El Gobierno de Andalucía aseguró que siguen «negociando y hablando» sobre la regulación, dado que afirman que quieren aprobarla en base «al diálogo y la participación».
Enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en la protesta convocada por el sector del taxi en Sevilla (Andalucía). —María José López/EUROPA PRESS
Una agresión en la cara a uno de los participantes. Es la reacción que se puede apreciar en un vídeo difundido en Twitter de un agente de la Policía antidisturbios (UIP) durante la manifestación de taxistas que tuvo lugar este jueves en Sevilla, frente al Parlamento de Andalucía, para protestar contra la regulación que prepara la Junta para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).
En dicha convocatoria hubo enfrentamientos con la Policía. El ambiente estaba cada vez más caldeado. Varios de los manifestantes intentaron tirar las vallas del perímetro de seguridad y lanzaron huevos.
Tras ello, las fuerzas de seguridad detuvieron a uno de los participantes por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. A continuación, tuvo lugar una carga policial que concluyó con una segunda detención.
Alrededor de un millar de personas participaron en la protesta. Portaronn tambores, pitos y pancartas en las que anunciaban que el sector del taxi «no se rinde», en esta ocasión ante el proyecto normativo, que según anunciaba esta semana Fomento habilitará a los VTC para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen «la convivencia» y ofrezcan «el mejor servicio al ciudadano».
Una argumentación que no convence al taxi. «Nos han engañado, en esencia nos han engañado», aseguró a los periodistas Francisco de la Piedra Vega, representante de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT). Los taxistas consideran que «de la noche a la mañana y con la mayoría absoluta del PP el discurso ha cambiado completamente» en San Telmo y se sienten «traicionados» ante el movimiento de la Consejería, a la que advirtieron de que no dudarán en recurrir a los tribunales.
«Que sepan que vamos a denunciar si prosiguen en esta regulación que pretenden hacer. Ellos sabrán lo que hacen», apuntó tanto en relación al Gobierno de la Junta.
Mientras en los alrededores del Parlamento se desarrollaba la protesta, en el interior Marifrán Carazo, la consejera de Fomento, subrayaba que aún no habían concluido las conversaciones para elaborar la regulación, que se buscará el «diálogo y la participación» y que en todo caso el objetivo es tener seguridad jurídica y «no dañar la actividad que presta el taxi».
«Seguimos negociando y hablando porque queremos aprobar esa norma y hacerlo en base al diálogo y la participación«, dijo la consejera, que señaló que las conversaciones se desarrollan desde hace una semana, «todavía no se ha concluido y tienen que seguir avanzando».
Asimismo, insistió en que el objetivo principal del Gobierno de Juanma Moreno es «contar con seguridad jurídica» para poder organizar y facilitar la convivencia del taxi y los VTC y dar un mejor servicio al usuario. «Por encima de todo y en el centro de la regulación ha de estar el usuario, que tiene que contar con los mejores servicios», argumentó Carazo, que ha aseguró que desde la Junta no se que quiere «dañar la actividad que presta el taxi».
Teresa Rodríguez, «frente a las multinacionales radicadas en paraísos fiscales»
Desde el edificio acudió a saludarles la diputada de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, quien explicó que se dirigía a la reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que aseguró le expondría las reivindicaciones de los taxistas «como primer punto» del encuentro, lo que desató vítores entre los manifestantes.
«Nos parece que ha habido mala fe por parte de Fomento y del Gobierno de la Junta«, dijo a la prensa Rodríguez, que consideraba que «les han dado coba durante mucho tiempo diciéndoles que no se iba a regular» para al final proponer «un decreto ley que es claramente pro-VTC».
«Nosotros estamos a favor de las familias del sector del taxi frente a las multinacionales radicadas en paraísos fiscales», subrayó la diputada, que aseguró que defenderá que el decreto no salga adelante y que la Junta negocie con todas las organizaciones del sector.
El líder del PP se parapeta en una reforma de la Justicia que impida los saltos desde los partidos a los tribunales, que fueron norma en el partido, para mantener bloqueadas la renovación del Poder Judicial y el Constitucional
El Poder Judicial en funciones desafía al Gobierno e incumplirá la ley en la renovación del Constitucional
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en una imagen de 2016 con el entonces presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y a su espalda el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Chema Moya
Como si fuera el Captain Louis Renault en Casablanca, el Partido Popular ha caído en la cuenta, con sorpresa e indignación, de que en las últimas décadas se ha producido un trasvase habitual de cargos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial. Alberto Núñez Feijóo, ahora, y Pablo Casado, hasta que los suyos le echaron, han puesto como condición sine qua non para renovar el caducado Poder Judicial acabar con lo que han dado en llamar “puertas giratorias”, esto es, que responsables políticos no acaben en puestos relevantes de la judicatura. Feijóo se parapeta así en esta reforma, junto a una amplia modificación legislativa que va más allá del gobierno de los jueces, para mantener el bloqueo en el que la derecha ha instalado al Consejo General del Poder Judicial, primero, y al Tribunal Constitucional, ahora.
