Pruebas, grabaciones y testigos clave a los que renunció la Fiscalía para acabar pidiendo la absolución en el ‘caso Cursach’

Anticorrupción rechazó la declaración de 54 testigos en el juicio contra el magnate del ocio mallorquín Bartolomé Cursach, sus hombres de confianza, funcionarios y policías, que concluyó sin cargos para los procesados. También desestimó decenas de grabaciones aportadas en el sumario que probarían un sistema de corrupción para neutralizar a la competencia por medio de una mafia policial. Así se allanó el terreno para Cursach y los suyos. 

El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach durante el juicio por el caso Cursach, en la Audiencia Provincial de Baleares, a 10 de octubre de 2022, en Palma de Mallorca, Baleares (España)
El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach durante el juicio por el ‘caso Cursach’, en la Audiencia Provincial de Baleares, el pasado 10 de octubre de 2022.  Isaac Buj / EUROPA PRESS

Más bien responde al inexplicable cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ha dejado sin contenido todas y cada una de las graves acusaciones de cohecho, prevaricación, coacciones y grupo criminal que la investigación judicial del caso reveló en relación al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y a sus hombres.

Y para ello, los dos fiscales que han intervenido en la vista oral, que quedó vista para sentencia el 30 de noviembre pasado, Juan Carrau y Tomás Herranz, han invocado presuntas irregularidades en la instrucción a cargo del ya exjuez Manuel Penalva, del exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional para clamar a favor de la inocencia de Cursach y el resto y retirar hasta la última de las acusaciones, pese a que Carrau fue el fiscal que pidió prisión provisional para el magnate y su mano derecha, Bartolomé Sbert; incluso se opuso con contundencia a su puesta en libertad, en abril de 2018, después de 14 y 10 meses, respectivamente, en la cárcel.

PenalvaSubirán (ya jubilados) y cuatro agentes de la Policía Nacional fueron sometidos a una brutal campaña de acoso y descrédito, que contó con varios medios baleares como altavoces de la trama. Todos ellos quedaron retratados como una especie de delincuentes que investigaron y encarcelaron arbitrariamente a decenas de acusados sin que se llegara a explicar el por qué de aquella supuesta actuación. Esta es la tesis de la Fiscalía, que ha pedido que aumenten los cargos contra el juez y el fiscal en la causa abierta en su contra en el TSJ de Baleares. En el alegato final del fiscal Herranz no faltaron las lágrimas irreprimibles al invocar la «inocencia» de Cursach y los suyos.

Público dio cuenta de cómo se fraguó aquella campaña contra el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca, a mediados de 2019, que además de invalidar la instrucción, como ha ocurrido finalmente, tenía como objetivo amedrentar a los testigos que señalaban las prácticas corruptas de agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià para favorecer a los establecimientos del emporio Cursach frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016. Este diario emprendió una rigurosa investigación, a raíz de las denuncias internas de policías, que apuntaban a una mafia policial que cobraba del Grupo Cursach para atemorizar con inspecciones y sanciones a los locales de la competencia de este grupo.

Por su parte, Cursach, Sbert y Jaime Lladó, exdirector de la discoteca Tito’s, solicitan penas de prisión para el juez, el fiscal y los cuatro agentes que suman casi 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

La Fiscalía renunció a 54 testigos clave

Hace nueve años que arrancó la investigación de la mayor trama de corrupción policial, empresarial y política jamás descubierta en Mallorca. El juez Penalva [fue el segundo instructor de la causa ] y el fiscal Subirán llegaron a tomar declaración a más de 80 testigos, que dieron claves sobre la corrupción en la Patrulla Verde, la unidad de la Policía Local de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio. Los testimonios más potentes fueron descartados para el juicio por los fiscales Herranz y Carrau; y los que finalmente comparecieron en la vista oral se desdijeron de sus testimonios iniciales, algo que ya presumían de antemano los abogados de los empresarios perjudicados por la órbita de Cursach y que se constituyeron como acusaciones.

Por ejemplo, entre los testigos que se han retractado, figura el testigo protegido número 16, que en el juicio dijo no recordar las acusaciones que realizó durante la investigación: el cobro de «entre 200 y 1.000 euros» por parte de varios agentes de la Policía Local de Palma a cada establecimiento nocturno para retirar las sanciones y hacer la vista gorda con sus infracciones; y los «sobres de dinero» que vio coger a un jefe policial.

La Fiscalía renunció a 54 testigos, a los que no llevó al juicio; entre ellos a los testigos 13, 26 y 29. Según ha podido saber Público, estas personas tenían pruebas respecto a la práctica de obsequiar a ciertos policías locales con cocaína, alcohol y prostitución en la discoteca Tito’s, uno de los buques insignia del Grupo Cursach. Esta rama de la investigación quedó fuera del juicio.

