Setenta y dos días desde que se convirtió en presidente del Partido Popular y 67 desde que se comprometió con Pedro Sánchez a renovar de forma «rápida» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es lo que ha tardado Alberto Núñez Feijóo en mostrarse aparentemente dispuesto a hacerlo.
Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, anunció este lunes que enviará al Gobierno antes de un mes su propuesta para renovar el (CGPJ) y otros órganos constitucionales. Eso sí, de nuevo, con condiciones: un pacto por una reforma amplia para «despolitizar» la Justicia.
Tiene que hacerse «todo a la vez», aseguran fuentes de la dirección nacional del PP, es decir, llegar a un acuerdo para el nombramiento de los nuevos vocales del gobierno de los jueces y pactar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por la carrera judicial y no por el Parlamento, como ocurre ahora.
Después de tres años y medio con el mandato del CGPJ caducado y ante la imposibilidad de renovarlo por la oposición expresa del PP, este anuncio ¿responde a una voluntad real del PP de Feijóo de cumplir por fin con el mandato constitucional de renovación del CGPJ o es una nueva estrategia para agotar la legislatura?
Ahora los populares se presentan como abanderados de la independencia judicial; parece que quieran lavar su imagen de obstaculizadores de la renovación de los órganos constitucionales. Según González Pons, «la situación ha llegado a tal extremo» que ya no basta con acatar la ley y renovar los órganos judiciales, sino que para ello exigen pactar una batería de reformas; un pacto cuyo contenido no explican más allá de que servirá para «despolitizar» la Justicia y que ha sido elaborado a través de las propuestas de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales.
Las últimas reformas del CGPJ son del PP
El sistema actual de elección de los vocales judiciales del CGPJ responde a la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PP. En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la ley, con la oposición de todos los grupos parlamentarios y de todas las asociaciones judiciales. Incumplió la promesa incluida en su programa electoral de cambiar el sistema de renovación del gobierno de los jueces para que fuera la carrera judicial la que eligiera a sus doce representantes judiciales.
En su lugar, reformó el sistema para que los candidatos pudieran presentarse con el aval de 25 miembros de la judicatura o de una asociación, y suprimió la dedicación exclusiva para los miembros del CGPJ, algo que fue calificado por la oposición como un «asalto al CGPJ».
La oposición clamó por los riesgos que implica para la independencia de los vocales el hecho de que tengan que compaginar su cargo con su función jurisdiccional o su profesión, salvo los de la comisión permanente; y advirtió de que ese «debilitamiento» del CGPJ se producía en el momento en el que los jueces eran «beligerantes» contra «determinadas políticas del Gobierno».
La anterior reforma, de 2001, también fue impulsada por el PP, aunque en aquel caso contó con el apoyo del PSOE; establecía que los vocales judiciales del CGPJ debían ser seleccionados entre una lista de un máximo de 36 candidatos propuestos o bien por las asociaciones de jueces y juezas, o bien deberían contar con el aval al menos el 2% de jueces y magistrados del total en activo. Con la reforma del 2013 perdieron poder las asociaciones en favor de los jueces no asociados.
En la actualidad, desde 1985, son las Cortes las que eligen por mayoría de tres quintos a los veinte vocales del CGPJ: el Congreso designa a cuatro juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional y a otros seis correspondientes al turno judicial, y el Senado, a otros tantos.
«El interés que siempre ha tenido el PP por el CGPJ se demuestra
en el hecho de que las dos reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 1985 sean fruto de su actividad«, dice Edmundo Rodríguez Achutegui, integrante del secretariado de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD), la única asociación judicial de tendencia progresista, y añade: «El PP ha demostrado avidez en intervenir en el Consejo».
Bloqueos con el PP en la oposición
Si desde 2001 los vocales judiciales del CGPJ son preseleccionados por la propia carrera judicial, ¿por qué tanto interés por parte del PP en presentarse, cuando ya no está en el Gobierno, como el baluarte de la independencia judicial a la que supuestamente contribuiría una elección de esos vocales por los jueces sin pasar por el Parlamento?
De las seis veces que se ha renovado el CGPJ desde 1980, en tres ocasiones se ha retrasado su renovación por desacuerdo entre el PP y el PSOE; casualmente estando el PP en la oposición: en 1996, ocho meses después de que expirara el mandato; en 2008, un año y diez meses después del fin del mandato; y en la actualidad, cuando lleva caducado desde diciembre de 2018.
Desde las cuatro asociaciones judiciales indican a este diario un mismo dato: cuando el PP está en el Gobierno no cumple las promesas relacionadas con la Justicia. Así lo cree el juez Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda con más asociados: «El PP, cuando sacó mayoría absoluta Rajoy, llevaba en el programa cambiar al sistema y volver al de 1980 [los vocales judiciales eran elegidos por los jueces], pero hicieron lo contrario».
Lo que quieren las asociaciones
El portavoz de AJFV indica que su asociación se ha reunido con Cuca Gamarra y con Esteban González Pons y les ha trasmitido la «urgencia» en renovar el CGPJ y después afrontar una reforma en el sistema de elección de los vocales judiciales. «Les hemos dicho que el presidente del CGPJ no puede ser elegido por los partidos, como viene ocurriendo», dice Fernández Vaquero, que explica que su asociación también ha hablado con cargos del PSOE, empezando con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y con Llanos Castellanos, secretaria de Justicia de la Ejecutiva Socialista. «Estoy seguro de que hay un punto de encuentro y que el PSOE entiende que ha llegado el momento de abordar la reforma», dice.
Para la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), el sistema actual de designación por el Parlamento de los vocales judiciales es «democrático». «No nos cerramos a los cambios siempre que sean para avanzar en más transparencia», dice el magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui, integrante del secretariado de JJpD, que además desvela que «lo primero que le dijimos al PP cuando nos reunimos con Cuca Gamarra y González Pons es que no se puede pactar el nombre del presidente del CGPJ y planteamos que fuera por primera vez una mujer».
«Es necesario que los candidatos a ser vocales del CGPJ se presenten a la ciudadanía, defiendan su programa en el Parlamento; es necesaria una mayor claridad y compromiso con la sociedad», sostiene Rodríguez Achútegui en referencia a que la soberanía popular es la titular del Poder Judicial.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, aseguran que trasladaron el pasado mes de mayo al PP la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que sean los jueces los que elijan a los vocales judiciales del CGPJ, una reivindicación que encuentra en el partido de Feijóo su mejor aliado. Aunque no ocurre así en el Congreso de los Diputados, que tumbó en septiembre de 2021 la propuesta del PP en este sentido.
La APM reivindica la «la necesidad de regular las puertas giratorias» para que no se pueda «dar el salto» de la política a la Justicia y viceversa. Su presidenta, la jueza María Jesús del Barco, señala que la situación actual de bloqueo «es la constatación» de que la LOPJ «no protege al sistema judicial de los intereses partidistas».
Por su parte, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, indica que trasladaron al PP «la necesidad de objetivar los nombramientos», en referencia a que primen los méritos de los candidatos. Según Portillo, el PP les mostró su compromiso con estas exigencias. «El PP pudo hacerlo [cambiar el sistema] y no lo hizo por intereses políticos cuando tuvieron mayoría absoluta.
