Andalucía cuenta con 11 de los 15 barrios más pobres de España, el 35% de la población andaluza está en riesgo de exclusión social y el turismo representa el 15% del empleo. Hablamos con diferentes testimonios sobre la precariedad en el campo, la estacionalidad en el turismo y la falta de oportunidades: la combinación letal que empobrece a los andaluces.
Categoría: Partidos políticos
La Base #73: Periodismo neutral y otros animales mitológicos
Hoy La Base de Público analiza el debate sobre el papel político del periodismo. Un debate surgido este fin de semana a raíz de la entrevista que dio la periodista María Ramírez en el diario El Mundo.
Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin, que no esconden sus ideas pero cada día trabajan con rigor y datos veraces, entienden que la orientación política e ideológica del trabajo periodístico no solo es legítima, es incluso recomendable para hacer un trabajo de calidad.
En la tertulia de la Base de Público contamos con los periodistas Juan Tortosa, Gara Santana y el chileno Marcos Ortiz, director de ‘Ojo del Medio.
Y como punto final, ‘Placeres culpables’ con Anita Fuentes. Una sección dedicada hoy al periodismo en el que hacemos un repaso a clásicos como «Todos los hombres del presidente», «Buenas noches y buena suerte» y «Spotlight».
El delirante discurso de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni en apoyo a Vox alucina a los tuiteros: «Ya ni se molestan en disimular»
Ya se veía en las últimas semanas que a la candidata de extrema derecha a las elecciones andaluzas, Macarena Olona, se le estaba poniendo cara de Giorgia Meloni. Este fin de semana, ya sin disimulos, la ultraderechista de Fratelli d’Italia participó en un mitin de Vox junto a Macarena Olona y Santiago Abascal, donde dejó un discurso ultra de manual, cargando contra los migrantes, las feministas, el colectivo LGTBI, el aborto y Europa.
En un momento en que los ciudadanos sufren los efectos de la crisis (pero Vox vota contra las mejoras para trabajadores y pensionistas) y los precios de la electricidad y el gas están por las nubes (pero Vox se abstiene cuando se propone topar los precios), Meloni levantó los aplausos entre los fans de esta formación volviendo recuperar los habituales delirios de ultraderecha y sus clásicos fantasmas para asustar a incautos.
Un discurso que a muchos les ha recordado a lo mismo, tanto en el contenido como en la forma (a gritos).
Pero, ¿quién es esta señora que vocifera de una forma tan desagradable? Pues algunos lo han tratado de explicar.
Con Vox pudiendo entrar en en el Gobierno andaluz de la mano del Partido Popular, como ya ha sucedido en Castilla y León, ver a Vox de colegas con un personaje como Meloni ha hecho a los tuiteros considerar que en este partido ya van sin careta alguna. Las reacciones a este inesperado (o más bien no) apoyo, ha dejado decenas de reacciones de repulsa en las redes:
Pablo Iglesias SOLTANDO VERDADES como PUÑOS: FERRERAS, VICENTE VALLÉS, ZANCAJO…
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RESPONDO al «PERIODISTA» VICENTE VALLÉS por lo que dijo sobre YOLANDA DÍAZ en DIRECTO
El presentador de las noches de ‘Antena 3 Noticias’ ha provocado que las redes ardan al hablar de esta manera el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz
Vicente Vallés, presentador de ‘Antena 3 Noticias’, ha saltado a la palestra de Twitter por hacer unas declaraciones sobre el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz que muchos usuarios de esta red social no han pasado por alto.
El presentador de ‘Antena 3 Noticias’ empezaba: «Dice Yolanda Díaz que tenemos que querernos un poco, que está muy contenta, que tiene optimismo y esperanza. Es una referencia implícita a la compleja relación que la vicepresidenta tiene, por ejemplo, con Podemos y que se ha tensado bastante últimamente».
Vicente Vallés, en ‘Antena 3 Noticias’
«Díaz apenas ha contado con el partido y se ha acercado a Íñigo Errejón, que es un enemigo declarado de ‘Podemos’ desde que se escindió», seguía el periodista.
Vicente Vallés, en ‘Antena 3 Noticias’
Y llegamos al punto clave que ha hecho saltar por los aires de nuevo al universo de Twitter. Vicente Vallés escogía estas palabras minuciosamente para definir el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz: «Ahora Yolanda Díaz pretende que los muchos grupos y subgrupos políticos de la extrema izquierda vayan juntos liderados por ella«.
Eurodiputado propone “regalar” armas nucleares a Ucrania ante Rusia
Si bien Rusia ha reiterado que no usará armas nucleares contra Ucrania, un eurodiputado plantea “regalar” ojivas nucleares a Kiev para “defender” su soberanía.
