Esta decisión se produce en un momento de desconfianza hacia las Fuerzas Armadas tras el asalto a las instituciones.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 17 de enero de 2023. —ROBERTA ALINE/EUROPA PRESS
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cesado este martes a 40 miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñaban funciones de seguridad en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, evidenciando aún más la desconfianza que ya expresó tras el asalto de las instituciones.
Algunos de los cesados pertenecían a un departamento de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que otros formaban parte del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), uno de los organismos más señalados tras los ataques del pasado 8 de enero. La decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.
El pasado jueves, en un desayuno con periodistas, Lula acusó a «muchos» policías y militares de haber sido «conniventes» con el caos generado en Brasilia. «Hubo muchos cómplices, cómplices en la Policía Militar, cómplices en las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que las puertas del Palacio del Planalto se abrieron desde dentro porque no estaban rotas», dijo la semana pasada.
El GSI es una de estas instituciones más cuestionadas, y será renovada casi por completo, tal como confirmó el jefe de Casa Civil, Rui Costa. «Tenemos que garantizar un patrón de actuación que permita proteger los tres palacios», dijo.
Este gabinete está formado por cerca de 1.100 funcionarios, la mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y cuya función es hacerse cargo de la seguridad de las instalaciones y de las autoridades. Al menos el 10% de los aproximadamente 80 cargos que había hasta ahora han sido cesados, según el medio brasileño O Globo.
Las sospechas de Lula se extienden a gran parte de su gabinete y del Partido de los Trabajadores (PT), donde incluso han puesto en tela de juicio la gestión del ministro de Defensa, José Múcio, por no haber actuado antes contra los campamentos de bolsonaristas que se levantaron frente a las sedes del Ejército y en los que se pedía un golpe de Estado.
La idea de Lula y la primera dama, Rosângela da Silva, es instalarse en el Palacio de la Alvorada a finales de enero. Después de una primera inspección de las instalaciones, denunciaron el mal estado en el que se encontraba la residencia oficial, con goteras, ventanas rotas y alfombras y sofás en mal estado. Por esto, la primera dama indicó que solo se mudarán a la Alvorada cuando se realice un «inventario completo» y de las condiciones en que lo recibieron.
Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el aumento desorbitado de los precios de los alimentos, el modelo de negocio de los grandes supermercados, y las distintas medidas que se podrían tomar desde la política para lograr que bajen los precios de los alimentos. Con la participación del coordinador de Economía de El Salto Yago Álvarez y del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Convocadas por la Marea Blanca, los manifestantes han apoyado la huelga que están llevando a cabo los profesionales de la atención primaria y pediatría a la par que han exigido una mayor financiación de la sanidad pública en la región.
Manifestación esta mañana en Madrid por la defensa de la sanidad pública. —Borja Sánchez-trillo/EFE
Las reivindicaciones por una sanidad pública y de calidad en Madrid no cesan. Esta mañana, cerca de 20.000 personas según la Policía Nacional y 30.000 según Delegación del Gobierno han recorrido los escasos metros que separan el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado, de la plaza del Museo Reina Sofía, donde al término de la movilización miles de manifestantes ni siquiera han podido acceder. Convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, la marcha ha centrado sus mensajes en contra de las políticas sanitarias defendidas desde el Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso.
Pasaban pocos minutos de las 12.00 horas cuando una gran sábana contra los recortes en sanidad y servicios público se desplegaba. Detrás de ella, miles de personas llegadas de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. «Esto se va cada vez más de las manos, a pesar de las alertas que llevamos haciendo durante más de una década», ha dicho Carmen Esbrí a Público. Ella es portavoz del colectivo convocante, ente que cuenta con 97 manifestaciones de este tipo a sus espaldas en los 11 años de existencia. La movilización, además, ha coincidido con la huelga que los profesionales de atención primaria y pediatría están llevando a cabo en la Comunidad para mejorar sus condiciones laborales y, también, las condiciones en las que se ven obligados atender a los pacientes.
Los convocantes han hecho gran hincapié en la situación en la que se encuentra la atención primaria en la región: «Desde hace más de tres años, hay unos 200.000 ciudadanos que carecen de médico asignado, porque su médico se jubiló, está de baja o en excedencia, y no han cubierto dichos puestos de trabajo, por lo que se está vulnerando la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid», ha comentado Esbrí durante la marcha.
En esta movilización, en la que apenas han participado jóvenes, se han escuchado cánticos como «Ayuso dimisión», «nada para la privada» y «recortar en sanidad es un acto criminal». En ella también han participado representantes políticas de izquierda, como Mónica García, líder de Más Madrid en la Comunidad, y Alejandra Jacinto, coportavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos en la cámara regional. Las dos han reivindicado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cese su ataque constante a los profesionales sanitarios.
En este sentido, según recoge Europa Press, García ha calificado de «chapuza» la gestión del Gobierno de la Comunidad y ha denunciado la situación de «ataque constante» que vive la sanidad pública, la cual considera «uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad».
Una hora después de su inicio, la manifestación enfilaba sus últimos metros, encarando ya el Museo Reina Sofía, cuya plaza ha terminado abarrotada. Ante miles de personas, diferentes miembros de la Marea Blanca han tomado la palabra: «Yo defiendo la sanidad pública porque, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos son iguales, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición», han recalcado a los allí presentes, quienes han respondido con un sonoro aplauso.
«Yo defiendo la sanidad pública porque los presupuestos en la sanidad pública deben alcanzar inversiones de al menos el 7,5% del PIB, y de ellos un 25% dedicados a la atención primaria, para cumplir con el modelo sanitarios que se perfiló en la Ley General de Sanidad en 1986, aún vigente», han reivindicado también, no sin añadir la situación que viven los 212.258 niños y niñas que según la Asociación Española de Pediatría no tienen pediatra asignado ni médico de familia que realice dichas funciones.
Manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, 15/01/2022. —Carlos Ibarra
Las derivaciones, otro tipo de privatización
La misma Esbrí ha compartido con los presentes cómo, desde octubre de 2021, la Consejería de Sanidad de la Comunidad ha dejado sin asistencia sanitaria a 30.000 personas, sin comunicación previa y sin plazo de reacreditación, según sus palabras. Por ello, han pedido la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y que se permita el acceso a una sanidad plenamente universal en todo el territorio y a todas las personas, independientemente de sus circunstancias administrativas. La atención hospitalaria ha sido otro de los puntales en los que se han detenido desde la Marea Blanca. Estas son las palabras que les ha dedicado: «Seguimos con largas listas de espera que ejercen presión sobre los usuarios y producen demorar vergonzosas e inadmisibles; muy eficaces para que los pacientes se vean forzados a acudir a la sanidad privada».
También se han mostrado en contra de las derivaciones, que han denominado como una «privatización silenciosa que no perciben los usuarios, pero día tras día los pacientes derivados hacen que se multipliquen los millones de euros que se desvían desde la sanidad pública a los bolsillos de accionistas de las empresas privadas», en sus propios términos. Es en este punto cuando han mencionado a Elliott, uno de los fondos buitre «más agresivos del mundo», que opera en hospitales de la Comunidad de Madrid y que se lleva uno de cada dos euros presupuestados en al sanidad pública, tal y como han recordado desde el colectivo convocante.
Asimismo, la cifra que manejan desde la Marea Blanca en cuanto al beneficio económico que diferentes empresas mercantiles y especuladoras que obtienen de la sanidad pública supera los 30.000 millones de euros. «Más del 40% de los recursos públicos en sanidad van a parar a manos privadas», han incidido.
Apoyo unánime a la huelga indefinida de sanitarios
La huelga de profesionales sanitarios de la atención primaria y pediatría no ha pasado desapercibida. Dora Bejarano es miembro del comité de huelga y delegada del sindicato Amyts para el sector de atención primaria: «Luchamos por un control efectivo de la demanda de la sobrecarga que sufrimos médicos de familia y pediatría. Nada más que 10 minutos por adulto y 15 por niño, para poder atenderles como se merecen».
Dora Bejarano: «Lo que nos ofrecen ni siquiera se aproximan a nuestras reivindicaciones»
Bejarano también se pronuncia sobre las plazas de pediatría y medicina de familia que están sin cubrir. «Queremos que estas plazas sean los suficientemente atractivas y competitivas para evitar que esos profesionales terminen en otros ámbitos sanitarios e, incluso, en otras regiones de España», dice esta sanitaria miembro del comité de huelga. También exigen las demandas que ya se aprobaron en un paro anterior, realizado en 2020, pero cuyos avances no se llegaron a efectuar por parte de la Consejería de Sanidad, liderada por Enrique Escudero. «Lo que nos ofrecen ni siquiera se aproximan a nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentra una mejoría de nuestras retribuciones, porque un médico de familia o pediatra recién salido de la universidad, sin complementos, tienen un salario absolutamente ridículo», ha añadido esta profesional en huelga.
Mientras la manifestación llegaba a su término con algunos discursos por parte de otro sanitario en huelga y del Sindicato de Estudiantes, que ha reivindicado una huelga general de los profesionales de los servicios públicos, miles de personas aún continuaban en la calle Atocha, sin poder entrar en la atestada plaza del Museo Reina Sofía. «Sin sanidad pública cada día hay más desigualdad y nuestra patria necesita a todos con salud o estaremos dilapidando nuestro futuro por unos cuantos buitres», han clausurado la movilización justo antes de escucharse gritos que pedían la dimisión de Ayuso.
Los trabajadores están en huelga indefinida desde mayo de 2022, mientras la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias niega que se esté privatizando el servicio.
El portavoz del Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoderivados, Daniel Quintero, protesta contra el «proceso de privatización encubierta». —Andrea Domínguez Torres
«Aquí se mueve mucho dinero», afirma sobre el banco público de sangre en Canarias el representante de Comisiones Obreras Pedro Costeras. Ese es el epicentro de los problemas en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), el dinero. También el poder.
A pesar de ser un organismo público autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, sus trabajadores no son reconocidos como funcionarios y sufren un alto porcentaje de temporalidad. A esto se le suman los varios intentos del Ejecutivo canario de convertir la institución en una entidad público-empresarial en esta legislatura.
Felipe González acababa el primer Gobierno socialista de la democracia española cuando en Canarias se fundó el ICHH, el único del archipiélago. Las bases de su creación se recogen en la ley 11/1986. En ella se decidió que el organismo público tendría personal laboral propio, pero que, además, podría contar con el personal dependiente de la administración de la comunidad autónoma.
Ambos grupos se acogen al mismo convenio, el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral del archipiélago. Desde entonces, el acceso al Instituto se decide por concurso público y los salarios se dan por negociación colectiva.
Este doble rasero en las contrataciones genera problemas entre los trabajadores del ICHH. Más aún desde que el Gobierno de Canarias y la dirección del Instituto Canario de Hemodonación hacen una apuesta clara por convertir al organismo público en una entidad pública empresarial, lo que los trabajadores denuncian como un «proceso de privatización encubierta».
Hasta la fecha, el Instituto cuenta con una cuenta comercial propia que ronda los 16 millones de euros en transacciones comerciales relacionadas con la compra y venta de hemoderivados. «Solo quieren crear un chiringuito político del que sacar rédito», sentencia el portavoz del Comité de Huelga del Instituto, Daniel Quintero.
En la actualidad, el Instituto gestiona la extracción, almacenamiento y distribución de la sangre. Además, sirve de intermediaria entre los donantes y la única empresa encargada de la gestión del plasma en España, la multinacional catalana Grifols. «No tiene sentido que ahora el Servicio Canario de Salud, que somos todos, pague al Instituto Canario de Hemodonación por los hemoderivados de los donantes», señala Quintero.
