A raíz de que el presidente de la patronal española (CEOE), Antonio Garmendi, haya criticado la subida del salario mínimo interprofesional al tiempo que se subía su propio sueldo hasta los 400.000 euros anuales, Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan cuánto les cuesta a los trabajadores y trabajadoras en España mantener a las patronales, y qué rol juegan estás organizaciones en política en distintos países. ¿Quién paga el sueldo de Garamendi? ¿Cuál es el origen de la CEOE? ¿Quién es Pedro Carmona Estanga? ¿Las patronales han promovido o directamente liderado golpes de Estado en algún país? Con la participación del vicepresident de la Generalitat Valenciana y ex director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Categoría: Trabajo
La Base #2×72 – Premio Pulitzer: «EEUU voló el Nord Stream»
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan la investigación publicada por el periodista ganador del Premio Pulitzer Seymour Hersh en la que asegura que EEUU fue el autor del ataque terrorista que destruyó el gasoducto ruso-alemán NordStream. ¿Qué implicaría que EEUU efectivamente haya sido el autor de este ataque? ¿Podría ser un acto de guerra contra Alemania? ¿Cómo afectaría esto al relato oficial sobre la guerra en Ucrania? ¿Por qué estas revelaciones están teniendo escaso eco mediático en Occidente? ¿Por qué hay periodistas que afirman que ni siquiera debería publicarse? Con la participación del periodista Gerardo Tecé. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Jordi Évole responde sin pelos en la lengua a un titular de ‘Okdiario’: «Inda, aparte de mentir cada día, das asco»
Este sábado se han celebrado en Sevilla los Premios Goya (que no los Oscar), la máxima fiesta anual del cine español. En la gala, cargada de referencias al recién fallecido Carlos Saura, hubo huecos para reivindicar la cultura, pero también el papel de las mujeres o la defensa de la sanidad pública. Precisamente Jordi Évole, que debutaba en el evento, ha sido uno de los que ha utilizado el escenario como vía de protesta.
El periodista y presentador hacía entrega, junto a la cineasta Almudena Carracedo, del Goya a Mejor Documental. Antes de anunciar las cintas nominadas, Évole quiso aprovechar su presencia en el atril para evocar el No a la guerra y recordar la convocatoria de la manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid.
Su discurso no gustó a todo el mundo, pero si hay alguien a quien parece haber molestado especialmente es a los redactores de Okdiario, la web de Eduardo Inda, que han utilizado un titular bochornoso a más no poder: «Évole, amigo de Otegi, se cuela en los Goya para promocionar la manifestación contra Ayuso». Ante semejante acusación, el comunicador se ha mostrado tajante: «Aparte de mentir cada día, das asco«.
En las redes, ni los compañeros de profesión ni los usuarios de Twitter daban crédito ante lo que leían. Incluso Pablo Iglesias se ha pronunciado para evidenciar los peligros de dar visibilidad a individuos como Eduardo Inda en las tertulias televisivas.
Lo cierto es que, tenga Évole o no parte de la responsabilidad, la manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid ha sido un éxito que Eduardo Inda y los portales de ultraderecha tienen bastante complicado ocultar.
La banca gana; la democracia pierde – #EnLaFrontera641
Los beneficios de la gran banca no caen del cielo. Alguien debería recordarle al excomunista Ramón Tamames que el enemigo de la democracia española no es el Gobierno.
El alegato de Mónica García por los servicios públicos: «El 28 de mayo se elige Sanidad o Ayuso»
La Revolución Ciudadana de Correa derrota a Lasso a pesar de su campaña sucia y su trollcenter
El pasado domingo 5 de febrero se celebraron elecciones territoriales y consulta ciudadana con 8 preguntas para cambiar parcialmente la Constitución ecuatoriana. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa ganó en las principales ciudades y provincias y la Consulta lanzada por Lasso para mitigar su desgaste en el gobierno le dio la puntilla al ser rechazadas las 8 preguntas. Una vez más Lasso usó miles de cuentas falsas y despliegue de fake news en una narrativa acusadora hacia todos sus rivales políticos de narcopolítica, apoyado por informes falsos de la policía. Una de las víctimas de esta estrategia fue Omar Menéndez que fue asesinado el día anterior de las elecciones al que acusaron de narco antes de ser asesinado y posteriormente con un montaje audiovisual difundido por Fernando Villavicencio.
La Base #2×70 – Vuelven las grandes huelgas a Europa
Pablo Iglesias, Catalina García, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan las históricas movilizaciones y huelgas que están teniendo lugar en Francia y Reino Unido. ¿Por qué se habla de que son «las movilizaciones más grandes desde los 90» en esos países? ¿Qué exigen los manifestantes? ¿Qué responden los gobiernos? ¿Cuál es el discurso mediático ante estas y otras luchas laborales y sociales? ¿Prenderá la mecha en otros países de Europa? Con la participación de Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes.
La Audiencia libra a las grandes constructoras de la sanción que les impedía tener 30.000 millones en contratos públicos
El tribunal comienza, en plena tramitación de los fondos de recuperación de la UE (Next Generation), a levantar las prohibiciones de contratar con las administraciones a las principales empresas españolas del ladrillo, sancionadas por la CNMC hace unos meses por amañar licitaciones con la Administración durante años.
Las contratas de obras públicas de las administraciones superan los 30.000 millones de euros anuales en España. — PxHere (CCO)
La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
Eso abre la puerta a que puedan de nuevo presentar ofertas en las licitaciones de obra pública, cuyo volumen supera los 30.000 millones de euros al cabo del año, una tarta de la que precisamente las empresas sancionadas se llevan las principales tajadas, y optar a participar en los programas de los Fondos Next Generation, los fondos de recuperación de la UE.