“Como se sabe, Ucrania cedió su potencial nuclear tras la suscripción del Memorándum de Budapest en 1994. Hoy, los rusos y algunos más dicen que no eran garantías, pero todo el mundo entendía en aquel entonces que Ucrania sería un país independiente dentro de las fronteras establecidas desde la época soviética”, señaló el sábado Radoslaw Sikorski, diputado polaco del Parlamento de la Unión Europea (UE), quien también se desempeñó como canciller (2007-2014) y presidente del Parlamento de su país (2014-2015).
Durante una entrevista con el canal ucraniano de televisión Espreso TV, Sikorski acusó a Rusia de violar el Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad, considerando que “Occidente tendría derecho a regalar a Ucrania ojivas nucleares para defender su independencia”.
Este domingo, Sikorski ha reiterado su posición, acusando al presidente ruso, Vladimir Putin, de amenazar a Ucrania con armas nucleares y argumentado que Occidente debe “disuadirlo”. Esto, mientras que Rusia ha dejado claro en repetidas ocasiones que no tiene la intención de utilizar dichas armas en Ucrania.
Moscú acusa a políticos polacos de poner en vilo el planeta
Por su parte, la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova, ha condenado este mismo domingo la sugerencia formulada por Sikorski de “regalar” a Kiev ojivas nucleares, acusando a los políticos polacos de “mostrar ideologías extremistas, difundir el odio, desencadenar conflictos y amenazar al planeta vulnerando el Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear.
“Pero, lo más importante es que ponen en peligro al pueblo polaco, arrastrándolo a un reparto nuclear del mundo”, ha señalado Zajárova en Telegram.
El Memorándum de Budapest fue firmado por Ucrania, Rusia, EE.UU. y el Reino Unido el 5 de diciembre de 1994, el cual ofrecía garantías de seguridad con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.
De hecho, tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Ucrania heredó el tercer arsenal nuclear más grande después de EE.UU. y Rusia. Pero, tras firmar el tratado, Ucrania lo destruyó. A posteriori, Moscú, Washington y Londres se comprometieron a garantizar su seguridad.
Mientras tanto, el pasado febrero, días antes del inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, amenazó con reconsiderar la renuncia de Kiev a la posesión de armas nucleares.
Moscú, a su vez, dijo en febrero que el Memorándum de Budapest iba acompañado de una declaración, firmada también por Francia —que no era garante de seguridad—, en la que se requería que todos los firmantes se abstuvieran de violar los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), inclusive el principio de respetar los derechos de minorías étnicas, obligación que Ucrania venía ignorando desde 2014.
‘Agencias de ONU obstruyen a países que no aceptan líneas de EEUU’
Un experto enfatiza que las agencias internacionales vinculadas a la ONU ponen problemas a los países que no quiera aceptar las líneas que marca EE.UU.
“Yo creo que el punto principal no es realmente que Irán tenga algún problema en sus instalaciones, en su conducta o lo que está haciendo. Lo que está sucediendo es desde que empezaron las actividades globalistas por parte de los lobbies [sionistas] en Estados Unidos, actuando primero con la gran pandemia de COVID-19, y después provocando la guerra de Ucrania”, aseguró el analista político José Antonio Alcaide en una entrevista concedida el domingo a HispanTV.
El experto afirmó que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) no es un organismo independiente, como lo debería ser, sino que acata las órdenes de EE.UU., contrario a su compromiso de trabajar para impulsar el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares.
“La agencia de seguridad nuclear y otras agencias internacionales, todas relacionadas a la ONU, están poniendo todo tipo de trabas y problemas a cualquier pequeño país que no quiera aceptar la línea que marca EE.UU., es decir, aquí no hay ningún problema con Irán, simplemente Estados Unidos está haciendo lo imposible para complicar la vida a todos los países que no quieran entrar en sus líneas de acción”, detalló.
Los comentarios de Alcaide se produjeron en medio de la escalada de tensiones sobre el programa nuclear iraní con fines pacíficos. El miércoles, la Junta de Gobernadores de la AIEA adoptó una resolución contra Irán, sobre la base de un informe del director general de la Agencia, Rafael Grossi, que acusa a Teherán de no haber proporcionado las respuestas “técnicamente creíbles” a las cuestiones de la organización sobre el hallazgo de “material nuclear en tres sitios en el país”.
Irán rechazó todas las acusaciones en su contra, antes de describir la resolución como “política y sesgada”. Denunció que la Agencia había utilizado “falsas informaciones” proporcionadas por el régimen de Israel para elaborar su último informe, lo que contradice las normas y los reglamentos de la AIEA.
La resolución fue aprobada con 30 votos positivos, dos en contra —Rusia y China— y tres abstenciones —Libia, Paquistán y La India— y, pese a advertencias de Moscú, Pekín y Teherán, de que tal acción pondría en riesgo todos los esfuerzos diplomáticos destinados a levantar sanciones de EE.UU. contra el país persa, y con ello, reactivar el acuerdo nuclear de 2015.
