Sobre el tema, el periodista Jorge Luis Santa Cruz ha destacado este sábado que lo que EE.UU. está buscando es “generar, producir, distribuir” energía eléctrica en México para sus empresas “a fin de que esto abarate costos”.
“No es lo mismo para EE.UU. producir energía eléctrica en México a bajos costos que producirla en Asia, donde, además, el choque con China es cada vez más evidente y más fuerte”, ha subrayado el experto, en una entrevista con HispanTV.
De acuerdo con Santa Cruz, Washington está interesado en instalar empresas que generen energía eléctrica con base en la utilización del aire y energía solar, pero México carece, en estos momentos, de estas tecnologías, por lo que seguirá produciendo energía eléctrica “a partir de su petróleo”.
El militante de las juventudes comunistas de Ucrania, Vadim Papura, de 17 años, junto con otros 47 jóvenes militantes de izquierda, fueron quemados vivos en la Casa de los Sindicatos en Odessa en mayo de 2014 por orden de Dmytro Kotsyubail, líder del grupo armado paramilitar de ideología nazi Pravy Sector.
Volodímir Zelenski, presidente de facto en Ucrania, obsequió a este nazi con el título de ‘Héroe Nacional’ con la Orden de la Estrella Dorada (la más alta condecoración en Ucrania), en diciembre de 2021. No es el único, Zelenski ha mantenido el título de héroe nacional a Stephan Bandera, colaborador del III Reich que fue responsable directo del exterminio de más de 100.000 judíos, gitanos y rusos, en Ucrania, Polonia y Hungría, entre 1943-1944.
Todos los monumentos a patriotas ucranianos en la Gran Guerra Patria contra el nazismo han sido derribados y sustituidos por monumentos y bustos de criminales de guerra nazis ucranianos.
En marzo pasado, el presidente Zelenski, ilegalizó a 11 partidos políticos, en su mayoría de izquierdas. El Partido Comunista fue ilegalizado en 2015 y todos sus miembros han sido perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados.
Todos los canales de televisión cuentan con un mando único tras haber sido estatalizados para su uso propagandista de la guerra.
El pasado martes, el presidente Zelenski perpetró un discurso virtual en el Congreso de los Diputados del estado español, lo que le granjeó una ovación de toda la cámara, incluso de ministros comunistas del gobierno, a sabiendas de que el mismo Zelenski no pestañearía en ilegalizarlos también y lanzarlos a alguna fosa común.
La política española dio este martes un ejemplo de indigencia intelectual y política al sumarse a tan patético espectáculo, especialmente porque Ucrania hoy en día en una sociedad corrompida por la influencia nazi.
En las instituciones, la judicatura, los cuerpos y fuerzas de la seguridad del estado, pero sobre todo en el ejército, donde los grupos radicales ultranacionalistas, o sea, nazis, representan el 40 % del total de efectivos con más de 100 000 extremistas (el Batallón Azov, Brigadas Safari, los C-14 o el Batallón Tornado) que se hicieron famosos en 2016 por grabarse violando a bebés delante de sus madres para posteriormente asesinarlos en la región de Donbás. Todos integrados en la Guardia Nacional de Ucrania.
Vadim Papura hoy tendría 25 años, si los héroes del banderista Zelenski no le hubieran arrebatado la vida.
Cientos de ucranianos están muriendo en este conflicto a manos de grupos armados de ideología ultranacionalista, que son los primeros en recibir las armas donadas por la OTAN y por España también y de ello se vanaglorian en sus redes sociales.
Lo más denigrante de la velada ultra del pasado martes fue ver a miembros del PCE aplaudiendo la comparación hecha por Zelenski con el bombardeo de Guernika, que si ha de ser comparada con algo debería serlo con los miles de víctimas de los bombardeos del régimen de Ucrania contra la región de Donbás durante la friolera de ocho años.
Cerca de 15 000 muertos, más de 10 000 desaparecidos y al menos 150 fosas comunes con cientos sino miles de cuerpos sin identificar. Una tragedia que Occidente, y como no España, interesadamente ignoran, pero que delante de Zelenski aplaudieron.
El presidente del Gobierno cierra filas con el plan de respuesta al impacto de la guerra, que contiene medidas de UP como la limitación de la renovación de los alquileres. Yolanda Díaz conocía cuáles iban a ser las propuestas en la reunión y, tras el encuentro, fue informada de su desarrollo.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el pasado jueves en La Moncloa. —Chema Moya/EFE
Feijóo acudió al encuentro abanderando una bajada generalizada de impuestos y Sánchez le respondió con el plan de respuesta al impacto de la guerra que ya está en vigor.
El líder del PP había ofrecido previamente su apoyo al PSOE a cambio de la expulsión de Unidas Podemos del Gobierno de coalición, pero en la reunión se encontró con la defensa por parte del presidente de un plan que, entre otras medidas, contiene una intervención de los alquileres para desligar las renovaciones de la inflación histórica que sufre el país. Una medida propuesta por el espacio confederal.