El PP sume al Poder Judicial en un bloqueo definitivo tras la reforma para renovar el Constitucional
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En el PP saben de lo que hablan pues han elevado esta práctica a la categoría de virtud. Empezando por el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Designado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya mayoría absoluta utilizó el PP para blindar una gran mayoría conservadora en órganos constitucionales, fue dos veces director general en los gobiernos de José María Aznar. Entre 1996 y 2000, de Objeción de Conciencia. Después, hasta 2004, de Relaciones con la Administración de Justicia.
Su paso por el Ejecutivo de la mano del partido que hoy lidera Feijóo no le impidió llegar a la cúspide del sistema judicial español. Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Tribunal Constitucional. Y de ahí, a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo.
Este proceso también ha funcionado a la inversa. Alguien que lo ejemplifica muy bien es el senador Fernando de Rosa, quien en una reciente intervención en la Cámara Alta impartió una lección de independencia entre poderes del Estado, mientras acusaba al Gobierno de querer “ocupar” el Tribunal Constitucional. “La renovación del Consejo General del Poder Judicial es el medio para conseguir el fin: nombrar magistrados que se manchen las togas con el polvo del camino, como dijo Cándido Conde-Pumpido”, aseguró sin que le temblara la voz.
Pero, ¿quién es Fernando de Rosa? Es senador, pero antes ha sido muchas cosas. De Rosa es juez y llegó a ser decano en Valencia, cuando ya militaba públicamente en el PP. Después dio el salto a la política. En 2003, Francisco Camps, a quien él mismo afilió a la Alianza Popular de Manuel Fraga, le nombró secretario de Justicia de la Generalitat valenciana. En la siguiente legislatura le ascendió a consejero de Justicia y Administraciones Públicas, pero un año después lo dejó para poner rumbo al Consejo General del Poder Judicial: De Rosa pasó de consejero autonómico del PP a vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces. Después volvió a la judicatura: el nuevo CGPJ, que llegó a presidir por los escándalos económicos de Carlos Dívar, lo nombró presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Era 2015. Cuatro años después, Pablo Casado lo fichó para las listas al Senado, en las que llegó a su actual destino.
Son dos ejemplos del histórico trasvase de dirigentes del PP a la Justicia, y viceversa. Dos de muchos. Uno no muy alejado del Senado donde conviven Feijóo y De Rosa sería el de Enrique López. El hoy consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso negoció en nombre del PP de Casado las fallidas intentonas de desbloquear la renovación del CGPJ.
Pero antes tuvo una dilatada y exitosa carrera judicial que le llevó, en el último tramo, hasta la cúspide de la Audiencia Nacional, concretamente a la por entonces recién creada Sala de Apelaciones del tribunal especializado. En 2001, el PP de José María Aznar, otra vez gracias a su mayoría absoluta, le eligió vocal del CGPJ. En el órgano de gobierno de los jueces fue designado portavoz y se convirtió en uno de los azotes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de sus avances sociales, con airadas declaraciones oficiales como representante del Poder Judicial contra el matrimonio igualitario, el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o la de Memoria Histórica.
Tras abandonar el CGPJ en 2008 siguió su ascenso. Dos años después, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP lo avalaron como candidato al Tribunal Constitucional. Siete años llevaba el PP intentando situar a Enrique López en el tribunal que interpreta la norma fundamental con la oposición del PSOE, que consideraba que no cumplía con los requisitos establecidos. Finalmente, Enrique López se incorporó al tribunal que interpreta la norma fundamental y si las leyes de los distintos gobiernos se ajustan a la misma. Pero el magistrado tuvo que dimitir en 2014 por circular en moto con el triple de la tasa de alcohol permitida.
El caso de Enrique López es paradigmático. Tras su breve paso por el Constitucional volvió a su plaza en la Audiencia Nacional, pero sus propios compañeros le apartaron de los tribunales que juzgarían los casos de corrupción del PP por incumplir el precepto de “apariencia de imparcialidad”. En 2019, Ayuso lo incorporó a su Gobierno. En una entrevista que concedió a La Razón en 2021 dijo: “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”. En la misma línea, hace solo unos días, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, aseguró a El País: “Los juristas somos casi todos conservadores”.
