Categoría: Partidos políticos
Jesús Cintora, sobre las puertas giratorias
Jesús Cintora, sobre la politización de la justicia
China alerta de expansión de OTAN: Debió disolverse hace décadas
China denuncia la expansión de la OTAN y enfatiza que esta alianza militar debió disolverse hace décadas cuando se desintegró la Unión Soviética.
El portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, señaló el viernes que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es el “producto de la Guerra Fría” y debería haberse disuelto luego de la desintegración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
En este sentido, se refirió a las declaraciones del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, quien prometió en la década 1990 al exlíder soviético Mijail Gorbachev que “la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este”, conforme le citó Zhao.
No obstante, lamentó, el número de los miembros de la Alianza Atlántica ha aumentado de 16 a 30, y el bloque ha avanzado más de 1000 kilómetros hacia el este y en concreto hacia la frontera de Rusia.
Al respecto, reprochó a EE.UU., como “el mayor promotor de la crisis en Ucrania”, por haber liderado la expansión creciente de la OTAN.
Por todo ello, advirtió contra el estallido de una nueva guerra fría, para luego enfatizar a la OTAN la importancia de “concentrar esfuerzos para enfrentar los diversos desafíos que le aguardan a la humanidad”.
La expansión de la Alianza Atlántica ha preocupado más a Rusia, pues comparte fronteras con Ucrania, país que busca, a su vez, adherirse al bloque, en medios de las crecientes tensiones con Moscú.
Rusia alerta que ese enfoque podría terminar en una guerra a gran escala y, por tanto, pide al Occidente garantías de seguridad. Ante la negativa de los países occidentales a responder a esa inquietud de Rusia, este país comenzó el 24 de febrero una operación militar en Ucrania con el fin de desmilitarizar este país.
Tras la operación militar rusa en Ucrania, Estados Unidos, junto a sus aliados europeos, han venido aumentando el número de sus militares en la cercanía de las fronteras de Rusia, enviando asimismo equipo militar a Ucrania.
tqi/hnb
La Base #35: ¿Quién paga la inflación?
Todo está más caro. Dicen que es por Ucrania, pero lo cierto es que el encarecimiento sin precedentes del gas y del petróleo es lo que ha provocado la tasa de inflación más alta desde 1985.
Del descontrol de los precios en España trata La Base de Público. Un podcast en el que Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levin analizan en profundidad el significado y las implicaciones de que el IPC haya alcanzado el 9,8%.
Una escalada de precios que ha provocado que muchas familias españolas tengan que dedicar más de la mitad de la renta en los gastos de la casa y la cesta de la compra. Buscando respuestas y soluciones a este grave problema, entrevistamos al secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez.
En nuestra mesa de debate contamos con la opinión de Yanna G. Franco, doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas.
Como punto final, ‘El machistómetre’ con Carla Galeote. Hoy centrado en dos asuntos muy destacables: la condena al exlíder de Vox en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, y después, para acabar en plan positivo, las 90.000 personas que se dieron cita en el Camp Nou para ver el Barcelona-Real Madrid femenino.
Los contratos de la Xunta de Feijóo indican que Eulen manejó información privilegiada en varias adjudicaciones
Las empresas del grupo que dirige en Galicia la hermana del todavía presidente de Galicia ganaron varios concursos ofertando el mismo precio que el de la licitación en procedimientos en los que en teoría no podían saber que no tenían competidores que pujaran más bajo
El análisis de los cerca de 140 expedientes de contratación que ha firmado la Xunta con las empresas del Grupo Eulen desde que Feijóo es presidente de Galicia apuntan a que éstas contaban con información privilegiada en numerosos procedimientos de adjudicación, que acabaron ganando frente a sus competidoras.
Eulen está dirigida en la comunidad por Micaela Núñez Feijóo, hermana del candidato a presidir el Partidio Popular. Desde que Feijóo accedió al poder en Galicia, se multiplicaron las adjudicaciones a las sociedades del grupo por parte de fundaciones, empresas públicas y otras entidades instrumentales dependientes de la Administración gallega.
El estudio pormenorizado de los procedimientos también apunta a que Eulen obtuvo trato de favor, tanto es así que, con el paso del tiempo, en algunos concursos se ha convertido en la única empresa que concurre a las adjudicaciones. En otros, éstas coinciden con ceses y nombramientos a dedo en las administraciones que los convocan. Y en otros, la Xunta no facilita toda la documentación completa relativa a los procedimientos que está obligada por ley a ofrecer en su plataforma de contratación pública.
