“Sin espacio público no hay ciudad”, avisaba esta semana la concejala Marta Higueras, del Grupo Mixto, en redes sociales. Una frase con la que hacía alusión a las intenciones del Ayuntamiento de Madrid de entregar la gestión de más de 58.000 m2 de calles y plazas en el distrito financiero a la iniciativa privada. La noticia, adelantada en exclusiva por este periódico, pone sobre la mesa el debate de cómo se debe gestionar el espacio público de la capital y si un alcalde puede hipotecar la ciudad con plazos que superan con creces su legislatura, más allá incluso de su tiempo vital.

Cesiones a 75 años: la fórmula de Almeida para entregar 250.000 m2 de suelo público a Iglesia, fundaciones y Atlético de Madrid

“40 años de privatización, 40. Almeida se irá pero su destrozo lo pagaremos durante muchos años”, lamentaba la edil socialista Enma López sobre el mismo asunto, recordando el plazo previsto por la concesionaria del proyecto en AZCA. “Lo único que ha hecho Almeida este mandato es regalar el patrimonio de todos a unos pocos. Para ellos, la ciudad solo es un negocio”, abundaba la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, haciendo hincapié en las concesiones previstas para la recta final de esta legislatura.

La lista es extensa y se ha abultado en las últimas semanas: por un lado están las cinco parcelas que se van a ceder a 75 años y que analizamos hace unos días en este artículo. De ellas, tres serán para la Iglesia Católica, a la que se facilita construir templos a través un concurso público hecho a su medida. Otras dos parcelas irán a parar a fundaciones, una de ellas con claros vínculos con el PP. Y los terrenos alrededor del Estadio Metropolitano se van a ceder al Atlético de Madrid durante 75 años para que monte su ciudad deportiva y un centro comercial con hotel incluido. En todos estos casos la ciudad recuperará los terrenos en el año 2097, una fecha más propia de las novelas de ciencia ficción que de las noticias de un periódico.

Por otro lado están las cesiones para obras, que incluyen la explotación de una infraestructura durante los años necesarios para cubrir la inversión requerida y el beneficio para el privado que aporta el capital. El ayuntamiento las está utilizando para la construcción de polideportivos sin gastar presupuesto municipal, en ocho puntos de Madrid: Cuatro Caminos, Montecarmelo, Las Rosas, Las Tablas, Barajas, Sanchinarro, Arganzuela y Paseo de la Dirección. En todos estos lugares la concesión será de al menos 25 años, hasta el 2047.

El modelo de cesión de obras también lo está usando el área de Movilidad para volver a privatizar los aparcamientos más rentables de la capital, a medida que los va recuperando de décadas de explotación. Durante la legislatura de Manuela Carmena estos pasaban a ser gestionados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), pero el equipo de Almeida prefirió entregarlo a la iniciativa privada y renunciar a sus cuantiosos beneficios. El resultado, además, está saliendo caro a los futuros abonados de estas instalaciones: a la hora de adjudicar la gestión del aparcamiento de Santo Domingo, el Ayuntamiento de Madrid ha escogido la oferta de una de las empresas que resultará más cara para los residentes. Al igual que hizo en el parking del Carmen. En el primer caso la explotación durará diez años. En el segundo llegará al 2044.

Las macro obras del Bernabéu y el caso AZCA

Antes de que acabe la legislatura está previsto dejar enfiladas las concesiones de los aparcamientos públicos en Santa Ana, Cortes, Luna y otros tres en Velazquez, cuyas concesiones vencen pronto. Y el área de Movilidad quiere dejar atadas durante décadas por lo que pudiera ocurrir en las elecciones. A ellas se sumará otra más sobre un aparcamiento, pero de carácter bastante distinto: la de los subterráneos junto al estadio Santiago Bernabéu.

A diferencia de las anteriores, esta obra la ha pedido ejecutar el Real Madrid. La entidad blanca redactó el estudio informativo pertinente para la construcción y explotación de 1.667 plazas de garaje durante 30 años, hasta el 2053. El Ayuntamiento lo validó y, por el camino, rechazó todas las alegaciones presentadas contra el proyecto del club de Florentino Pérez. Ahora prepara la licitación en concurso público a la que podrá acudir la entidad futbolística con clara ventaja: obtendrá el 10% más de puntos que cualquier otra empresa privada con interés en el proyecto, por haber presentado la idea.

