las regulaciones obsoletas de la EPA, que a menudo se basan en una ciencia arcaica, permiten niveles excesivos de químicos tóxicos en el agua potable», asevera el EWG.

La última vez que la EPA estableció un nuevo límite legal para un contaminante del agua potable fue en el año 2000. Desde entonces, el preciado líquido ha sufrido una contaminación generalizada, en particular por tóxicos emergentes. Según el organismo, son las «comunidades de bajos ingresos y desatendidas» las que por lo general sufren las consecuencias.

EWG insiste en la necesidad de «estándares federales de calidad del agua más estrictos y una inyección masiva de fondos para mejorar la infraestructura». Mientras tanto, y con el objetivo de «abordar la brecha en la supervisión federal y proteger mejor la salud pública» su base actualizada de datos permite a los consumidores ver un informe sobre los químicos tóxicos detectados en el agua potable de su localidad.

Al mismo tiempo, el organismo ha creado estándares para varios contaminantes basándose en datos científicos recientes y aconseja a la ciudadanía a usar filtros de agua para reducir los niveles de muchos de ellos y proporciona orientación sobre cómo elegir los más eficaces.

España cierra octubre con un descenso de desempleo por primera vez en 46 años

El país encadena ocho meses consecutivos de reducción del paro, algo también inédito hasta la fecha.

Oficina estatal de empelo en Madrid. Juan Medina / Reuters

El desempleo ha disminuido en España este mes de octubre en 734 personas (el 0,02 %), lo que representa el primer descenso en este mes en los últimos 26 años, desde que se conocen los datos.

Esta cifra hace que el paro acumule ocho meses consecutivos de caída. En este periodo, se ha reducido a 751.721 el número de personas en situación de desempleo, produciéndose un descenso en todos los sectores de actividad, salvo en agricultura, liderando la bajada las áreas de Servicios, la Construcción y la Industria.

El desempleo desciende en ocho Comunidades Autónomas, encabezadas por Madrid, Canarias y Castilla y León; mientras que sube en nueve, lideradas por Andalucía, Baleares y Castilla – La Mancha.

La mayor reducción la han experimentado las mujeres y los trabajadores mayores de 25 años. Asimismo, también se han reducido los trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que ya son solo 190.718, es decir, alrededor de 45.000 menos que el mes anterior.

El presidente de México dice que el Gobierno de España «parece un empleado» de las empresas eléctricas

Archivo – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. – -/El Universal via ZUMA Press Wi / DPA – Archivo

El presidente de México dice que el Gobierno de España «parece un empleado» de las empresas eléctricas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez «parecen empleados» de las grandes empresas eléctricas, al tiempo que ha vuelto a advertir de que, si la reforma constitucional del sector eléctrico no sale adelante en el país norteamericano, «pasaría lo que está sucediendo ahora en España». «Con todo respeto, parecen empleados», ha dicho el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria, donde ha avisado de que, sin la refor …

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La Inspección ha cazado ya a más de 5.700 empresas cometiendo fraude con los ERTE

La Inspección de Trabajo les impone multas por más de 27 millones de euros por hacer trampas con una herramienta de protección del empleo que ha movilizado más de 20.000 millones de euros en prestaciones y que ha supuesto la exoneración de más de más de 6.000 en cotizaciones a la Seguridad Social.

Los ERTE, la herramienta habilitada en marzo del año pasado para paliar la destrucción de empleo y el achique del tejido empresarial como consecuencia de la crisis económica asociada a la pandemia, también tiene cara b: la Inspección de Trabajo ha aflorado en quince meses una enorme bolsa de fraude al detectar 5.703 infracciones cometidas por empresas.

Tras una primera fase de trabajo documental en la que los inspectores detectaron varios cientos de empresas sospechosas de haber colado en los expedientes de regulación de empleo a miles de intrusos o trabajadores ficticios contratados para recibir las prestaciones, la Inspección puso en marcha a finales de junio una campaña de investigación a la que se fueron sumando la revisión de otros ERTE en cuya documentación aparecían indicios de irregularidades y algunos que fueron denunciados por trabajadores y sindicatos.

En los quince meses siguientes, hasta mediados de septiembre, la Inspección ha activado las revisiones de 42.615 ERTE, de las que ha finalizado algo más del 80% (34.591). En ellas ha detectado un total de 5.703 infracciones que van a acarrear a las empresas que las han cometido sanciones por valor de 27.018.595 euros.

El volumen final de actuaciones supera notablemente (+42%) las previsiones iniciales, que apuntaban a la supervisión de 30.000 expedientes. Finalmente, la campaña ha alcanzado a 12.600 empresas más de la previstas en principio, con el inicio de algo más de 6.000 de esas intervenciones en el último medio año.

