El presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio español de Hacienda, Carlos Cruzada, critica que en el país se haya duplicado el número de súper ricos en una década, mientras que la clase media se empobrece. La situación empeora por la evasión de impuestos por las compañías multinacionales. Según los datos, 22 grandes empresas españolas pagaron solo el 1,3 % de impuestos de beneficios a nivel global en 2017.
Venezuela denuncia que el informe de la ONU sobre los DD.HH. en este país es un instrumento “de propaganda de guerra” contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La presidenta de la Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Marta Valiñas, publicó el miércoles un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que acusa a las autoridades del Gobierno de Maduro de violaciones de los derechos humanos desde 2014.
En rueda de prensa conjunta ante medios nacionales e internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, sostuvieron que este informe tergiversa la realidad del país con el objetivo de manipular el tema de los derechos humanos para socavar el Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
“Es algo insólito, (…) es irresponsable, es un fraude, absolutamente, y es un monumento a la propaganda de guerra”, ha subrayado Arreaza en alusión al documento de la ONU.
A su vez, el fiscal general venezolano ha catalogado el aludido informe como una “resolución agresiva” contra la soberanía de Venezuela y ha asegurado que el Grupo de Lima ha financiado la preparación de ese documento con el propósito de distorsionar la realidad del tema de los derechos humanos en Venezuela.
Arreaza, en referencia al diputado opositor de Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens, mencionado en el informe como una de las personas cuyos derechos humanos han sido violados, ha remarcado que “eso es totalmente falso, tenemos vídeos y fotos donde se refleja claramente el respeto de todos sus derechos”.
El jefe de la Diplomacia venezolana, asimismo, ha puesto en tela de juicio el informe de la ONU, diciendo que los supuestos expertos encargados de redactar el texto nunca han visitado Venezuela ni entrevistado a autoridades o víctimas de violaciones de derechos humanos.
Arreaza, en otro punto de sus declaraciones, ha rechazado la coincidencia de este informe con la “gira intimidatoria” del secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo, a la región hemisférica.
Pompeo comenzó el jueves una gira por cuatro países sudamericanos, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de “contener la amenaza” del Gobierno de Maduro.
El jueves, Arreaza rechazó las declaraciones de su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, sobre el informe de la ONU respecto a Venezuela y lo instó a responder por las víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus en Brasil. “Eso sí es un crimen de lesa humanidad: GENOCIDIO. Yo hablo con hechos, no con informes falsos, sesgados e ideologizados”, censuró el canciller venezolano.
La amenaza del oligopolio ha evidenciado la necesidad social de la nacionalización y de fomentar la participación pública en el sector o la creación de una empresa pública de energía, algo ya consolidado en una larga lista de países de la Unión Europea
La amenaza de las eléctricas del pasado martes con el cierre de sus nucleares ha desatado una campaña viral a favor de la nacionalización. El movimiento del oligopolio llegaba horas después de que el Consejo de Ministros aprobase una serie de medidas para abaratar el precio de la luz a la ciudadanía. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la suspensión temporal hasta final de año del impuesto a la venta de producción de energía eléctrica, la reducción del IVA —del 21% al 10%—, la rebaja del Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo —del 5% al 0,5%—, la limitación de los beneficios caídos del cielo y la fijación de un precio tope al precio del kilovatio hora.
Parte importante de dichas medidas proviene de la propuesta de Unidas Podemos, rechazada por los socialistas aludiendo a que eran iniciativas “inviables” para la economía. Sin embargo, el PSOE terminaba cediendo y el pasado lunes Pedro Sánchez anunciaba la llegada del paquete de medidas para abaratar la luz con buena parte de las ideas de la formación morada. Ante el cambio de rumbo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebraba la aprobación de las medidas: “Son una gran noticia para toda la gente de nuestro país que durante mucho tiempo ha estado pagando una factura vergonzosa. También se demuestra una vez más que, cuando se quiere, se puede”.
Horas más tarde llegaba el “chantaje” de las eléctricas, que amenazaban con el cierre de las nucleares ante el movimiento del Gobierno de coalición para abaratar la factura de la luz. En consecuencia, la amenaza del oligopolio eléctrico desataba una campaña viral a favor de la nacionalización. “El chantaje no es solo al Gobierno, es un chantaje al país, a sus ciudadanos. Para eso está la Constitución, para defender el interés general. Aplíquese el artículo 128”, apuntaba un usuario haciendo referencia al artículo de la norma suprema en el que, en su punto segundo, “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica” y se expresa que “mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
Ante la amenaza de las eléctricas, las respuestas también llegaban desde la política. Desde Compromís, Joan Baldoví no dudaba en tildar lo ocurrido de “chantaje”. Una opinión que era compartida desde EH Bildu por Oskar Matute: “La siguiente gran noticia debería de ser que este Gobierno ponga fin a la estafa del oligopolio eléctrico”. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), señalaba la falacia de la amenaza: “Las empresas propietarias de centrales nucleares deberán pedir el cese de actividad de las plantas al Gobierno que decidirá en última instancia previo informe del operador del sistema, Red Eléctrica. Ley del Sector Eléctrico, Artículo 53.5. Las Eléctricas mienten. De nada”. Por su parte, los partidos de la derecha y la ultraderecha se han mantenido en silencio.
Desde el ala morada del Gobierno, Isabel Serra respondía con gran contundencia a las eléctricas: “Esta guerra que han declarado las eléctricas contra el gobierno es un ataque al conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Y un chantaje que no debemos permitir. El interés general y el bien común siempre por encima”. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, pedía a las eléctricas que no reaccionen “en caliente” y afirmaba que no es posible que las eléctricas puedan cerrar las centrales nucleares por su propio deseo. Una amenaza del oligopolio eléctrico que ha evidenciado más que nunca la necesidad social de la nacionalización y de fomentar la participación pública en el sector o la creación de una empresa pública de energía —algo ya consolidado en una larga lista de países de la Unión Europea—.