Debido a los problemas de temporalidad en los contratos laborales del sector público en España, el Gobierno nacional presentó en diciembre de 2021 una ley para estabilizar a los trabajadores públicos y disminuir la temporalidad. Cada comunidad autónoma se adaptó a la ley, pero Canarias dejó a los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación al margen. El proceso de estabilización excluía el 95% de las plazas del ICHH. La negativa para mejorar su situación les llevó a encabezar una huelga indefinida.
La contradicción de un organismo público e independiente que contrata su propio personal bajo el derecho privado ha perseguido a sus trabajadores hasta la actualidad. En el Instituto reina la temporalidad. En torno al 75% de los empleados cuenta con contratos temporales en todo el archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife el 99% de la plantilla del ICHH está afectada por la temporalidad.
Negociaciones sin puerto fijo con Sanidad
El 1 de julio de 2022, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, firmó un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga del Instituto y con el representante de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. En el documento, al que ha tenido acceso Público, Trujillo se comprometió a analizar la posibilidad de adaptar el Instituto a un régimen jurídico dentro de la Consejería o del Servicio Canario de Salud, como ocurre en otros sectores sanitarios, lo que excluiría la creación de una entidad público-empresarial.
Quintero: «No tiene sentido que ahora el Servicio Canario de Salud, que somos todos, pague al Instituto Canario de Hemodonación por los hemoderivados de los donantes»
Al mismo tiempo, para analizar esa vía el consejero se comprometió a mantener reuniones con los representantes del Comité de Huelga para encontrar el régimen jurídico que corresponda «más fielmente» a la naturaleza, características y funcionamiento del ICHH.
El acuerdo tenía como prioridad velar por la unidad de la institución, mantener las condiciones laborales de la plantilla y extinguir la figura de «personal propio» dentro del Instituto, para que así todos los trabajadores pasasen a formar parte del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
A raíz de su firma, los trabajadores apaciguaron la lucha. En este acuerdo, el Gobierno se comprometía a llegar a una solución común antes de septiembre de 2022. Sin embargo, el tratado no sólo se incumplió, sino que además devolvió a los trabajadores a las huelgas iniciadas antes de firmarlo.
«Lo que más nos preocupa es el carácter mercantil que se daría a la sangre«, cuestiona Daniel Quintero. «Ahora para nosotros lo importante son los donantes y los pacientes, pero para una empresa lo importante es el beneficio económico», reflexiona.
Por su parte, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) insiste en que «en España la donación de sangre es un acto voluntario, altruista y no remunerado y está prohibido cualquier comercio con la sangre y sus derivados, no se paga la donación ni se cobra por ella». Sin embargo, el proceso de tratamiento de la sangre y las transacciones sobre los hemoderivados no son gratuitos.
El negocio de los hemoderivados
En la actualidad, la situación está lejos de ser solventada y una nueva campaña promovida por los trabajadores cuenta con más de 11.600 firmas en Change.org contra «la privatización del banco de sangre canario».
La situación está lejos de ser solventada y una nueva campaña promovida por los trabajadores cuenta con más de 11.600 firmas en Change.org
La sangre se compone en su mayoría de plasma, pero también de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La definición es sencilla: se conoce como hemoderivado a cualquier sustancia que deriva de la sangre. Sin embargo, el negocio de la sangre donada va más allá de su mero uso para transfusiones a pacientes enfermos. Los derivados del plasma se utilizan para la creación de medicamentos y están altamente cotizados en el mercado.
El conflicto ha crecido. Comisiones Obreras Canarias presentó una demanda de impugnación el pasado 19 de julio contra dos decretos publicados por el Gobierno de Canarias y una resolución del ICHH. La denuncia dirigida al Ejecutivo regional señala a los dos decretos para la estabilización de plazas que fueron publicados en mayo de 2022 en los que el Gobierno canario excluyó a los trabajadores del banco de sangre.
También está en el foco de la denuncia la resolución del ICHH para estabilizar las plazas del organismo autónomo como si fuera una entidad pública empresarial sin dar la opción de estabilizarse como funcionarios. El sindicato también prevé presentar una demanda administrativa.
El 27 de mayo de 2022, la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), María Teresa Gutiérrez, intentó estabilizar a los empleados del Instituto a través de un convenio propio de empresas público-empresariales. Desde el Comité de Huelga ven esto como parte del proceso «de externalización» del servicio.
La denuncia presentada por Comisiones Obreras pide la nulidad de la resolución del ICHH y la modificación de los decretos presentados por el Ejecutivo regional. De esta manera, se pretende que los trabajadores y trabajadoras del Instituto Canario de Hemodonación continúen rigiéndose por el III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Comunidad Autónoma.
El intento fallido
Para entender la situación actual hay que remontarse tres años atrás. Ángel Victor Torres acababa de convertirse en presidente del Gobierno de Canarias y trabajaba en los primeros presupuestos de su Ejecutivo para el ejercicio de 2020. El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales de Canarias se elaboró en octubre de 2019 y fue recibido como una bofetada por los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).
Para su sorpresa, el Ejecutivo socialista había propuesto el cambio de personalidad jurídica del instituto. Esto suponía una nueva manera jurídica de entender el servicio, de tratar la sangre de los donantes y de regir a los trabajadores.
El Instituto insiste en que «es y seguirá siendo un organismo público, como no puede ser de otra manera»
El Gobierno de Canarias utilizó el borrador de los presupuestos para el ejercicio de 2020 para modificar la ley 11/1986, de creación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Comisiones Obreras y los Comités de Huelga del Instituto pidieron una reunión urgente con la dirección del ICHH y con la secretaría técnica de la Consejería de Sanidad.
