En Cuba comienza el reparto de la ayuda humanitaria. Según las autoridades, se distribuirá de forma gratuita por provincias, para más de 3,8 millones de familias. Para ayudar en la lucha contra la pandemia, el sábado a la isla arribó un lote de 30 ventiladores pulmonares procedentes de China. Además, durante la semana el país recibió donaciones de Rusia, México y Bolivia. Oliver Zamora Oria resume lo ocurrido en la nación isleña durante los últimos siete días.
La investigación que lleva a cabo el fiscal suizo Yves Bertossa, que indaga supuestas actividades ilícitas del exmonarca español Juan Carlos I, ha encontrado una segunda cuenta oculta vinculada al rey emérito en el banco Credit Suissse.
El auténtico titular del depósito sería un miembro del entorno familiar del Juan Carlos, según informa El Confidencial, que ha tenido acceso a documentos judiciales del caso.
La cuenta se encontraba abierta en la misma entidad financiera que empleó la Fundación Zagatka para esconder los activos presuntamente pertenecientes al exrey español hasta 2015. Está a nombre de una sociedad offshore panameña, Lactuva S.A., que según explica el periódico, serían testaferros del bufete «especializado en montar redes opacas» que constituyó la empresa mercantil con la que el monarca cobró 100 millones de euros de Arabia Saudí.
Según las pesquisas, el exmonarca habría ordenado operaciones económicas para ayudar a un familiar, unas transferencias que habrían sido ejecutadas por el consultor suizo Arturo Fassana, quien realizó tres pagos de Zagatka a Lactuva en 2008.
Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo de España mantiene actualmente varias investigaciones diferentes abiertas sobre la riqueza oculta de Juan Carlos I.
Para tratar de eludir posibles responsabilidades penales, el rey emérito presentó dos regularizaciones fiscales. La primera tuvo lugar en diciembre de 2020 y con ella abonó casi 700.000 euros en relación con el caso de las tarjetas opacas, que tanto el exjefe de Estado como otros miembros de su familia utilizaron durante al menos tres años, entre 2016 y 2018.
La segunda tuvo lugar en febrero de 2021. Entonces el exmonarca abonó más de 4 millones de euros, correspondientes a las obligaciones tributarias derivadas de la recepción de ocho millones de euros en vuelos operados por una compañía de jets privados.
A pesar de ello, todavía siguen su curso otras dos causas judiciales. Una investiga la fortuna ocultada en Suiza y que tendría su origen en una comisión ilegal de 100 millones de euros pagados por Arabia Saudí por la concesión del contrato de construcción del tren de alta velocidad de La Meca a Medina.
Otra causa tiene que ver con el hallazgo de otra fortuna en la isla de Jersey, por valor de alrededor de 10 millones de euros, aunque en este caso el rey emérito niega rotundamente que sea suya.
Juan Carlos I salió de España el pasado 3 de agosto. Se encuentra instalado en un hotel de superlujo en la isla de Nurai, a 15 minutos en barco de Abu Dabi.
Tras varios escándalos, el exmonarca abdicó en 2014. Su hijo, Felipe VI, anunció en marzo de 2020 que renunciaba a una futura herencia de su padre y le retiró la asignación pública de 200.000 euros anuales de la que disfrutaba.
La ayuda incluye alimentos, equipo de protección personal y más de 1 millón de mascarillas.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha enviado dos aviones de transporte militar An-124 Ruslán a Cuba con más de 88 toneladas de ayuda humanitaria, según lo anunció este sábado.
«Dos aviones An-124 Ruslán del Ministerio de Defensa de Rusia despegaron del aeródromo de Chkálovski, cerca de Moscú hacia su destino», confirmó el departamento militar.
La ayuda incluye alimentos, equipo de protección personal y más de 1 millón de mascarillas.
La entrega de ayuda al país latinoamericano ha sido ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, precisa el Ministerio de Defensa.
El An-124 Ruslán es el avión más grande y con mayor capacidad de carga del mundo.