«Todas las grandes constructoras han estado implicadas en casos de corrupción en los últimos años», recuerda Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en temas de transparencia, que llama la atención sobre cómo «es evidente que hay una colusión» en el funcionamiento de los concursos públicos.
«Hay que investigar qué ocurre», señala Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal en la Universitat Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional, en relación con el «llamativo» porcentaje de sanciones de la CNMC que quedan en el aire en los tribunales o que, al considerar que no se daban todos los requisitos o circunstancias para aplicarlas, son anuladas o reducidas por estos.
La CNMC impuso a principios de julio del año pasado multas por un importe total de 203,6 millones a seis de las principales constructoras españolas, además de la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Es decir, las seis principales del sector, del que controlan una cuota conjunta del 85%.
Esa misma situación se ha dado con las sanciones por valor de 61 millones de euros y el veto para contratar que la CNMC impuso a finales de agosto de 2021 a doce empresas que se habían llevado 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento en conservación de carreteras entre 2014 y 2018. Según su investigación, «participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado».
El procedimiento sancionador de la CNMC concluyó que algunas de esas firmas presentaban propuestas instrumentales a la baja cuya finalidad consistía en eliminar de las pujas económicas a otras ofertas más elevadas o ajustadas a los trabajos en concurso para aumentar así las posibilidades de que otras empresas del grupo supuestamente concertado pudiera hacerse con la contrata.
Las empresas eran matrices y/o filiales de los grandes grupos Acciona, ACS, Ohla, Ferrovial, FCC, Sacyr, Elecnor y Copcisa, es decir, las seis principales del sector, y otras dos, las últimas, de menor entidad.
También ha sucedido con algunas de las compañías a las que la Comisión impuso sanciones por valor de 118 millones de euros por actuar como cartel en concursos de infraestructuras del AVE por valor de 837 millones de euros.
Las sanciones económicas, millonarias aunque al mismo tiempo de impacto leve en las cuentas de empresas cuyo volumen de negocio global superó el año pasado los 200.000 millones de euros, el grueso de ellos en contratos públicos, iban acompañadas de la prohibición de contratar.
Las empresas sancionadas recurrieron las multas y los vetos para contratar ante la Audiencia Nacional, que en las últimas semanas ha ido suspendiendo el pago de las primeras y la aplicación de los segundos de manera cautelar.
Esa era la medida más dura de la sanción, ya que afectaba al núcleo del modelo de negocio de las empresas afectadas, aunque su duración y alcance debía determinarlo, a instancias de la CNMC, la Junta de Contratación del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
«La pena más grave que se puede aplicar en estos casos es la prohibición a las empresas de contratar con las administraciones», explica Bacigalupo, que llama la atención acerca de otro aspecto: «Prácticamente no hay casos de los que se dé traslado a la jurisdicción penal por su gravedad para que sean investigados como delitos contra el mercado y la competencia».
Por el contrario, al tratarse de procedimientos administrativos sobre derecho de competencia esas sanciones se aplican únicamente a las empresas, ya que no es posible exigir responsabilidades a sus responsables en la vía administrativa.
Esas decisiones judiciales, que en todos los casos tienen carácter cautelar a la espera de que esos mismos tribunales se pronuncien sobre el fondo de los asuntos, es decir, sobre si las empresas sancionadas actuaron o no como cárteles y se compincharon para repartirse adjudicaciones como concluyen las resoluciones de la CNMC, mantienen abiertas para esas compañías dos magras vías de negocio.
Una es la de los contratos de infraestructuras de las administraciones públicas, cuya valoración ya supera los 30.000 millones de euros anuales entre los tres escalones (estatal, autonómica y local), según las estimaciones de Seopan, y la otra la progresiva activación de los fondos Next Generation, en las que esas empresas optan a participar en programas inicialmente presupuestados en otros 33.000 millones.
Villoria muestra su preocupación por este segundo bloque de contratos financiados con los fondos comunitarios extraordinarios, para cuyo desarrollo «la ley obliga a establecer controles y sistemas de integridad, que es algo muy necesario».
Sin embargo, añade, empresas que optan a esa financiación «están presionando para no cumplir con los requisitos que está poniendo el Gobierno para cumplir con la UE en materia de transparencia», algo que sitúa al Estado español ante «el riesgo de que Europa nos llame la atención y de que por ese motivo se puedan perder o retirar fondos del programa Next Generation», un volumen de dinero «sustancial» con el que «han visto la luz» unos emporios de los que «está claro que tienen capacidad para presionar a las administraciones».
Hasta octubre, y según una investigación de Newtral, una treintena de empresas sancionadas por la CNMC por prácticas restrictivas de la competencia han accedido a más de 800 millones de euros de los Fondos Next Generation.
Entrevista a Isabel Rodríguez: «Es importante que las izquierdas seamos conscientes del reto»
Entrevista a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por Sato Díaz y Miguel Muñoz. Entrevista sobre la ley de ‘solo sí es sí’, el Gobierno de coalición, Marruecos y PP, entre otros temas. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Salvados: «Si una empresa puede hacer una mejora fiscal en otro país, tiene que buscarla»
Las ventan on- line de algunas empresas españolas como Zara tributaban en Irlanda para ahorrar impuestos. Juan Rosell, presidente de la CEOE comenta que «si una empresa tiene posibilidades en otros países de hacer una mejora fiscal hay que buscarla sin duda alguna», aunque «vaya en contra de España», contesta Évole.
Regla Dominguez Ferreira
hace 8 horas