La Audiencia Nacional ignoró tres informes sobre corrupción en Marbella y un chivatazo al marido de la alcaldesa

La Policía solicitó en un atestado la apertura de una investigación por delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, pero no consta en el sumario respuesta de la fiscal Antidroga del caso ni del juez

 La investigación a la familia de la alcaldesa pone bajo sospecha a la Policía de Marbella

Escolar.net — Por mucho que nos amenace, la alcaldesa de Marbella no nos va a callar, por Ignacio Escolar

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y su marido procesado por organización criminal, Lars BrobergLa alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y su marido procesado por organización criminal, Lars Broberg

El nombre de Ángeles Muñoz, su cargo, alcaldesa de Marbella, o el apelativo con el que la conoce su entorno, Titi, aparecen mencionados en repetidas ocasiones en el sumario de la causa en la que han sido procesados por narcotráfico y blanqueo su hijastro y su marido. Y no son menciones circunstanciales. La Policía propuso en un informe que la presunta utilización del poder de Muñoz por parte de sus familiares investigados se convirtiera en una línea concreta de investigación. Nunca ocurrió. Ni la Fiscalía Antidroga, ni el Juzgado de la Audiencia Nacional apreciaron indicios suficientes.

El hijastro de la alcaldesa de Marbella, procesado por narcotráfico: "La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía"

El hijastro de la alcaldesa de Marbella, procesado por narcotráfico: «La ciudad es nuestra, la Junta… la jodida Andalucía»

Tanto para el Juzgado Central de Instrucción número 6 como para la Fiscalía especializada la investigación ha concluido. Lo hizo el 29 de septiembre, tres semanas antes de que elDiario.es comenzara a revelar los detalles de una causa que había permanecido en secreto durante tres años, lejos del foco mediático, por tratarse supuestamente de una de tantas que se siguen en la Audiencia Nacional contra organizaciones de narcotráfico.

Este medio ha localizado en el voluminoso sumario tres informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con epígrafes referentes a presuntas prácticas de corrupción. En el primero de ellos, fechado en julio de 2019, la unidad que actuaba en funciones de policía judicial comunicaba al entonces juez del caso, Alejandro Abascal, lo siguiente: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. No consta respuesta en el sumario. Ni del juez, ni de la fiscal Antidroga del caso, María Dolores López Salcedo.

Y no se trataba de una ocurrencia de los investigadores. Con la información que había llegado de las autoridades suecas, la Policía comenzó a investigar al hijastro de la alcaldesa por transportar marihuana y hachís desde Marruecos a Suecia, con parada en la Costa del Sol, y por utilizar la provincia de Málaga para blanquear los beneficios.

Primero intervinieron los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO), especializados en el tráfico de drogas. Seguían a los narcotraficantes suecos en sus visitas por España, establecían conexiones, cruzaban sus datos con otro caso que llevaba la Guardia Civil… En una segunda fase entró en juego la UDEF para rastrear el blanqueo del dinero obtenido con el narcotráfico. Cuando los agentes comenzaron a escuchar las conversaciones de Joakim Broberg supieron que el caso “de los suecos”, como se conocía en la Audiencia Nacional, escondía algo más.

Tres días después de las elecciones municipales de mayo de 2019, Broberg se refiere a un “calvo” que tenía sentado al lado en un bar de Marbella. El hijastro de Ángeles Muñoz le cuenta a su socio Mike Holmen que se trata de ‘el calvo’ que les había facilitado unos permisos en Benahavís, ciudad colindante con Marbella en la que arrancó su carrera política Ángeles Muñoz como teniente de alcalde.

“Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía. Aquí está sentado [el calvo] con los tres técnicos y diciendo que vamos a poner todo sobre la mesa. Esto, lo otro y tal”, afirmaba Broberg. La UDEF se ocupó de conocer quién era “el calvo”. Y efectivamente, era un responsable de Urbanismo en Benahavís, el muncipio más rico de Málaga.

