La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía ha presumido de «cerrar chiringuitos» y ha criticado a los «activistas colocados en puestos de la administración», cuando el único precedente de Vox en un gobierno regional ha disparado el altos cargos y asesores.
La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, Macarena Olona, ha presumido durante la campaña electoral de los ‘logros’ conseguidos por el partido de Abascal en Castilla y León, único precedente en un gobierno regional.
Así, la alicantina arrancó el último debate televisivo citando al gobierno de Castilla y León y su anuncio de recortar 20 millones de euros a patronal y sindicatos. Ya se especula, incluso, si este anuncio, realizado a toda prisa en Valladolid, no se habrá producido precisamente para dar argumentos a Olona en su discurso de «cerrar todos los chiringuitos ideológicos».
La aspirante de la ultraderecha ha subrayado una y otra vez en campaña que Vox va a reducir los «gastos superfluos» si llega al Gobierno andaluz, pero no ha incidido en que precisamente su propia formación ha disparado el número de puestos y salarios en Castilla y León. De hecho, dio la callada por respuesta cuando Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) se lo echó en cara durante uno de los debates televisados.
El Ejecutivo castellano y leonés cuenta en esta legislatura con 99 altos cargos, por los 93 que había en la anterior legislatura, en la que gobernaba el PP con Ciudadanos. Esto provoca que, a pesar de tener el mismo número de consejerías, el presupuesto en salarios roce los 7 millones de euros (6,8 concretamente, aunque faltan tres puestos por asignar) por los 6,5 millones en retribuciones del Gobierno anterior de Mañueco e Igea.
Como ejemplo, antes de la llegada de Ciudadanos primero y Vox después al Ejecutivo regional, el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera en 2015 tuvo 78 altos cargos, que fueron 80 en su última legislatura.
Asesores a dedo
Pero además de los altos cargos, también se han disparado –curiosamente con la llegada de Vox al Gobierno– el gasto en personal eventual, que son los asesores nombrados a dedo para ocupar puestos en las consejerías. Éstos van desde jefes de prensa a exsenadores, pasando por exconcejales condenados por conducir ebrios o familiares de los políticos.
La partida presupuestaria que se acuerda cada año es la que determina la cantidad de asesores del Gobierno, por lo que en esta ocasión son 44 y ya se han cubierto todos. El gasto público para pagar sus salarios asciende a 1.921.363 euros. En las legislaturas anteriores, el presupuesto destinado a personal eventual no llegaba a los 800.000 euros (746.456 euros concretamente, según el Portal de Datos Abiertos de la Junta) y el del gobierno de coalición de PP y Cs llegó a los 1.596.965 euros en 2021.
Entre los asesores hay también familiares de políticos, como David Villanueva (con un sueldo de 42.549,36 euros), sobrino del exvicepresidente y consejero popular de la Junta Tomás Villanueva o Alberto Fernández (con el mismo sueldo asignado), hijo del exconsejero y expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago (PP).
A pesar de los datos, Vox ha lanzado en Castilla y León el mensaje de que ha reducido en un 20% la estructura de altos cargos. Lo que no recuerda al hacerlo es que el partido de la ultraderecha dirige esta legislatura tres consejerías y una vicepresidencia, mientras que sus antecesores en el gobierno de coalición, Ciudadanos en este caso, contaban con cuatro consejerías –más amplias por competencias que las actuales de Vox–, la vicepresidencia y la portavocía de la Junta.
Pero, además, la vicepresidencia de la Junta, que recae sobre Juan García-Gallardo, de Vox, no tiene por primera vez en la historia de la comunidad ninguna consejería asignada. Sin embargo, sí tiene un director de Gabinete y dos directores generales a su cargo.
El primero de ellos –un puesto de nueva creación– ha ido a parar a un familiar del vicepresidente, José María Barrio Gil-Fournier, con un sueldo asignado de 73.926,22 euros.
Otro familiar contratado por la Junta es el hermano del director general de Deportes, el político invidente Enrique Sánchez-Guijo. Esta contratación fue defendida por García-Gallardo como «asistente personal», pero lo cierto es que esta figura va ligada a la persona con discapacidad, no es personal eventual. «Si va a actuar como asistente personal, que no es para lo que se le ha contratado podría cometer un fraude de Ley, señor vicepresidente», decía la exvicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, en Twitter.
Olona, sin embargo, ha vuelto a presumir de los logros de su «querido Juan García-Gallardo» como ejemplo del cambio que ha realizado de Vox en Castilla y León al asegurar que «los abuelos, los hermanos, las parejas homosexuales» tendrán un minuto de silencio oficial en la comunidad «gracias a VOX». Y es que el partido de la ultraderecha aprovechó el asesinato machista de una mujer en Soria para asegurar que la Junta «recordará a todas las víctimas de violencia intrafamiliar sin distinción de género».
