La constructora contrató a la hija del actual diputado del PP en Cantabria César Pascual, entonces gerente del hospital de Valdecilla, en noviembre de 2013, cuando le adjudicó un contrato de 900 millones

Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España

La constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de César Pascual, actual diputado del PP en Cantabria. La primera de esas contrataciones se produjo en 2013, cuando Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, adjudicó un multimillonario contrato para la gestión no sanitaria de este centro al grupo de la familia Del Pino, al que luego blindó durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos de contrato.

El polémico macrocontrato de Valdecilla, marcado por sobrecostes, deficiencias y lo que partidos políticos y sindicatos de Cantabria han tachado de «privatización encubierta”, comprendía terminar las obras de ampliación de este centro, cuya fachada se derrumbó en 1999 (murieron cuatro personas), y la concesión de todos los servicios no sanitarios, con un coste para la Administración de más de 900 millones de euros durante 20 años.

El contrato se adjudicó a Ferrovial, protagonista en las últimas semanas por su polémico traslado a Países Bajos, que va a plantear a sus accionistas el próximo 13 de abril. Fue la elegida en alianza con la empresa local Siecsa. Con el Gobierno cántabro entonces con mayoría absoluta del PP, esa adjudicación fue el colofón a casi dos décadas de obras, costes disparados, problemas económicos y retrasos continuos en la renovación del centro.

La consejera de Sanidad era entonces la actual líder popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que nada más asumir esa cartera, en 2011, nombró gerente de Valdecilla a César Pascual. Fue este, y no la consejera, quien firmó la resolución del “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una actuación global e integrada” en el hospital cántabro.

Tras un proceso de “diálogo competitivo”, Ferrovial acabó presentando la única oferta, tras apearse del proceso otras tres UTES formadas por grandes constructoras como OHL, ACS, Acciona o San José. Según la documentación disponible en la plataforma de contratación del Estado, Pascual firmó la adjudicación el 23 de noviembre de 2013. Y ese mismo mes, Ferrovial contrató a su hija Andrea Pascual como ingeniera en el New Doha International Airport de Qatar, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.

“Mi hija se incorporó en efecto el mismo mes pero estaba contratada con anterioridad”, asegura Pascual en un correo electrónico. El diputado, que ya ha anunciado en el Parlamento cántabro que no irá en las listas del PP para las elecciones del próximo 28 de mayo, explica que su hija “estaba trabajando en Marruecos para una empresa francesa y Ferrovial le ofreció un contrato muy sustancial en Qatar”. Y los contratos y visados para trabajar allí “no se formalizan en una semana ni mucho menos. No todos los ingenieros de caminos españoles dominan inglés y francés y menos aceptan trabajar en países árabes, sobre todo si son mujeres”.

Pascual defiende que su actuación en el procedimiento fue “intachable” y no tenía motivos para inhibirse ni hubo conflicto de interés. Argumenta que “la adjudicación del contrato se formalizó al único licitador que quedó después de todo el proceso y por tanto no cabía un supuesto posible trato de favor. El informe técnico dijo que cumplían y mi obligación como órgano de contratación era adjudicar. Si se hubiese dado el caso de más de un licitador obviamente me hubiera abstenido de la mesa de contratación como hubiera sido mi obligación pero no se dio el caso”.

Según Pascual, “para que exista un conflicto de intereses debe existir la posibilidad o la oportunidad de anteponer interés privado a la hora de elegir o tomar una decisión. En este caso no se dieron ninguna de las dos circunstancias: ni hubo que elegir ni tuve que decidir nada puesto que al cumplir los requisitos era obligada la adjudicación”.

Andrea Pascual sigue en Ferrovial: es actualmente project manager de Ferrovial en la ampliación del aeropuerto JFK de Nueva York, una de las obras más emblemáticas que el grupo de la familia Del Pino tiene entre manos.

El diputado popular reconoce asimismo que su hijo César también trabaja como ingeniero en la multinacional de los Del Pino. Se incorporó en 2018 y es jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

“Mi hijo entró en Ferrovial, como entró la mitad de su promoción”, dice. “Aprobó ingeniería de caminos a curso por año, sin repetir, y estaba entre los mejores”. “Las empresas, OHL, Ferrovial, todas, se disputan a los mejores”. “No tengo nada con Ferrovial, he trabajado con todas las empresas que se han adjudicado contratos de construcción, he estado 42 años en la Administración”, afirma Pascual, que dice que publicar un reportaje sobre sus relaciones con la multinacional es “inútil porque ya he anunciado mi retirada de la política”.

El diputado autonómico del PP, médico especializado en gestión sanitaria, fue director gerente de Valdecilla desde 2011 hasta 2015. En junio de ese año, cuando el PP ya enfilaba la salida del Gobierno cántabro y estaba en funciones, firmó una resolución relativa a la interpretación de una cláusula del contrato con Ferrovial que, en la práctica, impidió a la Administración regional sancionar y penalizar durante dos años a la adjudicataria por incumplimientos del contrato. “Ese blindaje no se ha hecho en ninguna concesionaria de Madrid”, dice una fuente del sector.

2 millones de perjuicio

Pascual adoptó esa resolución el 17 de junio de 2015, tres semanas después de las elecciones autonómicas de ese año. En ella establecía “que el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios, sea de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura”. La otra condición era la puesta en marcha de una nueva herramienta informática, Aurora, para “registrar todas las incidencias que se puedan producir”.