A continuación, otro párrafo del informe ignorado por el juez Abascal y la fiscal López Salcedo: “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”.

“Notorio uso de influencias”

Solo tres meses después de la primera advertencia policial sobre presunta corrupción llegó la segunda. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio desconocido hasta ahora, la UDEF trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

La recogida de indicios y su plasmación en informes de la UDEF se mantuvo mucho más en el tiempo, siempre bajo el secreto decretado por el juzgado. Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.

Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

Consultada por este medio, una voz autorizada de la Fiscalía Antidroga asegura que su fiscal López Salcedo investigó las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción, así como que la citada fiscal ha impulsado “en todo momento” el proceso. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando éste compareció en fase de instrucción, aseguran fuentes presentes en la declaración.

Chivatazo de una investigación bajo secreto

El sumario del caso recoge otro hecho relevante que tampoco mereció investigación alguna. Lars Broberg (79 años) avisó a su hijastro de que tenía el teléfono intervenido mientras Joakim ya era investigado por narcotráfico y blanqueo en una causa secreta de la Audiencia Nacional, iniciada a solicitud de las autoridades suecas, muy preocupadas por los niveles de violencia que la Mocro Mafia está ejerciendo en su país.

El propio autor del chivatazo a Joakim Broberg, su padre Lars, acabó investigado y después procesado en la causa, aunque ésta se ha dejado de dirigir contra él porque sus facultades mentales actuales no le permiten defenderse. Descubrir quién avisó al marido de la senadora del PP y alcaldesa de Marbella de una investigación secreta de tal alcance no mereció una sola diligencia por parte del juez ni solicitud de la misma en el caso de la fiscal.

En el informe de agosto de 2020, la Policía vuelve a destacar indicios de delitos entre horas y horas de conversaciones. Uno de ellos corresponde al 28 de octubre de 2019. Han pasado seis meses desde que arrancara en secreto la causa de la Audiencia Nacional. Ese día, a las 20:19, Lars Broberg tiene prisa por informar a su hijo de que el móvil que sostiene está pinchado: “El que estás sosteniendo ahora. Están escuchando todo”.

Joakim Broberg se jacta de saber que tiene ese teléfono intervenido y añade que dispone de otro terminal al que los policías no pueden acceder. “Yo soy especial”, llega a decir. Su padre corta abruptamente la conversación, según describen los policías en su atestado. La UDEF plasma que la conversación denota que Lars Broberg conoce la investigación en marcha.

Desde la Fiscalía Antidroga apuntan que cuando la fiscal accedió al contenido de esa conversación, que se produjo en sueco, ya era “prácticamente inútil investigar quién o cómo se filtró la información”. En esta línea, las fuentes consultadas destacan la dificultad de “proteger el secreto” de causas como la aludida, una investigación conjunta con Suecia, país donde se estaban practicando simultáneamente diligencias.

Cualquier otra de las partes personadas podría instar al juez instructor, ahora que no hay secreto de sumario, a abrir una nueva línea de investigación o a deducir testimonio a otro juzgado competente, ya fuera por la corrupción o por el chivatazo. Sin embargo, los abogados de los presuntos narcotraficantes están centrados en la defensa de los intereses de sus clientes y el actual magistrado de la causa, Manuel García-Castellón, ha rechazado la personación del PSOE de Marbella como acusación popular.

Pruebas, grabaciones y testigos clave a los que renunció la Fiscalía para acabar pidiendo la absolución en el ‘caso Cursach’

Anticorrupción rechazó la declaración de 54 testigos en el juicio contra el magnate del ocio mallorquín Bartolomé Cursach, sus hombres de confianza, funcionarios y policías, que concluyó sin cargos para los procesados. También desestimó decenas de grabaciones aportadas en el sumario que probarían un sistema de corrupción para neutralizar a la competencia por medio de una mafia policial. Así se allanó el terreno para Cursach y los suyos. 