Radio Canada reveló este martes que la Junta Escolar Católica Providence, que agrupa a 30 escuelas francófonas de la provincia de Ontario, organizó en 2019 una quema de libros infantiles.
El medio tuvo conocimiento de la acción a través de un documento interno de la junta escolar y de un video para alumnos. En ella se destruyeron 4.716 copias de 155 obras cuyo contenido la dirección consideró que era «obsoleto e inapropiado» hacia los indígenas. El Ministerio de Educación de Ontario participó en el proyecto, aunque no en la selección de los títulos.
Entre los libros proscritos está el cómic ‘Tintín en América’, publicado por primera vez en 1932. Según la junta, contiene «lenguaje inaceptable», «información incorrecta» y una representación «negativa» y «ofensiva» de los indígenas de Canadá, a los que el libro se refiere como «pieles rojas».
También fueron calificados como inapropiados ‘Astérix en América’ y ‘Pocahontas’. En ambos casos, el motivo fue la sexualización que se hace de las mujeres indígenas. «Desarrollamos lo que se llama salvajismo sexual, una imagen de las mujeres nativas como mujeres fáciles», aseveró la supervisora de la ceremonia, Suzy Kies.
«Pocahontas es muy sexual y sensual, para nosotras las nativas es peligroso», afirmó.
Por su parte, la imagen de hombres aborígenes sin camisa en la portada de ‘El hijo de los hurones’, la biografía del explorador francés Étienne Brûlé, fue considerada «una representación falsa» que también provocó su retirada.
Asimismo, fueron retirados y destruidos los ejemplares del libro ‘Les esquimaux’ (‘Los esquimales’), por el uso de este término, actualmente considerada una denominación peyorativa de los inuit.
Kies, quien se describe como investigadora independiente y «guardiana del conocimiento» y es copresidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Partido Liberal, justificó la destrucción de los libros.
«La gente entra en pánico por la quema de libros, pero estamos hablando de millones de libros que tienen imágenes negativas de los indígenas, que perpetúan estereotipos que son realmente perjudiciales y peligrosos», afirmó.
Asimismo, señaló que se trata de «historias escritas por europeos, desde una perspectiva eurocéntrica y no por pueblos indígenas». «No estamos tratando de borrar la historia, estamos tratando de corregirla», aseveró Kies.
Sin embargo, el acto provocó un fuerte rechazo por parte de los autores de algunos de los libros destruidos. Jean-Claude Larocque, quien escribió la biografía de Brûlé, lo calificó de «pura censura». «¿Volvemos al índice?», preguntó, refiriéndose a la lista de libros prohibidos en las escuelas católicas hasta la década de 1960.
A su vez, Sylvie Brien, autora de ‘The Indian College Affair’, también retirado, dijo que la ceremonia era «increíble». «¿Qué derecho tienen para hacer tal cosa? Es completamente ridículo», indicó la escritora, que alega que ella fue precisamente una de las primeras en abordar en su libro los «horrores de las escuelas residenciales» para los indígenas.
Marcel Levasseur, creador del explorador Laflèche, cuyos libros también han sido retirados, dijo que se sintió «prohibido». El dibujante asegura que quedó devastado e ignora si publicará el cuarto álbum del personaje, actualmente en preparación.
«Me doy cuenta de que puede ser tan frágil, de que puede convertirse en objeto de vergüenza de la noche a la mañana… ¿Quiero seguir luchando?», se pregunta.
El Gobierno venezolano y la oposición más radical iniciaron el pasado viernes una nueva ronda de negociaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que el exdiputado Juan Guaidó está «aplastado» en su intento de derrocamiento respaldado por EE.UU., al analizar el proceso de negociación del Gobierno con la oposición radical, que comenzó oficialmente el pasado viernes en México.
Durante una entrevista con el periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, el mandatario venezolano sostuvo que la Casa Blanca se buscó a un «imbécil» y a un «pelele» para que hiciera de «títere», con la finalidad de lograr el derrocamiento del Gobierno y «la destrucción de la revolución bolivariana». «Se lo impedimos, los derrotamos«, afirmó.
«Juan Guaidó para la historia de Venezuela está aplastado y derrotado como ensayo de intento de intervencionismo y dominación colonial de Venezuela», expresó Maduro al hablar del exdiputado que se autoproclamó «presidente encargado» en 2019, con el reconocimiento de un sector radical de la oposición venezolana, EE.UU., los países de la región que conforman el Grupo de Lima y la Unión Europea (UE).
El viernes pasado comenzó una nueva ronda de conversaciones entre las partes en ciudad de México. Sobre este nuevo proceso, el mandatario dijo que es el momento de cesar los «conflictos estériles» y que las soluciones deben buscarse «por la vía del diálogo y la democracia».
Al referirse a sus interlocutores, aseguró que cuando su Gobierno se sienta a la mesa, entiende que dialoga con EE.UU., «porque esa Plataforma Unitaria [que agrupa a cuatro partidos opositores venezolanos] son los políticos dependientes de los dictámenes de Donald Trump y Joe Bien».
Por su parte, EE.UU. en esta oportunidad ha respaldado abiertamente el proceso. A través de un tuit, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, celebró «el inicio de negociaciones integrales lideradas por Venezuela en México«.
Antes de comenzar esta nueva ronda de acercamientos, que en otras oportunidades no ha llegado a buen término porque la oposición ha abandonado las conversaciones antes de sellar un acuerdo, se suscribió un memorando de entendimiento en Ciudad de México, que fue aprobado por la Asamblea Nacional venezolana.
