La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género es una propuesta de Unidas Podemos, pero en el espacio hay dudas sobre que deba ser una línea roja en la negociación. En Podemos advierten de que su exclusión es conceder al PP capacidad de veto.
Los de Alberto Núñez Feijóo ya han dejado claro que rechazarán cualquier acuerdo que incluya a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género porque, a su juicio, iría contra la cláusula de despolitización de la justicia que todas las partes habrían aceptado en la negociación. Sin embargo, aquí radicaría una de las primeras diferencias en el seno de Unidas Podemos sobre esta cuestión.
En Podemos insisten en que el acuerdo para «despolitizar la justicia» es en realidad un veto velado a Rosell, principalmente por dos motivos. El primero es que la formación morada recuerda que el Consejo General del Poder Judicial es un organismo político, una institución que toma decisiones políticas y cuya ‘politización’ está recogida incluso en la Constitución, que reparte la elección de sus miembros entre los jueces, las Cortes y el Gobierno.
El segundo es que, a su juicio, esta cláusula parece hecha ad hoc para la delegada del Gobierno, ya que no afectaría al resto de propuestas que están sobre la mesa. Sin embargo, y aquí radica la primera diferencia en el seno de Unidas Podemos, este acuerdo para que no pueda ser candidato nadie que haya ocupado recientemente puestos en el Ejecutivo sí que habría echado para atrás propuestas del PSOE e, incluso, del PP.
Algunas voces conocedoras de las negociaciones apuntan a que Rosell es el único nombre que ha trascendido, pero no es el único que se ha visto afectado por este acuerdo, que también habría obligado a Pedro Sánchez y a Feijóo a sacar de sus ternas a personas relevantes y directamente relacionadas con los partidos que lideran.
El hecho de sacar de la mesa de negociación y revelar los nombres que se manejan es otro de los elementos que estarían causando una diferencia en el seno de Unidas Podemos. La primera formación que recuperó públicamente el nombre de la delegada del Gobierno (rechazado por el PP desde el inicio de las negociaciones) no fue Podemos, sino Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario confederal y dirigente de los comuns.
Echenique: «Hay unanimidad en que el veto es una infamia»
En todo caso, toda vez que este nombre volvió a salir a la luz, la formación morada dejó claro que no estarían en ningún acuerdo sobre el CGPJ que no incluyera a la jueza, y desde entonces han insistido en ello. En Izquierda Unida, sin embargo, han advertido de que «cada vez que se saca un nombre, esto es aprovechado por el PP para sacar un veto y bloquear la negociación; la cuestión de los nombres hay que dejársela al propio proceso de negociación», apuntó su portavoz, Sira Rego, el lunes.
Los socialistas ya habrían avisado a su socio de Gobierno de que la inclusión de Rosell en el CGPJ está más que complicada, y que el hecho de haber puesto todo el foco sobre ella en los últimos días no habría ayudado al propósito de incluirla. Sin embargo, en Podemos también han querido advertir al PSOE de que sacar a la delegada del Gobierno de las negociaciones es conceder capacidad de veto «a un PP que lleva bloqueando las negociaciones cuatro años para mantener su mayoría conservadora».
Este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que «hay unanimidad en el espacio de que este veto es una infamia política y es un buen punto de partida. Estamos apostando por una negociación en la que no haya vetos, esto es lo que se le ha trasladado al PSOE. Vamos a intentar que no lo haya, este es el objetivo que tenemos».
El lunes por la tarde, Yolanda Díaz reunió al espacio confederal para hablar de esta cuestión, en un encuentro que, según fuentes conocedoras del mismo, fue «fructífero». En Podemos apuestan claramente por mantener la opción de Rosell «hasta las últimas consecuencias» porque de lo contrario, apuntan, se estarían aceptando «las líneas rojas del PP, que es el partido que de verdad está poniendo condiciones al vetar a nuestra candidata».
El resto del espacio elogia la trayectoria y capacidades de Rosell, jueza perseguida política y judicialmente por la derecha, pero evita hablar de línea roja e insiste en la necesidad de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. La formación morada evita hablar de momento sobre qué votarían sus diputados en caso de que se alcanzase un acuerdo que no incluyera a la delegada del Gobierno, ya que de momento, recuerdan, no hay acuerdo.