Las autoridades cubanas confirmaron este viernes 7.784 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que marca un nuevo máximo para el país.
El envío llega dos días después de que el Gobierno estadounidense anunciara la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios de Cuba por presuntos «abusos contra manifestantes» en las protestas que se registraron en algunos puntos de la isla el pasado 11 de julio.
Tras el anuncio de las medidas punitivas, el presidente estadounidense, Joe Biden manifestó que las sanciones impuestas son «solo el comienzo», y que su país «seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano».
Ante estas afirmaciones, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró que el Gobierno de EE.UU. «no tiene absolutamente ninguna autoridad moral» para pedir que se libere a personas detenidas en las protestas en Cuba y le pidió a Washington que se ocupe del «racismo sistemático» y la represión brutal en las protestas registradas en el país norteamericano.
«Se están cumpliendo en Cuba todas las garantías legales y procesales para los detenidos», agregó el titular de Relaciones Exteriores.
En los últimos tres años, esta iniciativa ha reparado 1.800 equipos en todo el país.
El hospital Materno Infantil Hugo Chávez de Caracas ayuda diariamente a traer vidas a este mundo. Lo hace gracias al esfuerzo de los jóvenes trabajadores del proyecto ‘Cayapa Heróica’, que reparan y recuperan los equipos eléctricos con sus propias manos.
En la unidad de cuidado intensivo neonatal de este establecimiento, decenas de bebés son salvados diariamente por sus médicos. La herramienta básica son las incubadoras. Cuentan con 11 disponibles, mientras que el resto está en reparación. En este sentido, el director del hospital, Yosman Rico, señala a RT que la labor de los especialistas se obstaculiza no solo por falta del personal, sino por las sanciones contra el país.
«Las sanciones se expresan o se materializan cuando nosotros, como sistema de salud, no podemos hacer los mantenimientos preventivos, no podemos recuperar los sistemas tecnológicos, no podemos adquirir nuevas tecnologías, o algo tan básico y fundamental como los insumos del día a día«, acentúa.
Debido a que los ingresos de Venezuela se han reducido por el bloqueo económico, hace casi tres años nació el proyecto ‘Cayapa Heróica’, que entre septiembre de 2018 y junio de 2021 ya ha recuperado 1.800 equipos en todo el país.
Carlelinés Gavidia, ingeniera en Telecomunicaciones del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, es una de las personas que ayudan a los médicos. «Somos un equipo multidisciplinario. Así como hay ingenieros electrónicos, mecatrónicos y de telecomunicaciones, también somos de diversas instituciones adscritas al Ministerio de Ciencia y Tecnología», explica.
A lo largo de todos estos años, los reparadores han estado acumulando su experiencia, lo que les permite ahora resucitar no solo incubadoras, sino un amplio abanico de aparatos.
«Después que vimos que nosotros podíamos con un equipo que nunca en la vida habíamos tocado, pues le perdimos el miedo. Hoy día reparamos RX, electrocardiógrafos, mamógrafos, tomógrafos, cualquier equipo. Más bien es un reto. Cuando llega uno que no hemos visto antes, entonces todos quieren, todos nuestros técnicos quieren, primero a ese, es como una competencia bonita», relata Gloria Carvalho, líder del proyecto.
Ese mismo grupo también arreglaba equipos dañados del sistema eléctrico nacional que ha sufrido actos de sabotaje, así como otros de las principales empresas estatales de telecomunicaciones del país.
Los jóvenes que participan en el programa ‘Cayapa Heroica’ confiesan que se sienten orgullosos de hacer lo que las empresas productoras le han negado a Venezuela, no sólo por las sanciones sino también por la estrategia de estas compañías que desde un principio limitan la vida útil de los equipos.
La vacuna Abdala que desarrolla Cuba contra el coronavirus ha arrojado una eficacia de 100 % para prevenir la enfermedad sistémica severa y también la muerte en el grupo vacunado, informó este viernes la cancillería de la isla.