La medida fue adoptada, mientras que la misma AIEA había confirmado una y otra vez la plena cooperación del país persa con el ente, asegurando que no observó ninguna desviación en las actividades nucleares de la República Islámica.
Histórico acuerdo de las izquierdas en Francia
Esta iniciativa cumple los anhelos de la izquierda militante que, sondeo tras sondeo, exige una unión. El partido socialista francés se suma al movimiento de unidad encabezado por Jean-Luc Mélenchon.
Entre lágrimas, rencores y esperanzas se jugó el destino del Partido Socialista (PS) francés y por ende, de la misma izquierda francesa. El jueves 5 de abril, el Consejo Nacional del PS adoptó por un 62% de los votos el acuerdo con el movimiento de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon para formar, junto al Partido Comunista y los ecologistas, la «Nueva Unión Popular Ecológica y Social» (Nupes). Esta estructura une a todas las izquierdas menos al Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) bajo el impulso de Mélenchon con el objetivo de proponer una alternativa a la presidencia de Emmanuel Macron de cara a las elecciones legislativas del próximo junio.
La unión puede ser para el Partido Socialista o el último clavo sobre su ataúd, o su renacimiento
El pacto conlleva tres dimensiones: para la izquierda se trata de un hecho histórico; para Jean-Luc Mélenchon de la consagración de una estrategia de largo aliento y para el Partido Socialista de una apuesta cuyo sentido está por definirse. La unión con Francia Insumisa puede ser el último clavo sobre el ataúd del socialismo francés o el estrecho camino de un renacimiento después de años en los que el PS prefirió ser un aliado del liberalismo globalizado en vez de ser el «partido de la transformación social» y la solidaridad soñado por su fundador, Jean Jaurés, a principios del Siglo XX.
Emmanuel Macron, un invento del socialismo
Tal vez no haya prueba más cruel de la inconsistencia y los derroteros del PS que las dos victorias presidenciales de Emmanuel Macron, en 2017 y 2022. El actual presidente no es un invento de la derecha sino del socialismo. Las narrativas de la izquierda barren hacia fuera porque les conviene decir que el responsable es su adversario; pero no es así. El jefe del Estado es un genuino producto de las traiciones socialistas. Macron fue ministro de Economía del último presidente socialista de Francia, François Hollande. Surgió en ese medio y luego ascendió en 2017 al poder con el respaldo de muchos votantes socialistas y mediante una alianza integrada por dirigentes del PS.
La Nueva Unión Popular Ecológica y Social tiene un impacto considerable en una configuración política donde la oposición tradicional representada por los dos partidos institucionales de derecha y de izquierda, el PS y Los Republicanos, había desaparecido para ser reemplazada por la extrema derecha de Marine Le Pen. Esto explica en gran parte la ausencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, de los dos partidos que protagonizaron la alternancia en los últimos 50 años.
Con Marine Le Pen como candidata, la ultraderecha ocupó el lugar de socialistas y republicanos
Con Marine Le Pen como candidata, la ultraderecha ocupó el lugar de socialistas y republicanos. La desunión caricaturesca de la izquierda en las pasadas elecciones presidenciales de abril de 2022, aportó un ingrediente de legitimidad suplementaria a una extrema derecha que prosperó en el vacío dejado por el ocaso de los partidos tradicionales.
Mélenchon se ganó un lugar al frente de la Nueva Unión
Sin embargo, Mélenchon nunca abandonó su marcha por la izquierda. Empujó la locomotora desde el ala más radical de la izquierda y, en 2022, apostó por una nueva candidatura presidencial que lo dejó a muy pocos metros de pasar a la segunda vuelta, 21,95% frente al 23,15% de Marine Le Pen. Ese más del 20% de los votos puso a Francia Insumisa como el eje en torno al cual se iba a articular la izquierda futura. Europa Ecología Los Verdes (EELV) y el Partido Comunista fueron los primeros en adherirse a la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, mientras que el PS tardó unos días más en aceptar lo inevitable: o la unión, o la desaparición.
«Los votantes nos abandonaron porque piensan que ya no tenemos nada más que decir», señala Olivier Faure
Su resultado en las últimas elecciones presidenciales, 1,7%, convirtió al partido en una suerte de cenáculo confidencial. En el discurso que pronunció ante el Consejo Nacional el Primer Secretario del PS, Olivier Faure, reconoció el desierto electoral en el que cayó el PS: «Los votantes nos abandonaron porque piensan que ya no tenemos nada que decir, ni nada más para transformar».
La «aventura común» con las demás izquierdas no está exenta de rarezas. No hay, por ejemplo, nada más alejado de la filosofía socialista que el concepto de «izquierda de ruptura» propuesto por Mélenchon. Además, Francia Insumisa está movida por una oposición a los criterios de la Unión Europea y los socialistas (con los ecologistas) son fervientes adeptos del modelo actual. Sin embargo, entre la nada y una posibilidad, el PS se resignó a lo posible y, en lo que atañe a Europa, aceptó lo que plantea el pacto, o sea, «no respetar ciertas reglas» fijadas por la Unión Europea.