Ya entonces, el actual Comité de Huelga del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) denunció «un intento de externalización encubierta». «Fue un intento bastante franco y claro de cambiar el organismo autónomo para convertirlo en una entidad público empresarial», añade en declaraciones a Público su portavoz Daniel Quintero.
En ese momento, las reivindicaciones de los trabajadores del ICHH y el apoyo de Comisiones Obreras sirvieron para disuadir al Gobierno e impedir este cambio. Por su parte, el Instituto insiste en que «es y seguirá siendo un organismo público, como no puede ser de otra manera».
Las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado, también sus trabajadores. La dependencia económica de un organismo autónomo se da de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que una entidad pública empresarial se financia a sí misma, puede negociar con su producto.
Desde Comisiones Obreras se cuestionó el uso de una ley presupuestaria para modificar aspectos que no tenían relación con materia de gastos e ingresos. Al mismo tiempo, el sindicato acusó al Gobierno de «sembrar inseguridad jurídica y hurtar al debate público y parlamentario asuntos que merecerían un tratamiento específico y una tramitación ordinaria», recoge el texto enviado por el citado sindicato al Gabinete Técnico de la Consejería de Sanidad.
Se desconocían los motivos expuestos del Gobierno para promover este cambio, si existió un debate previo y si había informes preceptivos de los organismos vinculados al instituto.
Un acuerdo, a espera de la resolución judicial
A contrarreloj, tras meses de negociaciones y una huelga indefinida, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Administración del ICHH firmó un acuerdo conjunto con su presidenta, Teresa Gutiérrez Izquierdo, y con los representantes sindicales de los dos comités de la empresa en las dos provincias canarias. Este avance permitió dar paso a las bases de las convocatorias públicas para las 136 plazas de personal laboral en proceso de estabilización.
«Sí, firmamos ese acuerdo, pero hay que tener en cuenta que negamos la mayor y que esperamos una respuesta de los tribunales«, afirma el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Pedro Costeras. «La firma del acuerdo no implica que estemos conformes, solo nos preparamos para el supuesto en el que los juzgados no nos den la razón», continúa.
Tras varios intentos de reflejar el testimonio de Sanidad, desde la Consejería niegan que exista un proceso de privatización del Instituto, también que exista una huelga entre los trabajadores. Por su parte, el Instituto también ha declinado la petición de esta redacción para hablar con un representante e insiste en que el organismo «es y seguirá siendo de carácter público».
Pacientes que lo toman explican a ‘Público’ su experiencia con un producto sobre el que el Plan Nacional de Drogas avisa que hay que estar «muy alerta», mientras el PSOE pide al Gobierno mejorar la información acerca de sus riesgos.
Imagen de archivo de unas pastilas.—PIXABAY
El consumo de fentanilo, un potente opioide usado como analgésico, ha aumentado en España en los últimos años, aunque aún sigue muy lejos de las cifras de EEUU, donde su uso descontrolado ha causado miles de muertes. El Plan Nacional sobre Drogas ya ha avisado de que está «muy alerta» sobre este consumo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud puso en marcha en 2021 un plan para mejorar su uso y el mayor grupo del Congreso, el socialista, ha presentado una proposición que insta a seguir impulsando esas medidas de control y prevención.
El fentanilo es un opioide sintético entre cincuenta y cien veces más potente que la morfina, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Funciona muy bien como analgésico y sedante, pero también puede causar adicción, sobre todo en su formato de liberación rápida –sublinguales, intranasales- que tiene efectos casi inmediatos, y generar episodios de sobredosis que pueden llegar a la muerte si se sobrepasan las cantidades recomendadas.
La última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España, Edades 2022, un sondeo que elabora cada dos años el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, revela que laprevalencia del consumo de analgésicos opioides entre la población de 15 a 64 años ha experimentado un leve incremento, del 15,2% al 15,8% entre quienes los han tomado alguna vez en la vida, con o sin receta, y del 3,6 al 4% entre quienes lo han usado en los últimos 30 días. Sin embargo, en el caso del fentanilo el incremento ha sido muy notable, ya que su consumo esporádico –alguna vez en la vida- ha subido del 1,9% en 2018 al 14% el año pasado, convirtiéndose en el tercer opioide más utilizado, por detrás de la codeína y el tramadol y por delante de la morfina, que ha bajado del 14,7 al 6,9.
Ocho de cada diez de las personas que han consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida indican que, en términos generales, siguen con exactitudlas indicaciones del médico sobre su consumo, mientras que el 8% declara haber usado estos medicamentos un menor tiempo al indicado por su facultativo y un 7,1% que ha tenido un menor consumo en función de la dosis. En más de la mitad de los casos, según la encuesta, empezaron a tomarlos para mitigar un dolor agudo, sobre todo crónicos, o porque se lo habían prescrito tras una operación. Y sólo un 1,5% asegura haberlos conseguido sin receta. Como en el caso de los hipnosedantes, las mujeres superan a los hombres en el consumo de estos productos, que aumenta a partir de los 35 años en ambos casos.
Con estas cifras, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramon Villalbí, se presentó el pasado 20 de diciembre en la Comisión Mixta del Congreso para el Estudio de las Adicciones, donde, al analizar los resultados de la encuesta, expresó la preocupación por el potencial adictivo de los analgésicos opioides y, especialmente, del fentanilo, que ha desempeñado –subrayó-, un papel muy destacado en EEUU con «una epidemia muy desastrosa vinculada al consumo de este tipo de fármacos».
«El consumo de analgésicos opioides, tanto prescritos como sin prescribir, tiene una leve tendencia a incrementarse. Esto en parte está bien, porque seguramente años atrás había personas que tenían dolor que no se trataba suficientemente bien y su calidad de vida empeoraba mucho. Pero el potencial adictivo de estos medicamentos hace que tengamos que estar muy alerta», advirtió Villalbí.