Lo mismo ocurrió con otros hechos calificados durante la instrucción como presuntas prevaricaciones de cargos políticos y funcionarios del Govern y de los Ayuntamientos de Calvià y Palma en favor del magnate Cursach. De esta manera, se libraron de imputación la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario autonómico Bernardí Coll, y el funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal. 

Un nuevo relato por parte de los fiscales

Los fiscales presentaron al inicio del juicio un nuevo escrito de acusación, que en realidad era un amputación del mismo que se elaboró en 2018, en el que participó el fiscal Carrau, con graves cargos de cohecho, prevaricación y coacciones contra Cursach, al que pedían ocho años y medio de cárcel, y del que para el juicio eliminaron 20 folios, tachando esas acusaciones y construyendo un nuevo relato, que finalmente ha allanado el camino a la absolución a la veintena de procesados.

Así, borraron de un plumazo los testimonios de policías que denunciaron represalias por no obedecer las órdenes de sus superiores de anular sanciones a los locales del Grupo Cursach por mantener la música a un nivel más alto del permitido, por ejemplo.

Los policías que denunciaron corrupción no fueron al juicio

Según la declaración prestada el 16 de diciembre de 2015 por un agente, a la que ha podido acceder Público, la dirección del Megaparkuno de los locales de Cursach, presentó una denuncia contra él mismo y dos compañeros por negarse a anular un expediente sancionador. Aquella denuncia supuso que los tres estuvieran cerca de tres años sometidos a procedimientos penales hasta que finalmente fue sobreseída. Según aquel policía, su comisario le citó a una reunión en la que estuvo Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, en la que se le «presionó para que modificara el informe y atestado».

Otro testimonio policial no aportado por la Fiscalía explicaba cómo desde la cúpula de la Policía de Palma se daban instrucciones para que los tiqueteros (repartidores de publicidad) de los locales de Cursach no fueran molestados ni sancionados mientras que los de otros locales eran sancionados de manera sistemática.

Expedientados, trasladados y amenazados

Los policías que denunciaron prácticas mafiosas durante la instrucción del caso no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía. Sus testimonios se referían a las órdenes que recibían para avisar de las inspecciones con antelación a los locales de Cursach; las inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta «asfixiarlos», la imposición de policías locales como seguridad en puertas de las discotecas; y las exigencias del pago periódico de dinero (mordidas) a otros empresarios. Esos policías fueron expedientados injustamente, incluso trasladados de unidad y algunos recibieron amenazas personales, como pudo saber este diario.

Los fiscales renunciaron a una declaración muy importante, la de una de las inspectoras que reconoció que se avisaba con antelación a las empresas del Grupo Cursach para que pasaran sin problemas las inspecciones. En su declaración del 31 de agosto de 2017 la inspectora describió «el clima de terror que viven en su departamento cuando se trata de inspeccionar a los negocios del Grupo Cursach, manifestando que no tratan igual al resto de empresarios inspeccionados». Según esa inspectora, sus jefes fueron quienes le dijeron textualmente: «Llama a Tolo [por Sbert]».

Ni rastro de las conversaciones intervenidas

Las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación, a las que ha podido acceder este diario, dan cuenta de multitud de indicios de tráfico de influencias y coacciones, pero la Fiscalía las ha obviado.

Por ejemplo, en una de ellas entre Bartolomé Sbert y un funcionario del Ayuntamiento de Palma, en noviembre de 2015, dicen que le han pedido al jefe del departamento de Obras que «controle a Esperanza», en alusión a una funcionaria que no se dejaba corromper. La conversación se refería a la ampliación de aforo de la discoteca Pachá tras unas obras de reforma.

Otra conversación muestra la connivencia de un funcionario de Palma con directivos del Grupo Cursach: «Dile a Tolo [por Bartolomé Sbert] que me tendrá que hacer un buen regalo», se le escucha decir, tras asegurar que había logrado que no se sacaran fotografías aéreas de un local que iba a ser inspeccionado».

Informes policiales despreciados

Tampoco se han aportado al juicio por parte de la Fiscalía varios informes policiales de gran valor, como el emitido el 23 de diciembre de 2016, donde se incluyen cuadros estadísticos que muestran el trato de favor recibido por el Grupo Cursach respecto a otras empresas rivales. Esos datos desvelan que sólo se tramitó un 12,50% de los expedientes sancionadores a Cursach frente al 57,78%, 61,11% o 100% que afectó a otros grupos y empresas del sector del ocio nocturno.

También fue ignorado por la Fiscalía un informe policial del Grupo de Blanqueo de fecha 16 de febrero de 2017, complementado por otro de fecha 27 de febrero de 2017, que describía cómo se perjudicaba a locales de la competencia, con el objeto de beneficiar al Grupo Cursach.