Una opción a la izquierda
La introducción de una alternativa al poder actual que no sea la de la ultraderecha es ya, en sí, todo un logro. La pobreza de la oferta política era tal que esta iniciativa viene a llenar una amplia expectativa y a cumplir, a la vez, con los anhelos de la militancia de izquierda que, desde hace años, sondeo tras sondeo, exige una unión. «No somos irreconciliables, estamos demostrando que somos conciliables», resaltó Faure.
Antes de la actual unión, la izquierda plural ya había alcanzado más éxitos con una dinámica semejante
Al socialismo, profundamente dividido, le hicieron falta más días y un voto final que recompone la figura roja-verde-rosa (la izquierda plural) que gobernó Francia entre 1997 y 2002. Fue la última vez que las izquierdas lo hicieron juntas. Antes, habían protagonizado éxitos con una dinámica semejante: el Frente Popular en 1936, el Programa Común de 1972 que condujo luego a la unión de la izquierda en 1981 y a la victoria, en mayo de 1981, del socialista François Mitterrand. En este siglo XXI, muchos socialistas consideraron el pacto contraproducente y humillante como si el PS todavía fuera el partido dominante de hace unas décadas y no ese terreno baldío en que se ha convertido.
No todos aceptaron el pacto
La aprobación del pacto con Mélenchon ha abierto un frente detractor dentro de los escombros del viejo PS. Varias figuras han propuesto el mantenimiento de candidaturas disidentes para las legislativas de junio. El exprimer ministro socialista, Bernard Cazeneuve, abandonó el partido mientras que uno de los jefes de Gobierno de la presidencia de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, dijo que el acuerdo era una «chapuza».
François Hollande, el emperador socialista que marcó el ocaso final del PS, «rechazó» el acuerdo mientras que la presidenta de Occitania, Carole Delga, votó en contra y decidió optar por sus propios candidatos para las legislativas del mes que viene. La antigua primera secretaria del PS y autora de la ley sobre las 35 horas semanales de trabajo, Martine Aubry, ha respaldado el pacto pese a sus declaradas «profundas reservas».
Francia Insumisa dirige la orquesta de las izquierdas
Hay mar revuelto y caos dentro del PS. Una fractura histórica clarifica las ambigüedades de una formación que nada tiene que ver con los valores que profesa y que, desde ahora, ya no tiene el porvenir entre sus manos. Francia Insumisa dirige la orquesta: comunistas, ecologistas y socialistas ejecutan la melodía que dibuja la batuta de Jean-Luc Mélenchon.
Por primera vez desde 1997, las izquierdas irán juntas a una consulta legislativa. 15 años después de haber dejado el Partido Socialista (2008) con la idea principal de que era necesario «inventar otra izquierda», Mélenchon ve su proyecto realizado. Es, además, la primera vez que un sector opositor del socialismo situado más a la izquierda que el PS devora al partido y se convierte, desde una propuesta más radical, en el centro de gravedad de la reconfiguración.
Mélenchon mantuvo la antorcha
La historia de Mélenchon tiene una trayectoria tan polémica como límpida. Una flecha girando hacia el mismo blanco. En 2008, cuando dejó el PS, Mélenchon fundó el Partido de Izquierda. En 2009 integró el Frente de Izquierda junto a los comunistas y otros partidos y con él fue electo dos veces diputado europeo (2009 y 2014), también participó en la elección presidencial de 2012, donde terminó cuarto con el 11,10% de los votos.
Inspirado en los movimientos sociales y políticos de América Latina, Mélenchon fundó Francia Insumisa
En 2016, Mélenchon, inspirado en los movimientos sociales y políticos de América Latina (Argentina, Ecuador, México) fundó Francia Insumisa (LFI). Esa izquierda de ruptura, le permitió participar una vez más en una elección presidencial en 2017. Quedó en cuarto lugar con el 19,58% y en junio de ese mismo año, fue electo como diputado. Volvió a la apuesta presidencial en 2022, donde ha conseguido casi el doble de los votos que en 2012, 21,95%, y ganó un tercer puesto detrás del presidente Macron y la ultraderechista Le Pen.
Desde que fuera militante trotskista en la década de los 70, cuando era conocido con el seudónimo de Santerre, pasando por las tres candidaturas presidenciales hasta nuestros días, centro de rearticulación de las izquierdas, han transcurrido años y catástrofes sin que Mélenchon renegara de errores o fracasos.