Hay otros casos anteriores, como la ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante, quien llegó al Consejo de Ministros tras convertirse en la primera mujer elegida como vocal del CGPJ, en 1990 y a propuesta del PP. Mariscal de Gante fue diputada del PP por Albacete entre 2000 y 2004. Después fue designada, también a propuesta del PP, para el Tribunal de Cuentas, donde fiscaliza las finanzas de todos los partidos, incluido el PP. O José Merino Jiménez, quien pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón a ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP, durante la mayoría absoluta de Aznar.
El PP considera al Gobierno “abusivo”
Con esta mochila a cuestas, el PP de Feijóo ha hecho de la independencia judicial el parapeto para no acceder a renovar el CGPJ, cuyo mandato va camino de los cuatro años caducado. Un bloqueo que inició el PP de Casado (a cuya dirección pertenecía Enrique López) y que se ha extendido al Tribunal Constitucional, que tiene cuatro vacantes desde el pasado mes de junio.
El sector conservador del Poder Judicial ha decidido boicotear los nombramientos que le corresponden por orden de la Constitución de 1978. Y, sin esas designaciones, el Gobierno no puede acometer las suyas, pues van de la mano según la norma fundamental del Estado.
El proceso conduciría a la natural alternancia que se da en los altos órganos constitucionales y que, según quisieron quienes redactaron la ley fundamental y quienes la ratificaron en referéndum, debe responder en cierta medida a la representación popular en las Cortes Generales y el Gobierno. Así ha sido hasta ahora con el bloque conservador, que incluso ha llevado su control mucho más allá de lo establecido legalmente.
Pero esto al PP le parece “abusivo”. Así lo ha dejado escrito el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons, uno de los dirigentes que más influencia ejerce sobre Feijóo, en una carta remitida este jueves a su contraparte en el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Pons personaliza la estrategia de bloqueo del Poder Judicial, heredada de Casado y aumentada por la nueva dirección. Él ha dado por rotas las negociaciones, las ha recuperado o ha justificado las negativas de su partido a cumplir el mandato constitucional. Es el mascarón del PP en su supuesta travesía hacia la independencia judicial. El mismo González Pons que ejercía de vicesecretario de Estudios y Programas del partido cuando, en 2013, Rajoy usó su mayoría absoluta para reducir las mayorías necesarias para renovar el CGPJ sin la oposición. Como diputado, votó a favor de la reforma.
En la misiva, Pons (en nombre de Feijóo) reitera las condiciones del PP para acceder a cumplir la Constitución y la ley. Unos requisitos que van más allá del propio CGPJ y atañen, por ejemplo, a las “puertas giratorias” entre la política y la Justicia. O a la Fiscalía General del Estado. A las oposiciones para acceder a la judicatura (preparadores que cobran en B y clasismo mediantes), pero para que no se modifiquen en este caso. O a eliminar el papel de los parlamentos autonómicos en la designación de magistrados de los tribunales superiores de justicia regionales.
Una colección de requisitos que en el PP consideran “de mínimos” y que siempre han considerado un todo que el Gobierno debe aceptar como condición previa de que Feijóo y los suyos se sienten a negociar. Un intento de convertir sus 88 diputados en una mayoría suficiente para cambiar leyes que los otros partidos no desean modificar.
El PP no ha dudado incluso de utilizar a las instituciones europeas en su cruzada y, aunque desde la Comisión Europea sí se “recomienda” a España que transite hacia un CGPJ más independiente de los partidos, la última vez que se pronunció fue clara: primero, renovación del Poder Judicial; y luego, debatir la reforma. Con todo, en su última ofensiva después de que Carlos Lesmes haya amenazado con dimitir al frente del gobierno de los jueces, Pons ha remitido sendas cartas a la vicepresidenta europea encargada de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourová, y al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders.
Menos de 10 años después de modificar la ley para dejar sin maniobra a la oposición y nombrar un CGPJ afín declarado en rebeldía, el PP ha descubierto con escándalo, como Renault en el Rick’s Cafe, que “aquí se juega”, es decir, la connivencia entre políticos y altos cargos judiciales. En la película antinazi rodada en 1942, el jefe de la policía clausura el local de juego mientras recibe su parte de las ganancias. Una metáfora que se acomoda como un guante a la situación de la justicia española 80 años después.
Un estudio revela que las partículas que se encuentran en los tubos de escape de los vehículos y el humo de los combustibles fósiles promueven cambios cancerosos.