Al respecto, el presidente venezolano aseveró que la «fantasía» de un gobierno interino se acabó cuando las delegación opositora firmó el documento, al reconocer a Maduro como mandatario y no a Guaidó.
Entre los puntos de la agenda que maneja la delegación encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, están el levantamiento de todas las sanciones y el desbloqueo de las cuentas bancarias y los activos venezolanos en el exterior. Además, se propone un pronunciamiento en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana.
Al ser consultado sobre las sanciones legales en contra de quienes «usurparon» el poder, promovieron la aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela y realizaron intentos de golpe de Estado, el presidente venezolano manifestó que espera que haya Justicia «severa». «Aquí no va a haber impunidad, ni en México, ni en Marte, aquí tiene que haber justicia porque es mucho el daño que le han hecho a las familias venezolanas», afirmó.
Los últimos años han supuesto un reto para el funcionamiento de este centro hospitalario, que debe sortear grandes obstáculos para adquirir sus insumos debido a las medidas coercitivas y que ha quedado sin la mitad de su personal.
Yanira sostiene a su bebé de siete meses, que se recupera de una operación de corazón en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, en Caracas, mientras explica cómo ha sido el proceso. El pequeño, que no para de sonreír, es uno de los 305 niños que han sido intervenidos en este centro de salud en lo que va de año, en plena pandemia.
En el cardiológico se han realizado más de 12.000 intervenciones desde su inauguración, el 20 de agosto de 2006, durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Este 2021 se espera culminar con 400 operaciones, una cifra que adquiere un significado distinto en el contexto de las profundas afectaciones que se han producido en la vida cotidiana de las personas tanto por la pandemia como por las sanciones de EE.UU. contra Venezuela.
Al entrar a este hospital, de largos pasillos silenciosos y muy iluminados, las medidas de bioseguridad son estrictas: lavado de manos, distanciamiento social y tapabocas. Luego de caminar por espacios muy pulcros donde predomina el blanco, se llega a la oficina de la presidenta de la institución, la doctora Isabel Iturria, quien habla con RT sobre la labor del personal del cardiológico en medio de las limitaciones y la crisis global por el covid-19.
Lo primero que llama la atención son las cifras. Este año, en el cardiológico se han realizado 305 intervenciones. El contexto le da importancia a los números, pues de 2014 a 2019 Venezuela sufrió una brutal contracción económica causada por la caída del 99% de sus ingresos petroleros producto de los ataques y desfalco contra la estatal petrolera PDVSA, además de las sanciones.
Los hospitales más grandes del mundo, afirma Iturria, practican entre 300 y 400 intervenciones anuales y, los que superan esa cantidad, pertenecen a un «grupo bien selecto» de instituciones médicas. Estos datos, si se comparan con Venezuela, hacen que lo conseguido por el país suramericano en esa área, en medio de sus grandes limitaciones, pareciera imposible.
Esta realidad no siempre fue así. Antes de la creación del cardiológico, en el país se hacían menos de 200 intervenciones al año. Sin embargo, desde que abrió sus puertas hace 15 años, el promedio anual ha sido de 700 a 800 operaciones (mitad cirugías y mitad cateterismos). «El cardiológico transformó las posibilidades de atender a niños con cardiopatías«, afirma la también exministra de Salud (2013).
En un país sancionado, procesos tan rutinarios como la compra de insumos médicos transitan por laberintos kafkianos. «Parece que hicieras algo ilícito, cuando los que lo hacen son quienes obstaculizan la llegada a Venezuela de salud y de vida», denuncia Iturria.
Años atrás, se hacían dos concursos abiertos anuales para adquirir los suministros. A esta convocatoria asistía un grupo de empresas que tenía la posibilidad de ofertar. Poco a poco su presencia se hizo más exigua.
«Es extremo y hay cosas que simplemente no trae el proveedor para no exponerse», porque prácticamente se las vendía al cardiológico debido a que la cirugía pediátrica se hace muy poco en otras instituciones del país.
Actualmente, la mayoría de los productos llegan de China, a través de los convenios binacionales, y de otros países. Algunos insumos se compran a un importador «que se lo compró a otro, que a su vez se lo compró a otro» y después se debe evaluar cuál le puede facturar al cardiológico, cuál no y cuál puede hacerlo al Ministerio de Salud.
«Este procedimiento elimina la competencia y se generan costos mayores, porque los productos llegan de otro intermediario. Afecta verdaderamente a nuestro país, por más que el Estado haya encontrado rutas alternas», asevera.
Más allá de los insumos, también se necesita de la tecnología para que el hospital pueda funcionar. Un ejemplo de ello es el aire acondicionado en los quirófanos, «que tiene particularidades muy específicas: no sólo es frío sino que además está libre de todo tipo de contaminantes y partículas». Estos equipos son importados y sus repuestos dejaron de venderse a Venezuela por las mismas razones.
Su mantenimiento también sufre las consecuencias del bloqueo. Los proveedores habituales se niegan a trabajar en el hospital o alegan que su casa matriz los sanciona y no les vende repuestos si son para el Estado venezolano. «Es increíble pero es una realidad«, dice Iturria.
Si bien las intervenciones son gratuitas, el hospital cubre los costos, que están muy por debajo de los privados. En cualquier lugar del mundo una operación de este tipo puede llegar a los 40.000 dólares.
La presidenta del hospital explica que por una operación en una clínica venezolana se hacen siete u ocho en el cardiológico. «El otro mito que se desmonta es la ‘ineficiencia’ del sector público, que parece ser más una cantaleta que algo con fundamento racional», agrega.