El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach durante el juicio por el caso Cursach, en la Audiencia Provincial de Baleares, a 10 de octubre de 2022, en Palma de Mallorca, Baleares (España)
El empresario y magnate del ocio nocturno mallorquín Bartolomé Cursach durante el juicio por el ‘caso Cursach’, en la Audiencia Provincial de Baleares, el pasado 10 de octubre de 2022.  Isaac Buj / EUROPA PRESS

Más bien responde al inexplicable cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ha dejado sin contenido todas y cada una de las graves acusaciones de cohecho, prevaricación, coacciones y grupo criminal que la investigación judicial del caso reveló en relación al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y a sus hombres.

Y para ello, los dos fiscales que han intervenido en la vista oral, que quedó vista para sentencia el 30 de noviembre pasado, Juan Carrau y Tomás Herranz, han invocado presuntas irregularidades en la instrucción a cargo del ya exjuez Manuel Penalva, del exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional para clamar a favor de la inocencia de Cursach y el resto y retirar hasta la última de las acusaciones, pese a que Carrau fue el fiscal que pidió prisión provisional para el magnate y su mano derecha, Bartolomé Sbert; incluso se opuso con contundencia a su puesta en libertad, en abril de 2018, después de 14 y 10 meses, respectivamente, en la cárcel.

PenalvaSubirán (ya jubilados) y cuatro agentes de la Policía Nacional fueron sometidos a una brutal campaña de acoso y descrédito, que contó con varios medios baleares como altavoces de la trama. Todos ellos quedaron retratados como una especie de delincuentes que investigaron y encarcelaron arbitrariamente a decenas de acusados sin que se llegara a explicar el por qué de aquella supuesta actuación. Esta es la tesis de la Fiscalía, que ha pedido que aumenten los cargos contra el juez y el fiscal en la causa abierta en su contra en el TSJ de Baleares. En el alegato final del fiscal Herranz no faltaron las lágrimas irreprimibles al invocar la «inocencia» de Cursach y los suyos.

Público dio cuenta de cómo se fraguó aquella campaña contra el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca, a mediados de 2019, que además de invalidar la instrucción, como ha ocurrido finalmente, tenía como objetivo amedrentar a los testigos que señalaban las prácticas corruptas de agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià para favorecer a los establecimientos del emporio Cursach frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016. Este diario emprendió una rigurosa investigación, a raíz de las denuncias internas de policías, que apuntaban a una mafia policial que cobraba del Grupo Cursach para atemorizar con inspecciones y sanciones a los locales de la competencia de este grupo.

Por su parte, Cursach, Sbert y Jaime Lladó, exdirector de la discoteca Tito’s, solicitan penas de prisión para el juez, el fiscal y los cuatro agentes que suman casi 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

La Fiscalía renunció a 54 testigos clave

Hace nueve años que arrancó la investigación de la mayor trama de corrupción policial, empresarial y política jamás descubierta en Mallorca. El juez Penalva [fue el segundo instructor de la causa ] y el fiscal Subirán llegaron a tomar declaración a más de 80 testigos, que dieron claves sobre la corrupción en la Patrulla Verde, la unidad de la Policía Local de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio. Los testimonios más potentes fueron descartados para el juicio por los fiscales Herranz y Carrau; y los que finalmente comparecieron en la vista oral se desdijeron de sus testimonios iniciales, algo que ya presumían de antemano los abogados de los empresarios perjudicados por la órbita de Cursach y que se constituyeron como acusaciones.

Por ejemplo, entre los testigos que se han retractado, figura el testigo protegido número 16, que en el juicio dijo no recordar las acusaciones que realizó durante la investigación: el cobro de «entre 200 y 1.000 euros» por parte de varios agentes de la Policía Local de Palma a cada establecimiento nocturno para retirar las sanciones y hacer la vista gorda con sus infracciones; y los «sobres de dinero» que vio coger a un jefe policial.