Más del 40% fuera de la indicación médica autorizada
En febrero de 2018, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ya emitió una nota informativa en la que pedía respetar las condiciones de uso autorizadas para el fentanilo de liberación inmediata. En el comunicado, advertía de que el consumo de ese producto se había duplicado en 2016 con respecto a 2010, con unos índices superiores a países de nuestro entorno, y llamaba la atención sobre el hecho de que más del 40% de los pacientes con una primera prescripción en atención primaria padecían un dolor no oncológico, es decir, estaban fuera de la indicación autorizada inicialmente para este analgésico.
Y según señalaba la AEMPS, casi el 60% de los casos de abuso o dependencia que se notificaban entonces al Sistema de Farmacovigilancia como sospechosos de reacciones adversas eran de pacientes para los que no estaba indicado el fentanilo de liberación inmediata, que únicamente podía prescribirse para el tratamiento de un dolor irruptivo oncológico.
Posteriormente, en septiembre de 2021, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial un plan para optimizar el uso de analgésicos opioides con 19 medidas y un decálogo de recomendaciones, entre ellas la implantación de la figura del visadopara los nuevos tratamientos con fentanilo de liberación inmediata, a fin de garantizar una adecuada utilización. En la documentación del plan, se apunta que aunque el fentanilo transdérmico –parches en la piel- de liberación más lenta y efecto más tardío es el más consumido con diferencia –81%-, se está produciendo un creciente consumo del de liberación inmediata «y una preocupación importante respecto al uso fuera de las indicaciones autorizadas incluidas en las fichas técnicas por su riesgo de adicción».
No en vano, el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reflejaba en 2019 que España ya se situaba ese año como octavo país del mundo en consumo de cuatro principios activos opioides, morfina, oxicodona, buprenorfina y fentanilo, y el quinto de la Unión Europea, el tercero en el caso concreto del fentanilo.
Pero parece que las medidas aprobadas en 2021 no están siendo suficientemente efectivas, porque el principal grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, el del PSOE, ha presentado una proposición no de ley en la Comisión Mixta sobre Adicciones para instar al ejecutivo a «seguir desarrollando estrategias de actuación», consensuadas con las comunidades autónomas, «para optimizar la utilización de los medicamento opioides, especialmente el fentanilo, mejorar la información sobre los riesgos asociados a su consumo ilícito y paliar los problemas derivados del mal uso, abuso y adicción a estas sustancias».
En la argumentación de su proposición, el grupo socialista advierte también de que hay pruebas de que los traficantes de droga pueden estar añadiendo fentanilo a productos como la heroína a fin de potenciar sus efectos y aumentar sus beneficios económicos, dado el menor coste de este opioide sintético, lo que incrementa a su vez el riesgo de una sobredosis.
Ocho años tomando fentanilo: «El principio fue maravilloso»
Eva Cortina lleva ocho años tomando fentanilo con prescripción médica para aliviar los terribles dolores crónicos que le causa la endometriosis profunda rectovaginal que padece. En su Unidad del Dolor de Madrid le prescribieron fentanilo de liberación inmediata como uso compasivo, ya que no tiene una enfermedad oncológica, después de que lo autorizara un inspector médico. Pero nadie, asegura, le enseñó cómo tenía que administrarse lo que son una especie de chupachups, una preparación de rescate que al poco de tomar hace efecto y a ella le quita de golpe un dolor que llega a hacerle convulsionar.
Eva Cortina:»Cuando termina el efecto la sensación de vacío también es brutal»
«El principio fue maravilloso –recuerda Eva-, porque a mí el dolor me deja sin respiración, como si estuviera de parto. Y en un día bueno eso me pasa tres, cuatro veces, y en uno malo, diecisiete. Lo que ocurre con el fentanilo es que cuando termina el efecto la sensación de vacío también es brutal: te quieres tirar por la ventana. Y con el tiempo, tampoco sientes ya el punch del principio, cada vez necesitas más y eso te produce hiperactividad, taquicardia».
Así fue cómo Eva Cortina llegó a sufrir episodios de lo que ella califica como sobredosis. Le sucedió hace algunos años. El dolor acuciaba, tomaba más fentanilo de la cuenta para soportarlo y el corazón se le ponía a mil, hablaba sin parar, «como una cacatúa» no podía dormir ni comer. Así que decidió parar antes de que fuera demasiado tarde. Se negó a entrar en un centro de desintoxicación de drogodependientes, porque consideraba que no era un sitio para su enfermedad, donde, además, le retirarían su medicación, y se fue a vivir sola a un piso de su tío en Asturias durante cuatro meses, hasta que consiguió bajar la dosis.
«Con mucho apoyo de mis amigas, con mucha paciencia, conseguí sobrevivir, porque aquello fue muy difícil. Y conseguí bajar la dosis de fentanilo de forma progresiva», recuerda esta mujer. Luego, descubrió las propiedades del uso medicinal del cannabis con la asociación Dosemociones y su vida –asegura- aún mejoró más, porque su consumo le permitió bajar la dosis de fentanilo que necesita para afrontar los embates de unos dolores inhumanos: «ahora ya sé que no voy a morir de una sobredosis. Y me siento más segura», dice.
Fueron las otras pacientes de Dosemociones que tomaban también fentanilo las que le enseñaron a Eva cómo usar el cannabis con fines terapéuticos y también el caramelo opioide, algo que a ella, recalca, nadie le había explicado en el sistema sanitario. Por eso, a su juicio, este tipo de medicación debería estar más controlada, tener un seguimiento más estricto de su uso, pero no suprimir su acceso, porque para pacientes como ella resulta absolutamente vital para enfrentarse a unos dolores diarios de una intensidad descomunal.
Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. —PÚBLICO
A falta de otras herramientas terapéuticas, de otros recursos para combatir un dolor crónico irruptivo, súbito y de gran intensidad, a la asociación de enfermos de endometriosis y adenomiosis que Eva Cortina preside, MoviendoSpain, llegan cada vez más mujeres que no encuentran alivio para su dolor, que «toman todo lo que pillan» para poder sobrevivir, sobre todo después de que se haya circunscrito a los enfermos oncológicos la prescripción de fentanilo de liberación inmediata. «El dolor oncológico no es el único –dice-. Hay otros muchos. Por eso habría que evaluar caso por caso, hacerlo más personalizado».
Carola Pérez también ha tomado fentanilo para aliviar los fuertes dolores neuropáticos que le machacan el cuerpo desde que sufrió una mala caída cuando era niña. Empezó a tomar analgésicos opioides a los 19 años y 25 años después sólo ha estado un mes sin probarlos. Empezó con el tramadol, luego siguió con la buprenorfina, la oxicodona y el fentanilo. Ha recorrido toda la escala opioide. Por el medio fundó la asociación Dosemociones y el Observatorio Español del Cannabis Medicinal, la planta que más le ha ayudado a salir adelante.
«Al principio era una luna de miel con los opioides, pero luego vas necesitando más dosis, la subes y muy rápido llegas a la tolerancia». Como en el caso de Eva Cortina, Carola llegó a pisar fondo. Fue hace unos 15 años, cuando trabajaba en el sector de la música. De repente, cayó de cabeza al suelo, se rompió la mandíbula, perdió dos dientes y empezó a convulsionar. En ese momento, nadie le echó la culpa a que estaba tomando opioides, pero luego, con el tiempo y el conocimiento, ella no tiene duda de que aquel desplome fue originado por los potentes analgésicos que estaba tomando.
Luego Carola fue bajando la medicación, aunque ella se cuestionaba cómo iba a ser posible «vivir sin muletas» en un tiempo que dejaba todos las noches la casa bien recogida por si sus padres la encontraban una mañana muerta. Cada semana se iba quitando un cuarto de pastilla de opioides, de benzodiacepinas, de antidepresivos, de todo lo que se metía en el cuerpo para soportar sus dolores, y así consiguió llegar a tomar sólo cuatro. Pero no fue nada fácil. En un viaje a EEUU pudo ver los terribles efectos que el consumo descontrolado de fentanilo estaba causando.
Carlota Pérez: «Hay que enseñar al paciente a vivir con dolor, a adaptarse a él, no sólo anestesiarte»
El mayor problema de estos medicamentos, según Carola Pérez, es que, a pesar de que suponen un gran alivio para personas que padecen dolores crónicos como ella, su consumo prolongado puede causar adicción e hiperalgesia, también muertes accidentales por sobredosis no intencionadas. La alternativa a estos potentes opioides sería, a su entender, poner a disposición del paciente otros recursos que no sean únicamente farmacológicos: tratamientos de fisioterapia, psicológicos y de otro tipo. «Es un problema general –afirma- de la medicina en el mundo, que no sabe qué hacer para tratar el dolor. No hay un abordaje multidisciplinar. Y hay que enseñar al paciente a vivir con dolor, a adaptarse a él, no sólo anestesiarte».
Una de los complementos alternativos para el tratamiento del dolor crónico puede ser el uso medicinal del cannabis, que, según Carola Pérez, permite a los pacientes reducir hasta el 70% de la medicación que antes tomaban. La adicción que generan los opioides se frena, asegura ella, con la marihuana.
La atención del dolor mejora en España
La Sociedad Española del Dolor, asociación profesional multidisciplinar, también defiende la necesidad de fomentar la accesibilidad a otros tratamientos no farmacológicos para facilitar a estos pacientes rehabilitación, infiltraciones o atención psicológica que ayude a mejorar su situación o, al menos, a aliviarla. Sin embargo, su presidenta, María Madariaga, quiere dejar claro que a la vez que ha aumentado el uso de los analgésicos opioides en España ha mejorado la atención del dolor. «Y esto es bueno, nos tiene que enorgullecer, porque aquí no hay epidemia como en otros sitios», dice.
Según Madariaga, la mayoría del fentanilo que se consume en España es por vía transdérmica, de liberación lenta con unos efectos que tardan en aparecer más de seis horas y que genera pocos problemas de adicción y sobredosis. Es lo contrario de lo que sucede, añade, con los productos de liberación inmediata, que son los que están precisamente detrás de las epidemias de opioides de EEUU, donde no existe un control médico y farmacológico sobre estos productos como el que hay en nuestro país.
De todos modos, la presidenta de la Sociedad Española del Dolor sostiene que siempre hay que mantenerse «muy cautos» con el uso de estos fármacos, tal como está haciendo el Ministerio de Sanidad para poner medidas de contención que evite su consumo fuera de lo previsto en las fichas técnicas, es decir, para que vaya destinado únicamente a pacientes oncológicos con dolor irruptivo.
Un estudio de la Universidad de Navarra publicado en 2021 revela, sin embargo, que las indicaciones oncológicas representaban sólo el 11% del total de las prescripciones analizadas entre 2019 y 2020, y que el 73% de los analgésicos opioides fue recetado por profesionales de la atención primaria. Y la mayoría de las recetas era para la administración de tapentadol, parches de fentanilo y oxicodona-naloxona.
David Pere Martínez, doctor en psicología social, es el autor del estudio Opioides en España. Ni repunte de heroína ni crisis de opioides a la americana, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas y publicado en 2019. En él se afirmaba: «el fentanilo es la sustancia que más incógnitas nos genera, por tres razones. La primera, ha crecido la prescripción de fármacos de fentanilo. La segunda, puede emplearse como droga recreativa. Y, la tercera, se ha detectado su presencia como adulterante de drogas como la heroína, cocaína u otras sustancias».
Pese a ello, este experto afirma ahora que el aumento del consumo de opioides que detecta la última encuesta EDADES en la prevalencia de alguna vez en la vida es «una buena noticia en cierta medida», porque indica, entre otras cosas, que disponemos de fármacos para acompañar procesos oncológicos, que hay más gente que quiere envejecer con una mayor calidad de vida y que hay alternativas para el dolor.