Uno de los casos más llamativos es el del contrato que en el 2019 adjudicó a Eulen Servicios Sociosanitarios el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para la gestión de varios centros de día de atención a mayores y dependientes en la comarca de Ferrol.
En la anterior adjudicación, en el 2014, Eulen se había llevado el concurso pese a no tener la mejor oferta económica gracias a la valoración subjetiva de su propuesta técnica. Entonces se habían presentado cinco empresas y en esta ocasión sólo lo hicieron tres. El precio de licitación -el máximo que la Administración ofrece a pagar por un bien o servicio- se elevó a 2,025 millones de euros, y la empresa de Micaela Núñez presentó una oferta de 2.023.950,24 euros.
Expresamos la cantidad íntegra, céntimos incluidos, porque es exactamente igual a la propuesta económica de una de sus competidoras, que también oferta, insistimos, 2.023.950,24 euros. La tercera empresa, con una propuesta más barata (1.968.688,80 euros) no se llevó el contrato, que sí ganó Eulen gracias a la valoración subjetiva de su propuesta técnica.
¿Es normal que dos empresas liciten exactamente la misma cifra, céntimos incluidos, sólo un 0,6% por debajo del precio de licitación en un contrato de más de dos millones de euros?
«No, no es normal en absoluto», asegura Eva Belmonte, codirectora de Civio, una fundación dedicada a la investigación periodística sobre transparencia y contratación pública. «No estamos hablando de cifras redondas, lo que hace que sea bastante sospechoso. Habría que ver cómo han calculado sus costes y qué desglose hacen para ver de dónde sale esa cifra, eso sí. Pero que coincidan en cifras tan precisas llama mucho la atención. Yo no suelo encontrarme algo así”, añade la experta.
Eulen, que trabaja en Galicia a través de varias sociedades, suele ofrecer precios muy competitivos y bastante por debajo del precio de licitación. Por eso llama la atención que eleve su oferta justo en los concursos en los que no tiene competidores. En teoría no puede ni debería saberlo hasta el momento en que la Administración da a conocer las ofertas e inicia la valoración de las mismas. Pero en varios procedimientos, todo parece indicar que sí lo sabía.
Es el caso del contrato que obtuvo en el 2018 de la Fundación Deporte Galego, dependiente de la Secretaria Xeral para el Deporte y adscrita directamente a la presidencia de la Xunta, es decir bajo el mando directo de Feijóo. La Fundación llevaba desde el año 2010 adjudicando sistemáticamente a Eulen los contratos de gestión estival del complejo deportivo de Monterrei, con instalaciones y pistas de atletismo, pádel y tenis en el municipio de Pereiro de Aguiar, a escasos kilómetros de la ciudad de Ourense.
En los años anteriores, Eulen se llevó todos los contratos con ofertas entre un 6% y un 8% por debajo del precio de licitación. Pero en el año 2018, justo el único en el que no tiene competidores, hizo una oferta de 72.983,57 euros, sólo 43 céntimos de euro por debajo del precio de licitación. Es decir, un 0,0005% menos.
«Una rebaja tan mínima, si no hay competidores y si en otros años se han hecho ofertas mucho más bajas habiendo competidores, es, como mínimo, sospechosa», afirma Eva Belmonte. «Sería una bandera roja, algo que llama la atención y que, por ejemplo, cuando investigamos contratación en Civio, nos alertaría para ir más allá en ese contrato e intentar entender qué ha pasado».
«Eso no significa que sea ilegal o que tuviera información privilegiada necesariamente», advierte la experta. «Puede haber otros factores: aumento de costes, mejoras en la oferta técnica…».
Hay más fundaciones de la Xunta que dan adjudicaciones a Eulen en condiciones parecidas. La Fundación Semana Verde de Galicia, que gestiona el recinto ferial de Silleda (Pontevedra) y que nunca había contratado con Eulen hasta la llegada de Feijóo, al menos según la información pública de la plataforma de contratos del Gobierno gallego, empezó a adjudicar a las empresa del grupo de su hermana la limpieza de oficinas, la seguridad del recinto y la recogida de residuos tras las ferias.