Acoso a un empresario para que vendiera el local

Para los abogados de las acusaciones particulares personadas en el juicio, el caso del empresario José Manuel Bover, hostigado hasta la saciedad con el objetivo de que acabara vendiendo como una ganga su local al Grupo Cursach, es una de las mayores «tragedias» impunes de toda la causa.

Además de la colocación de vallas para desviar la clientela a la discoteca BCM de Cursach, en perjuicio del local de Bover, con la supuesta connivencia del Ayuntamiento de Calvià y de su Policía municipal, este empresario ha sufrido todo tipo de acosos. Desde convertir la entrada de su bar en una escombrera, arrojarle carne putrefacta y todo tipo de basuras, hasta cortar la luz en la Plaza Pitiuses, donde se ubicaba, para paralizar su negocio y el de la competencia.

«La finalidad era estrangular económicamente al Sr. Bover con el propósito de adquirir sus negocios a muy bajo precio», consta en el sumario. Varias conversaciones intervenidas evidencian estos planes. Por ejemplo, Sbert le dice a Cursach en una de ellas: «Por un millón de euros la plaza será tuya», en relación a todos los negocios de dicha plaza, que el magnate ansiaba para su grupo, barriendo así a toda la competencia en la localidad turística de Calvià.

Miguel Urbán: «El mayor riesgo de atentado en suelo europeo viene de la extrema derecha»

El eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán recibe a Público en su despacho del Parlamento Europeo, el mismo donde asegura que ha recibido ataques de la extrema derecha por sus votaciones –fue el único eurodiputado español en oponerse al nombramiento de Rusia como Estado terrorista- en torno a la guerra en Ucrania. En conversación con este periódico, analiza el momento presente y futuro de la actualidad europea, donde la ultraderecha vive uno de sus mejores momentos políticos. Lanza, de paso, un dardo a Yolanda Díaz: «Su proyecto parece la subordinación al PSOE».

Una de las noticias que deja la semana es ese plan para derrocar al Gobierno de Alemania desde un grupo de extrema derecha con conexiones con las organizaciones ultras Ciudadanos del Reich y QAnon. ¿Qué nos dicen estos eventos del riesgo que supone la ultraderecha para el país y para el conjunto de la UE?

Podríamos decir que desde el atentado en Noruega, hace ya 11 años, el mayor riesgo de atentados en suelo europeo sería de la extrema derecha. Lo dice la propia Europol. En la última década, el incremento del terrorismo ultraderechista ha ido creciendo de forma muy acelerada. Pero las alarmas sobre ello no han crecido al mismo ritmo.

El intento de golpe de Estado no es algo nuevo en Alemania. Hace un año y medio se desbarató otro intento. Alemania, que puede ser uno de los más avanzados de Europa en terrorismo ultraderechista, tuvo que disolver las propias fuerzas especiales del Ejército por la infiltración de elementos ultras.
Muchas veces banalizamos el riesgo del terrorismo ultraderechista. Es altísimo, pero es más preocupante el caldo de cultivo que justifica o que lo dota de contenido político. Y también es preocupante el intento de psiquiatrizarlo para darle justificación: «No estaba bien, estaba enfermo». El caso de Breivik en Utoya fue clarísimo. Psiquiatrizamos las motivaciones para no hablar de las reales motivaciones políticas, porque eso sería tocar incluso al propio sistema político europeo, en donde la extrema derecha está cada vez más normalizada. Yo me pregunto: ¿Cuándo hemos psiquiatrizado las motivaciones de un atentado yihadista? Nunca.

Alemania no tenía presencia de la extrema derecha en el Parlamento hasta 2017. ¿Qué es lo que ha provocado esta situación en un país con la historia que arrastra además Alemania? ¿Es un caso ‘sui generis’ o podríamos ver situaciones similares en otros Estados miembros?

Era un maquillaje, un oasis ficticio. Hemos tenido una imagen muy distorsionada. Que no hubiera partidos con representación parlamentaria no significa que no existiese la extrema derecha. Antes de la entrada de Alternativa por Alemania (AfD) en el Bundestag ya había numerosos ataques. Tras 2015 se produjo un aumento del 200% en los ataques a refugiados, que eran mayoritariamente sirios. No se puso la alerta sobre ese aumento exponencial de este terrorismo de baja intensidad. Y ahora ya tenemos muertos encima de la mesa.

«Ese terrorismo no ataca ya solo al inmigrante, sino que abre mucho más su arco»

Creo que Breivik fue una ruptura del terrorismo ultraderechista. Un antes y un después con la utilización de Internet, las redes sociales, la publicidad de su acción, la lógica del Gran Remplazo y de ya no solo atacar al invasor, sino a los cómplices. En Alemania vimos el asesinato de un alcalde de la CDU que abogaba por la integración de la población migrante en su municipio. Es decir, ese terrorismo no ataca ya solo al migrante, sino que abre mucho más su arco.