La garantía de gratuidad alberga incluso a la madre, cuya alimentación está garantizada, y al padre, que es alojado en la residencia hospitalaria el día de la cirugía. «Tendría que ser más costoso aquí y no lo es. Lo hacemos con gratuidad, con calidad técnica, pero también con cariño, con solidaridad, con calidez.», dice la doctora egresada de la Universidad Central del Venezuela (UCV).
Para hacerse una idea de los costos, en una cirugía de cardiopatía congénita para un solo niño se pueden necesitar 300 cosas diferentes. Hay algunos materiales que se puede reesterilizar pero otros no, porque son muy caros y de una tecnología difícil de reproducir.
Algo que impresiona al entrar al cardiológico es que no hay madres con sus hijos en brazos haciendo interminables filas para esperar su turno. La pregunta es ineludible: ¿cómo se logró transformar una realidad tan cotidiana en cualquier centro de salud pública?
El resultado ha sido producto de la planificación y del uso de la tecnología informática. En los hospitales del país donde cuentan con servicio de cardiología, el especialista en esa área accede al sistema del hospital e ingresa los datos del paciente que requiera cirugía o cateterismo al Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes con Cardiopatías Congénitas (RENAC).
«Cada día podemos tener en tiempo real los pacientes que se han agregado a esa lista de espera nacional y podemos llamarlos cuando tengamos las condiciones para poder operarlos, de acuerdo a su patología», explica Iturria.
Hay patologías que pueden esperar años, y realizar la intervención cuando el niño esté más grande, mientras que otras deben ser operadas en el primer mes de vida.
«De esa manera optimizamos los recursos dentro del hospital y evitamos que el paciente se tenga que trasladar innecesariamente. Eso lo hacíamos así desde antes de la pandemia», agrega.
En la cotidianidad del hospital hay otros números, no tan alentadores, que también hablan de un desafío para quienes trabajan allí. El cardiológico está funcionando con la mitad o menos de su personal porque muchos de los especialistas se fueron del país. «Es un saldo negativo para la revolución, que de algún modo hay que tratar de recuperar», dice Iturria.
Los médicos son muy codiciados en el exterior, explica, y los venezolanos «compiten en condiciones favorables con los de cualquier lugar del mundo y son atraídos por otros países, que les ofrecen mejores condiciones de vida», a pesar de que en algunos cumplen funciones muy por debajo de su preparación.
La formación de un especialista puede llevarse unos 14 años entre los siete de la universidad, el año rural y los posgrados, cada uno de tres años. «En este hospital, los médicos tienen entre dos y tres posgrados. Muchos se fueron aunque diría que buena parte quisiera estar en Venezuela».
«Es un problema real que Venezuela intentó resolver aumentando la cantidad de médicos que se forman. Ahora se forman muchos más que nunca en la historia de Venezuela», asevera. La principal área es la Medicina Integral Comunitaria, con un enfoque hacia la medicina preventiva y la promoción de salud y calidad de vida. «Seguramente es uno de los elementos básicos que ha permitido el control de la pandemia, con otras muchas medidas que se han tomado», asevera.
¿Cómo sigue en pie un hospital con la mitad de su personal?, es la pregunta que surge. La presidenta se refiere a la experiencia acumulada en 15 años de existencia del cardiológico y al compromiso de los trabajadores con la institución, lo que ha hecho que las cosas sean más sencillas. Incluso ella misma cuenta que ha vuelto a tener guardias de 24 horas como cuando era residente, décadas atrás. «Es realmente un trabajo bien intenso el que hay que hacer«.
La pandemia también ha sido un desafío para el que han tenido que adaptarse. Por ello, se restringió la presencia de personas que acompañaban a los pacientes, se vacunó a todo el personal y se aprovecharon las herramientas tecnológicas para realizar actividades docentes y de difusión del conocimiento.
México se prepara para explotar y aprovechar el litio, metal esencial en el siglo XXI. Utilizado en la producción de baterías para automóviles eléctricos, teléfonos móviles y computadoras, entre otros dispositivos, el litio es un elemento capaz de catapultar el desarrollo de naciones con yacimientos.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está evaluando el potencial de este recurso natural en el país y ya prepara una estrategia de fomento a la inversión. En el Senado, se alista la aprobación de una reforma a la Constitución para salvaguardar la propiedad de la Nación sobre el denominado ‘oro blanco’.
En la lucha por la hegemonía tecnológica, los yacimientos de litio se han convertido en un espacio de disputa entre EE.UU. y China. Washington busca garantizar su acceso a las materias primas (‘commodities’) de México en el marco del T-MEC, acuerdo comercial que exige un alto contenido regional en la producción de baterías para automóviles eléctricos.
Por su experiencia en la explotación y aprovechamiento del litio, México estableció contacto con el Gobierno de Bolivia para recibir asesoramiento. A finales de julio, ambos países firmaron una ‘Carta de intención en materia de cooperación’ con el objetivo de diseñar proyectos para la explotación, producción y procesamiento de litio.
El caso de Bolivia revela, sin embargo, no solo la necesidad de contar con capacidades técnicas y un marco normativo adecuado para su aprovechamiento, sino también visión geoestratégica cuando se explota un recurso que está en medio de la lucha por la hegemonía mundial entre grandes potencias.
Por su vasta riqueza en materia de litio, es que se perpetró un golpe de Estado en contra de Evo Morales, alertó en diciembre de 2019 Víctor M. Toledo Manzur, anterior titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno mexicano.
El mercado de automóviles eléctricos no se ha visto afectado a raíz de la pandemia del covid-19, por el contrario. Para este año se espera que las ventas se incrementen en un 70%, un récord en medio de una de las peores crisis de la economía global de los últimos 100 años.