La reunión había levantado una expectación importante en el socio minoritario del Ejecutivo, sobre todo después de que el líder del PP pidiera abiertamente la ruptura del Gobierno de coalición. Aunque no se temía que este encuentro perturbase la estabilidad de la coalición, el marco del supuesto ‘viaje a la moderación’ de los conservadores (el PP de Feijóo gobernará con Vox en Castilla y León) podría acercar a las dos principales formaciones del país.
Sin embargo, nada de esto parece haber tenido lugar. Desde ambas partes se constató el tono constructivo y la cordialidad, pero también que no se había producido ningún avance concreto. Sánchez le pidió al dirigente gallego el apoyo de su partido al plan de respuesta a la guerra (que también contiene una restricción importante de los despidos mientras se prolonguen las consecuencias económicas del conflicto), y Feijóo le trasladó su rebaja de impuestos generalizada. No hubo acuerdo.
Tampoco se sacó nada en claro de la paralizada renovación del Consejo General del Poder Judicial, uno de los asuntos que más recelos ha provocado en los últimos años entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
Yolanda Díaz fue informada de los contenidos de la reunión
Para Unidas Podemos, el hecho de que Sánchez cerrase filas con el plan de respuesta a la guerra y no aceptase un debate sobre la bajada generalizada de impuestos supone un refuerzo en la alianza entre ambas formaciones. Después de la división causada por el envío de armas a Ucrania y por la decisión unilateral del presidente de cambiar la posición respecto al Sáhara Occidental, la coalición pasó por momentos muy tensos.
Fueron precisamente los acuerdos alcanzados en el plan de respuesta a la guerra lo que destensó la situación y devolvió a ambos espacios a una senda de colaboración y unidad que, de momento, continúa. Tanto es así que fuentes del Ejecutivo aseguran que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue informada de los contenidos que iba a llevar Sánchez a la reunión y, posteriormente, se le comunicó cómo se había desarrollado el encuentro.
Pese a que la gran coalición parece perder fuelle, en el espacio confederal siguen alerta ante eventuales acercamientos. Tras la reunión, varios dirigentes de Podemos (como Ione Belarra y Pablo Echenique) advirtieron al líder del Ejecutivo de que no «cayera en la trampa» de un Feijóo que ha pedido sin tapujos la salida de UP del Gobierno.
En la formación morada insisten en que si el PP cambia su postura y se abre ahora a renovar el CGPJ, no puede imponer sus «vetos» a Podemos. «No vamos a caer en la trampa, vamos a cuidar la coalición», manifestó Belarra.
¿Por qué el PSOE le tiene la mano al PP? Porque creen que le desgastan. Se equivocan. Las elecciones ya no se ganan disputando el centro. La derecha lo ha entendido hace tiempo. A ver si la izquierda lo empieza a entender.
Según Naciones Unidas, en la actualidad hay 13.080 armas nucleares en el mundo, el 90% en manos de Estados Unidos y Rusia. Todo esto en un momento en el que Putin ha puesto en alerta su fuerza nuclear y Biden ha especulado con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Como para estar tranquilos.
De la posibilidad de una conflagración nuclear en forma de tercera guerra mundial trata La Base de Público. Con seriedad y con rigor, pero sin caer en el alarmismo, Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levi, analizan un tema que preocupa y mucho.
En nuestra mesa de debate contamos con Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación los Comunes y con Azahara Palomeque, periodista y doctora por Princeton.
Y como punto final, ‘Tendencia Krítica’ con Gema MJ y un repaso a lo que dicen las redes sobre esta escalada nuclear.
José Luis Ulibarri ha sido condenado por fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública.
El empresario José Luis Ulibarri en una imagen de archivo. —José Oliva/EUROPA PRESS
El empresario leonés, José Luis Ulibarri, ha sido condenado a 18 meses de prisión por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama Gürtel. El empresario es uno de los responsables de la televisión privada de Castilla y León, que recibe anualmente subvenciones millonarias de la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco.
Ulibarri ha sido condenado por los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública. Su condena se ha visto reducida de los siete años solicitados por la «atenuante analógica de confesión en juicio». Concretamente, Ulibarri es condenado como «autor responsable o como inductor o colaborador necesario con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión como muy cualificada y reparación de daño».
José Luis Ulibarri, en el momento de los hechos, figuraba como propietario del Diario de León y como uno de los dos dueños de la Televisión de Castilla y León. El ente privado recibió en 2021 una subvención de 20 millones de euros de la Junta, presidida por Mañueco, según recoge el consejo de Gobierno del 29 de abril de ese mismo año. Cabe recordar que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas sin televisión pública y, por tanto, la opción privada se lleva gran parte de las ayudas de la Junta.