La gran diferencia de Alemania es que primero ha crecido ese terrorismo y luego se ha producido el ascenso político con AfD. En otros países, la expresión política ha dotado primero la justificación y los discursos del odio a atentados que han venido después, como vimos en las elecciones italianas de 2018 cuando un diputado de La Lega tiroteó a seis migrantes senegaleses. Salvini o Berlusconi le restaron importancia. Y esto es lo peligroso y perverso del terrorismo ultraderechista. Los discursos del odio son la verdadera gasolina que alimentan este terrorismo. El monopolio de la violencia terrorista lo tiene la extrema derecha. Y atención ahora al conflicto ucraniano, donde miles de militantes de extrema derecha se están yendo a luchar a ambos bandos. El FBI hablaba hace cuatro años de que Ucrania era para el terrorismo ultraderechista lo que fue Afganistán para el yihadista.

Hacía referencia al incremento imparable de la extrema derecha en la UE. A nivel político, ha pasado de ser una fuerza cuasi residual a formar gobiernos de coalición. El cordón sanitario terminó de romperse con la llegada de Meloni a Italia. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión en este cambio y en esta normalización de la ultraderecha en Europa?

Hungría y Polonia tienen asientos en el Consejo y comisarios en la Comisión. Es interesante ver la reacción de la UE cuando los ultras de FPÖ entraron en el Gobierno austriaco por primera vez. Hubo represalias y condenas diplomáticas. En el 2017, cuando vuelven a entrar en el Ejecutivo nadie dice nada. Son dos casos iguales con 15 años de diferencia. Creo que hay una normalización evidente y que la extrema derecha es cada vez más funcional para el modelo y la estructura de la UE. No tienen críticas a las políticas de austeridad y neoliberales ni una diferencia con las políticas geoestratégicas y militares. Polonia antes de la guerra era una apestada y vemos ahora las fotografías conjuntas y agradecimientos por acoger a refugiados ucranianos. Estamos ante una hipocresía donde no hay ningún tipo de cordón sanitario con la extrema derecha. Solo hay juegos de artificio que tienen más que ver con juegos electorales que con una conciencia democrática y antifascista. Al proyecto europeo le importa más si eres neoliberal que si eres demócrata. Y ahí tienes el ejemplo de Meloni.

Vivimos tiempos complicados: la inflación récord, la crisis energética, la polarización política, el cansancio tras años de pandemia, la guerra en Ucrania… Un caldo de cultivo para el auge de los populismos. Las elecciones europeas serán en mayo de 2024. ¿Cómo las anticipa? ¿Qué papel juega aquí el PPE, cuyo debilitamiento le ha obligado a acercarse a postulados más cercanos a la extrema derecha?

En las elecciones europeas pasadas, la extrema derecha fue la opción más votada en Francia, Italia, Polonia y Hungría. En Hungría la primera fuerza fue el Fidesz y el segundo el Jobbik, un partido neonazi. El problema ya era real. Si a día de hoy los eurodiputados de extrema derecha se unificaran en un único grupo, serían la segunda familia más importante de la Eurocámara, por delante de los Socialdemócratas. Sus divisiones internas han facilitado que estén divididos en tres grupos (No inscritos, ID y ECR). Hay un intento de unirse. Si eso pasara, en las elecciones de 2024 conseguirían dos cosas: ser el segundo grupo del Parlamento y tener capacidad de minoría de bloqueo. Podrían bloquear o condicionar la mayoría de votaciones en el Parlamento.

Junto a los populares, los liberales y los propios socialdemócratas están sucumbiendo también a este giro en muchas cuestiones y votaciones. La política migratoria que está aplicando el Gobierno de España no es diferente de la política que aplica la extrema derecha. Para justificar los asesinatos en Melilla, el Gobierno español ha hablado de invasión. Esa retórica es la que utiliza la extrema derecha para estigmatizar a la población migrante. Es profundamente xenófoba y es el caldo de cultivo para la extrema derecha. En el debate en Melilla, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch celebró que estaban haciendo lo que Vox venía pidiendo desde hacía tiempo. Y tenía razón. Si queremos combatir a la extrema derecha hay que combatir a sus políticas xenófobas y a las políticas neoliberales. Pero la gran coalición que gobierna Europa ha claudicado en todo.

Veremos en qué se concreta ese Pacto de Asilo y Migración.

El problema es que el Pacto de Asilo intenta normalizar las malas praxis que se estaban aplicando hasta ahora. Y es muy grave porque lo que busca ahora es constitucionalizar. El modelo australiano de gestión de fronteras antes era un tabú y ahora es ya lo que se va a consolidar con el nuevo pacto migratorio. Eso es la victoria de la extrema derecha en las políticas de la UE. La Europa Fortaleza es la necropolítica de la extrema derecha.