En el mismo estudio, realizado sobre 48.000 voluntarios en su esquema de tres dosis, los investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) señalan que la efectividad del inoculador surgido en La Habana tiene una efectividad de 92,28 % frente a la enfermedad sintomática.
Hasta ahora, la isla suma cinco fármacos anticovid en investigación: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Abdala y Mambisa, más un sexto en estudio junto a científicos chinos, llamado Pan-Corona.
La Abdala fue autorizada hace una semana por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) para su uso de emergencia.
Junto a la otra vacuna más avanzada de Cuba, Soberana 02, son administradas de forma masiva en la población cubana bajo un modelo denominado intervención sanitaria, con voluntarios de grupos de riesgo y en territorios de mayor transmisión del virus.
Según afirmó este viernes el canciller Bruno Rodríguez desde su cuenta de Twitter, el 60% de la población cubana estará totalmente vacunada en agosto próximo. El funcionario también destacó que el país ya alcanzó el 25 % de la población con una dosis administrada, porcentaje que la coloca por encima de la media mundial.
Según informaron este viernes las autoridades de la isla, Cuba empezará a vacunar contra el coronavirus a su población pediátrica en septiembre próximo, una vez que culminen los ensayos clínicos en esa franja etaria que va de los 3 a los 18 años.
El estudio denominado ‘Ismaelillo’, que se inició este jueves 15, se desarrolla en Camagüey sobre una población de 600 niños, niñas y adolescentes, informó Granma.
La vacuna Abdala fue desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Está basada en la formulación de la proteína RBD (Dominio de Unión al Receptor), y utiliza el hidrógeno de aluminio como amplificador de la respuesta inmunológica.
El diseño del fármaco utiliza la RBD y el receptor ACE 2, la principal vía de acceso del coronavirus a la célula que infecta y que causa la enfermedad en el individuo.
Hace poco se conoció que otro candidata cubana contra el coronavirus, la Soberana 02, mostró un 62 % de eficacia en su esquema de dos dosis.
La primera secretaria de Organización de Podemos atiende a elDiario.es el día de su 28 cumpleaños. Lilith Verstrynge (Madrid, 1993) será una de las mujeres que pilote el cambio generacional en un partido que, apenas siete años después de su fundación, ha puesto un marcha una renovación casi completa de su primera línea. Junto a la secretaria general, Ione Belarra, y la número dos, Irene Montero, Verstrynge tiene dos años para poner a punto una maquinaria territorial que, hasta ahora, ninguno de sus predecesores en el cargo ha logrado afinar. 2023 se asoma plagado de elecciones y no se pueden permitir un resbalón. Aunque ha trabajado fuera del foco en el partido casi desde su fundación, su nombre comenzó a moverse cuando fue nombrada asesora del grupo parlamentario. Mujer, joven y en Podemos: carne de bulo y de acoso en redes.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya declarado contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado.
El Supremo, reunido en pleno para examinar la incidencia del fallo del TUE en diversos recursos, ha decidido por unanimidad rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en esta materia.
Así, ha establecido que, en aplicación de las previsiones legales y reglamentarias sobre el contrato de interinidad, su duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica.
A falta de una previsión normativa, el Supremo determina que, con carácter general, una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse «injustificadamente larga», lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.
Asimismo, establece que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias que paralicen ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica un incremento presupuestario.
Precisamente, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, está trabajando con los agentes sociales para abordar un proceso de estabilización del empleo en el sector público a través de un decreto ley que se aprobará en breve plazo.
Con este decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad en las administraciones públicas, de forma que a partir de su puesta en marcha será imposible» que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de 3 años.
El proceso de estabilización que persigue el Gobierno se hará a través de concursos-oposición especiales en los que se tendrá en cuenta la experiencia, dando margen a las comunidades autónomas y entidades locales para que en vez de concursos-oposición, lancen sólo concursos.
También se está trabajando y recogiendo aportaciones sobre mecanismos para compensar a las personas afectadas por fraude de ley, aunque no con carácter retroactivo, y castigar a las administraciones que muestren «desidia, desinterés o culpa» en la comisión de ese fraude e «injusticia» hacia esas personas.