Falta mucho para saber qué ocurrirá en junio, pero ya hay un zócalo progresista. Incluso quienes no soportan a Mélenchon empiezan a soñar con que, gracias a esta Nueva Unión Popular Ecológica y Social, desaparecerá la exclusividad de la extrema derecha como fuerza principal de oposición y en su lugar se abrirá, al fin, una perspectiva social y política decente.
La televisión gallega del PP acumula en 17 años cerca de 400 sentencias por burlar derechos fundamentales y laborales
La Corporación da Radio e Televisión de Galicia que Feijóo gestionó durante trece años se enfrenta en los tribunales a otras 230 demandas por contrataciones irregulares, despidos ilegales, reclamaciones de cantidades y persecución laboral.
La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), la empresa pública propietaria de la Televisión de Galicia (TVG) y la Radio Galega (RG), acumula en los últimos diecisiete años cerca de 400 sentencias en contra por vulneración de derechos laborales y fundamentales de sus trabajadores, que estos relacionan con la manipulación de la línea editorial de los medios públicos para ponerlos al servicio de los intereses del Partido Popular.
La gran mayoría de sentencias se han publicado bajo el mandato de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general del ente desde que Alberto Núñez Feijóo accedió al poder en el 2009, y quien a pesar del cúmulo de decisiones judiciales que ponen en duda la idoneidad de su gestión y la de su equipo sigue hoy en el cargo con Alfonso Rueda al frente del Ejecutivo autonómico.
Según los trabajadores, la vulneración sistemática de sus derechos se mantiene desde hace casi dos décadas, pese a la recurrente constatación judicial de las ilegalidades de la estrategia laboral de la dirección. En la actualidad, aseguran, hay cerca de otros 230 procedimientos judiciales en marcha en manos de los jueces de lo Social por diversos motivos, desde reclamaciones de cantidades y atrasos hasta demandas por despidos nulos o improcedentes, de fijeza o indefinidad o de discriminación por razón de sexo o motivos ideológicos.
«Es la estrategia de la dejadez, basada en la creencia de que el dinero público lo soporta todo», apunta Matías Movilla, abogado laboralista socio del despacho Vento Abogados y Asesores, que ha ganado a la CRTVG centenares de casos. Y no se trata de una exageración coloquial. El primero fue en 2005, cuando consiguió que un juez declarara que la contratación de un trabajador de la delegación de Vigo a través de una productora privada era una cesión ilegal, lo que provocó una cascada de sentencias favorables a otros empleados en situación similar en todas las delegaciones. Sólo en su despacho lograron más de cien sentencias favorables en pocos años.
Más tarde, Movilla empezó a llevar casos de trabajadores de la sede central de la CRTVG en San Marcos, cerca de Santiago, que habían sido contratados irregularmente a través de empresas de trabajo temporal. «Alguno incluso era el director de un informativo«, recuerda. Ganaron otros dos centenares largos de procedimientos.
Movilla cree que la dirección de la CRTVG utiliza la precarización de las condiciones laborales y la judicialización permanente de las relaciones con los trabajadores como «estrategia del miedo» para laminar las críticas por la manipulación informativa y arrinconar no sólo a los periodistas díscolos, sino a cualquier empleado que ose ponerla en cuestión. «Sin la dedicación, la generosidad y la solidaridad sindical de algunos trabajadores habría sido imposible conseguir que los jueces revertieran muchas de las situaciones que hemos denunciado», concluye.
«Las prácticas de la dirección no se justifican en ninguna administración pública, y probablemente tampoco serían admisibles en ninguna empresa privada«, lamenta Raquel Lema, delegada de la Confederación Unitaria de Traballadoras (CUT), el sindicato mayoritario en la compañía. «Han establecido un sistema de relaciones laborales basadas en el miedo que ha terminado por conformar un entorno tóxico con un enorme riesgo para la salud psicosocial de la empresa», advierte.
Según Lema, mucho más de la mitad de la plantilla, entre el 60% y el 70% de las 912 personas que la componen, han tenido que acudir en algún momento a los tribunales para reclamar sus derechos. La gran mayoría han ganado, aunque asumiendo el enorme coste personal y profesional que supone enfrentarse durante años a un empleador que tiene a su disposición todos los medios necesarios, costeados con el presupuesto público, para eternizar los casos recurriendo sentencias de instancia en instancia hasta el último peldaño del procedimiento.
Sólo en el último año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado en al menos dieciocho ocasiones a favor de los trabajadores y en contra de la CRTVG, a la que ha condenado por acosar a periodistas, reventar huelgas, contratar trabadores de forma irregular, despedirles ilegalmente o mantenerles en condiciones precarias.
Uno de los últimos casos se ha resuelto a favor de Carlos Jiménez, locutor de la Radio Galega expedientado y sancionado ilegalmente como represalia por apoyar a Defende a Galega, la plataforma de trabajadores que se movilizan todos los viernes desde hace cuatro años para defender la libertad de prensa y denunciar las presiones políticas y la manipulación. Así lo ha declarado probado el TSXG, que ha ratificado en su integridad la sentencia del juez que le dio la razón en primera instancia.