Vista del cielo contaminado de Madrid, a 11 de febrero de 2022. —Jesús Hellín/EUROPA PRESS
La contaminación del aire y las partículas vinculadas al cambio climático favorecen la aparición de cáncer de pulmón en personas no fumadoras, según una investigación presentada este sábado en el congreso que la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) celebra en París.
El estudio, elaborado por científicos del Francis Crick Institute and University College London, revela que las partículas que se encuentran en los tubos de escape de los vehículos y el humo de los combustibles fósiles promueven cambios cancerosos en las células de las vías respiratorias y generan más casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC por sus siglas en inglés) entre la población que nunca ha fumado.
El estudio, según el oncólogo y coordinador de la investigación Charles Swanton, constata la presencia del gen EGFR mutado en, al menos, la mitad de personas con cáncer de pulmón que no han fumado en toda su vida. Y es que las células con mutaciones en los genes EFGR y KRAS pueden volverse cancerosas cuando se exponen a contaminantes del aire.
La investigación realizada sobre una muestra de medio millón de personas residentes en Inglaterra, Corea del Sur y Taiwán revela que la exposición a concentraciones crecientes de partículas suspendidas en el aire (PM2.5) está vinculado a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. De hecho, demuestra que las partículas contaminantes promovieron cambios rápidos en las células de las vías respiratorias que tenían mutaciones en EGFR y en el gen KRAS, también relacionado con el cáncer de pulmón.
Swanton, coordinador del estudio, reconoce que el riesgo de cáncer de pulmón por la polución es más bajo que el que se desarrolla por consumo de tabaco pero recuerda que, a nivel mundial, más personas están expuestas a niveles peligrosos de contaminación del aire que a las sustancias químicas tóxicas que provoca un cigarrillo. Y es que, dice, «no tenemos control sobre lo que respiramos pero sí hay una capacidad de decisión sobre el hábito de fumar».
Swanton: «No tenemos control sobre lo que respiramos pero sí hay una capacidad de decisión sobre el hábito de fumar»
La investigación también corrobora que la contaminación del aire influye en la liberación de una proteína (interleucina), que impulsa la expansión de las células con mutaciones de EGFR. El estudio hace referencia a ensayos previos en los que personas tratadas con anticuerpos anti-interleucina inhiben significativamente la incidencia del cáncer.
Sobre las mutaciones y el desarrollo de tumores, la investigación subraya que las mutaciones en genes EGFR y KRAS también están presentes en tejido pulmonar normal (entre un 18 y 30%) y son probablemente una consecuencia del envejecimiento. Sin embargo, cuando estas mutaciones son expuestas a la polución se observan más cánceres que cuando las células no lo están, lo que sugiere que la contaminación ambiental promueve el inicio del cáncer en las células que albergan mutaciones del gen conductor.
Para los autores del estudio, el siguiente paso será descubrir por qué algunas células con mutaciones se vuelven cancerígenas cuando están expuestas a contaminantes, mientras que otras no. Y de cara al futuro, los investigadores plantean trabajar en la detección precoz y lesiones precancerosas e intentar revertirlas con medicamentos. Concluye el trabajo que dado que el consumo de combustibles fósiles va de la mano de la polución y de las emisiones de carbono, los profesionales de la oncología tienen el deber de parar la situación tanto por razones ambientales como de salu.
La libertad de difamar envuelta en el manto de la libertad de expresión y practicada durante años, si no décadas, hizo posible que un día alguien decidiera que no era tan mala idea restregarle una pistola en la cara a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La reacción de muchos medios y distintos voceros políticos al atentado merece un capítulo aparte en esta crónica de violencia mediática que se ha asumido como periodismo crítico. ¡Bienvenido al CANAL de Youtube de Público! Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
No siempre la explicación más profusa es la mejor. No siempre el más intrincado de los ejercicios retóricos es el mejor camino para comprender, en su esencia, un determinado concepto.
A veces un mero ejemplo da en la diana, desmonta prejuicios y nos permite visualizar en un instante aquello que, segundos antes, apenas intuíamos.
La imagen que utiliza es nítida. Piensen en una carrera cuya distancia ronda los 40 kilómetros. Piensen en un puñado de corredores que, contra todo pronóstico, no salen desde la misma posición.
«Es una carrera y hay gente que comienza en el kilómetro cero y hay gente que comienza en el kilómetro 20. Eso es un privilegio; no significa que no corriste, no significa que no te cansaste, no significa que no te esforzaste, la cuestión es que la carrera es de 40 kilómetros y tú ya estabas en el 20 cuando empezaste«, explica Carol H. Solís.