La Fiscalía renunció a 54 testigos, a los que no llevó al juicio; entre ellos a los testigos 13, 26 y 29. Según ha podido saber Público, estas personas tenían pruebas respecto a la práctica de obsequiar a ciertos policías locales con cocaína, alcohol y prostitución en la discoteca Tito’s, uno de los buques insignia del Grupo Cursach. Esta rama de la investigación quedó fuera del juicio.

Lo mismo ocurrió con otros hechos calificados durante la instrucción como presuntas prevaricaciones de cargos políticos y funcionarios del Govern y de los Ayuntamientos de Calvià y Palma en favor del magnate Cursach. De esta manera, se libraron de imputación la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario autonómico Bernardí Coll, y el funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal. 

Un nuevo relato por parte de los fiscales

Los fiscales presentaron al inicio del juicio un nuevo escrito de acusación, que en realidad era un amputación del mismo que se elaboró en 2018, en el que participó el fiscal Carrau, con graves cargos de cohecho, prevaricación y coacciones contra Cursach, al que pedían ocho años y medio de cárcel, y del que para el juicio eliminaron 20 folios, tachando esas acusaciones y construyendo un nuevo relato, que finalmente ha allanado el camino a la absolución a la veintena de procesados.

Así, borraron de un plumazo los testimonios de policías que denunciaron represalias por no obedecer las órdenes de sus superiores de anular sanciones a los locales del Grupo Cursach por mantener la música a un nivel más alto del permitido, por ejemplo.

Los policías que denunciaron corrupción no fueron al juicio

Según la declaración prestada el 16 de diciembre de 2015 por un agente, a la que ha podido acceder Público, la dirección del Megaparkuno de los locales de Cursach, presentó una denuncia contra él mismo y dos compañeros por negarse a anular un expediente sancionador. Aquella denuncia supuso que los tres estuvieran cerca de tres años sometidos a procedimientos penales hasta que finalmente fue sobreseída. Según aquel policía, su comisario le citó a una reunión en la que estuvo Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, en la que se le «presionó para que modificara el informe y atestado».

Otro testimonio policial no aportado por la Fiscalía explicaba cómo desde la cúpula de la Policía de Palma se daban instrucciones para que los tiqueteros (repartidores de publicidad) de los locales de Cursach no fueran molestados ni sancionados mientras que los de otros locales eran sancionados de manera sistemática.

Expedientados, trasladados y amenazados

Los policías que denunciaron prácticas mafiosas durante la instrucción del caso no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía. Sus testimonios se referían a las órdenes que recibían para avisar de las inspecciones con antelación a los locales de Cursach; las inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta «asfixiarlos», la imposición de policías locales como seguridad en puertas de las discotecas; y las exigencias del pago periódico de dinero (mordidas) a otros empresarios. Esos policías fueron expedientados injustamente, incluso trasladados de unidad y algunos recibieron amenazas personales, como pudo saber este diario.

Los fiscales renunciaron a una declaración muy importante, la de una de las inspectoras que reconoció que se avisaba con antelación a las empresas del Grupo Cursach para que pasaran sin problemas las inspecciones. En su declaración del 31 de agosto de 2017 la inspectora describió «el clima de terror que viven en su departamento cuando se trata de inspeccionar a los negocios del Grupo Cursach, manifestando que no tratan igual al resto de empresarios inspeccionados». Según esa inspectora, sus jefes fueron quienes le dijeron textualmente: «Llama a Tolo [por Sbert]».

Ni rastro de las conversaciones intervenidas

Las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación, a las que ha podido acceder este diario, dan cuenta de multitud de indicios de tráfico de influencias y coacciones, pero la Fiscalía las ha obviado.

Por ejemplo, en una de ellas entre Bartolomé Sbert y un funcionario del Ayuntamiento de Palma, en noviembre de 2015, dicen que le han pedido al jefe del departamento de Obras que «controle a Esperanza», en alusión a una funcionaria que no se dejaba corromper. La conversación se refería a la ampliación de aforo de la discoteca Pachá tras unas obras de reforma.