Mencionaba antes la guerra en Ucrania. Putin quería tomar Kiev en días, derrocar al Gobierno ucraniano y poner uno impuesto por Moscú. La izquierda es muchas veces acusada de defender más al invasor que al invadido. ¿Tienen un problema o dilema de discurso en esta guerra? ¿Cree que Ucrania debe defenderse con las armas enviadas por la OTAN o debería asumir la ocupación rusa?

La izquierda ha tenido diferentes posiciones en el tema ucraniano. La bancada de La Izquierda no vota ni mucho menos unificada sobre ello. En Anticapitalistas condenamos la invasión de Putin sin ambages. Y defendemos el derecho de los pueblos, también el ucraniano, para defender su integridad territorial.

La UE debería haber jugado un papel de mediación y pacificación. Nunca hemos buscado la solución política al conflicto. El problema con su posición es que no ha defendido el derecho de autodeterminación o de defensa de Ucrania, sino sus intereses imperialistas propios. Los intereses de la UE no pasan por los intereses del pueblo ucraniano. Y eso se explica de una forma muy clara: ¿la UE manda armas al Frente Polisario para que defienda su derecho a existir como pueblo y su autodeterminación en la ocupación de Marruecos? No, apoya al ocupante. Tiene otro tipo de intereses geopolíticos o geoestratégicos que no tienen nada que ver con respetar el Derecho Internacional o la autodeterminación de los pueblos. Lo podemos ver también en Palestina o Yemen.

«Ucrania se ha convertido en una excusa para los proyectos de remilitarización de la UE y de la OTAN»

Podemos decir que estamos ante un conflicto interimperialista donde nos jugamos mucho: la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Y ante eso, los antimilitaristas tenemos un papel que jugar. Y creemos que pasa por no azuzar el conflicto con el envío de armas. Ucrania se ha convertido en una excusa para los proyectos de remilitarización de la UE y de la OTAN. En 2019 Macron hablaba de la OTAN como en muerte cerebral y ahora la OTAN vive su mejor momento de la historia. Nunca había soñado con la entrada de países como Suecia y Finlandia.

Hemos visto esta semana la disolución del Congreso por Pedro Castillo en Perú. ¿Le ha sorprendido?

No me ha sorprendido. Hemos visto un acoso y derribo de la oligarquía y la extrema derecha peruana ante todo lo que no sean ellos y sea popular. Pedro Castillo no es una persona de mi especial cariño ni cercanía política, pero representaba a ese Perú campesino, rural, indígena, que molesta a la oligarquía y extrema derecha peruana. No podían consentir que fuese el presidente. Su respuesta ha sido desesperada.

¿Una campaña de acoso y derribo justificaría un autogolpe contra las instituciones democráticas?

No lo justifica ni mucho menos. Hay que ver lo que ha pasado en Perú porque hay muchos claroscuros sobre el tema del autogolpe. Nada puede justificar un golpe en Perú ni en ningún país. Pero no voy a condenar algo hasta que no sepa qué ha pasado. En un golpe hay militares en la calle, Policía en las instituciones, lo vimos en Bolivia.

Por último y en clave nacional, ¿qué le parece el proyecto Sumar de Yolanda Díaz? ¿Lo apoyará? ¿Concurrirá la izquierda española de forma unida en las próximas elecciones?

Para tener una opinión se tendría que concretar el proyecto. No hay contenido ni propuestas en Sumar. Dicen que quieren hacer un proyecto de país, ¿dónde está? Nos han dicho que quieren hacer un proyecto de país como el de Felipe González. No es el mío. Tenemos claro la oposición al gobernismo de coalición, de minoría, de a cualquier forma y a cualquier precio con el PSOE, que al final te obliga a asumir sus políticas social-liberales, su política migratoria con Melilla y exterior con Marruecos. Entendemos que Sumar no hace una autocrítica ante ese gobierno de coalición en minoría y de subordinación al PSOE, sino que parece que su proyecto es la subordinación al Partido Socialista. Si eso es así, no es nuestro proyecto.

YOLANDA DÍAZ y PABLO IGLESIAS se PRONUNCIAN sobre ‘SUMAR’ despejando DUDAS | Rubén Hood

Millones de personas lo único que queremos es que Irene Montero vuelva a ser Ministra de Igualdad durante 4 años más, para ello la única opción es que Yolanda Díaz siga siendo Ministra de Trabajo y Vicepresidenta, por lo tanto la Coalición SUMAR-PODEMOS es la solución.