El pasado 3 de junio el TUE hizo pública una sentencia en la que declaraba ilegal ligar la interinidad a procesos selectivos sin plazo y criticando que la normativa española no incluya «ninguna medida destinada a prevenir y en su caso sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos».
Además, los jueces europeos señalaban en dicho fallo que el paso a un contrato indefinido no fijo podría ser una medida «apta» para sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada en el sector público.
La Justicia europea respondía así a las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso de una trabajadora que encadenó contratos de duración determinada en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDRA) desde 2003 hasta 2016. Ese año, su plaza fue adjudicada a un trabajador fijo tras un proceso extraordinario de consolidación de empleo.
La trabajadora impugnó su despido ante el Juzgado de lo Social número 40 de Madrid, que estimó su demanda y condenó a IMIDRA a abonarle una indemnización. El IMIDRA recurrió este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dirigió una serie de dudas al TUE.
En su sentencia, el tribunal de Luxemburgo declara que la directiva europea sobre trabajo de duración determinada se opone a una normativa nacional que ha sido interpretada de tal forma que permite la renovación de contratos temporales «sin indicar el plazo preciso de finalización de dichos procesos» de selección y además «prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a trabajadores indefinidos no fijos como la concesión de una indemnización».
La primera sentencia del Caso Gürtel, firmada por un tribunal de la Audiencia Nacional y conocida el pasado 24 de mayo, han puesto en primera línea informativa a la corrupción que durante décadas se ha paseado por la sede central del PP en la Calle Génova 13, reformada para más señas, con dinero negro.
Las consecuencias no se han hecho esperar. Al día siguiente el PSOE ha registrado una Moción de Censura contra Rajoy que a falta de que se fije la fecha para su celebración todo apunta a que salga o no adelante el futuro del actual Presidente del PP Nacional es incierto y por extensión el de su Partido.
Y como se verá en está nueva actualización de los 25 casos de corrupción que hemos seleccionado y que podéis consultarlos con todo detalle en este enlace, el panorama judicial, político y parlamentario del PP, dentro o fuera del gobierno, para los próximos años resulta ciertamente angustioso. Y con los datos en mano no es para menos.
A 28 mayo del 2018 la situación judicial del PP es la siguiente :
– Como organización, el PP continúa estando presente en 4 sumarios en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario y/o investigado penal por blanqueo de capitales y delito electoral.
– Cajas B. Se han constatado indiciariamente la existencia de diversas Cajas B regionales en Madrid, Baleares y Valencia, además de la ya acreditada por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que confirma que ha venido funcionando, al menos, entre 1990-2008 en la sede nacional del PP.
– Entre los investigados, procesados y condenados se encuentran toda la tipología posible de cargos públicos, tanto electos como designados. También están representados una amplia muestra de cargos orgánicos del PP que han formado o continúan formando parte de sus diferentes Comités Ejecutivos y Juntas Directivas. De todos ellos destacamos los siguientes:
– Ex Ministros de los Gobiernos de Aznar y Rajoy : Alberto Ruíz Gallardón (investigado), Ana Mato (condenada), Eduardo Zaplana (investigado y en prisión sin fianza), Rodrigo Rato (condenado y procesado), Ángel Acebes (procesado) y Jaume Matas (condenado y procesado).
– Ex Presidentes de CCAA : Ignacio González (investigado), Cristina Cifuentes (investigada), Alberto Ruiz Gallardón (investigado), Eduardo Zaplana (investigado), Francisco Camps (investigado), José Luis Olivas (condenado), Jaume Matas (condenado y procesado) y Pedro Antonio Sánchez (procesado).
– Ex Diputados y/o senadores : Pilar Barreiro (investigada por el Tribunal Supremo); Jesús Merino (condenado); Jesús Sepúlveda(condenado), Francisco Granados (condenado); Luis Bárcenas (condenado); Pedro Gómez de la Serna (investigado), Vicente Martínez Pujalte (investigado), Álvaro Lapuerta (procesado) y Ana Tormé (investigada).