“Yo entendía que el tema de las penalizaciones del contrato entraba en vigor cuando se hiciera el traslado del hospital viejo al nuevo, porque entendía que el funcionamiento del hospital viejo no se lo podía achacar a Ferrovial”, explica al teléfono Pascual. “Con este contrato ha habido muchísima polémica siempre” y el PSOE “ha planteado muchísimos recursos y demandas y los perdió todos”, añade.

El Gobierno cántabro del PRC y el PSOE declaró esa resolución lesiva para el interés público en abril de 2017, por entender que se emitió sin el informe jurídico preceptivo que exige la Ley de Contratos del Sector Público y se basó en “una interpretación forzada” del contrato de concesión, amparada en “lagunas” legales que no existían. Esto provocó, según la resolución del Ejecutivo cántabro, “que se favorezca de manera exclusiva al contratista, y que se opere en perjuicio de la Administración contratante”.

En 2019, la entonces consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real (PSOE), cifró ese perjuicio en “más de dos millones de pérdidas para los intereses públicos” durante esos más de dos años. La decisión de Pascual de bloquear posibles indemnizaciones la anuló en febrero de 2019 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santander, a instancias del Gobierno cántabro. Pero Ferrovial recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) revocó esa decisión.

“La justicia me dio la razón, no a mí; se la dio a Ferrovial”, dice por teléfono Pascual, que asegura que los tribunales determinaron que su comportamiento “no fue lesivo para el Gobierno”.

En febrero de 2020, el TSJC anuló la suspensión cautelar de la resolución de Pascual que decretó el Gobierno cántabro en noviembre de 2016. Su principal argumento fue que, en contra de lo que planteó el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, sí hubo un informe jurídico, del que se encargó no la Administración, sino dos empresas externas, una UTE formada por la consultora de construcción estadounidense Hill International y Antares Consulting, dedicada al sector sanitario.

El TSJC dictaminó que si bien “no se cumple” el requisito de que ese informe lo firmara la Consejería o la Dirección General de Sanidad de Cantabria, el hospital de Valdecilla “es una entidad dependiente del Organismo Autónomo llamado Servicio Cántabro de Salud. De modo que parece, en principio, desvinculado de la organización o dependencia de las Consejerías o Direcciones Generales del Gobierno de Cantabria. Parece no dependiente ni de su organización jerárquica, ni presupuestaria… etcétera”.

“Por lo que, es lógico que los servicios de asesoramiento jurídicos también tuvieran que ser propios, y por lo tanto se entiende que el director del Hospital, en un momento dado, y teniendo en cuenta la complejidad del Contrato a implantar”, externalizara la asesoría jurídica, según la sentencia del TSJC.

“No sé a qué se debe esa insistencia en considerar que yo tuve un posible trato de favor con Ferrovial cuando ha quedado demostrado en los numerosos recursos judiciales que tuvo el proceso que se realizó con absoluta trasparencia y ajustado a derecho”, señala Pascual, que asegura que “ni un solo proceso judicial falló en contra del contrato”.

No obstante, sí ha habido resoluciones en ese sentido, como la que dictó en marzo de 2021 el Tribunal Supremo, que obligó a Ferrovial y Siec a costear el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci IS3000, que supone más de 163.000 euros al año y tiene implicaciones sobre el resto de tecnología presente o futura del centro, según indicó entonces el Ejecutivo cántabro.

“Otra cuestión es que políticamente a algunas fuerzas no les gustasen los contratos de colaboración público privada”, dice Pascual. “Pero una cosa es la valoración política y otra muy diferente que el contrato no fuera exquisitamente formalizado ateniéndose a la ley de contratos”.

Ambulancias en Madrid

Los caminos de Ferrovial y Pascual volvieron a cruzarse en 2018, año en que la constructora contrató a su hijo César. Él era director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid con Cristina Cifuentes como presidenta. Y fue imputado junto a otros tres altos cargos por supuesta prevaricación en el concurso sobre el transporte de ambulancias a hospitales del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) que adjudicó el servicio a Ferrovial.

Finalmente, a principios de 2019, y con Pascual ya cesado en el Gobierno madrileño, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid archivó la querella que presentó la empresa que quedó primera en el concurso, Ambulancias Alerta, cuya oferta fue la más barata, de 72,3 millones. Esta empresa aportó grabaciones en las que los altos cargos del gobierno madrileño (entre ellos Pascual) presionaban para que renunciaran al contrato porque, sostenían, habían ofrecido una rebaja excesiva. Alerta renunció y el contrato se lo quedó por 76 millones la segunda clasificada, Ferrovial, que ya prestaba ese servicio.

“Participé en una investigación por un conflicto con Ambulancias Alerta, pero no tenía nada que ver con Ferrovial. Se mezcla todo. Yo no era órgano de contratación ni estaba en la mesa de contratación”, dice Pascual, que tras archivarse ese procedimiento fue número 7 de la candidatura del PP de Cantabria para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

La adjudicataria del contrato del hospital de Valdecilla pertenece a Ferrovial Servicios, cuya venta al fondo Portobello cerró hace un año Ferrovial, aunque conserva una participación del 24,7% en esa filial, rebautizada como Serveo. Según El Economista, a finales de 2022 Ferrovial y Portobello contrataron a Santander para tratar de vender esa concesión. Según fuentes del mercado, actualmente no está en venta.