Además de la pena de prisión, que por el momento se desconoce si cumplirá, Ulibarri tendrá que pagar multas asociadas por encima de los 700.000 euros por los delitos cometidos. El auto del juicio añade que por el delito de prevaricación la pena es de «tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público».
Se incluye la condena por «un delito de fraude a las administraciones públicas a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de dos años y seis meses».
También es condenado por un «delito continuado de falsedad documental en documento mercantil a las penas de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros«.
Igualmente recibió una condena por un delito contra la Hacienda Pública «a las penas de tres meses de prisión con inhabilitación especial» con una suma de «40.000 euros de multa», más otra condena de otros tres meses por el delito de tráfico de influencias.
El empresario también estuvo imputado por los casos Púnica y Enredadera, llegando a estar en prisión provisional durante tres meses por el segundo. Esta condena no le permitiría recibir subvenciones públicas, por lo que la financiación de su cadena de radiotelevisión se vería afectada. Por esta situación, en noviembre de 2021, Ulibarri traspasó los poderes a su hija, Adriana Ulibarri, y se desligó tanto del Órgano de Administración como de su participación como accionista.
El partido deberá pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de las actuaciones de la trama corrupta en Boadilla del Monte (Madrid). Con esta son tres las condenas para el PP por sufragar eventos de las campañas electorales con dinero de mordidas de la red de Francisco Correa.
Sede del Partido Popular en la calle Génova,
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena en su sentencia por la pieza ‘Boadilla’ de la causa Gürtel a los 24 acusados que se sentaron en el banquillo hace unos meses acusados de participar y de beneficiarse de la trama corrupta que el grupo de Francisco Correa había establecido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada por el PP. El partido ha sido condenado como partícipe a título lucrativo.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, indica que el Partido Popular y el ‘grupo Correa’ actuaron en una «dinámica de beneficio mutuo», que supuso la administración del Ayuntamiento de Boadilla por parte del entramado criminal y la «financiación irregular» del PP a través de «fondos ilícitos».
La Audiencia Nacional condena al PP a pagar 204.198,64 euros y a penas de cárcel de 36 años y 11 meses para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; y de 13,5 años para Francisco Correa y Pablo Crespo.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han desestimado de forma unánime los argumentos presentados por la defensa del Partido Popular en lo referido a la trama Gürtel, condenando a la formación como partícipe a título lucrativo de la actuaciones de la trama en Boadilla del Monte e instándole a pagar la cantidad de 204.198,64 euros; dinero procedente del ‘grupo Correa’, obtenido de mordidas por el amaño de contratos públicos en la localidad durante las precampañas y campañas municipales entre 2003 y 2007.
Con esta serían tres las condenas para el PP en todo lo que concierne a esta trama, en concreto por haberse lucrado de la misma, así como por su caja b. El tribunal, en su escrito, apunta a que existe un «acervo probatorio sólido» de que el PP consiguió un «beneficio evidente» con la trama.
La sentencia parte de la dinámica descrita en la sentencia de la pieza Gürtel-Época primera, confirmada en su mayor parte por el Tribunal Supremo, sobre la actividad desarrollada por Correa y su grupo de empresas para el enriquecimiento personal y de sus miembros a costa de las administraciones
públicas gobernadas por el PP. Declara probado que esto se produjo en el municipio de Boadilla del Monte a partir del 2001 y hasta el 2009 cuando era su alcalde Arturo González Panero.
Los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y Dolores Hernández (Ponente) indican que el lucro se obtenía mediante la adjudicación de obras o de contrataciones directas a las empresas de Correa y otras seleccionadas por este a cambio del pago de una comisión, con la que iba realizando pagos a los cargos públicos responsables dentro del Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda. Una parte de las comisiones iba destinaba al pago de facturas para actos, eventos y gastos del Partido Popular.
Se condena todos los acusados que reconocieron los hechos, Francisco Correa,
Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Cesar Tomas Martín Morales, Alfonso Bosch, Alfonso García-Pozuelo, Jose Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Antonio de Miguel Reyes, Ramón
Blanco Balín, Felisa Isabel Jordán, Javier Nombela Olmo, Luis de Miguel y Javier del Valle.
A todos ellos se les imponen las penas solicitadas por el Ministerio Público, acogiendo la atenuante analógica de confesión en juicio, con el carácter muy cualificado, «en reconocimiento no solo a la utilidad y suficiencia de la información facilitada, sino también en el caso de Correa y Crespo debido al cambio de actitud observada en relación a la reparación de la responsabilidad civil por haber cooperado en la repatriación del dinero de sus cuentas en Suiza», consta en la sentencia.