El mundo está en medio de un proceso de transición. Aunque actualmente las ventas de automóviles eléctricos representan apenas un 5% del total, para 2030 por lo menos 30 de cada 100 automóviles vendidos funcionarán con energía eléctrica. Y, para 2040, prácticamente ninguno de los modelos nuevos usará fuentes de energía fósil, según proyecciones de UBS.
De acuerdo a Rystad Energy, una consultora de energía noruega, a medida que la fabricación de automóviles eléctricos aumente, los precios del litio también lo harán. Según sus cálculos, los precios podrían triplicarse hacia finales de la década.
El auge del mercado de automóviles eléctricos ha generado un boom en el mercado del litio. Potencias como EE.UU. y China, que buscan liderar la venta de automóviles de nueva generación, luchan por el control de los yacimientos de este metal, muy valorado por su alta densidad de energía dados su peso y volumen, así como su capacidad de funcionar a bajas temperaturas y proporcionar un voltaje constante.
Por sus yacimientos de litio, México participa de facto en la geopolítica mundial como espacio de disputa entre grandes potencias, ávidas de hacerse con el control de este metal.
El índice Solactive Global Lithium, que integra a las principales empresas de litio con capitalización bursátil, ha registrado un incremento de un 32% en lo que va de este año, empujado por las ganancias de las empresas chinas Ganfeng Lithium y CATL, cuyas acciones han aumentado un 98 y un 38% respectivamente.
Por sus yacimientos de litio, México participa de facto en la geopolítica mundial como espacio de disputa entre grandes potencias, ávidas de hacerse con el control de este metal.
En los últimos años destaca el protagonismo de China, tanto en la cadena de suministro de materias primas (‘commodities’), como en la industria manufacturera. Ya en 2019, Reuters reportaba que el gigante asiático controlaba casi la mitad de la producción de litio y representaba un 60% de la fabricación de baterías.
En cuanto al litio localizado en el Continente americano, China ha logrado abrirse paso en la zona sur. Lleva la voz cantante en Argentina, Bolivia y Chile, países que integran el denominado ‘Triángulo del litio’, región donde Pekín realizó inversiones por un monto de 4.200 millones de dólares entre 2017 y 2019.
EE.UU. ha venido perdiendo terreno frente a Pekín. En la actualidad Washington apenas manufactura un 10% de los ánodos de las baterías de iones de litio, mientras China domina este mercado con amplia ventaja con casi dos terceras partes de la producción, de acuerdo con datos recabados por BloombergNEF.
Los yacimientos de litio sin explotar representan una ventana de oportunidad para el Gobierno de Joe Biden. De hecho, en el marco del T-MEC se incluyen una serie de cláusulas que privilegian el contenido regional de la producción. De acuerdo con el tratado comercial, las baterías de iones litio deben acreditar un 75% de contenido regional, a fin de que puedan comercializarse entre México, EE.UU. y Canadá.
En este sentido, la guerra por la hegemonía tecnológica entre China y EE.UU., y el hecho de que la producción esté concentrada en un puñado de países, han añadido presión sobre los yacimientos de litio localizados en México y Canadá, asegura un reporte publicado por GeoComunes, REMA y MiningWatch Canadá en enero de este año.
A pesar de las presiones desde el exterior, bajo el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ se busca capitalizar el potencial de este recurso natural estratégico.
Así, con el objetivo de sentar las bases para la explotación y aprovechamiento del litio, desde la Cámara Alta del poder legislativo ya se prepara una reforma a la Constitución para salvaguardar la propiedad de la Nación sobre el más liviano de los metales.
En los próximos días se retomará la discusión sobre la regulación del litio. El debate sobre el tema tomó impulso en noviembre del año pasado cuando Alejandro Armenta Mier, legislador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria en materia minera.
En la exposición de motivos de esta propuesta se destaca la necesidad de precisar en la Carta Magna que el litio, al igual que los hidrocarburos, es propiedad de la Nación y que, en caso de otorgarse concesiones a empresas privadas, corresponderá al Estado mexicano establecer las condiciones de las mismas.
En entrevista exclusiva con RT, el senador Armenta Mier comenta que su propuesta —que tiene el apoyo de 60 legisladores del oficialismo— se ha venido enriqueciendo en los últimos meses y será reformulada para presentarse finalmente de manera conjunta por su bancada durante el actual período de sesiones.
Por otro lado, destaca que se han realizado seis reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía, encabezada por Tatiana Clouthier, quien recibió el encargo del presidente López Obrador de presentar un informe sobre el estado actual de las concesiones mineras, así como una evaluación de las condiciones para explotar este recurso natural.
Consultada sobre el asunto, la dependencia federal precisó a este medio que el informe solicitado por el mandatario se encuentra en proceso de elaboración. El principal objetivo en materia de litio, puntualizó, es conseguir que México participe en las diferentes etapas de la cadena productiva, no únicamente en la extracción.
«El litio se usa en la producción de baterías, entonces debemos de tener toda la cadena productiva en nuestro país, que nos lleve del mineral de litio a las pilas de cadmio-litio o alguna otra que use el ion de litio como base para producir electricidad».
Armenta Mier, por su parte, asegura que existe convergencia entre su propuesta y la visión del Gobierno. El objetivo central es lograr que el litio se convierta en una ‘palanca de desarrollo’, tal como sucedió con el petróleo durante el siglo XX, y que el Estado mexicano desempeñe un papel clave en este proceso, incluso que tenga prioridad sobre los particulares, y no se limite a otorgar títulos de concesión.