El mismo modelo de concesión de obra a empresas sigue el caso de Renazca, la privatización de la zona de AZCA desvelada esta semana en este periódico, que incluye explotar 58.594 m2 de suelo público durante 40 años a cambio de unas obras de reurbanización, cobrando además dos millones anuales al Ayuntamiento por mantenerle y limpiar las calles. “No nos parecemos a ese proyecto, lo del Real Madrid es una vía para financiar el club y lo nuestro es una entidad sin ánimo de lucro”, se apresura a indicar a este medio el consejero delegado de la socimi Merlin Properties, Ismael Clemente, que está a la cabeza de la iniciativa, mientras defiende la oportunidad de su propuesta para revitalizar el tradicional centro financiero de la capital.

“El caso de Renazca supone un salto de nivel en todas estas concesiones, tanto por escala, como por los actores implicados y su permanencia”, explica el arquitecto y urbanista Álvaro Ardura, quien apunta que la legislación existente prevé largos plazos en las concesiones para inversiones de mucho más calado, en las que participan empresas privadas, “como autopistas o similares, y muchas veces ni se llega a agotar el plazo máximo”, advierte.

El Ayuntamiento defiende que se trata de modelos de colaboración público privada, un modelo liberal, que “tanto le cuesta admitir a la izquierda”, decía esta semana la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. “Lo que plantea el Ayuntamiento es una colaboración público privada a la madrileña. Hay muchas formas de hacerlo en las que no se cede todo, algo diferente a los cánones bajísimos o inexistentes como en el caso de esta ciudad, pagando encima el mantenimiento”, replica Ardura, quien cree que el consistorio se está “poniendo de rodillas ante el capital” en lugar de “actuar como administración pública que plantee una contrapartida”.

“Los plazos largos camuflan privatizaciones definitivas encubiertas”, añade el antropólogo José Mansilla, en conversación con Somos Madrid. “Lo que está experimentando Madrid es una nueva forma de que las empresas privadas saquen rendimiento al suelo, no con infraestructuras sino con espacio público”, advierte. Mansilla explica que la filosofía que está detrás es la del modelo Business Improvement District (BID) que nació en Canadá y que tiene su exponente más famoso en el Times Square de Nueva York, con ejemplos también en Reino Unido. Pero que en España no se aplica por no existir una regulación similar. “Se está encajado la idea a martillazos en nuestro marco legal”, apostilla Ardura.

«Enseñan el caos y la anarquía para que luego aparezcan los salvadores privados y que el ciudadano lo acepte»

José Mansilla — Antropólogo

Mansilla cree que lo que intenta el equipo de Almeida es “quitarse de responsabilidades de cara al futuro para que una entidad privada se encargue de la puesta a punto de la propia ciudad, no mediante una licitación de limpieza, sino con una concesión de las calles” y considera que está creando el caldo de cultivo para que los madrileños comulguen con la idea de abandonarse a manos del primero que venga con dinero para solventar los problemas: “Ahora empiezan a hablar del mal estado de la zona, es un mecanismo clásico, de manual de gentrificación”, asegura mientras recuerda el año 2005 en Barcelona, cuando los medios bombardearon de noticias sobre la degradación del centro de la ciudad, meses antes de que se aprobara una Ordenanza Cívica que recortó libertades. “Enseñan el caos y la anarquía para que luego aparezcan los salvadores privados y que el ciudadano lo acepte”

Contra este mensaje simplista, Mansilla aboga por explicar con calma y en profundidad lo que significa la gestión privada de un espacio público, ceder partes de la ciudad para uso y beneficio de unos pocos, y que puede acabar fragmentando los lugares en los que vivimos. “Es algo que no cabe en un tuit”, lamenta añadiendo que las explicaciones “tienen muchas capas y hay que quitarlas todas como la cebolla”. No es optimista con que el ciudadano esté dispuesto a pararse, escuchar y reflexionar: “Con la guerra y la crisis, la gente y la sociedad no están en este momento para sutilezas”.

¿Hacia dónde se dirige Madrid con estas políticas? ¿Cuál será su modelo de ciudad futuro? Ardura cree que “el proyecto de AZCA viene a constatar que el modelo del PP no es ser Copenhague ni París ni Berlín, sino el de un Londres postbrexit al estilo del de Boris Jonhson, desregulado totalmente y vendido al capital privado”. Para hacernos una idea, la experiencia de vivir hoy en la capital londinense la recordaba hace poco Pedro Bravo en este mismo periódico, en un artículo en el que analizaba los intentos de Almeida de parecerse a la City: “Cosas que son normales en la capital británica desde hace mucho tiempo: trabajar de dependiente o de camarero y tener que compartir no ya piso, sino habitación. Vivir en un cuchitril a un par de horas en transporte público de tu trabajo. Tener varias faenas y no llegar a fin de mes. No ver casi nunca a tus amigos o familiares. Estar solo, ser pobre, subsistir”.