A Arturo González Panero, quien fuera alcalde de Boadilla del Monte cuando se produjeron los hechos, la Audiencia Nacional le condena por un total de 18 delitos, entre ellos, por asociación ilícita, delito continuado de cohecho pasivo, de prevaricación continuada, fraude a las administraciones públicas, delito continuado de malversación, delito de trafico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Son 36 años de prisión y multas de más de seis millones de euros los que recaen sobre González Panero, que en el juicio recibió la reprimenda de la Fiscalía por no haber colaborado.
A la acusada Alicia Vallejo López se la condena por «su contribución al ocultamiento de los fondos de Arturo González Panero como cooperadora necesaria de un delito de blanqueo de capitales».
Se condena también al resto de los acusados que negaban su participación en los hechos, salvo a Francisco Pastor de Luz. A los funcionarios Juan Jesús Siguero y Juan Carlos Rey Rico se les condena por la manipulación de las adjudicaciones.
De acuerdo a Podemos, «nada justificaría que no se defienda con convicción el derecho del pueblo saharaui a determinarse libremente frente a las pretensiones colonialistas de Mohamed VI».. | Foto: EFE
El presidente Pedro Sánchez viaja a Marruecos a sellar el acuerdo con el rey Mohamed VI sobre el conflicto saharaui.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español, del presidente Pedro Sánchez, se quedó solo este jueves en una votación en el Congreso local, la cual criticaba el giro del Gobierno en relación con la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, luego de un acuerdo entre España y Marruecos al respecto.
La votación antecede a la visita que realiza desde este jueves el presidente Sánchez a Marruecos, por invitación del rey Mohamed VI, en la cual se prevé que aborden los términos del acuerdo anunciado en una carta enviada el mes anterior por el Gobierno español a la monarquía marroquí, la cual perjudica el acceso a la independencia del pueblo del Sahara Occidental.
La proposición ha salido adelante con 168 votos a favor, los otros partidos socios del Gobierno, además del opositor Partido Popular, 118 en contra, los del PSOE, y 61 abstenciones.
El PSOE se quejó del discurso de su socio Podemos durante el debate de la iniciativa, luego de que un diputado de Podemos cuestionara al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante su intervención y comparase la situación del Sahara con la de Ucrania.
Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Podemos, Gerardo Pisarello, comentó que el pasado martes el Congreso reconoció en un acto el derecho del pueblo ucraniano a «existir», por lo cual «nada justificaría que no se defienda con la misma convicción el derecho del pueblo saharaui a determinarse libremente frente a las pretensiones colonialistas de Mohamed VI».
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el rey marroquí Mohamed VI protagonizan este jueves en Rabat una reunión que simbolizará el cierre definitivo de la crisis diplomática entre España y Marruecos y la apertura de una nueva etapa en la relación bilateral.
Sánchez viajará a la capital marroquí invitado por el monarca alauí, quien ha querido que el jefe del Ejecutivo le acompañe en el «iftar» de esta jornada, el momento en el que se rompe el ayuno con motivo del mes sagrado del Ramadán.
Se pretende superar así la crisis iniciada hace un año con el enfado de Marruecos por el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali.
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una reunión de las Naciones Unidas, en Moscú, Rusia, 4 de abril de 2022. (Foto: Reuters)
Rusia recalca que las fotos de civiles muertos a tiros en Bucha son un “ataque de falsificaciones” que usa Kiev para culpar de esos crímenes a las fuerzas rusas.
La noche del pasado sábado, una serie de imágenes gráficas de cadáveres de civiles tendidos en las calles de Bucha, una ciudad ucraniana recién liberada a 37 kilómetros al noroeste de Kiev (capital), circularon las redes sociales. De inmediato, Ucrania responsabilizó a las fuerzas rusas de esta matanza.
En reacción, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, ha catalogado este lunes dichas publicaciones de “ataque de falsificaciones” y ha hecho hincapié en que las imágenes fueron captadas tras la retirada de las fuerzas rusas de Bucha.
“Allí fue organizada una escenificación que van difundiendo por todos los canales y todas las redes sociales los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales”, ha puesto de relieve el alto funcionario ruso.
Además, Lavrov ha aseverado que Rusia ve tales provocaciones como una “amenaza directa a la paz y seguridad mundial” por lo que, agrega, Moscú ha pedido “una reunión urgente” del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para abordar este asunto a nivel internacional.
El Ministerio de Defensa de Rusia dejó claro el domingo que las fuerzas rusas abandonaron Bucha el pasado 30 de marzo, mientras que las imágenes se difundieron cuatro días después, cuando los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania y la televisión local llegaron a la localidad. Además, afirma que los hechos —los cuerpos de las víctimas no presentan rigor mortis, no tienen las manchas características de los cadáveres, y en las heridas hay sangre no coagulada— “confirman de forma irrefutable” que las publicaciones de Bucha son otra escenificación de Ucrania para los medios de comunicación occidentales.