Eulen ganó una decena de contratos para esos tres servicios sólo entre el 2009 y el 2015, con ofertas sensiblemente por debajo del presupuesto licitado que, aunque no siempre eran mejores que las de su competencia, le permitieron hacerse con ellos gracias a las valoraciones subjetivas. En el caso de la limpieza de oficinas, se los llevó sucesivamente en tres ocasiones ofertando un 12,5%, un 14,5% y un 8,8% menos que el precio de licitación. Justo en el concurso para el 2013, cuando sus competidores parecen haber advertido que es imposible hacerse con él y renuncian a concursar, Eulen puja sólo 48,50 euros por debajo del precio de licitación. Apenas un 0,16% menos.
Esa forma de actuar se repite en otras fundaciones, como la que gestiona la Cidade da Cultura, el macrocomplejo cultural del monte Gaiás, en Santiago. Entre el 2014 y el 2018, la Fundación Cidade da Cultura adjudicó a Eulen contratos para su servicio de atención e información al público con pujas un 7,4% (2014), un 10,36% (2016) y un 11,16% (2018) por debajo del precio de licitación. En el concurso del 2019 para el servicio de apoyo técnico y mantenimiento para actividades y eventos institucionales, al que ya sólo se presenta Eulen, la puja está sólo un 4,3% por debajo del presupuesto, con un valor estimado sin IVA de más de 215.000 euros.
En algunos procedimientos, ni siquiera es fácil saber si Eulen cuenta o no con competencia, porque la Xunta no cumple con la obligación legal de proporcionar toda la documentación sobre ellos.
En el año 2012, por ejemplo, se hizo con dos contratos por valor de 100.300 euros para el servicio de atención al consumidor del Instituto Galego de Consumo (IGC) en A Coruña (70.800 euros) y Pontevedra (29.500 euros). El precio que ofertó para el primero es idéntico al de licitación, y el de Pontevedra, sólo 697 euros menos. En ambos expedientes sólo figura un único documento, la resolución final que asegura que el IGC ha invitado a otras empresas a participar, pero sin información alguna sobre cuáles son, ni sobre sus ofertas ni las valoraciones sobre las mismas.
En otras ocasiones es fácil deducir que la competencia de Eulen ha acabado por entender que es inútil concursar para determinados contratos y acaba desistiendo de participar.
La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), empresa pública mixta gestora de la recogida y tratamiento de residuos en la comunidad, ha adjudicado a las empresas del grupo contratos plurianuales que suman más de 3,5 millones de euros desde el 2011, encargándole sus servicios de enfermería y cuidado y mantenimiento de jardines en adjudicaciones con irregularidades como que no aparezcan en el expediente las justificaciones a una oferta considerada como anormal o desproporcionadamente baja.
Al concurso para la enfermería de Sogama se presentaron seis empresas en el 2011 y cinco en el 2014, pero al del 2019 sólo concurrió Eulen. En el caso de la jardinería, en el 2012 fueron dieciséis las empresas que optaron al contrato, que Eulen se llevó pese a que los técnicos declararon que su oferta era un baja desproporcionada. Al del 2016 concurrieron nueve competidoras, y al del 2020, sólo tres, dos de las cuales fueron excluidas por defectos técnicos.
Algo similar ocurrió con la gestión de los centros de día del Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar en la provincia de Lugo, en un concurso similar al citado más arriba sobre los centros de la comarca de Ferrol.
Al concurso de Lugo, por 1,44 millones de euros, se presentaron cinco empresas y lo ganó Eulen con la cuarta peor oferta económica. Al del 2019 ya sólo concurrieron dos: Eulen y, curiosamente, la misma empresa que ofertó la misma cifra que ella, céntimos incluidos, para el sospechoso contrato de los centros para mayores y dependientes de Ferrol y su comarca. El concurso para lo de Lugo en el 2019 también lo ganó la empresa que dirige en Galicia la hermana de Feijóo.
El Partido Popular rechazó este miércoles en el Parlamento de Galicia una propuesta del Bloque Nacionalista Galego para solicitar al Consello de Contas de Galicia que investigue las adjudicaciones de la Xunta a Eulen desde el 2009, propuesta que sí contó con el apoyo del PSOE.
Público ha pedido a Eulen y a la Presidencia de la Xunta su valoración sobre el aumento de los contratos de la Administración gallega con Eulen y el hecho de que en muchos procedimientos existan sospechas de trato de favor e información privilegiada. Eulen ha declinado hacer valoraciones, y la Xunta ni siquiera ha contestado a la solicitud de este diario.