El senador propone también la creación de un organismo público especializado que rija todo lo relacionado con este metal, Litiomex, cuya misión sería no solo la regulación, sino también impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico.
«Nuestra investigación arrojó que la mejor opción es el esquema mixto. Queremos que le vaya bien al sector productivo, somos aliados de los empresarios, pero no vamos a permitir el saqueo»
Aclara, sin embargo, que la reforma a la Constitución no pretende impedir la participación de la iniciativa privada, nacional y extranjera, sino establecer condiciones que permitan un mejor aprovechamiento de este recurso estratégico a favor de la Nación.
El esquema de inversión que se plantea para la explotación y aprovechamiento del litio, detalla, es de tipo mixto, es decir, contempla la participación de los sectores público y privado.
La decisión de adoptar esta modalidad, abunda el senador por el estado de Puebla, se tomó luego de realizar una evaluación de los esquemas de inversión en 10 países, entre ellos, Argentina, Bolivia, Chile, Canadá, Corea del Sur, China y Japón.
«Nuestra investigación arrojó que la mejor opción es el esquema mixto. Queremos que le vaya bien al sector productivo, somos aliados de los empresarios, pero no vamos a permitir el saqueo», sentencia.
La explotación y aprovechamiento de los yacimientos de litio con la participación del Estado, aumentaría los ingresos de la Nación y, con ello, su capacidad de gasto.
Según estimaciones de Armenta Mier, solamente tomando en cuenta los yacimientos localizados en el estado de Sonora, el país posee reservas de litio suficientes para cubrir hasta 4,5 veces el pago de su deuda externa.
En términos de infraestructura, asegura, los recursos alcanzarían para modernizar los puertos y el sistema carretero, construir aeropuertos de última generación en cada una de las capitales de las entidades federativas, así como rehabilitar el sistema de ferrocarriles.
El país tiene la oportunidad de convertirse en una potencia si logra sacar provecho de sus yacimientos, concluye el legislador morenista. «Hay que colocar al litio en la agenda estratégica en materia de soberanía energética. México tiene el potencial para recuperar la grandeza que merece tener en el concierto internacional».
«Media jornada, 12 horas», es una de las frases más típicas y conocidas del personaje interpretado por Jordi Sánchez, Antonio Recio, que se caracteriza por explotar a sus trabajadores hasta el límite, entre otras cosas. Con estas palabras, los guionistas intentan llevar la explotación laboral hasta el límite para realizar una crítica social, pero, como en todo, la realidad siempre supera a la ficción.
Este martes, la cuenta de Twitter Soy Camarero ha publicado una captura de Whatsapp en la que se puede leer una conversación entre una persona que busca trabajo de camarero y el dueño de un bar. Cuando el interesado pregunta por las condiciones, recibe la siguiente respuesta: «Buenos días… las condiciones son 12h/6 días a la semana 500 € al mes y tú te tienes que dar de alta como autónomo y las propinas a medias». Ante estas palabras, el interesado pregunta sorprendido si tendrá que trabajar doce horas diarias, a lo que el dueño del bar le responde: «Sí, media jornada, sin horas extra», las mismas palabras que diría Antonio Recio.
Esta conversación de WhatsApp ha causado una revolución en redes sociales. Muchos de los usuarios consideran que es fake porque no dan crédito a que estas condiciones puedan existir, mientras que trabajadores de la hostelería aseguran que estas situaciones existen en su sector. Por eso, desde Mierda Jobs hemos hablado con Soy Camarero para saber de dónde viene la captura y si se trata de un fake.
«El otro día publiqué una oferta y bastante gente me respondió con capturas de pantalla en las que se mostraban sus condiciones laborales. Entre ellas estaba esta, que me la envió un chico. Cuando le pregunté si eso le había ocurrido a él, me contó que un amigo suyo le había pasado un contacto para trabajar de camarero y que eso era lo que le habían ofrecido. La primera vez que subí la captura le etiqueté, pero me pidió que no lo hiciera porque vive en un pueblo pequeño en el que se conocen todos y podía tener problemas en su actual trabajo en el que está de camarero si se enteran de que denuncia la precariedad existente en el sector», cuenta.
Soy Camarero asegura que ha recibido ofertas similares a esta y que a él mismo le han planteado trabajar como autónomo cuando buscaba trabajo. «Yo he trabajado diez y once horas seguidas, seis días a la semana por 900 euros mensuales. Parece que la oferta es irreal, pero hay casos, muchos casos de personas que trabajan así, sólo hay que escuchar a los profesionales de la hostelería».
El camarero influencer cuenta a Mierda Jobs que estas condiciones se dan «mucho más» en verano, pero que existen durante todo el año. «Saben que hay gente que está muy necesitada y que va a coger el trabajo. Es una lástima porque muchos no pueden elegir. A mí me ha pasado, he estado de alquiler muchos años y he tenido que coger trabajos de estas características de forma temporal hasta encontrar otra cosa, siempre van a encontrar a personas que estén en esa situación», lamenta.
El aparato de propaganda del PP gallego lleva años dibujando la imagen de Alberto Núñez Feijóo como un eminente gestor, austero en la administración del dinero de todos y eficaz a la hora de obtener la mejor relación calidad-precio en la prestación de servicios públicos. Pero tras más de once años de gobierno, la realidad desmiente ese perfil. Feijóo ha ejecutado recortes que han minado la calidad de la educación y de la sanidad; ha mantenido a Galicia entre las comunidades más pobres y con más pobres, y ha puesto en manos privadas la gestión de políticas relevantes convirtiéndolas en negocio para unos cuantos afortunados. En ocasiones a través de los clásicos chiringuitos que el PP tanto dice denostar, pero a los que tanto acude.