Vinculado a la empresa desde 1993, Jiménez cuenta con otras quince sentencias favorables en las demandas que ha tenido que ir interponiendo para que los jueces obligaran a la empresa a respetar y cumplir con él las condiciones de trabajo y salariales más esenciales, después de lustros de mantenerle en precario mediante contratos temporales que llegaban a durar sólo medio día. «Quienes nos significamos contra la manipulación o en defensa de los derechos laborales lo hacemos porque defendemos a esta empresa, por más que la dirección quiera hacer ver lo contrario», asegura.
En 2019, el movimiento Defende a Galega ganó el premio a la libertad de expresión José Couso que concede cada año el Colexio de Xornalistas de Galicia. Según los trabajadores, la TVG censuró la noticia, que sí había recogido siempre en ediciones anteriores del premio, y la dirección prohibió que se emitiera en los informativos la pieza sobre el tema que ya había sido montada.
Otra sentencia reciente es la que afecta a la periodista Andrea de Francisco. El pasado 2 de marzo, los jueces del TSXG condenaron a la TVG por haberla discriminado por ser mujer al negarle el derecho a conciliar su horario laboral con el cuidado de sus dos hijas, de año y medio y cuatro años de edad. Además de ese caso, que la empresa ha recurrido, De Francisco mantiene otros dos litigios con la compañía: una demanda de vulneración de derechos porque la dirección de Sánchez Izquierdo se negó a reconocer que ella tenía el deber inexcusable de cuidar de sus niñas cuando las cuarentenas de la pandemia obligaron a que se quedaran en casa, y otro para que la consideren fija en su puesto después de veinticuatro años de ocuparlo en precario.
«Es una táctica constante desde hace dos décadas: te niegan los derechos más elementales y te dicen que vayas a los tribunales a reclamarlos. Y aunque pierdan juicios uno tras otro, ellos ni se inmutan. Siguen recurriendo y manteniéndote en una situación inestable y complicada desde el punto de vista personal y profesional», explica.
La gestión de Sánchez Izquierdo incluye cientos de casos individuales como los anteriores, pero Raquel Lema recuerda que hay otros de carácter colectivo que la empresa también ha perdido o que, en su opinión, está en vías de perder.
El pasado 7 de junio, el TSXG dio a la CRTVG un mes de plazo para negociar con las trabajadoras y alcanzar un acuerdo después de que la CUT denunciara que durante la huelga del pasado 28 de octubre se habían emitido contenidos enlatados como si fueran del día, incluyendo locuciones y videos de periodistas y presentadores que habían secundado el paro pero que, de esa forma, aparecían en público como si no lo hubieran hecho.
Público ha podido constatar el malestar que existe en el ámbito jurídico por la negativa de la CRTVG a modificar su estrategia laboral. De hecho, en el caso anterior los responsables del tribunal recordaron a los de la empresa las recientes sentencias sobre violación de derechos en casos individuales, como el de Jiménez, y también en varios procesos colectivos.
No es la primera vez que la CRTVG y la Xunta del PP han sido condenadas por vulnerar el derecho de huelga en los medios públicos. En dos ocasiones en los últimos años, el TSXG ha considerado que la dirección intentó reventar las jornadas feministas del 8M con servicios mínimos abusivos y sustituyendo por profesionales varones a las presentadoras de informativos que se sumaron a las protestas.
Esas sentencias parecen tener un efecto ejemplarizante limitado, dado que la dirección de Sánchez Izquierdo sigue reincidiendo en la misma táctica, actuando como si los jueces no existieran. En abril pasado, y ante otra convocatoria de huelga, el entonces vicepresidente Rueda, a quien competía firmar los servicios mínimos en la administración autonómica, estableció que los cuatro informativos diarios de la TVG debían emitirse sí o sí, fuera cual fuera el seguimiento de la huelga y con un mínimo de 112 periodistas obligados a cubrir sus puestos.
Los trabajadores también han ganado otro procedimiento colectivo que condena a la CRTVG a incrementar todos los conceptos de su nómina cuando les encomienda tareas de mayor responsabilidad, escudándose en la movilidad funcional. Pero la empresa se niega a pagarles, por lo que a día de hoy hay en los tribunales otras 25 demandas de reclamación de cantidades, que se suman a las 187 de reclamación de fijeza en el puesto de trabajo, y a otro medio centenar por despidos ilegales y demandas de indefinidad.
La dirección de Sánchez Izquierdo también ha tenido conflictos por no cumplir con la Seguridad Social. En 2016, reconoció haber pagado cotizaciones por sus empleados inferiores a las que debía, con la consecuente rebaja en las prestaciones sociales que éstos recibían por enfermedad, maternidad, jubilación… El director general las cuantificó en 1,6 millones de euros y las calificó de «insignificantes», pero los trabajadores aseguran que la cantidad que la empresa tuvo que devolverles se eleva a más de cuatro millones.