Otra conversación muestra la connivencia de un funcionario de Palma con directivos del Grupo Cursach: «Dile a Tolo [por Bartolomé Sbert] que me tendrá que hacer un buen regalo», se le escucha decir, tras asegurar que había logrado que no se sacaran fotografías aéreas de un local que iba a ser inspeccionado».

Informes policiales despreciados

Tampoco se han aportado al juicio por parte de la Fiscalía varios informes policiales de gran valor, como el emitido el 23 de diciembre de 2016, donde se incluyen cuadros estadísticos que muestran el trato de favor recibido por el Grupo Cursach respecto a otras empresas rivales. Esos datos desvelan que sólo se tramitó un 12,50% de los expedientes sancionadores a Cursach frente al 57,78%, 61,11% o 100% que afectó a otros grupos y empresas del sector del ocio nocturno.

También fue ignorado por la Fiscalía un informe policial del Grupo de Blanqueo de fecha 16 de febrero de 2017, complementado por otro de fecha 27 de febrero de 2017, que describía cómo se perjudicaba a locales de la competencia, con el objeto de beneficiar al Grupo Cursach.

Acoso a un empresario para que vendiera el local

Para los abogados de las acusaciones particulares personadas en el juicio, el caso del empresario José Manuel Bover, hostigado hasta la saciedad con el objetivo de que acabara vendiendo como una ganga su local al Grupo Cursach, es una de las mayores «tragedias» impunes de toda la causa.

Además de la colocación de vallas para desviar la clientela a la discoteca BCM de Cursach, en perjuicio del local de Bover, con la supuesta connivencia del Ayuntamiento de Calvià y de su Policía municipal, este empresario ha sufrido todo tipo de acosos. Desde convertir la entrada de su bar en una escombrera, arrojarle carne putrefacta y todo tipo de basuras, hasta cortar la luz en la Plaza Pitiuses, donde se ubicaba, para paralizar su negocio y el de la competencia.

«La finalidad era estrangular económicamente al Sr. Bover con el propósito de adquirir sus negocios a muy bajo precio», consta en el sumario. Varias conversaciones intervenidas evidencian estos planes. Por ejemplo, Sbert le dice a Cursach en una de ellas: «Por un millón de euros la plaza será tuya», en relación a todos los negocios de dicha plaza, que el magnate ansiaba para su grupo, barriendo así a toda la competencia en la localidad turística de Calvià.

YOLANDA DÍAZ y PABLO IGLESIAS se PRONUNCIAN sobre ‘SUMAR’ despejando DUDAS | Rubén Hood

Millones de personas lo único que queremos es que Irene Montero vuelva a ser Ministra de Igualdad durante 4 años más, para ello la única opción es que Yolanda Díaz siga siendo Ministra de Trabajo y Vicepresidenta, por lo tanto la Coalición SUMAR-PODEMOS es la solución.

La presentadora ANA TERRADILLOS y las FAKE NEWS | Rubén Hood

Si yo no respeto el código de circulación al volante, me van quitando puntos y si me paso de listo al final pierdo el carnet además de las ricas multas que me como. Pero los medios de comunicación se saltan el código deontológico periodístico día sí y día también y aquí no pasa nada. Si les cayeran buenas multas y después de reiteradas sanciones perdieran los derechos de emisión, seguro que empezarían a hacer bien su trabajo. Ahí dejo la idea para una futura ley de medios que tanta falta hace en España.

Fuertes vínculos entre el ultraderechista Bolsonaro e Israel

En los últimos años ha habido una conexión muy fuerte del ultraderechista brasileño Bolsonaro y su movimiento con el régimen de Israel.

En el siguiente reportaje nos proponemos analizar cuáles son los orígenes políticos y religiosos de ese fenómeno. Lo primero que hay que mencionar es que Jair Bolsonaro es actualmente evangélico.

Desde un punto de vista doctrinario, las Iglesias evangélicas están fuertemente influenciadas por lo que se conoce como la teología de la prosperidad.