«Si tu familia, si tu color, si tu género, si tu identidad, si tu contexto social… no es lo mismo comenzar en una comunidad marginada que hacerlo en una ciudad con un papá que te puede ayudar», prosigue esta youtuber cuya explicación está generando mucho interés en las redes.
Los 27 ministros europeos aterrizan el viernes en Bruselas para esbozar nuevas medidas de ahorro energético y que, a su vez, provoquen un alivio en la disparada factura de la luz. Las posturas y las iniciativas son muy diversas y complejas, pero el cronómetro ya corre hacia uno de los inviernos más duros en décadas.
Tres banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo del 10 de abril de 2019. —Yves Herman/REUTERS
Qué medidas debe seguir la UE para hacer frente a la escasez energética y el alza de los precios de la electricidad y cómo de preparado llega el bloque a uno de sus inviernos más inciertos. Son las dos premisas sobre las que parten los 27 ministros de Energía, reunidos el viernes en Bruselas en torno a un Consejo extraordinario que llega con mucha expectación pero con multitud de debates abiertos y complejos.
Durante los últimos días, el trasiego de documentos, reuniones y propuestas en torno a la crisis energética ha sido un no parar en la capital comunitaria. El esperado encuentro llega poco después de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunciase una hoja de ruta con cinco medidas entre las que destaca el gravamen a los beneficios de las empresas de gas y petróleo y el tope al gas ruso. Ninguna de esas medidas figura en el documento que presentará la Presidencia checa del Consejo.
¿Qué se espera de la cita? Será una toma de temperatura. Un punto de encuentro para compartir las iniciativas, las estrategias y las medidas que están tomando los gobiernos a nivel nacional. El objetivo es establecer una ruta de ahorro energético coordinada a Veintisiete. Fuentes europeas ya lo advierten: «Si empezamos a centrarnos solamente en medidas nacionales será el final del mercado eléctrico europeo». Así, del Consejo de emergencia lo que saldrá será una directriz de los Estados miembros a la Comisión Europea, encargada de elaborar y presentar la propuesta legislativa definitiva. Tampoco es probable que exista una mayoría de cinco países para articular el «estado de alerta energética» y hacer que el ahorro de gas del 15% que rige en la actualidad pase de voluntario a obligatorio.
¿Cuál es el calendario? Las capitales establecerán el viernes sus prioridades y determinarán sus denominadores comunes. Con todo ello, la Comisión Europea presentará el martes una propuesta legislativa. Un día después, la presidenta Ursula von der Leyen, pronunciará en Estrasburgo un discurso sobre el estado de la Unión cargado con mensajes relacionados con la guerra en Ucrania y la consecuente crisis energética.
El objetivo es establecer una ruta de ahorro energético coordinada a Veintisiete
Con el boceto del Ejecutivo comunitario sobre la mesa, los Estados miembros debatirán y, con mucha probabilidad, modificarán los planes de Bruselas. Pero están llamados a llegar a un acuerdo en tiempo récord porque el peor enemigo en estos momentos es el cronómetro, que corre sin piedad ante la temporada de frío. Otro Consejo de emergencia extraordinario en las próximas semanas es ya más que probable y la ambición es ya llegar con las medidas claras antes de la cumbre europea que los 27 líderes de Estado y de Gobierno celebran a comienzos de octubre en Praga.
¿Qué medidas generan más consenso? El abanico de posibilidades es casi tan amplio como los mix energéticos a lo largo y ancho de la UE. Entre las iniciativas que generan más consensos en las capitales destaca la de imponer un límite al precio de las energías inframarginales, es decir, a las renovables y a la nuclear. Aunque algunos Gobiernos continúan siendo escépticos a lo que consideran una intervención que altera el mercado.
En segundo lugar, aumentar la liquidez en los mercados. Y, por último, promover un ahorro a la demanda de la electricidad –al uso de lo que se hizo con el gas- para aliviar la factura. Pero el diablo de todo ello está, como siempre, en los detalles: ¿cómo establecer el tope a las energías limpias? ¿Ahorro eléctrico voluntario u obligatorio? ¿Bajo qué umbral? La Comisión Europea ya planteó un ahorro obligatorio en las horas punta de mayor consumo. Pero fuentes diplomáticas ya advierten de que el apetito general se encamina más hacia una reducción voluntaria, un escenario con el que algunos como España estaría más cómodo.
¿Cuáles son menos populares? El tope al precio del gas ruso aclamado esta semana por Von der Leyen no está en el orden del día de los ministros. Algunos como Polonia empujan para que se establezca, pero hay cautela a la hora de tomar una medida sobre la que no se han cuantificado bien las consecuencias. Rusia amenaza con cortar todo el gas, petróleo y carbón a la UE si llega tan lejos y advierte de un aumento de los precios de los hidrocarburos en todo el mundo. «Con el tope al gas ruso se van a ver las tiranteces entre países», afirma una fuente.
