El deteriorio generalizado de la sanidad pública, que languidece por toda España, ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez a la busca de proyectos para revertir el panorama: las privatizaciones, la temporalidad de sus sanitarios y la falta de personal para hacer frente a la demanda de pacientes. Hay estudios que aseguran que la precariedad en la sanidad pública y la desigualdad entre comunidades autónomas es un peligro no solo para los pacientes, sino para la propia cohesión nacional.
Que las competencias en torno a la sanidad estén derivadas a las comunidades autónomas hacen difícil trazar un plan común para todos. Sin embargo, este fin de semana, el presidente anunciaba en el diario El País que se trabaja en una ley por la que se harán fijos a 67.000 sanitarios en toda España y que un trabajador de la sanidad no podrá encadenar más de tres años de contratos temporales. Sin embargo, esta norma desarrollada por el Ministerio de Sanidad no es más que una continuación de una reforma anunciada en julio de 2021 por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero que se ha recuperado ahora para el debate público en un momento en el que la sanidad pública de varias comunidades está saturada, como es el caso de Madrid.
Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), ve en el anuncio una jugada promocional: «La medida es un mandato de la ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el conjunto de los sectores públicos en España, todo ello para cumplir la sentencia del TJUE sobre el abuso de la temporalidad en nuestro país y para poder recibir los fondos europeos comprometidos. Es decir, lo que anunciaba el presidente del gobierno no es nada nuevo. Estos 67.300 sanitarios ya están en plantilla».
Los contratos temporales fueron el recurso que aprovecharon los gobiernos autonómicos a hacer frente a la crisis de la covid-19. Cuando los hospitales estaban saturados por la cantidad de personas ingresadas, las comunidades ampliaron sus plantillas con interinos. La mayoría, a partir de diciembre de 2021, fueron de nuevo despedidos, pese a que sindicatos y asociaciones defendían su contratación indefinida para aumentar el grueso de empleados en la sanidad pública, esquilmada de profesionales por las pocas plazas MIR que se convocan y por la huída de los sanitarios, que se decantan por la privada o por otros países ante las condiciones que se ofrecen en España.
Desde los sindicatos apuntan a que una necesidad real que tiene España pasa por la contratación de al menos 60.000 médicos, sin contar técnicos y personal administrativo. «Hay que incrementar el presupuesto sanitario hasta al menos el 7,5% del PIB e incrementar el gasto sanitario por habitante hasta al menos 2.000 euros por habitante», arguyen desde CCOO como medidas realmente efectivas.
Las privatizaciones que los gobiernos autonómicos ejecutan son otro de los grandes problemas para la sanidad pública. En torno a esto, el Gobierno también ha dado pasos, aunque algo tímidos, para proteger el sistema público de salud. Se refuerza la sanidad, pero deja abierta la puerta a más privatizaciones. Cada vez es mayor el porcentaje que las comunidades reinvierten en acuerdos con entidades privadas. Catalunya y Madrid, a la cabeza de la lista.
Problemas estructurales en la Sanidad
Ni una pandemia ha servido para que los gobiernos autonómicos tengan entre sus prioridades el blindaje de la sanidad pública. La media nacional de inversión en la Atención Primaria es de un escaso 14.93% del total anual que se deriva a la sanidad. El dato es prácticamente similar al de 2019, 14.16%, año previo a la pandemia. El dato, que ya de por sí es escaso, ha descendido durante estos años en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular.
Recientemente, un estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADPS) en el que se analiza el estado de la sanidad pública de cada comunidad autónoma lanzaba datos demoledores: solo tres (Euskadi, Navarra y Asturias) obtienen resultados aceptables. Las otras catorce autonomías tienen servicios sanitarios «regulares» o «deficientes». En el caso de Catalunya, Murcia y Canarias, se las cataloga como los «peores servicios» de España.
Una vez más, las comunidades gobernadas por el Partido Popular están a la cola en otro listado: el de inversión de euros por paciente. Madrid (1.300 euros), Andalucía (1.388 euros) y Murcia (1.433 euros) son las que menos invierten ya que la media está ubicada en 1.679 euros.
Las listas de espera para operaciones también dejan datos preocupantes. En el mejor de los casos, que es Euskadi, hay que esperar 40 días para una consulta con un especialista. En el peor, Aragón, donde la demora alcanza los 160 días. La media nacional se ubica entre 50 y 70 días.
En cuanto al ratio de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, el PP vuelve a quedar en la picota. En Andalucía apenas da una media de dos mientras que en Catalunya hay casi el doble.
Además de falta de presupuesto, España sufre de forma acuciante la falta de personal de enfermería. A la luz de los datos de la propia OMS, Suiza tiene 18,2 profesionales en plantilla por cada 1.000 habitantes y España tiene 5,3. Naciones como Uzbekistán, Eslovenia, Montenegro o Polonia también tienen una media superior a la española.
Y ante esto, ni el Gobierno de Sánchez ni el resto de partidos hacen por solventarlo. La ley de seguridad del paciente, pensada para mejorar el actual ratio en enfermería, lleva más de dos años estancada sin que ningún partido mueva ficha. Los enfermeros en hospitales tendrían asignado un máximo de seis pacientes por cada profesional, pero nadie ha movido ficha.
Un análisis realizado por Human Rights Watch de microdatos de uso público obtenidos de la encuesta Household Pulse de la Oficina de Censos (4) muestra que la recesión económica ocasionada por la pandemia ha tenido un impacto devastador y desproporcionado sobre los derechos de las personas con bajos ingresos que ya atravesaban dificultades. El American Rescue Plan (5) del Presidente Joe Biden, un proyecto de ley que prevé otorgar ayuda por valor de USD 1,9 billones en el marco del coronavirus, y que fue aprobado por la Cámara de Representantes de EEUU el 27 de febrero de 2021, dispone que se realicen inversiones de vital importancia para mitigar las dificultades económicas cada vez mayores que afectan a estos sectores de la población. Ahora, este proyecto de ley está siendo evaluado por el Senado, el cual podrá modificarlo antes de volver a enviarlo a la Cámara de Representantes para su votación final.