Esta definición contextualiza estas imágenes. Bolsonaro se bautizó como evangélico en las aguas del río Jordán en 2016, en el mismo viaje trascendieron imágenes de sus hijos vistiendo orgullosamente camisetas de los servicios de inteligencia y del ejército de Israel.

En la actualidad, miles de evangélicos permanecen frente a los cuarteles militares a la espera de que las fuerzas armadas intervengan para impedir la asunción de Lula da Silva.

Andrés Sal.lari, Sao Paulo

Divulgan carta de Pedro Castillo que denuncia “plan maquiavélico”

El presidente vacado de Perú, Pedro Castillo, y su abogado Anibal Torres, en las instalaciones de la sede policial en Lima (la capital).

Publican en Perú una carta de Pedro Castillo en la que denuncia un “plan maquiavélico” diseñado por el Congreso, la Fiscalía y la nueva presidenta en su contra.

El congresista Guillermo Bermejo divulgó el sábado la mencionada carta en su cuenta en Twitter, con permiso del presidente vacado, después de un encuentro que mantuvieron en la misma jornada, según ha anunciado el legislador peruano.

En la misiva, Castillo que se pronuncia por primera vez desde su detención, revela que “una fiscal sin rostro” y “un grupo de médicos camuflados” intentaron sacarle una muestra de sangre sin su consentimiento, y acusa al Congreso; a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a su exvicepresidenta, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de la Presidencia luego de la destitución de Castillo, de orquestar un “plan maquiavélico” en su contra.

No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la Sra. fiscal de la nación, el presidente del Congreso, y la Sra. Dina Boluarte”, subrayó Castillo.

Defensa de Castillo demanda al Estado peruano y pide restituirlo

En el marco la investigación preliminar contra Castillo, se le realizaron el sábado un examen toxicológico luego de que se planteó esta teoría que el expresidente “no se encontraba en sus facultades” en el momento de leer su decisión de disolver el Legislativo y que él habría sido drogado y podría tratarse de un movimiento “inducido”.

Castillo decretó el miércoles, sin ningún apoyo, la disolución temporal del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional. Horas después de este anuncio, Cámara de Perú aprobó la vacancia de Castillo por “incapacidad moral”, ignorando la decisión del mandatario.

El destituido mandatario peruano seguirá detenido hasta el 13 de diciembre de manera preliminar para impedir su “posible fuga” del país, mientras que se le acusan de un presunto delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso. El que fuera, hasta el miércoles, el presidente de Perú, ahora enfrenta cargos que le podrían enviar tras las rejas, al menos, por 20 años.

Cuba urge a EEUU a poner fin al bloqueo que daña a la población

El presidente cubano recibe a una delegación de congresistas estadounidenses en La Habana, 10 de diciembre de 2022.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, censura el impacto negativo de las sanciones de Estados Unidos en su pueblo y pide eliminar el bloqueo.

En una reunión mantenida el sábado en La Habana, capital del país centroamericano, con una delegación de congresistas estadounidenses del Partido Demócrata, el mandatario destacó la necesidad de acabar con las medidas que dañan a la población cubana.

Puso énfasis en el impacto nocivo del bloqueo económico y de las medidas de máxima presión impuestas por el anterior Gobierno estadounidense, que aún están vigentes”, informó el sitio web de la Presidencia cubana en unos mensajes emitidos en Twitter sobre la visita oficial de la delegación de EE.UU. a Cuba.

El grupo está integrado por el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, James McGovern, y los miembros de dicho órgano, Mark Pocan y Troy Carter. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, junto a otras autoridades de la isla, asistió al mencionado encuentro.

Rodríguez denunció el viernes en Twitter la hipocresía de EE.UU. respecto a los derechos humanos y enfatizó que si Washington se preocupara por los cubanos, pondría fin al bloqueo.