Valga la introducción para contextualizar el Informe Económico-Financiero de las Entidades Instrumentales Autonómicas aprobado el mes pasado por el Consello de Contas de Galicia, el ente fiscalizador de las cuentas del sector público gallego. Alerta de que, sin incluir al Servicio Galego de Saúde (Sergas), el 15% del presupuesto de la comunidad autónoma, es decir más de 1.588 millones de euros, está manejado por organizaciones e instituciones dependientes de la Xunta pero con autonomía para operar al margen de la administración autonómica: organismos autónomos comerciales, entidades públicas empresariales, agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles…
En total suman 117 sobre las que el Consello de Contas alerta de que apenas pueden ser controladas en su actividad, que se alimentan de fondos públicos sin que sus cuentas puedan ser adecuadamente fiscalizadas para deducir la idoneidad de sus gastos, y que algunas han requerido enormes inyecciones de capital público para camuflar un endeudamiento exagerado. No todas pueden considerarse chiringuitos en el sentido peyorativo del término, pero la mayoría sí funcionan como tales.
«Las memorias de la mayoría de los organismos autónomos no cumplen su función de explicar, comentar y ampliar el resto de datos contables y carecen de valor informativo», señala el Consello, que advierte de que falta «información económico-financiera» y «sobre indicadores de gestión y coste de actividades». Es decir, la más relevante para deducir si chiringuitos, fundaciones, agencias y consorcios cumplen las normas contables y de gasto que están obligadas a observar.
«Lo que el Consello de Contas le viene a decir a la Xunta es que las figuras a través de las cuales ha creado una administración paralela no cumplen la función para la que estaban pensadas», sostiene Iago Tabares, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la Comisión Insitucional y de Administración del Parlamento de Galicia. «Y evidencian una vez más que el Gobierno de Feijóo hace lo contrario a lo que dice que va a hacer. En el 2010 anunció que iba a acabar con esa administración paralela, pero lo que ha hecho ha sido mantenerla y aumentarla. Son chiringuitos pensados para eludir las normas de contratación administrativa y para actuar con discrecionalidad en la contratación de personal».
El ex diputado socialista en el Congreso y portavoz del PSOE en el Parlamento de Galicia, Pablo Arangüena, mantiene una postura igualmente crítica: «Algunas entidades no rinden ni siquiera cuentas y es cierto que ha descendido su número en la última década, igual que en el resto del Estado, pero manejan el mismo presupuesto, lo que implica que se ha tratado de una reordenación cosmética», afirma. «No hay control real de eficiencia del gasto, los chiringuitos siguen a plena potencia y en ellos se gestiona una parte significativa del gasto público autonómico y se sigue enchufando a allegados del PP», concluye.
El aparato de propaganda de Feijóo ha convertido al presidente de la Xunta en un adalid de la defensa de lo público. Cuando una de las estrategias recurrentes de su acción de gobierno consiste en crear entidades instrumentales para, con el dinero público, generar golosos negocios para la banca y la gran empresa.
La última inciativa ha sido la Sociedad para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, que gestionará los cerca de 20.000 millones de euros que la Xunta prevé obtener de los fondos Next Generation de la UE. El 60% del capital está en manos de Abanca, formada por las antiguas cajas de ahorro y hoy propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet; de Reganosa, dedicada al transporte y regasificación de gas natural y propiedad de la familia Tojeiro, a su vez titular de Gadisa, la mayor red de supernercados de Galicia; y de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), otra entidad dependiente de la Xunta pero participada al 49% por Naturgy.
La Xunta asegura que la nueva sociedad está «abierta a nuevos socios» y que se apoya «en tres principios rectores: involucrar a las pymes, hacer de la I+D+i un elemento transversal y fomentar la colaboración público-privada». Viendo su accionariado, sólo el tercer principio está garantizado. En el consejo no se sientan las pymes ni los investigadores ni los científicos, sino los representantes de la banca, las eléctricas y las grandes fortunas del país — Roberto Tojeiro tiene un patrimonio que algunas fuentes estiman en 415 millones de euros—.
«No puede ser que la gestión de proyectos esenciales para el futuro de Galicia se diseñe al margen de las instituciones», subraya Iago Tabares. «No estamos en contra de la colaboración público-privada, pero sí del desmantelamiento de lo público», añade el portavoz del BNG.
La entidad que gestionará los fondos europeos en Galicia no figura en el análisis del Consello de Contas, que se refiere al ejercicio del 2019. Pero hay muchas entidades a su imagen y semejanza, y sobre algunas el informe arroja serias dudas en torno a su gestión y a la procedencia de que sigan existiendo.
Sobre las agencias, gestionan 698 millones y, al contrario de lo que ha sucedido con la Administración central, que ha ido prescindiendo de ellas, han sido el modelo preferido por Feijóo para gestionar áreas de gasto tradicionalmente desarrolladas de forma centralizada: «infraestructuras, innovación, equipamiento tecnológico, turismo y servicios sociales, entre otras». El Consello no ha podido acreditar que esas agencias «estén aplicando los mecanismos de gestión transparente por objetivos».
Sobre las sociedades públicas, advierte de su «escaso nivel de autofinanciación» y pone en duda «que sus actividades sean mercantiles o empresariales». Y en cuanto a las fundaciones, asegura que su dependencia de las subvenciones autonómicas, superior al 80%, «evidencia la incapacidad para usar el modelo según su verdadera esencia, que no es otra que la de incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general».
El Consello recomienda a la Xunta -sus informes no son vinculantes- que someta a auditoría a todos los organismos públicos instrumentales y que actualice la normativa para controlar sus cuentas. Porque aunque en general las entidades presentan un nivel de solvencia «razonable», en algunos hay verdaderos agujeros negros por los que se cuelan cantidades astronómicas de dinero público.