Recuperación económica y bienestar del pueblo, logros de la 4T en 2022

Uno de los logros más destacables en este año es la recuperación económica del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Está creciendo la economía, el salario crece en términos reales, crece la inversión extranjera, el peso se mantiene estable, no hay devaluación. Entonces yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica”, subrayó. En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que su administración atiende el fenómeno inflacionario con el objetivo de proteger la economía popular, así como el poder de compra en los hogares. Por ello, dijo, el próximo lunes 5 de diciembre se presentarán los avances del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), proyecto que cuenta con el apoyo de productores, distribuidores, así como empresas de alimentos a fin de bajar los precios de 24 productos de la canasta básica. “Estamos trabajando todos en esto. (…) Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes, lo vamos a ver graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en mil 039 pesos y están abajo de eso, pero vamos a ver quién es quién”, aseguró. El subsidio a los combustibles es otro factor que abona al control inflacionario. De no haberse tomado esa medida, la inflación podría llegar hasta el 13 por ciento y actualmente es del 8.1 por ciento, resaltó. Al mismo tiempo, refrendó que no habrá incremento de impuestos, a los combustibles ni a las tarifas de la luz. “Es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad; que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz, todo eso ayuda mucho”, afirmó. Sobre el incremento al salario mínimo, el jefe del Ejecutivo apuntó que el Gobierno de la Cuarta Transformación fomenta el diálogo con el sector empresarial y obrero, por lo que confío en la voluntad por alcanzar un acuerdo del 20 por ciento. Recordó que el envío de remesas registra cifras históricas; se estima la llegada de 60 mil millones de dólares para este año, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos del país. Sigue las actividades del presidente de México:

Albares ordena la retirada de todo vestigio franquista en embajadas y consulados

Las legaciones diplomáticas deben notificar a Exteriores la presencia de estos elementos antes del 1 de febrero.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid.  Alejandro Martínez Vélez / EP

En un telegrama a todas las legaciones diplomáticas españolas, al que ha tenido acceso Europa Press, Albares advierte de que conforme a la nueva norma no podrán usarse «enseres y elementos de cualquier naturaleza que contengan símbolos contrarios a la memoria democrática«. Esto incluye «elementos de ropa de cama, cristalería oficial, vajilla, cubertería y servicio de mesa destinados a las residencias oficiales que están amuebladas con cargo a los presupuestos» de Exteriores.

Por otra parte, todas aquellas embajadas, representaciones permanentes y consulados en los que haya «elementos consistentes en retratos, escudos, insignias, placas y otros objetos» que conforme a la ley puedan considerarse como franquistas deberán notificarlo a la Dirección General del Servicio Exterior antes del 1 de febrero de 2023, ofreciendo una «descripción física de los mismos, con fotografías y la indicación de la exacta ubicación».

A continuación, la Dirección General del Servicio Exterior hará llegar «instrucciones específicas» a las legaciones donde existan estos bienes, «una vez se decida su destino por el órgano competente» dado que, según explica el ministro, «podrían constituir fuentes secundarias de interés para el Centro Documental de la Memoria Histórica u otros archivos y museos».

Albares recuerda en su telegrama que la nueva ley considera «elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación (…) de la sublevación militar y de la Dictadura» y de quienes dirigieron y participaron «en el sistema represivo».

El ministro también aclara que su retirada, que deberá correr a cargo de Exteriores al ser la institución titular o propietaria de estos inmuebles, no será obligatoria solo en caso de que se trate de «elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español» o por razones arquitectónicas «cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble».

Ya había instrucciones previas

A priori, buena parte de los elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática que había en embajadas y consulados en todo el mundo ya deberían haber sido retirados antes de que esta norma entrara en vigor el pasado 21 de octubre, a tenor de lo que señala Albares en su telegrama.

El titular de Exteriores incide en que a raíz de la Ley de Memoria Histórica de 2007 –ahora derogada por la nueva–, desde el Ministerio se había venido dejando claro a través de órdenes circulares e instrucciones de servicio que los «modelos antiguos de determinados objetos» con esta simbología tenían que ser sustituidos, «remitiendo a los Servicios Centrales del Ministerio las piezas del modelo antiguo».

Además, se remite a sendos telegramas remitidos el 18 de diciembre de 2018 y el 25 de noviembre de 2020 por sus predecesores en los que «se dictaron una serie de instrucciones sobre los juegos o piezas de vajillas y cristalerías históricas, lápidas conmemorativas, escudos de fachada y elementos similares».

La Fiscalía concluye que contratar a dedo 24 veces al cuñado del alcalde no es corrupción

El ministerio público archiva las diligencias contra José Manuel Aranda, primer edil de Calatayud y senador conservador, y contra el marido de su hermana tras concluir que una facturación de más de 30.000 euros por llevar pleitos sin concurso previo durante cuatro años encaja en la normativa local.