La delegación norteamericana también se reunió el viernes con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

El Gobierno de Biden, que respaldaba como vicepresidente al anterior mandatario demócrata Barack Obama, (2009-2017), en su búsqueda de mejores relaciones, sigue la estela de presión de su predecesor en el cargo, Donald Trump, sobre la nación caribeña.

¿Qué está pasando en Perú? |#LaPizarra

Alfredo Serrano nos explica en profundidad lo que está ocurriendo en Perú. Sin atajos ni etiquetas. Con mucha letra pequeña. Por qué hizo lo que hizo Pedro Castillo. Por qué hay nueva Presidenta. Qué pasará de ahora en adelante. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.

Drones ucranianos atacaron aeródromos rusos usando datos de EEUU

Aeródromo de Enguels, en la región de Sarátov, al suroeste de Rusia.

Un alto cargo político ruso revela la implicación de Estados Unidos en el reciente ataque de las fuerzas ucranianas contra sus bases aéreas en Riazán y Sarátov.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el 5 de diciembre que el Ejército ucraniano llevó a cabo dos ataques con aviones no tripulados (drones) contra los aeródromos de Diáguilevo en la región de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú (la capital rusa), y de Enguels, en la región de Sarátov, al suroeste de Rusia, que albergan bombarderos estratégicos.

Al respecto, en una reunión del Consejo de Seguridad para abordar la crisis de Ucrania celebrada el viernes, el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, reveló citando a los recientes informes que los drones utilizados en estos dos ataques fueron guiados por datos satelitales obtenidos de Estados Unidos.

“Los drones mejorados de fabricación soviética Tu-141 Strizh fueron guiados por el sistema satelital global GPS estadounidense”, aseguró el representante ruso.

De acuerdo con las autoridades rusas, a causa de los referidos ataques, tres militares del equipo de mantenimiento técnico perdieron la vida, mientras que otros cuatro resultaron heridos y fueron hospitalizados.

 

Desde el inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, los países europeos, y en particular Estados Unidos, brindaron respaldo a Kiev en diversos sectores, entre ellos ayuda económica y militar, lo que, según Moscú, agrava la situación entre las dos partes del conflicto y pone a Ucrania al borde de un colapso.

Moscú avisa que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania, y advierte que de esta forma los países occidentales están “echando leña al fuego”, lo que “tendrá repercusiones trágicas”.

Recuperación económica y bienestar del pueblo, logros de la 4T en 2022

Uno de los logros más destacables en este año es la recuperación económica del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Está creciendo la economía, el salario crece en términos reales, crece la inversión extranjera, el peso se mantiene estable, no hay devaluación. Entonces yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica”, subrayó. En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que su administración atiende el fenómeno inflacionario con el objetivo de proteger la economía popular, así como el poder de compra en los hogares. Por ello, dijo, el próximo lunes 5 de diciembre se presentarán los avances del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), proyecto que cuenta con el apoyo de productores, distribuidores, así como empresas de alimentos a fin de bajar los precios de 24 productos de la canasta básica. “Estamos trabajando todos en esto. (…) Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes, lo vamos a ver graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en mil 039 pesos y están abajo de eso, pero vamos a ver quién es quién”, aseguró. El subsidio a los combustibles es otro factor que abona al control inflacionario. De no haberse tomado esa medida, la inflación podría llegar hasta el 13 por ciento y actualmente es del 8.1 por ciento, resaltó. Al mismo tiempo, refrendó que no habrá incremento de impuestos, a los combustibles ni a las tarifas de la luz. “Es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad; que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz, todo eso ayuda mucho”, afirmó. Sobre el incremento al salario mínimo, el jefe del Ejecutivo apuntó que el Gobierno de la Cuarta Transformación fomenta el diálogo con el sector empresarial y obrero, por lo que confío en la voluntad por alcanzar un acuerdo del 20 por ciento. Recordó que el envío de remesas registra cifras históricas; se estima la llegada de 60 mil millones de dólares para este año, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos del país. Sigue las actividades del presidente de México: