En los últimos días en la prensa internacional se ha publicado una cantidad sorprendente de filtraciones sobre la posibilidad de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. ¿Quién está detrás de esta información? ¿Cómo la vinculan con la retirada rusa de Jersón? ¿Hasta qué punto un alto el fuego sería posible en estas circunstancias?
Categoría: Sanidad
El Ministerio de Consumo acumula meses de retraso en la publicación de las sanciones a empresas de juego
El Gobierno cambió la ley para empezar a publicar a mediados de 2021 las sanciones más graves tras una década de opacidad, pero la última multa conocida se impuso hace ya un año; según el departamento de Garzón, en breve se darán a conocer las del primer semestre de este año
Consumo pondrá fin a una década de opacidad y publicará las sanciones a los operadores de juego
El Ministerio de Consumo acumula meses de retraso en la publicación de las sanciones más graves a las operadoras de juego online, el que supervisa el Gobierno central. A mediados de 2021, el Ejecutivo puso fin a una década de opacidad en esta materia al modificar la Ley del Juego. Desde entonces está obligado a publicar las sanciones graves y muy graves, que hasta hace muy poco no eran públicas.
Codere ve riesgo de perder su licencia en España por un cambio legal que castiga la acumulación de sanciones muy graves
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Sin embargo, la información está fluyendo con lentitud. Las últimas sanciones publicadas en la web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), adscrita a Consumo, se impusieron el 11 de noviembre de 2021, hace un año. Fuentes de Consumo reconocen el retraso e indican que “en breve” se publicarán nuevas resoluciones sancionadoras, correspondientes al primer semestre de este ejercicio. Estas multas, recuerda el departamento de Alberto Garzón, solo se difunden una vez son firmes en vía administrativa, tal y como estipula la Ley del Juego.
La cuestión de la publicidad de las sanciones tiene relevancia porque, a raíz de una reciente modificación de la Ley estatal del Juego, las empresas con licencia en España (tanto las de apuestas online como las casas de apuestas físicas) se arriesgan a perder ese permiso si hay una acumulación de infracciones muy graves en un periodo de dos años, tanto de la normativa de juego estatal como la autonómica. Esta última es la que regula las casas de apuestas con locales físicos.
La ley también considera infracciones “muy graves” la comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años. La propia Codere, una de las mayores empresas de este sector en España, advertía de la posibilidad de perder su licencia en un documento remitido hace unos meses por su filial online al regulador bursátil de Estados Unidos, donde cotiza.
58 millones en 2021
En mayo pasado, el departamento de Alberto Garzón informó de que había sancionado en 2021 por infracciones graves o muy graves a un total de 19 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online, con multas que sumaban más de 58 millones de euros, sin contar las reducciones por pronto pago y reconocimiento de los hechos sancionados. La cifra es superior al anterior récord de 55,8 millones que alcanzaron las sanciones en 2020, según se recoge en la última memoria anual publicada hasta ahora por la DGOJ.
La inmensa mayoría del importe de 2021, un total de 57 millones en multas, correspondió a sanciones por infracciones muy graves a once operadores que no tenían licencia para operar en España, a los que además la DGOJ inhabilitó durante dos años.
Una cantidad multimillonaria que, según fuentes del sector, probablemente no va a llegar a depositarse nunca en la cuenta que la DGOJ tiene habilitada en el Banco de España, al tratarse las sancionadas de empresas radicadas muchas veces en territorios opacos como Curaçao, Belice, Malta o Alderney, una minúscula isla en el Canal de la Mancha que tiene menos de 3.000 habitantes.
El resto de sanciones impuestas en 2021 fueron multas por infracciones “graves” de la Ley del Juego que se impusieron a seis empresas que sí tienen licencia para operar en España (entre ellas Sportium o Codere). Esas multas sumaron en total 761.500 euros, incluyendo las correspondientes reducciones por pronto pago y por renunciar a recurrir en vía judicial.
En la inmensa mayoría, se trató de sanciones por permitir el acceso a la actividad de juego a personas que lo tenían prohibido, como los inscritos en el denominado registro de autoprohibidos (conocido como RIAJ).
En este caso, la mayor sanción, impuesta en junio de 2021, correspondió a Sportium, propiedad de la multinacional española Cirsa, del fondo Blackstone. Sportium recibió una multa de 220.000 euros por permitir el acceso al juego a casi una treintena de inscritos en ese registro de autoprohibidos.
Según la resolución de la DGOJ, “desde el 14 de octubre de 2020 hasta el 20 de enero de 2021, al menos 29 jugadores inscritos en el RGIAJ pudieron participar en la web del operador por un total de 74.837,77 euros y con unas pérdidas de 8.694,33 euros. Además, un jugador vinculado al operador [cónyuge de una de sus empleadas] participó entre el 18 de agosto y el 6 de octubre de 2020, por valor de 1.408,37 euros”.
Hasta mediados del año pasado, y desde la aprobación de la ley del Juego de 2011 y la legalización del juego online en España, la identidad de las empresas sancionadas por la DGOJ no era pública, a diferencia de lo que ocurría en otros sectores regulados como energía o telecomunicaciones, que están bajo el paraguas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); las que reciben las compañías cotizadas a las que vigila la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); o las impuestas a las entidades financieras que supervisa el Banco de España.
La obligación de publicarlas se introdujo a través del proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hasta entonces, solo se publicaban datos agregados del número e importe de las sanciones. Solo entre 2016 y 2020, la DGOJ impuso 127 sanciones por infracciones de la Ley del Juego.
El exministro Pío Cabanillas
CODERE
El retraso en el pago de las ayudas al alquiler llegará a los tribunales
«Hay más de 500 personas pendientes de la subvención y a otras se les adeudan varios pagos», lamenta la plataforma de afectados
Un momento de la rueda de prensa celebrada en la Junta General del Principado. Foto: Iván G. Fernández
Los afectados por el retraso de año y medio en el abono de las ayudas al alquiler de vivienda en Asturias han anunciado que acudirán a la vía legal para reclamar los pagos adeudados, un asunto que IU ha trasladado ya al Defensor del Pueblo.
El diputado y coordinador general de la coalición en el Principado, Ovidio Zapico, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa junto a dos miembros de la plataforma de afectados, que protagonizarán una concentración de protesta el próximo martes, día 15, frente a la sede de Presidencia.
“Que Barbón dé la cara y tome medidas en este asunto. Tiene que ser él el que ya haga algo”, ha señalado la portavoz de una organización que aglutina a 4.300 personas, Yolanda Gutiérrez, que ha indicado que aún hay 500 personas pendientes de recibir la subvención, mientras que a “la mayoría” se les adeudan los segundos pagos.
Zapico ha confiado en que el Defensor del Pueblo sea el “revulsivo” definitivo para que las prestaciones lleguen a todos los destinatarios, puesto que las demoras son “inaceptables”.
A su juicio, el Ejecutivo regional debe emprender una guerra contra la “burocracia social”, la que afecta “a las personas” que más lo necesitan, y no solo combatirla para resolver los problemas de “determinados círculos empresariales”.
Junto al portavoz de IU Oviedo, Alejandro Suárez, Zapico ha calificado de “fundamental” consolidar las políticas sociales en el presupuesto regional de 2023
El camionero Basilio Aragón explica muy claro en TVE el paro del transporte: «Hay que hablar de las cosas con propiedad»
Mientras que la mayoría de asociaciones del ramo han dicho no a la huelga del transporte, la minoritaria Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías sigue adelante con sus planes. Una asociación, hay que recordar, cuyo presidente, Manuel Hernández, es cercano al partido ultra Vox. Blanco y en botella.
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Ahora el camionero Basilio Aragón, muy conocido en las redes sociales, ha explicado de forma muy clara su opinión sobre esta huelga. En una entrevista en el programa de TVE Hablando Claro, ha pedido «hablar de las cosas con propiedad». Spanish Revolution ha resumido su intervención en un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas.
Tras diferenciar entre transportista y camionero, Basilio se ha preguntado cuántos afiliados tiene la plataforma convocante y también ha entrado en las reivindicaciones y las justificaciones que hacen. Solamente el vídeo colgado por Spanish Revolution suma ya decenas de miles de reproducciones.
El repaso de Mónica García a Ayuso sobre la gestión sanitaria
El repaso de Mónica García a Ayuso sobre «lo que dice y lo que hace» con la sanidad madrileña. 🗣 «Lo que dice: «faltan médicos en España». Lo que hace: poner de patitas en la calle a 6.000 sanitarios en marzo» Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Pescadores peruanos exigen indemnizaciones a Repsol por derrame
Pescadores protestan contra Repsol por el vertido de crudo al mar en enero, arrojando peces muertos tintados de negro frente a la sede de esa firma española en Lima.
La multitud, reunida el martes en la capital peruana, representa a unos 3000 afectados de la zona contaminada que aún no pueden retomar su actividad económica en la pesca, comercio o turismo porque sigue habiendo crudo en el mar.
Los manifestantes elevaron enormes pancartas en las que exigían indemnizaciones a la petrolera que causó un gran desastre ambiental cuando un buque cisterna, de bandera italiana, vertió el 15 de enero unos 12 000 barriles de petróleo al mar en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima, la capital peruana.
Hasta 15 000 personas se vieron afectadas por el gran derrame. Sin embargo, “el padrón de afectado está compuesto hoy por 10 000 personas aproximadamente”, dijo a la AFP Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, una de las localidades afectadas por el vertido de crudo.
Mientras expertos de Naciones Unidas estiman que el derrame tendría consecuencias durante 10 años, los pescadores demandan “justicia” para sus costas contaminadas y responsabilizan a Repsol por la destrucción de su trabajo.
“No podemos pescar […] tenemos que ir dos o tres días a la chacra a buscar alimentos, por eso pedimos que nos indemnice” expresó el pescador Jaime Cruz García, de 60 años y proveniente de Chancay, donde murieron una cantidad indeterminada de peces y aves marinas por la contaminación.
La semana pasada las autoridades ambientales impusieron a Repsol dos multas por 10,79 millones de dólares. Y en los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.
Reciben con huevazos al rey Carlos III en su visita a York
Un hombre ha sido detenido por la Policía tras arrojar huevos contra el rey Carlos III en York, norte del Reino Unido, mientras el monarca saludaba a la gente.
La Policía de Reino Unido ha detenido este miércoles a un hombre después de que lance tres huevos al rey Carlos III durante un acto en la ciudad de York, en la que el monarca ha inaugurado una estatua de su difunta madre, Isabel II.
Los huevos, que no han impactado en el rey, han sido lanzados cuando caminaba junto a su esposa, la reina Camila. Según las informaciones recogidas por el diario británico The Independent, el hombre estaba gritando “este país fue construido con la sangre de esclavos” en el momento de su detención.
Además del lanzamiento de los huevos se pueden escuchar abucheos al monarca, si bien posteriormente algunos de los presentes han aplaudido a Carlos III y han gritado “Dios salve al rey”, tal y como ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Trabajadores panameños marchan por mejoras salariales
Trabajadores de la Caja de Seguro Social de Panamá denuncian la persecución de las autoridades en momentos en que vienen reclamando compensaciones salariales.
Continúan las manifestaciones sociales en las calles panameñas, este martes 8 de noviembre distintas organizaciones de empleados de la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron una marcha en la capital del país.
A pesar de que estos trabajadores denuncian que han venido reclamando mejoras salariales a través de los últimos años, no solo han obtenido falta de atención por parte de las autoridades; al menos 30 funcionarios fueron destituidos en medio de la actual negociación, lo que constituye una clara violación a sus derechos.
En 2015 los trabajadores acordaron un conjunto de compensaciones salariales que deberían ir acordes al ajuste del salario mínimo que tiene lugar cada dos años en Panamá y que hasta la fecha no se ha cumplido dentro de la institución.
Los manifestantes junto a las autoridades de la Caja de Seguro Social sostendrán una reunión el próximo 9 de noviembre, en la que, además de obtener respuestas favorables en cuanto al tema monetario, esperan el reintegro de los funcionarios apartados y que cese la persecución que vienen denunciando contra la actual administración.
John Alonso, Ciudad de Panamá
FSB de Rusia revela detalles de espía ucraniano de mayor rango
Los agentes de FSB de Rusia han declarado que las actividades de espionaje de un oficial de mayor rango de Inteligencia ucraniano fueron detenidas muy rápido.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha anunciado este miércoles en un comunicado, que la noticia se refiere a un coronel de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, quien fue condenado a más de 19 años de prisión acumulativa.
Según informa la agencia rusa de noticias Sputnik, esta es la primera vez cuando se reporta sobre el arresto y condena de oficiales de inteligencia ucranianos de tan alto rango, y mucho menos de agentes ilegales, la casta más alta de la comunidad de inteligencia del Gobierno de Kiev.
“Entró en vigor la sentencia del tribunal militar del Distrito Sur contra el coronel de inteligencia ilegal de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, D.A. Shtiblikov, declarado culpable de alta traición y condenado a 19 años y 6 meses en una cárcel de Ucrania, combinada con la condena de 5 años en un penal de régimen estricto que le impuso en 2017 el Tribunal de la ciudad de Sebastopol por preparar una serie de explosiones en instalaciones de infraestructura civil en Crimea y en la Flota del Mar Negro”, así se lee en el comunicado.
En 2014, después de que la península de Crimea se convirtiera en parte de Rusia, Shtiblikov recibió órdenes de la Inteligencia ucraniana de permanecer en Crimea y obtener la ciudadanía rusa. Se precisa que tras ocupar una posición civil en una de las unidades militares de la Flota del Mar Negro, transmitía al Gobierno de Kiev información que constituía secretos de Estado sobre las actividades de las unidades militares en Crimea.
Huelga general en Grecia por inflación y la subida de los precios
Se han hecho una huelga general de 24 horas en Grecia contra la subida de los precios de la energía y la inflación; los trabajadores piden aumento del salario mínimo.
Grecia ha vivido este miércoles una de las mayores huelgas de los últimos años, convocada por los trabajadores públicos y algunos sectores privados para exigir aumentos salariales “dignos” que ayuden a paliar la galopante inflación y que ha llevado a miles de personas a la calle a protestar contra el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis.
La huelga ha afectado a los servicios, especialmente los medios de transporte, las escuelas y la administración pública. En este sentido, Atenas (capital de Grecia), ha amanecido sin metro, autobuses ni trolebuses, y tan solo están operando parcialmente los tranvías y los trenes de cercanías.
Además, con motivo de participación de los controladores aéreos en la huelga, se han cancelado varios vuelos a nivel nacional en el aeropuerto de Atenas y, por lo tanto, se han modificado los trayectos internacionales.
Miles de personas de todas las edades y profesiones se han manifestado para condenar las reformas laborales emprendidas por el primer ministro Mitsotakis desde su nombramiento en el Gobeirno en 2019; entre ellas restricciones en la posibilidad de convocar una huelga. Asimismo, exigen claros aumentos de salarios que permitan a los trabajadores “vivir con dignidad”.
Además, reclaman una bajada generalizada del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que es uno de los más altos en Europa, con un tipo general del 24 % (13 % el reducido y 6 % el superreducido).
Conforme a un reciente informe del Instituto Laboral de la Confederación General de Trabajadores Griegos (INE/GSEE), la combinación de subidas de precios y rentas muy bajas ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo de los hogares con ingresos bajos hasta en un 40 %.
Una profesora de guardería, Elpida Myrila —en una entrevista con la agencia española de noticias EFE— ha aclarado durante la manifestación que las medidas del Gobierno para contrarrestar la crisis no son suficientes, y la idea de poner un techo flexible a los productos básicos en los supermercados ha sido un “engaño”. La gente sigue sufriendo y además el país “está hundido en los escándalos”, ha agregado.