La oposición pidió entonces el cese del director general, pero él se negó a dimitir y Feijóo lo mantuvo en el cargo. En la actualidad, la CRTVG mantiene otro litigio con la Agencia Tributaria, que le reclama más de 10 millones de euros por liquidaciones irregulares del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en los últimos siete años.
Público ha intentado hablar con el director general o con algún portavoz de la corporación que pudiera exponer la opinión de la empresa sobre las casi 400 sentencias judiciales que ponen en duda la legalidad de su política laboral. Pero la compañía se ha limitado a responder que «no tiene declaraciones que hacer» sobre ese tema ni sobre las acusaciones sindicales.
La CRTVG tampoco ha aclarado si prevé recurrir la condena por perseguir a Carlos Jiménez por cuestiones ideológicas o adoptar alguna medida contra los directivos responsables de la misma, ni ha facilitado las cifras sobre el coste que han supuesto los procedimientos judiciales desde el 2005 y los atrasos, salarios de tramitación e indemnizaciones por despido y por daños morales que ha tenido que abonar como consecuencia de las condenas judiciales en firme.
Lo cierto es que la Corporación sí contempla esos gastos en sus balances. Según la última memoria de cuentas anuales, la provisión anual para cubrir la «liquidación de reclamaciones retributivas del personal propio derivadas de sentencias» ascendió a más de 1,25 millones de euros en 2019 y a más de 1,86 millones en 2020.
La CRTVG tiene un presupuesto anual de 121,6 millones de euros, de los cuales apenas 6,3 millones corresponden a ingresos por publicidad y operaciones comerciales. El 94%, es decir más de 114 millones, procede de las subvenciones directas de los presupuestos de la Xunta. Según el portal de Transparencia de la Administración autonómica, Sánchez Izquierdo cobra un salario anual de 92.333.10 euros anuales. Según la memoria de cuentas anuales de la CRTVG, la TVG tuvo una cuota de audiencia media del 9,9% en 2020, y la Radio Galega, 200.000 oyentes diarios.
Arranca el juicio del ‘caso Cursach’, la mayor trama mafiosa con tentáculos policiales y políticos de Baleares
La vista oral llega, nueve años después de comenzar la investigación, con el cambio de criterio de la Fiscalía, que ya no acusa de cohecho al magnate de la noche mallorquina. Junto a él se sientan en el banquillo, cuatro colaboradores, cuatro funcionarios y 15 agentes de policía, acusados estar a sueldo del ‘capo’ Cursach para perjudicar los negocios de la competencia.
Arranca, nueve años después de que comenzara la investigación, el juicio por la pieza principal del caso Cursach, que versa sobre los presuntos sobornos por parte del magnate del ocio mallorquín, Bartolomé Tolo Cursach, a agentes de las Policías Locales de Palma de Mallorca y Calvià para favorecer a los establecimientos de su emporio frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016.
En líneas generales, esta es la síntesis de los hechos que se juzgarán a partir del próximo lunes, 13 de junio, en la Audiencia de Palma. Un proceso con 24 encausados que se alargará casi 150 jornadas. Sin embargo, detrás de la simple descripción existe un enrevesado conglomerado delictivo, una mafia con tentáculos policiales, políticos y empresariales que Público sacó a la luz en una serie de exclusivas a cargo del periodista Carlos Enrique Bayo que diseccionan magistralmente los entresijos de 15 años de impunidad de la mafia de Cursach.
Hace escasos días, la Fiscalía hizo llegar a la Audiencia de Palma una nueva versión de su escrito de acusación con una tesis mucho más favorable para la mayor parte de los procesados. En 2018 pedía ocho años y medio para el presidente del Grupo Cursach por diversos ilícitos. Ahora elimina el presunto delito de cohecho para la inmensa mayoría de los acusados. Esto se traduce en un rebaja considerable de las peticiones de cárcel.
Sorprendente cambio de tesis
Así, para el líder de la trama ahora los fiscales piden un año y seis meses por presunta pertenencia a organización criminal; una rebaja de siete años. Lo mismo para sus más cercanos colaboradores. Llama la atención la eliminación del eje central de la acusación fiscal, es decir, el delito de cohecho, ya que en 2018 la Fiscalía consideraba que desde el año 2000 hasta 2016, los gestores del Grupo Cursach «dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionaros públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo».