– Ex Consejeros CCAA : Alberto López Viejo (condenado), Lucía Figar (investigada), Salvador Victoria (investigado) Ignacio Echevarría (investigado); Angélica Such, Milagrosa Martínez (condenada y en prisión); Juan Cotino (procesado e investigado); Lola Johnson (investigada), Alicia de Miguel (investigada), Manuel Cervera, Luis Rosado (investigado), Rafael Blasco (condenado y en prisión), Serafín Castellanos (investigado); Víctor Campos (investigado); Vicente Rambla (procesado); Juan Carlos Ruiz López, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana (Murcia). Joan Flaquer, José María Rodríguez y Aina Castillo (C.A. Baleares)
– Ex Diputados autonómicos: David Serra (procesado), Ricardo Costa (procesado), Yolanda García (procesada), Cristina Ibáñez (procesada), Miguel Domínguez (procesado); Alfonso Bosch (procesado), López Viejo (condenado), Benjamín Martín Vasco (procesado), Mario Utrilla (investigado), Daniel Ortiz (investigado) y Josefa Del Olmo (investigado)
– Presidentes de Diputaciones Provinciales: Carlos Fabra, condenado (Castellón); Gabriel Amat, investigado (Almería); Joaquín Ripoll, condenado (Alicante); Alfonso Rus, investigado (Valencia) y Martín Marcos Rodríguez Barazón, procesado (León).
– Ex Altos Cargos de diferentes Administraciones Públicas: ex Secretario de Estado de Comunicación; ex Secretario de Estado de Medio Ambiente; ex Delegados del Gobierno en varias CCAA (7); ex Directores Generales CCAA, etc.
– Ex Alcaldes y decenas de concejales: ex alcaldesa de Alicante, ex alcaldesa de Orihuela; ex alcalde de Murcia, ex alcaldesa de Cartagena, ex alcalde de Granada, ex alcalde de Boadilla, ex alcalde de Majadahonda; ex alcalde de Arganda del Rey; ex alcalde Pozuelo de Alarcón; ex alcalde de Valdemoro, ex Alcalde Móstoles, etc.
– 3 ex Tesoreros Nacionales: 2 condenados por la PS 1999-2005 del Caso Gürtel Ángel Sanchís y Luis Bárcenas y 1 Álvaro Puerta procesado por la PS Caja B de la que también lo está Luis Bárcenas. También está procesada por la titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid la actual Tesorera y Gerente Nacional, Carmen Navarro por la destrucción de los discos duros de 2 ordenadores portátiles de Luis Bárcenas y además está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia por su participación en un presunto delito electoral continuado (Caso Taula).
– 3 ex Gerentes Territoriales: Beltrán Gutiérrez (ex Gerente Madrid); Cristina Ibáñez (ex Gerente Valencia); Fernando Areal (ex Gerente del PP balear).
Calendario judicial
Caso Gürtel
– Recusaciones y composición tribunales. Se está a la espera que en los próximos días se de traslado a las partes el acuerdo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptando los 4 incidentes de recusación presentados por varias acusaciones populares contra el magistrado Juan Pablo González González por considerar que al igual que Concepción Espejel y Enrique López, mantiene estrechas vinculaciones con el Partido Popular. Esta nueva recusación volverá a modificar la composición de los tribunales
– PS Primera Época 1999-2005. Tras quedar visto para sentencia el pasado mes noviembre se ha hecho publica la sentencia y el voto particular el 23 de mayo del 2017. A falta de conocer los que serán enviados de inmediato a prisión las defensas de los condenados, incluido el PP, han anunciado recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
– PS 1-2-6. Financiación PPCV. El 8 de mayo del 2018 ha finalizado en la Audiencia Nacional el juicio oral contra 19 procesados por su participación en la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana para las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008 a través de la empresa Orange Market. Se estima que la sentencia se conocerá a finales del próximo mes de julio.