David Pere Martínez: «Mientras los mercados ilegales estén abastecidos de heroína y cocaína, los traficantes no derivarán al fentanilo»
La cara b de esa buena noticia es la adicción que puede causar el fentanilo, sobre todo a tenor de las «imágenes dantescas» que llegan de los casos de sobredosis que han barrido ciudades y pueblos de EEUU, precisa David Pere Martínez. Pero, a su juicio, la realidad de España es muy diferente, porque la AEMPS y las sociedades científicas y médicas están muy al tanto de lo que sucede con el uso de los opioides. «Aquí, por suerte, no tenemos dealers vendiendo fentanilo en las esquinas, no tenemos indicios de usos indebidos de estos fármacos. Y mientras los mercados ilegales estén abastecidos de heroína y cocaína, los traficantes no derivarán al fentanilo», pronostica.
Según este experto en el estudio de fenómenos sociales complejos, los opioides no representan en el sistema español de notificación de abusos de drogas ni el 0,5% de los casos como sustancia principal. Además, en un reciente estudio que ha hecho con más de 300 entrevistas hechas en zonas marginales de varias comunidades autónomas ninguna de las personas que han participado había consumido fentanilo. «El mercado ilícito en Europa –añade- no se ha interesado de momento en el fentanilo, al contrario de lo que ha ocurrido en EEUU. Aquí ha habido un mercado continuo de heroína».
El Observatorio del Dolor, integrado en la Universidad de Cádiz, analizó los datos de 2008 a 2017 en un estudio que reflejó un incremento de la tasa de muertes relacionadas con el consumo de opioides en España, con una estimación de 30.000 años de vida perdidos al año. Los grupos más afectados por esa mortalidad eran los hombres de mediana edad y las mujeres mayores de 65 años, y la principal causa de muerte, la intoxicación accidental. «Una crisis por uso excesivo de opioides no parece un escenario probable en España. Sin embargo, es un problema social que requiere una vigilancia sanitaria especial», concluía el estudio.
La OMS atribuye a los opioides más del 70% de las muertes que se producen en el mundo por consumo de drogas y un 30% de ellas debido a una sobredosis. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el número de sobredosis de opioides se ha incrementado en los últimos años en varios países, debido en parte al mayor uso de estas sustancias en la gestión del dolor crónico y al consumo de productos sumamente potentes que se venden en el mercado ilícito.
En EEUU, según la OMS, el número de muertes por sobredosis de opioides aumentó un 120% entre 2010 y 2018, y dos tercios de ellas fueron causadas por el consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos. No obstante, este organismo advierte de que las sobredosis de opioides que no causan una muerte son «varias veces más frecuentes» que las mortales.
Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado y 47 muertos en 38 días de presidencia.
Dina Boluarte, elegida presidenta de Perú tras la caída de Pedro Castillo. —Lucas Aguayo Araos/EUROPA PRESS
«¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista?», afirmó Dina Boluarte en su mensaje a la Nación el viernes por la noche, donde anunció que no renunciará. La presidenta de Perú tomó la palabra después de varios días de ausencia pública y una semana de luto: 19 manifestantes asesinados en la ciudad de Juliaca, en Puno, y uno en Cuzco, ascendiendo a 47 desde el inicio de las protestas iniciadas desde que se puso la banda presidencial el 7 de diciembre, en particular en el sur andino del país, de mayoría quechua y aimara.
La alusión al «terrorismo» por parte de la presidenta ocurrió en un contexto de escalada de acusaciones y detenciones, en particular en la ciudad de Huamanga, el jueves por la noche, cuando fueron detenidos siete dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Boluarte realizó la distinción entre «nuestros hermanos que salen a las calles pacíficamente a expresar un reclamo justo, de aquellos azuzadores y violentistas que utilizan al pueblo, a compatriotas inocentes y los empujan al enfrentamiento y a la muerte». Los segundos, afirmó, serían responsables de destrozos y de las demandas de cierre del Congreso, su renuncia, así como de una Asamblea Constituyente.
Las acusaciones de Boluarte ocurrieron poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya justamente «constatado» en su informe preliminar «un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnico, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas -por Sendero Luminoso- o indios». La CIDH llegó a Perú el 11 y recorrió diferentes regiones, en particular Puno, epicentro de la segunda masacre luego de Ayacucho en diciembre con 10 muertos.
La CIDH agregó que esos discursos creaban «un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando proviene de autoridades públicas». Boluarte no realizó ninguna crítica a la actuación de las fuerzas policiales y militares aún con el diagnóstico forense de los muertos en Juliaca: todos abatidos por armas de fuego, nueve de ellos con municiones metálicas dentro del cuerpo, seis con proyectiles de fusil 7.62 mm, dos con restos de perdigones de metal, uno con una bala de pistola. Dos eran menores de edad, tres tenían 18 años. En los demás casos no se encontraron proyectiles porque habrían sido disparados a corta distancia, atravesando los cuerpos.
El enemigo interno
El viernes también fue entrevistado Óscar Arriola, jefe hasta poco de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y ahora director de investigación criminal. El general se refirió a las detenciones en Ayacucho bajo la afirmación de que existe allí un «comité regional de la organización terrorista Sendero Luminoso», razón por la cual habrían sido detenidos siete integrantes del Frente de Defensa, en particular una de sus figuras principales: Rocío Leandro Melgar, quien estuvo presa 11 años por su pertenencia a la organización armada. Los detenidos fueron llevados en primer lugar al cuartel Los Cabitos, un centro de detención y tortura durante la guerra interna.