Así, otros países son más proclives a establecer un precio general a todo el gas. Pero ello a su vez les pone en una situación delicada con sus proveedores más cercanos, como Estados Unidos, Noruega, Azerbaiyán o Argelia. No se espera, por tanto, un mandato claro a la Comisión Europea en este punto. «No creo que haya una mayoría en favor de esta medida. Todo el mundo tiene que medir las consecuencias», aseguran fuentes europeas.
Sobre la otra medida estrella, la recortar las ganancias de las empresas de gas y petróleo, Polonia ya se ha mostrado en contra, según avanza el Financial Times. Cualquier plan que en última instancia suponga aplicar un impuesto a los productores de energía por sus beneficios extraordinarios es todavía muy prematuro. Hay que establecer condiciones, calendario y receptores de estos fondos recaudados.
¿De excepción ibérica a normalidad europea? Otra de las medidas a debate será el desacople del precio del gas al de la producción de electricidad, algo que hacen Madrid y Lisboa bajo la conocida como ‘excepción ibérica’. Extenderle al grueso de la UE es un debate poco avanzado y maduro. Ni siquiera figura entre las medidas planteadas por Von der Leyen. En Bruselas alegan que la medida podría dar lugar a una mayor dependencia del gas. Algo que España niega. El país asegura que con esta medida los consumidores se han ahorrado millones de euros sin necesidad de echar mano del presupuesto. Es cierto que durante este mes el país ha aumentado su uso del gas. De hecho, en julio y agosto fue el mayor importador de gas natural licuado ruso del mundo, pero en la delegación española lo achacan al contexto actual de sequía y de momento complicado del parque nuclear francés. Madrid está ayudando con gas a los vecinos Portugal o Francia con gas en un momento en que otras fuentes como el viento o el agua están amainando.
¿Cómo llega España?
España no presentará en la cita medidas concretas. Pero Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, aterriza en la capital comunitaria con ganas de dar batalla en torno al gasoducto del MidCat, enterrado por la negativa frontal de Francia y con ningún apetito por parte de la Comisión Europea para ‘mojarse’ en el debate. «Es necesario acelerar las interconexiones. España no está totalmente integrada en el mercado energético europeo. Pero vamos a seguir dando la batalla. Las cosas en la UE van así. Es un ejercicio lento el de ir convenciendo», explican fuentes diplomáticas. El Plan B de España pasa por redirigir esta tubería hacia Italia por vía marítima. Los transalpinos están más receptivos por su gran dependencia del gas ruso. Pero la alternativa italiana no es la opción favorita de los de Pedro Sánchez porque es más costosa, menos efectiva y tardará mucho más en ser una realidad.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el pleno del Senado celebrado este martes en Madrid.- EFE/ Juanjo Martín
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sembró la duda desde la tribuna. Lo hizo con un puñado de folios sujetos a un clip. Nadie, de momento, ha podido cotejar el informe, por lo que se desconoce el número de páginas que contiene el sospechoso documento.
«Nosotros tenemos un documento que hemos hecho que ponemos a disposición de los españoles», esgrimió Feijóo con suficiencia frente a Sánchez. Propuestas para un pacto energético que proteja a familias y empresas para la recuperación de la economía española, se podía leer a modo de epígrafe.
¿Estamos ante un farol?, ¿no será el informe puro trampantojo? El propio Feijóo insiste en que el informe no sólo existe sino que ha sido convenientemente remitido al Gobierno. Pero desde el PSOE dejan caer que «nadie ha visto» ese plan.
Desde el PP se reitera que el documento existe y que se ha compartido con Moncloa. «Es lo que planteó nuevamente el presidente Feijóo ayer, le entregó un documento nuevamente al presidente Sánchez, que estoy convencido que ni van a leer», respondía el coordinador general del partido, Elías Bendodo, este miércoles durante una entrevista en Telecinco.
Como era de prever, las reacciones no se han hecho esperar:
Quedamos a la espera de poder revisar el documento de marras. Farol o no, lo cierto es que el ‘informe invisible’ está generando expectación.
El colegio Meseta de Orcasitas en Madrid es el segundo con más superficie de amianto en toda la comunidad. El PP, que preside el Gobierno autonómico, se comprometió a retirarlo en verano, pero no lo ha hecho. Profesores, madres, padres y alumnos están en lucha para conseguir que lo quiten.