– Destrucción discos duros Bárcenas. En las próximas semanas deberá la Audiencia Provincial fijar fechas para la celebración de juicio oral una vez que la juez titular ha resuelto en un auto su apertura.
– Reapertura PS UDEF-BLA 22510. Papeles de Bárcenas. El juez De la Mata continúa practicando diligencias y llamando a declarar a nuevos testigos e imputados para aclarar las afirmaciones hechas por empresarios y comisionistas que en el juicio oral de la PS 1999-2005 declararon que grandes constructoras pagaron dinero negro al PP.
– PS Arganda del Rey. Antes del mes de junio 2018, el juez De la Mata deberá decretar la apertura de juicio oral.
– Mordida Toledana. Tras su archivo provisional por un juez de Toledo es probable que en las próximas semanas la Audiencia Provincial de Toledo se pronuncie sobre los recursos de apelación que han registrado las acusaciones populares.
Caso Púnica
– Pilar Barreiro. Senadora y ex alcaldesa de Cartagena. Tras declarar el 15 de enero ante la jueza Ana Ferrer, instructora de la Sala II del Tribunal Supremo, se han personado como acusación popular ADADE y el PSOE junto al Ayuntamiento de Cartagena que ya estaba presente como acusación particular. Tanto su defensa como el Fiscal han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones. La instructora continúa practicando nuevas diligencias y está tomando declaración a varios testigos. Se investigan sus vinculaciones con los informes de reputación on line adjudicados durante su etapa como alcaldesa a Alejandro de Pedro, propietario de Eico y Madiva. Barreiro está acusada de los delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho.
– El juez García Castellón continúa tomado declaración a petición de los interesados a los principales cabecillas de esta trama: David Marjaliza y Francisco Granados. El primero ha seguido aportando indicios incriminatorios contra varios acusados y otros que aún no lo están. El segundo, ex Secretario General del PP de Madrid, ha vinculado a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes con una Caja B del PP madrileño.
– Dos empresarios, Daniel Mercado (Over Marketing) y José Luis López Huerta (Waiter Music) han aportado nuevos indicios de pagos en B por parte de dirigentes del PP de Madrid.
– También tendrá que decidir si llama a declarar a Eduardo Zaplana por sus vinculaciones con la “PS 10 Eico y Madiva sobre reputación on line” tras ser acusado por la UCO de un delito de tráfico de influencias en relación con el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa.
– Financiación PP Madrid (PS 14). Tras integrar en esta pieza las actuaciones que se había llevado a cabo en la PS 4 del Caso Lezo, el juez tiene que decidir si llama a declarar a varios ex dirigentes del PP (Esperanza Aguirre e Ignacio González) así como al resto de los miembros del Comité de Expertos que adjudicaron la gestión durante los años 2009 y 2011 de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández. Según la UCO, la ex Presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes que presidió ambos comités, habría cometido los delitos de prevaricación y cohecho.
– En cuanto a otros aforados deberá resolver si eleva exposiciones motivadas al TSJCM y al Tribunal Supremo para que se investiguen a Bartolomé González (diputado en la Asamblea de Madrid y ex alcalde Alcalá de Henares por sus vinculaciones con Cofely), a Juan Soler (senador territorial y ex alcalde de Getafe en relación a las adjudicaciones del Consorcio Urbanístico de este municipio) y a Jaime González Taboada (senador territorial, ex Consejero de Medio Ambiente y D.G de Cooperación Local de la CM en relación a las adjudicaciones del Plan Prisma). En relación con la querella que Taboada puso contra Marjaliza por injurias se ha conocido que la Audiencia Provincial de Madrid la ha archivado.
– PS Arpegio. Sobre las irregularidades cometidas en las adjudicaciones del Plan Prisma y a la vista de los avances en la instrucción es previsible que el juez dicte en los próximos meses auto de transformación.