El alcalde de Calatayud y senador por el PP, José Manuel Aranda, durante una comisión de la cámara alta.
El alcalde de Calatayud y senador por el PP, José Manuel Aranda, durante una comisión de la Cámara Alta.  PARTIDO POPULAR

De haber concluido que así era, el siguiente episodio habría sido una denuncia ante la Sala Segunda del Supremo, ya que el acta de senador confiere a Aranda la condición de aforado estatal, una situación que no va a darse salvo que alguien opte por denunciar el asunto en la vía judicial.

La denuncia, cuyo relato de hechos no se ve cuestionada en el auto de archivo ni tampoco lo fue por el propio Ayuntamiento de Calatayud durante la investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía zaragozana, exponía que el consistorio efectuó «una encomienda personal y directa» a R. G. M. para intervenir en «distintos procedimientos judiciales en defensa de los intereses» del consistorio «sin haber mediado ningún procedimiento de contratación, durante al menos los años 2019 a 2022″.

Esas contrataciones, añadía la denuncia, se produjeron «amparándose en la relación familiar existente, y sin mediar contrato alguno». La investigación de la Fiscalía ha constatado el segundo de esos datos, aunque el resultado de las pesquisas le lleva a no entrar si el primero pudo haberse producido.

Más de 30.000 euros por 24 pleitos en cuatro años

R. G. M., que dirige un despacho de abogados de cierto prestigio en la pequeña ciudad aragonesa, tuvo cierta relevancia mediática hace unos años al haber actuado como abogado de Francis Franco, nieto del dictador, durante una parte del proceso en el que este fue encartado por su presunta participación en un atentado a una patrulla de la Guardia Civil, asunto en el que fue exonerado por la Audiencia de Teruel tras una condena inicial en el Juzgado de lo Penal de esa provincia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, entre abril de 2019 y mayo de 2022 el letrado giró al Ayuntamiento de Calatayud un total de 24 facturas por una cuantía bruta de 30.950 euros, aunque lo ingresos netos fueron de 25.842 una vez descontadas las retenciones del IRPF por valor de 5.108 euros.

Los servicios, a un ritmo de cuatro pleitos en 2019 (4.476 euros brutos), otros tantos un año después (5.808), 14 más (18.367) al siguiente y dos (2.299) en 2022, fueron facturados por R. G. M. como profesional independiente, no como servicios del despacho.

El grueso de ellos se ventilaron en la jurisdicción social o en la contencioso-administrativa, aunque en este caso con una vertiente laboral ya que muchos de ellos se centraban en asuntos de clasificación profesional y de salarios de trabajadores municipales tras la aprobación de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo). La mayoría de estos últimos los perdió el consistorio bilbilitano.

«Queda excluida la pretendida comisión de un delito»

El «juicio inicial de valoración sobre el contenido de la denuncia» efectuado por la Fiscalía de Zaragoza concluye con el «archivo de las presentes diligencias de investigación, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante a reproducir su pretensión por vía judicial», a partir de un «informe técnico elaborado por la técnico responsable de la Unidad de Personal» del consistorio.

Ese dictamen concluye que «cuando el valor estimado del servicio de defensa del Ayuntamiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que se solicita a cualquier despacho en cualquier procedimiento no exceda de 5.000 euros (…) no se requería ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional más allá de la propuesta de gasto firmada por la concejal-delegada y la presentación de la factura».

Es decir, que en el Ayuntamiento de Calatayud los responsables políticos tienen cobertura legal para contratar a dedo a cualquier abogado que vaya a cobrar menos de 5.000 euros, no se aclara si brutos o netos, por defender al consistorio en una de esas dos jurisdicciones.

«Excluida la exigencia de procedimiento específico, salta a la vista que también queda excluida la pretendida comisión de un delito«, señala la Fiscalía.

Otra investigación abierta sobre la gestión municipal

La decisión de la Fiscalía supone un respiro para Aranda en vísperas de la tradicional etapa de luchas internas en los partidos políticos que rodea la configuración de las listas para las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año, que se prevén especialmente tensas entre los conservadores aragoneses tras el carrusel de cambios orgánicos de los últimos tiempos.

Sin embargo, la que afectaba al alcalde y su cuñado no es la única investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Zaragoza sobre la gestión municipal en Calatayud.

Desde hace unos meses, y tras haberle transferido las pesquisas la Fiscalía Anticorrupción por motivos de competencia, el ministerio público indaga las relaciones que mantiene con el consistorio la empresa Transfer, especializada en señalización vial y en la que trabaja como jefe de producción el concejal de Movilidad, Héctor Sarria, también del PP.

Esa firma ha resultado adjudicataria de algunas contratas municipales y ha participado en la ejecución de otras como subcontratada, en muchos casos con el área que dirige el edil como responsable de la supervisión de esos trabajos.

La Base #2×47 – Rap político: Los Chikos del Maíz en La Base

Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan la trayectoria musical de Los Chikos del Maíz, su relación con la política, con el poder mediático y con América Latina, y entrevistan en exclusiva a los miembros del grupo, Toni Mejías y el Nega, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum: «Yes Future». Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.