El CEIP Meseta de Orcasitas es uno de los colegios con más amianto de la Comunidad de Madrid. En él, alrededor de 500 niñas y niños estudian cinco días de la semana seis horas al día. Y ese es el tiempo que podrían estar respirando partículas tóxicas producto del amianto que tiene la cubierta del colegio. Pero no son los únicos. Sus profesores, alrededor de 20 docentes, pasan más tiempo sometidos a la peligrosidad del amianto. Los padres y madres que configuran el AMPA del colegio se han unido con la plataforma Fueramianto y con el claustro de profesores para exigir un cambio en la voluntad que hasta ahora ha demostrado la Comunidad de Madrid con el problema.
Público ha hablado con un padre y una madre en lucha para conseguir una solución. Ambos pertenecen al AMPA del colegio y están dentro de la plataforma Fueramianto. Luis Enrique Camarero comenta el estado del edificio: «Se hizo en 1978, 45 años desde su construcción. Tiene uralitas con amianto y estamos muy preocupados porque no nos lo han quitado este año. Resulta que la Comunidad de Madrid no ha hecho las obras que tenía que haber hecho. Nos parece una tomadura de pelo y estamos indignados. El tejado tiene desperfectos y uralitas rotas. También tiene fibra de vidrio que se está descomponiendo. Y, además, la vida útil del amianto se ha superado con creces».
Luis Enrique Camarero, padre y miembro del ANPA del CEIP Meseta de Orcasitas y de la plataforma Fueramianto, delante del colegio durante la entrevista con Público. —Candela Barro
El colegio se construyó hace 45 años y se utilizaron planchas de uralita con amianto para cubrir los 2.000 metros cuadrados de techo. La vida útil del amianto ronda de los 30 a los 35 años. A partir de ahí, puede empezar a liberar partículas tóxicas y eso si no está sometido a condiciones climáticas adversas que puedan erosionar el material, como, por ejemplo, la tormenta Filomena que sacudió España entre el 6 y el 11 de enero de 2021. El uso y la comercialización de este material está prohibido en España desde 2002. Normalmente el amianto suele estar localizado en los tejados, las bajantes y los depósitos. La Comunidad de Madrid se comprometió en noviembre de 2018 a eliminar este material de todos los colegios públicos.
Mercedes Plata: «Dijeron que el primer colegio sería el Meseta de Orcasitas y aquí no ha venido nadie»
Madres y padres están preocupados por la inacción y el retraso en las obras. Mercedes Plata es madre de dos niños de 9 y 7 años que van al colegio. «Hay partes que se ven perfectamente que están erosionadas, de otro color. La Comunidad promete, pero no hacen lo que dicen. Salieron en televisión diciendo que el primer colegio de este año sería el Meseta de Orcasitas por la superficie de amianto que tiene. Estábamos ilusionados por ver que el proceso se aceleraba y llega el final de curso y aquí no ha venido nadie».
Mercedes Plata, madre, miembro del AMPA del CEIP de Orcasitas y de la plataforma Fueramianto. — Candela Barro
La Comunidad hizo público un informe del proyecto de desamiantado del colegio en el que especificaba como «principales deficiencias» las siguientes: «La cubierta de todo el edificio está constituida por placas onduladas de fibrocemento, que contiene amianto. Estas placas se encuentran rotas en algunos casos lo cual puede provocar la liberación de fibras de amianto al ambiente». De esta forma, se corroboraba la idea del AMPA que aseguraba que ya existían placas rotas liberando amianto. «Cuando les hemos solicitado información a la Comunidad nos decían que era un proyecto que estaba en marcha, pero solo cuando hemos investigado yendo a los contratos públicos hemos visto que lo tenían adjudicado desde marzo pero las obras no se han hecho. Y no solamente en este colegio, iban a desamiantar cuatro colegios más», comenta Camarero a Público.
Párrafo de las «principales deficiencias» del edifico del colegio en el informe «PROYECTO DE DESAMIANTADO Y REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL CEIP MESETA DE ORCASITAS».
Este año y sin previo aviso, la Comunidad colgó en su portal los contratos que definían la adjudicación a una empresa especializada: URVIOS. Esto ocurrió en marzo de 2022 pero las obras todavía no se han iniciado y el curso escolar en la Comunidad de Madrid ha comenzado el 7 de septiembre. El momento idóneo para llevarlas a cabo habría sido en las vacaciones de verano porque este tipo de obra no puede realizarse durante el tiempo en el que se desarrolla la actividad escolar debido al alto riesgo que supone esta operación para la salud.
Al ser preguntada la empresa URVIOS por el motivo por el cual la obra no ha comenzado, Público ha recibido la siguiente respuesta del jefe de administración de la empresa, Miguel Olmedo: «La obra se ha paralizado y se hará el año que viene. Las adjudicaciones públicas tienen sus plazos según la ley de contratos y cuando se ha querido realizar el proceso nos hemos metido en el curso escolar. Son los plazos que marca la ley, el proceso de licitación, contratación, etcétera.» Como vemos en la imagen a continuación, la formalización del contrato data del día 10 de agosto y la empresa tenía dos meses para hacer la obra. Si contamos el inicio del curso escolar, el 7 de septiembre, a la empresa le quedaban solo 28 días. La Comunidad de Madrid se había comprometido a llevar a cabo la obra este verano, pero al final se ha quedado en una promesa incumplida.
Fecha de formalización del contrato a 10 de junio y de plazo de ejecución, 2 meses.
La fecha de formalización del contrato fue el 10 de agosto, pero dos meses antes, el 10 de junio, la mesa de contratación ya había propuesto la adjudicación del contrato.Por su parte, el Director General de Infraestructuras, Ignacio García Rodríguez, firmó la adjudicación el 15 de julio. Es decir, tardó más de un mes en darle el ‘sí’ y eso provocó que la empresa no contara ya con dos meses para hacer las obras. Y todo a pesar de que desde el Partido Popular habían prometido hacer la obra este verano. Ante estos problemas con los tiempos, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha alegado a Público que este retraso obedece a los «plazos normales» de la administración.
Los populares hicieron su promesa públicamente en el pleno de la Asamblea de Madrid del 17 de marzo. Miriam Rabaneda, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Educación, dijo que había «actuaciones programadas» para la retirada de amianto en 2022 mencionando en primer lugar al CEIP Meseta de Orcasitas. En el mismo discurso Rabaneda sacó hierro al asunto diciendo que «la mera presencia de este material en nuestro entorno no indica una situación de riesgo» ya que el amianto «no es un gas, en necesario que exista una manipulación» y llamó a la prudencia para «no asustar a las familias».
Félix López Rey, concejal del distrito de Orcasitas de Más Madrid, considera que es «una vergüenza» que la Consejería de Educación se comprometiese a realizar la obra en el CEIP Meseta de Orcasitas al que «mencionaron expresamente» y ahora los niños tengan que esperar otro año más. «Es tristísimo que, a los más vulnerables, niños y niñas, los tengan sometidos a esto e, incluso, habiéndose comprometido públicamente a hacerlo, tendrían que pedir perdón públicamente porque eso en quince días se hace. Esto es la inutilidad de la administración y las pocas ganas de solucionarlo«, denuncia a Público, López Rey.
La educación en Estados Unidos tambalea por la deserción de profesores. En California denuncian que el salario que reciben no les alcanza para vivir.
La situación es crítica, el sindicato de maestros de Los Ángeles ha informado que el 70 % de profesores contempla dejar la profesión debido a la falta de aumento de salario. Funcionarios a nivel nacional y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el más grande en California, no están dando soluciones.
El número de maestros de escuelas públicas en los Estados Unidos cayó un 6,8 por ciento de 2019 a 2021. Importante señalar que 3,3 millones de personas trabajaban como maestros de escuelas públicas antes de la pandemia, esto representa un éxodo de 220 000 de los distritos escolares públicos.
El sindicato de maestros ha sido muy claro, al ver el número de deserciones en cuestión de empleos de profesores, quienes son los más perjudicados son los alumnos porque se quedan prácticamente sin educación.
En el distrito escolar unificado de Los Ángeles uno de cada cuatro profesores tiene un segundo empleo.
La canciller de la República Popular de Donetsk, Natalia Nikonorova, critica fuertemente crímenes de guerra y de lesa humanidad de Ucrania y sus aliados de OTAN.
La República Popular de Donetsk, junto a Lugansk y la Federación Rusa están preparando los documentos jurídicos para ofrecer a un tribunal internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por Ucrania y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según informó la ministra de Asuntos Exteriores de Donetsk, Natalia Nikonorova.
“Ucrania como estado terrorista, sigue bombardeando bárbaramente el territorio de la república. La infraestructura civil sigue siendo destruida, los civiles son asesinados y heridos, los ciudadanos pacíficos de la república son heridos, por lo que necesitamos intensificar nuestras acciones para registrar y documentar estos crímenes de guerra”, afirmó Nikonorova.
En este sentido, ha lamentado que todas las organizaciones internacionales, incluida la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), están bajo una tremenda presión por parte de Ucrania y los aliados occidentales, para luego enfatizar que Kiev debería dejar de bombardear las instalaciones nucleares en Zaporiyia.