Es el caso de Xestur, creada a los tres años de que Feijóo accediera a la Xunta para «la realización de actividades urbanísticas». Entre el 2014 y el 2019, la Xunta tuvo que realizar «sucesivas inyecciones de capital por importe de 229 millones para que Xestur pudiera hacer frente a su endeudamiento», advierte el informe. La deuda de los chiringuitos y entidades dependientes de la Xunta alcanzó los 820 millones en el 2018 y cayó hasta los 573 millones en el 2019. Pero sólo porque el Gobierno autonómico enjugó la deuda de Xestur con más dinero público, en una situación similar a la que padece la Sociedad Pública de Investimentos (SPI), destinada a construir, explotar y mantener infraestructuras autonómicas, y que también arrastraba un enorme endeudamiento.
Ni Xestur ni la SPI están participadas por la iniciativa privada. Curiosamente, las entidades instrumentales de la Xunta que dan pérdidas no cuentan con ella. Las que rinden beneficios, sí. Algo pone en duda esa imagen de buen gestor de lo público que la propaganda atribuye a Feijóo.
Otro ejemplo: tampoco está participado el Instituto Galego de Promoción Económica, creado por Fraga en 1992 a imagen del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al objeto de apoyar mediante préstamos y subvenciones la actividad empresarial y productiva. A los dos años de la llegada de Feijóo, el Igape fue el epicentro de la Operación Campeón, que motivó la detención de los altos cargos del Instituto que su Gobierno avalaba acusados de fraude, lavado de capitales y tráfico de influencias por conceder irregularmente préstamos y subvenciones a empresarios cercanos al PP.
Hoy, según el Consello de Contas, el Igape arrastra un íncide de morosidad impensable en cualquier entidad crediticia pública o privada. «Una parte significativa de los deudores no devolvieron los préstamos concedidos por el Igape. En concreto, más de la mitad de los vencimientos de capital de los préstamos concedidos no llegaron a ser cobrados», señala el informe. Los impagados ascienden a 62,6 millones de euros, «lo que representa un impago del 47%». Y no cabe relacionar la morosidad con la crisis sanitaria, porque, como recuerdan los autores del análisis, éste es sobre el ejercicio del 2019, meses antes de la pandemia.
El ICO tenía hace un año una tasa de morosidad del 4,73%. La media de la banca española, en plena crisis, estaba el mes pasado en el 4,6%. ¿Puede considerarse una buena gestión tenerla en el 47%?
Otra de las denuncias del Consello de Contas se refiere a que la Xunta lleva once años incumpliendo la ley del 2010, impulsada por el propio Feijóo, que obliga su Gobierno a poner en marcha un registro de entidades instrumentales en el que figuren también sus cuentas anuales. En el portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico aparece ese registro, pero, de nuevo es pura propaganda. Sólo hay un link que remite al listado del Inventario de Entidades del Sector Público del Ministerio de Hacienda. Los autores del informe alertan de que han tenido que trabajar con esa documentación, y no con la que debería haberles proporcionado desde el 2010 la Administración autonómica.
Por su parte, la Consellería de Facenda asegura que, contra lo que dicen los economistas del Consello de Contas, no hay 117 entidades instrumentales, sino sólo 69, porque el inventario del Ministerio de Hacienda incluye entes como los organismos dependientes de las universidades o que pertenecen al sector público local o estatal, «que no cumplen los requisitos para ser considerados parte del sector público autonómico». Fuentes de ese departamento, que dirige el ex auditor del Consello Valeriano Martínez, afirman que el decreto que regulará el registro de entidades ya está en trámite.
Público preguntó a la Consellería de Martínez si considera que el sector de las entidades instrumentales está bien dimensionado, si la Xunta está satisfecha con las fundaciones en las que participa, si debe modificarse el modelo de Xestur y si tasa de morosidad del Igape, que afecta a casi la mitad de los préstamos que concede, cuestiona su gestión . La Consellería no respondió a esas preguntas y apuntó que «desde el 2009, cuando Feijóo llegó al poder», se ejecutó «una acción continuada en materia de racionalización de las entidades instrumentales» que ha permitido ordenar la supresión de 97 y mejorar la situación de otras 63.
Hace ya una semana del potente sismo en Haití y la situación del país es aún muy delicada. La ayuda humanitaria es muy escasa en las regiones remotas.
Las tensiones en Haití siguen este sábado, una semana después de un devastador terremoto de magnitud 7,2 que mató a más de 2 mil personas. La ayuda ha sido escasa en las regiones remotas de la empobrecida nación caribeña.
Estiman que unas 330 personas aún están desaparecidas. Los residentes de las ciudades sureñas, donde se detectó el epicentro del terremoto, todavía cavan en busca de cuerpos que se cree que yacen debajo de los escombros.
Las ayudas son insuficientes. Llegar a las áreas más necesitadas se ha visto obstaculizado por deslizamientos de tierra y daños a la carretera, así como peleas de pandillas que han complicado los viajes entre la capital, Puerto Príncipe, y el sur.
A esta situación hay que sumar la temporada de huracanes en el Caribe. El primer ministro, Ariel Henry, advirtió de que se preparen para más tormentas.
Durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sobre Haití, Henry también prometió organizar elecciones «lo antes posible», a pesar de la devastación del terremoto.
La situación en Haití entró en una inestabilidad política crónica tras el asesinato de Jovenel Moise en julio. Y, ahora, con un desastre natural tiene un futuro más ambiguo.
l país había sufrido otro devastador sismo en enero de 2010 que dejó unos 300 000 fallecidos y 1,5 millones de damnificados.