– PS Waiter Music. Tras varias declaraciones voluntarias en sede judicial de su propietario José Luis López Huerta es probable que sean llamados en calidad de investigados varios ex alcaldes y ex concejales que pudieron beneficiarse de comisiones y dádivas de este empresario de festejos por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios.
Caso Lezo
– Compra INASSA. Tras tomar declaración durante los meses de enero y febrero a la practica totalidad de los ex consejeros del Canal de Isabel II y altos ejecutivos que participaron en el año 2003 en la compra de esta empresa colombiana, y tras analizar la documentación recibida el juez García Castellón ha decidido citar como investigados al ex Presidente de la CM, Alberto Ruiz Gallardón (7 de junio); Carlos Mayor Oreja (5 de junio) y Manuel Cobo Vega (6 de junio). Se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos.
– Sobre el resto de las PS deberán continuar las diligencias a lo largo del 2018, si bien la relativa al “Tren de Navalcarnero” y “Campo de Golf del Canal” las investigaciones están muy avanzadas.
Otras fechas de referencia.
Caso Master Cifuentes. Tras perder su condición de aforada ha sido llamada a declarar por el juzgado de instrucción número 51 de Madrid el próximo 26 de junio en calidad de investigada por los presuntos delitos de falsificación de documento público y cohecho.
Caso Bankia. Antes del mes de julio la Audiencia Nacional deberá fijar la fecha de inicio del juicio oral.
Caso Emarsa. Tras siete meses de juicio y 7 de instrucción ha quedado a finales diciembre del pasado año visto para sentencia. Se ha juzgado el desvió de 23,5 millones de euros en la depuradora de Pinedo. La sentencia no se conocerá hasta mediados de este año.
Medallero personalizado
El principal banco de España, CaixaBank, ha propuesto a los sindicatos llevar a cabo el mayor despido colectivo de la historia de la banca del país. Propone reducir 8.300 puestos de trabajo, el 18 % de su plantilla, y eliminar el 27 % de sus sucursales, en total, más de 1.500 oficinas en todo el Estado.
La medida se ha anunciado tan solo un mes después de que se llevara a cabo la absorción de Bankia y que convirtiera a la entidad en la mayor del país, con activos que superan los 650.000 millones de euros.
El secretario general del sindicato CC.OO. CaixaBank, Ricard Ruiz, piensa que con la reestructuración planeada, además de destruir miles de puestos de trabajo, «posiblemente la dirección de la entidad también vaya a hacer un intento de recortar las condiciones de la plantilla que se quede trabajando en el banco».
Este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se suma al que se encuentra negociando con los sindicatos el BBVA, otro de los grandes bancos españoles, y que se estima que se puede saldar con la salida de hasta 3.000 empleados.
La fusión de CaixaBank es el último episodio de la concentración bancaria que está viviendo el sector financiero en España, que desde la crisis económica de 2008 ha ido acelerando su concentración en el país. Solo cinco entidades se reparten más del 70 % del negocio.
Desde la caída de Lehman Brothers, que dio inicio a la crisis mundial, han desaparecido casi la mitad de los bancos. En la última década han perdido el trabajo en el sector más de 100.000 empleados y una de cada dos sucursales ya no existe.
El economista José Carlos Díez sostiene que se trata de una tendencia en toda la Unión Europea (UE), una vez que el negocio tradicional de los bancos, prestar dinero, ya no es rentable debido a que los tipos de interés se mantienen muy bajos.
«En 2008 España era el país del mundo con más red de sucursales por habitante, y al pinchar la burbuja de crédito e inmobiliaria eso cayó mucho y con los tipos de interés al cero el negocio bancario no es rentable y tienen que ajustar costes», apunta.
Sin embargo, la situación de España supera a la media comunitaria. Es uno de los países donde más bancos se han concentrado en la UE en la última década, aunque el Banco de España asegura que hay competencia suficiente en el sector.
Sin embargo, hay temores de que el ámbito bancario acabe convirtiéndose en un oligopolio, mientras los bancos están en plena escalada de aumento de las comisiones a sus clientes a la vez que recortan en empleo y en las oficinas para dar servicio.