Un carrusel de tres crisis deja a la quinta parte de las familias en una situación económica precaria
A los efectos de la devaluación salarial y la precarización laboral provocada por las reformas laborales tras el empobrecimiento que generó el estallido de la burbuja inmobiliaria se les ha sumado un endurecimiento de las dificultades de acceso al empleo por la tecnificación, acelerada por la pandemia antes de haber superado la anterior recesión y de que se superpusiera a ese escenario una inflación que dificulta más si cabe la cobertura de las necesidades básicas a los hogares de menor renta.
«Los factores de empobrecimiento parecen competir entre ellos», señala Daniel Sorando, sociólogo de la Universidad de Zaragoza especializado en estructura social, segregación residencial y políticas urbanas, para referirse a las consecuencias de la acumulación de las tres crisis que, en todos los casos antes de haber superado la anterior, se han superpuesto en los últimos tres lustros: la posterior al estallido de la burbuja, la provocada por la pandemia y el parón la actividad económica y comercial y, tras ellas, la causada por una escalada de precios de productos básicos como los alimentos y la energía desatada por la especulación financiera con el pretexto de la guerra de Ucrania.
Un carrusel de datos indica, a falta de comenzar a conocer las valoraciones de 2021, cómo ese carrusel de crisis está teniendo como consecuencia conjunta una cronificación de las situaciones de pobreza en amplios sectores de la población española, distintos en función de cuál sea el indicador que se observe pero que en la mayoría de los casos apuntan que la afección alcanza a entre la quinta y la cuarta parte de los hogares y/o de las personas.
Varios de esos registros se encuentran en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), que situaba al 19,7% de los ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza en 2020, una tasa que empeora tanto la de 2008 como la de 2013, en el estallido de la burbuja y cuando se tocó fondo en esa crisis, y que corta de plano una tendencia de mejora de tres años tras dos de relativa estabilidad.
El umbral de pobreza se sitúa, según explica el propio INE, en «el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo», es decir, en ese porcentaje de los cobros mínimos que reciben la mitad de los españoles.
El hecho de que ese repunte se diera en un año de en el que las rentas sufrieron un claro desplome por el parón de la actividad da idea de la intensidad con la que la crisis pandémica azotó a las familias, algo que ocurrió en vísperas de una escalada de precios que está aumentando las estrecheces de esa parte de la población en especial.
Esos indicadores de la pobreza suelen ser, como la mayoría de los índices, relativos. Aunque en este caso se ven reforzados por otros como el que observa los problemas que las familias tienen para llegar a fin de mes: según los datos del INE, más de la tercera parte de las familias carece de capacidad para afrontar un gasto extraordinario de 750 euros, una situación que alcanza al 56% de los hogares monoparentales, al 44% de los que incluyen menores o jóvenes de menos de 24 años que aun no trabajan y al 41% de los formados por una única persona, jubilados y pensionistas en la mayoría de los casos.
La estimación del INE sobre qué grado de dificultades tienen los hogares para llegar a fin de mes apunta en una dirección similar a la del umbral de la pobreza, con un 22,1% de las familias pasando apuros y de nuevo con un aumento de ese grupo en vísperas de la escalada inflacionista.
La tasa, que al mismo tiempo resulta algo más de ocho y de catorce puntos inferior a las de 2008 y 2013, respectivamente, aporta una pista sobre las diferencias en las afecciones que provocó el comienzo la crisis pandémica, ya que el aumento del número de hogares con dificultades coincidió con otro, mayor, de quienes no las sufren, aunque por motivos bien distintos: insuficiencia de rentas en el primer caso y reducción de oportunidades de consumo en el segundo.
Esas tendencias conviven con otra que revela una reducción del margen de maniobra de los hogares para hacer frente a imprevistos, lo que en realidad significa que su liquidez va a la baja; de manera más acusada cuanto menor es el nivel de renta, pero al mismo tiempo con una creciente presencia de ese factor en los estratos más pudientes.
Eso remite a los fenómenos de desclasización que comenzaron a proliferar con el estallido de la burbuja: amplias capas de la población descubrían con estupor que no formaban parte de la clase media sino que eran pobres, a menudo entonces con una losa de deuda que alejaba los horizontes de prosperidad y con frecuencia ahora descubriendo que al sueldo cada vez le sobra más mes por el encarecimiento de la parte básica de la cesta de la compra.
«La vivienda y la situación económica condicionaron mucho la manera en la que cada uno vivió la pandemia», apunta Sorando, que recuerda cómo la debilidad del mercado laboral español, centrado en prestaciones de servicios que generan escaso valor añadido, y la devaluación salarial iniciada la pasada década se encuentra, junto con la precariedad laboral, en la base de «otro de los fenómenos que ha venido para caracterizar nuestra sociedad, que es el del trabajador pobre al que el empleo no le garantiza un nivel de vida holgado. Esa figura es un indicador de la sociedad que está quedando después de estas crisis, aunque algunos indicadores están mejorando como consecuencia de las subidas del salario mínimo«.
Ese fenómeno, que coincide con otro creciente de empobrecimiento de los pensionistas, afecta ya a casi uno de cada ocho ocupados, alrededor de dos millones y medio de personas, cuyas economías se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.
En este sentido, resultan significativos los datos de la Agencia Tributaria sobre las fuentes de ingresos de los españoles, que reducen a quince millones el número de los que en 2019 vivieron todo el año solo con su salario mientras la cifra de 3,3 que compaginaban el sueldo y la prestación de desempleo a lo largo del año repuntaba de nuevo para encaminarse de nuevo hacia la horquilla de 3,5 a 3,8 que caracterizó la fase dura de la crisis posterior a 2008.
Son una parte del precariado, la que alterna el trabajo inestable con las ayudas públicas cuando sus breves e irregulares carreras de cotización les permiten la segunda opción cuando falla la primera.
“La mayoría social se ha empobrecido”
La situación, en cualquier caso, no es nueva ni, aunque sí se ha visto intensificada con el carrusel de crisis, tampoco tiene su origen en el estallido de la burbuja. La cosa ya venía fraguándose.
«Antes de la gran recesión había ya un caldo de cultivo que se manifestaba, se estaba viendo que el sistema económico se mantenía sobre grandes dosis de precariedad y que había dificultades para el acceso a la vivienda, aunque el crédito lo amortiguaba», explica Sorando.
A partir de ahí, primero cayó el empleo precario y vinculado a la construcción mientras la espiral de deuda crecía. «Después vino el reinicio de ciclo económico, pero con una devaluación del sistema salarial y con recortes de servicios públicos tras las dos reformas laborales«, señala el sociólogo, que recuerda cómo, junto con esos factores el alquiler comenzaba a actuar como «n mecanismo de empobrecimiento» por sus elevados niveles y subidas.
En el cambio de década, «cuando empezábamos a remontar y se dada un contexto en el que se podían asentar factores de estabilidad llegó la pandemia, que provocó una nueva pérdida de empleo pese a los mecanismos de protección social» y tras la que comenzaron a acelerarse los incipientes procesos de digitalización y de robotización, que han tenido como consecuencia la exclusión de amplios grupos de trabajadores de baja formación y edad avanzada, entre los que se está cronificando el paro de larga duración.
«El riesgo de reemplazo de un trabajador por la digitalización y la robotización es mayor en los sectores de mayor edad y, dentro de estos, entre los estratos sociales más bajos», anota Sorando, que recuerda cómo, tras esa combinación de crisis y de vectores de precarización y empobrecimiento, «la inflación ha cortado de nuevo la incipiente recuperación» en una sociedad en la que, quince años después, «la mayoría social se ha empobrecido».
Reconocida jueza dimite y deja Guatemala dadas amenazas de muerte
La conocida jueza guatemalteca Erika Aifán Dávila anuncia la renuncia a su cargo y sale al exilio debido a amenazas de muerte.
De manera sorpresiva y ya en otro país la Jueza de mayor riesgo “D” Ericka Aifán renunció a su judicatura luego de 19 años de carrera judicial debido a amenazas y coacciones originadas por estructuras del crimen organizado enraizadas en el poder. Mediante un mensaje a la opinión pública externó su decisión.
Desde hace varios años las redes de corrupción e impunidad han iniciado persecuciones sin tregua a operadores de justicia, incluso fiscales del Ministerio Público han sido procesados por orden de la misma Fiscal General del Ministerio Público. Los tres últimos presidentes han sido afectados por las decisiones judiciales de jueces imparciales.
Y es que a lo interno de la Corte Suprema de Justicia que es el órgano encargado de velar por el debido proceso y administración e impartición de justica hay un grupo de magistrados incluida la presidenta de tan importante organo que obedecen al denominado pacto de corruptos integrado por mafias a todo nivel y que intentan retorcer las sentencias de jueces como Ericka Aifán.
Hasta hoy se encuentran en el exilio al menos 13 operadores de justicia incluyendo a la exfiscal general y exfiscales de la fiscalía contra la impunidad del Ministerio Público, exjueces y abogados independientes.