Una tendencia al fraude más crónica que circunstancial

La frecuencia de detección de infracciones, que alcanza a una de cada seis empresas investigadas (16,43%), es similar a la que se venía detectando en el conjunto del sistema productivo español antes de la pandemia, lo que vendría a revelar la presencia de una tendencia al engaño y el abuso de carácter más crónico que excepcional o circunstancial en el sistema productivo español.

Así, en 2019 la Inspección desarrolló un total de 534.393 órdenes de servicio en las que detectó 89.230 irregularidades que afectaban a 583.429 trabajadores, lo que arroja un porcentaje similar (16,69%) al de la campaña de los ERTE. De ahí se derivaron sanciones por valor de 309,1 millones de euros.

El nivel de detección en los expedientes extraordinarios de regulación temporal de empleo es ligeramente superior al que se detectaba antes de la pandemia en las áreas en las que se centran las infracciones sancionadas ahora, que alcanzaban un 13,9% en materia de relaciones laborales y un 16% en asuntos de Seguridad Social.

La campaña de inspección de los ERTE se centra en cinco líneas de actuación, explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo: «el control de la posible existencia de fraude en el disfrute de exenciones empresariales en la cotización», la existencia de «compatibilizaciones indebidas de prestaciones por desempleo y trabajo» y la verificación de las prohibiciones que establece la normativa a las empresas cuyas plantillas están afectadas por expedientes, lo que incluye la realización de horas extraordinarias por parte de los trabajadores la formalización de nuevos contratos y la externalización de alguna fase del proceso productivo o comercial.

Los ERTE han ahorrado 35.000 millones en costes salariales a las empresas

Los ERTE han supuesto una histórica movilización de fondos públicos que se acerca a los 27.000 millones de euros: 20.040 pagados a los 6,6 millones de trabajadores que pasaron por ellos entre abril de 2020 y septiembre de 2021, que recibieron el equivalente al 70% del salario por el tiempo que sus contratos permanecieron suspendidos o recortados, a los que se suman más de 6.500 en exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en ese mismo periodo.

El ahorro en costes salariales ronda los 35.000 millones de euros para las empresas acogidas a los ERTE, ya que a esas bonificaciones en el Seguro hay que sumarles los 28.600 que salen de añadir a las prestaciones el 30% de los salarios que no han llegado a recibir los empleados en el año y medio que se lleva aplicando esa medida.

Esos 35.000 millones equivalen a entre el 5% y el 5,5% del total de la factura salarial del país en ese año y medio, según se tome como referencia los 469.148 millones de euros para un ejercicio que contabilizó la Agencia Tributaria como ingresos totales computables en la declaración del IRPF de 2019 o los 409.721 que estima la última actualización disponible de la Contabilidad Nacional.

El porcentaje sería en realidad mayor, ya que ese epígrafe incluye los ingresos de los algo más de tres millones de empleados del sector público, tanto funcionarios como laborales, que quedaron al margen de los ERTE, por los que habían pasado hasta mayo 6.615.357 trabajadores del sector privado, la mitad de los 12,81 millones que contabiliza la Encuesta de Población Activa.

Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana y Canarias concentran el 60% de las ayudas

«Este Gobierno ha protegido a los trabajadores por encima de lo que lo ha hecho la UE durante la pandemia. Un 30% de la población activa de nuestro país ha sido protegida, mientras que la media europea ha sido de un 25%», explica Miguel Ángel Heredia, senador malagueño del PSOE, que destaca cómo «gracias a los ERTE impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez se han protegido 6,6 millones de trabajadores, que han recibido 16,2 millones de euros, 15 millones de prestación y otros 1,2 millones de exenciones en las cotizaciones» que deben aportar a la Seguridad Social.

Las respuestas del Gobierno a una pregunta del senador por Málaga sobre los fondos destinados a los ERTE sitúan a Catalunya, con 4.566,7 millones de euros, 3.155,9 en prestaciones y 1.410,8 en exenciones de cuotas de la Seguridad Social, como la comunidad cuyas empresas han recibido un mayor volumen de aportaciones.

Esa comunidad acapara, junto con Madrid (2.412 y 1.072), Andalucía (2.148 y 817,6) y Canarias (1.487,3 y 587,4), algo más del 60% de las prestaciones y las exoneraciones de cuotas de todo el país. Se trata, que son junto con Baleares, siguiente en la lista aunque a mucha distancia con 798,2 y 365,4, de los territorios cuyas estructuras económicas presentan mayores cotas de dependencia del turismo.

«¿Alguien piensa que Casado habría hecho igual si hubiese gobernado este país?», plantea el senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que considera que «con toda certeza no lo hubiese hecho, porque en otra crisis mucho menor y gobernando el PP nunca adoptó un medida así» sino que optó por «aprobar la más dañina reforma laboral en España, que dejó tirados a los trabajadores y recortó la protección por desempleo».