‘EEUU da un giro por desgaste de Ucrania y OTAN en guerra con Rusia’

Giro político de EE.UU. sobre el conflicto ucraniano responde al desgaste que vive tanto el Ejército ucraniano como la OTAN en guerra con Rusia, dice un analista.

En una entrevista concedida este martes a la cadena HispanTV, el director del grupo de consultoría español Ekai Center, Adrian Zelaia, ha considerado que este reposicionamiento aparente de Estados Unidos para abogar por una solución para el conflicto entre Moscú y Kiev, seguramente responde a la constatación de la relación de la fuerza real sobre el terreno en la propia Ucrania.

El analista ha dejado claro que la estrategia de Rusia en la guerra de Ucrania se fundamenta en “el desgaste tanto de la propia Ucrania como el desgaste de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] en conjunto”, lo que ha llevado al final a una destrucción progresiva del Ejército de Ucrania.

“Pero no solo se trata de una destrucción del Ejército de Ucrania sino de un desgaste progresivo incluso de las reservas de armamento de la OTAN y el desgaste, muy evidente, de la propia economía europea”, ha remarcado Zelaia,  aseverando que todo este contexto es el que está llevando a Estados Unidos a un reposicionamiento rápido de las posiciones respecto a la guerra en Ucrania.

Rusia no ve perspectivas de paz con Ucrania hasta que no logre sus objetivos

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha indicado este martes que Moscú por el momento no ve perspectivas de negociaciones para una posible solución al conflicto en Ucrania, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declarara más temprano que Washington desea que las conversaciones de Moscú y Kiev traigan una paz justa y duradera.

“Que el resultado sea una paz justa y duradera es algo con lo que se puede estar de acuerdo. Pero en cuanto a las perspectivas de algún tipo de negociaciones, por el momento no las vemos”, dice Peskov a la prensa.

Al ser preguntado sobre qué debería suceder para que Moscú vea dichas perspectivas, el portavoz ruso ha respondido que Rusia “debe conseguir los objetivos de su operación militar especial”.

Fuente: HispanTV Noticias

Ucrania reconoce: Irán no ha dado misiles balísticos a Rusia

El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, en una entrevista con Ukrinform National, Kiev, 22 de noviembre de 2022.

Un funcionario de Ucrania admite que, hasta ahora, Irán no ha entregado misiles balísticos a Rusia y es posible que no lo haga en el futuro.

En declaraciones a la agencia británica de noticias The Guardian, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo el martes que hasta el momento la República Islámica no ha entregado misiles balísticos a Rusia, país que desde el 24 de febrero pasado ha lanzado una operación militar especial en el territorio ucraniano.

Podolyak realizó tales declaraciones mientras, durante los últimos meses, Irán ha estado bajo acusaciones sin fundamento de entregar aviones no tripulados (drones) a Rusia para su uso en el conflicto ucraniano; en reiteradas ocasiones, Teherán ha rechazado rotundamente tales alegatos subrayando la necesidad de poner fin a la crisis ucraniana mediante las negociaciones.

Podolyak también alegó que las presiones diplomáticas del Occidente, así como los recientes disturbios en Irán, se encuentran entre razones por las que la República Islámica no ha dado misiles balísticos a Moscú.

 

Sin embargo, el funcionario ucraniano volvió a repetir las afirmaciones infundadas contra Teherán, al decir que las fuerzas rusas se quedaron sin su primer lote de drones iraníes, y solo tienen suficientes misiles de crucero en su reserva para “dos o tres” ataques masivos más contra Ucrania.

Ya el pasado noviembre, el portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, recordó una vez más su posición neutral ante el conflicto en Ucrania y le expresó a esta última que las acusaciones vanas no ayudan a resolver crisis alguna.

Algunos aliados occidentales de Ucrania, con EE.UU., Francia y Alemania a la cabeza, han intentado en las últimas semanas sentar a la República Islámica en el banquillo de los acusados para increparle, sin pruebas, del suministro de armas, incluidos drones, a Rusia para atacar a su vecino.

Teherán denuncia que esas acusaciones son parte de una guerra psicológica y una campaña de desinformación montadas por Occidente. Moscú, por su parte, ve detrás de todas esas retóricas nuevos intentos de los países occidentales por presionar a Irán.

Los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia aterrizan en el Europarlamento en busca de justicia

«Europa sabrá que pasó con tantos padres y madres que les dejaron abandonados y de forma indigna morir en sus camas», asegura la organización Marea de Residencias.

Decenas de personas convocadas por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas Mayores se manifiestan este martes 15 de junio contra Ayuso por su gestión de las residencias
Decenas de personas convocadas por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas Mayores se manifiestan este martes 15 de junio contra Ayuso por su gestión de las residencias.  David Fernández / EFE