Ahora los fiscales han sustituido para Cursach y los suyos el presunto cohecho por la «inducción de la prevaricación administrativa» perpetrada por otros acusados. Sin embargo, los cuatro funcionarios y políticos que se sentarán en el banquillo cuentan sorpresivamente con el favor de la Fiscalía, que pide su absolución. Se trata de Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo, y Bernardí Seguí, otro cargo de Turismo para los que los fiscales pedían antes 10 años de inhabilitación. Para Julián Garau, funcionario del Ayuntamiento de Palma, y Jaime Nadal, del consistorio de Calvià ahora la Fiscalía solicita su absolución cuando antes pedía para cada uno cuatro años y seis meses de cárcel.
Los peor parados en el arranque del juicio por lo que respecta a la posición del Ministerio Público son los 15 agentes de policía procesados, que habrían actuado en beneficio propio cuando presuntamente amedrentaron a los negocios competencia de Cursach. De hecho, la petición fiscal más alta es para el expolicía Gabriel Mayol, al que piden nueve años y seis meses de cárcel por presuntos delitos de cohecho, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.
Una larga investigación con tropiezos
A finales de 2013 comenzó a instruirse en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca una investigación sobre mafia policial que desembocó en el conocido caso Cursach: toda una serie de extorsiones a funcionarios públicos por orden del capo de la noche mallorquina para hacerse con el monopolio de los locales de ocio.
Tolo Cursach era el principal empresario de ocio de Mallorca, con las discotecas más grandes en las zonas turísticas, como Calvià y El Arenal. Llegó a ser el principal inversor del Mallorca Club de Fútbol. Su connivencia con el PP balear, que gobernó desde 1983 a 1999 ininterrumpidamente, provocó la destitución de la cúpula del PP de Palma de Mallorca en julio de 2016.
Conexiones de la trama con el PP
Según planteó el juez Penalva –el segundo instructor tras el cambio de destino de la primera jueza– en 2016, José María Rodríguez, el entonces presidente del PP de Palma, sería «el artífice en la sombra del organigrama corrupto» ideado en la Policía Local de Palma para servir a los intereses de Cursach. El juez descubrió que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de «crear una estructura corrupta» para actuar con impunidad y «al servicio de determinados políticos y su partido».
El 28 de febrero de 2017 Cursach fue detenido junto al administrador de sus empresas, Antonio Bergas, y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, que había sido director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear. El capo Cursach permaneció en prisión provisional hasta el 14 de abril de 2018. Entonces comenzaron los ataques a la instrucción judicial, a cargo del juez Manuel Penalva y del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones e, incluso, anular las actuaciones.
Los investigadores descubrieron que el equipo del Gobierno municipal del PP pagó sobresueldos a determinados agentes de la Policía Local por espiar a políticos, incluso del propio PP, en prostíbulos. Es decir, una especie de patrulla de élite para encargos ilícitos.
Atacar al juez y al fiscal
El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto.
También hubo campaña mediática. El entorno de Cursach, agentes investigados y sus abogados iniciaron una campaña en prensa para atacar al juez Penalva y al fiscal Subirán. Algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.
Pero el golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás.
Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas. En ellas se podía escuchar al juez insultar a varios de los investigados. Aquello le costó el puesto. Fue apartado tras una recusación y en julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020.
Ataque a la libertad de prensa
El tercer juez que ha tenido el caso, Miquel Florit, tomó la lamentable decisión de requisar los móviles de dos periodistas –una redactora de Europa Press, Blanca Pou, y un redactor de Diario de Mallorca, Francisco Mestre– para atajar las filtraciones del sumario, en una insólita acción contra la libertad de prensa que finalmente no ha obtenido reproche penal, aunque el TSJ de Baleares calificó su decisión como «injusta».
No sólo ordenó la incautación de los móviles de trabajo de dos periodistas, sino que pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia Efe en Baleares. También solicitó las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación del caso Cursach.
Acabó apareciendo en la investigación emprendida por el juez Florit un chat mantenido entre el juez Penalva, el fiscal Subirán y los investigadores policiales. El descubrimiento sirvió para armar una acusación por presunta revelación de secretos contra los anteriores responsables de la instrucción de la causa.
Cursach contrató a Villarejo
Este diario descubrió las conexiones del comisario Villarejo con el empresario Cursach. Fue el comisario investigado el que diseñó una estrategia mediática a favor del capo balear y por ello recibió medio millón de euros. Público pudo acceder al informe confidencial, elaborado en marzo de 2005, que entregó Villarejo a Cursach sobre la guerra interna del PP que le estaba afectando a él y a sus negocios.
En el citado informe, Villarejo relataba que los exministros Abel Matutes y Eduardo Zaplana, junto al entonces presidente balear Jaume Matas, estaban utilizando el diario El Mundo, entonces en manos de Pedro J. Ramírez, y a su delegado en Baleares, Eduardo Inda, para «aniquilar a sus adversarios políticos» en las islas. Y Cursach estaba siendo atacado porque le consideraban aliado del anterior presidente balear del PP, Gabriel Cañellas, y del magnate de prensa Pedro Serra.