A pesar que las primeras versiones indicaban que Ericka Aifán se encontraba ya en el exilio, la misma jueza indicó por medio de una entrevista a un medio local que, aunque se encuentra en Estados Unidos aún no ha solicitado ese beneficio.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala
UE aprueba nueva estrategia de defensa en plena tensión con Rusia
La UE aprobó una nueva estrategia de defensa que se trata del despliegue de 5 000 efectivos para reforzar su seguridad en medio de la operación rusa en Ucrania.
En declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa mantenida el lunes, el alto representante de la Unión Europa (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, informó de la aprobación de una nueva estrategia de defensa, que se delinea en un proyecto de plan de acción para reforzar la política de seguridad y defensa de la UE de aquí al 2030, en medio de las tensiones con Rusia por su operación militar especial en Ucrania.
“Ciertamente, no es una respuesta a la guerra de Ucrania”, anunció el alto representante para luego detallar que tal iniciativa busca reforzar la autonomía de Europa como proveedora de seguridad.
En este contexto, explicó que la medida se trata de un despliegue de 5000 efectivos, aunque la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por Estados Unidos, seguirá siendo el principal actor para garantizar la defensa colectiva de Europa.
Asimismo, Borrell detalló que la elaboración de esta “Brújula Estratégica” comenzó hace dos años, lo que apunta a cambios fundamentales en la visión de Europa como poder blando. La visión del poder blando era que la UE se centrara en los valores políticos y culturales en lugar de los militares.
Además, hizo hincapié en que Europa está en peligro y que el proyecto ayudará a aumentar la capacidad defensiva de la UE para actuar con más firmeza en respuesta a una crisis, proteger a los ciudadanos europeos y de la Unión, aumentar la resiliencia, invertir en las capacidades necesarias y en innovación en materia de defensa.
Después de que Rusia lanzara el 24 de febrero una operación militar contra Ucrania, el bloque unitario, EE.UU. y otros Estados y organizaciones occidentales han adaptado varias medidas para contener a Moacú.
Entretanto, la UE ha destinado cientos de millones de dólares al envío de armas a Ucrania. Moscú asevera que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania, y advierte de que de esta forma los países occidentales están “echando leña al fuego” del conflicto, lo que “tendrá repercusiones trágicas”.
glm/hnb
Ansarolá: EAU está en alcance; A. Saudí recibirá ataques dolorosos
Ansarolá advierte de que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están en peligro y que el cese de la guerra contra Yemen favorece a EE.UU. y el Reino Unido.
El miembro del Consejo Político del movimiento popular yemení Ansarolá, Muhamad al-Bajiti, afirmó el lunes que Saná no tuvo más remedio que “apuntar a las instalaciones petroleras saudíes en el interior del país”, y aseveró que este tipo de operaciones “seguirán aumentando”.
Recalcó que el Ejército yemení cuenta con grandes cantidades de misiles balísticos, misiles de crucero y aviones aéreos no tripulados (drones) y “está decidido en intensificar las operaciones contra las instalaciones petroleras saudíes”.
El titular de Ansarolá adujo que “los líderes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) saben lo que queremos decir con objetivos sensibles y distantes”, no obstante, evitó divulgar más información sobre estos objetivos sensibles, insistiendo en que estos ataques serán dolorosos para Arabia Saudí.
Al-Bajiti alertó que intensificar los ataques duplicará la crisis mundial del petróleo y que en la nueva fase, la continuación de la agresión contra Yemen supondría una amenaza para Estados Unidos y el Reino Unido.
Al respecto, indicó que la nueva fase comienza cuando Estados Unidos siente que los regímenes de Al Saud y Bin Zayed ya no son seguros.
“Líderes como [el príncipe heredero saudí] Muhamad bin Salman no piensan de acuerdo con la lógica de la moralidad […] Estamos al borde de una nueva fase en la que Estados Unidos y el Reino Unido se han convencido de que es peligroso para ellos su dominio sobre la región”, remarcó.
La agresión contra Yemen comenzó en marzo de 2015, con el inicio de una campaña de bombarderos y bloqueo de Arabia Saudí y sus aliados, bajo el pretexto de restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení Abdu Rabu Mansur Hadi.
Últimamente, Arabia Saudí y sus aliados han recibido duros reveses. El ataque más reciente se produjo el domingo cuando el Ejército yemení lanzó ataques contra los objetivos vitales e importantes de Arabia Saudí, con un lote de misiles balísticos y alados, en el marco de la segunda fase de su operación militar denominada “Romper el Asedio”.
msm/hnb