Arriola, en un discurso extraído de los años 80 y 90, no mostró la «evidencia incuestionable» de la presencia del «Ejército Guerrillero Popular» en la región. Afirmó que Melgar coordinaba con las otras regiones donde se registran protestas -sin tampoco demostrarlo-, construyendo así la idea de una conspiración armada dentro del país, que «busca muertos» y se prepara para realizar la «toma de Lima«. «La situación es compleja, el resultado puede ser muy siniestro», sentenció, en un anticipo o amenaza de lo que podría estar por pasar.
Anahí Durand: «Esa narrativa de un enemigo que han querido construir se choca con la realidad de movilizaciones masivas, básicamente sociales»
La acusación de terrorista o terruqueo, un dispositivo habitual contra la izquierda o el progresismo en Perú, se convirtió en un discurso de enemigo interno. «La derecha, que la llevó al poder y con la cual ella conspiró, tuvo claro desde el primer momento que había que crear un enemigo interno, ese otro peligroso que subvierta el orden y nos traiga otra vez a los tiempos nefastos de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), pero ese afán, esa narrativa de un enemigo que han querido construir se choca con la realidad de movilizaciones masivas, básicamente sociales, territoriales», explica Anahí Durand, socióloga, docente de la Universidad de San Marcos.
«No solo es un discurso de guerra, es una coalición de guerra, la que ha hecho con el fujimorismo, la Policía, la Fiscalía; están actuando coordinadamente, más allá del discurso del enemigo interino ya hay acciones concretas en contra de él. Lo que hemos visto en Ayacucho es eso, seguir la línea de acusados por terrorismo para poder tener a ese enemigo», afirma.
La importancia de Lima
Mientras en Puno miles de personas se reúnen para despedir a los muertos, en las zonas acomodadas de Lima todo parece seguir igual: la gente camina apacible por un sendero frente al Pacífico donde se venden crepes o ceviches, algunos hacen surf, otros pasean perros de revistas, están de tiendas en el centro comercial Larco Mar en Miraflores, desde donde se ven las luces de Barranco y Chorrillos. En zonas adineradas como esta, Castillo perdió con más del 80% de los votos en 2021. Lo que sucede en Ayacucho o Juliaca es distante de una manera profunda, no solo geográfica: dos países con idiomas diferentes.
La tranquilidad de la capital y centro del poder político comenzó, sin embargo, a verse alterada. El jueves tuvo lugar una marcha que comenzó en el centro limeño con participación de numerosas organizaciones, como la Central General de Trabajadores del Perú, el movimiento Nuevo Perú -cuyo local fue allanado por la Dircote en diciembre-, colectivos sociales, barriales, culturales. La movilización se dirigió, después de haber pasado por la militarizada plaza San Martín y el Palacio de Justicia, al parque Kennedy, en Miraflores, con consignas de renuncia de Boluarte, elecciones para 2023 o una asamblea constituyente.
Lima parece determinante en la evolución de la crisis. El premier, Alberto Otárola, afirmó esta semana que no dejarían que las provincias se desplacen hacia la capital como anunciaron que harían. Proteger el centro político es uno de los objetivos centrales del gobierno: la llegada de las provincias y un efecto contagio de las protestas podría modificar la situación limeña, cómoda para las élites, y ampliar la magnitud de una crisis hasta ahora centrada en el sur, andino, humilde, donde las muertes importan poco, visto desde Lima.
Manifestantes portan ataúdes simulados durante una protesta para exigir la disolución del Congreso y elecciones democráticas, rechazando a Dina Boluarte, en Lima, 12/01/2023. —Alessandro Cinque/REUTERS
Ese efecto contagio ha comenzado a manifestarse producto de la misma represión y persecución de un Gobierno cada vez más cívico-militar. Si en diciembre podía resultar compleja la posición política de varios sectores en vista del intento de Pedro Castillode disolver el Congreso, ahora existe una voz creciente y heterogénea que se condensa en una exigencia central: la renuncia de Boluarte.
Anahí Durand: «La renuncia de Dina es la solución más inmediata porque destraba las otras demandas»
«La renuncia de Dina es la solución más inmediata porque destraba las otras demandas, ella sabe que si renuncia tiene que haber un adelanto de elecciones en un plazo muy breve, la Constitución lo dice, a la renuncia de la vicepresidenta que ha asumido como presidenta en cinco meses máximo se llevarán elecciones generales, se va ella, se va el Congreso, es lo que pide la gente», explica Durand, que señala a su vez la situación de Boluarte: «Ha llegado a tal punto que no le es tan fácil renunciar e irse a su casa. Su renuncia va a significar diversas acusaciones, juicios».
«Ella es un tapón a las demandas ciudadanas, debe tener el 9% de respaldo ciudadano, igual que el Congreso. La gran mayoría de la población sabe que su gobierno es inviable, está cercada en el Palacio, no puede salir de Lima, está gobernando para Lima con esta derecha limeña que se ha consolidado los últimos años». El aislamiento del Gobierno pudo verse esta semana cuando la delegación enviada a Puno no fue recibida, y el mismo gobernador, Richard Hannco, aseguró que «la única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte».
¿Cuánto puede decidir la presidenta? «Dina está cada vez más cercada por la derecha más bruta, por el fujimorismo, ya tiene tres ministros fujimoristas, Justicia, Interior y Mujer, ha ido ganando terreno el fujimorismo. Creo que ellos son los que la están sosteniendo y obligando a dar la cara para mantener el régimen hasta julio de 2024″, analiza la socióloga peruana.
Sin embargo, ve posible una salida adelantada: «Creo que finalmente la van a sacar si no renuncia, hay grupos en el Congreso que ya están viendo el escenario electoral como algo factible y no se van a comer los pasivos de esta señora, los grupos que la sostienen están viendo qué tanto ganan y qué tanto pierden al sostenerla, ella es el eslabón más débil». Mientras tanto, las protestas se acercan a Lima, el Gobierno se muestra cada vez más militarizado, con el recurso a la figura de enemigo interno, y 47 muertos en 38 días de presidencia.
La médico Rosa Valdeón niega que se fomente la natalidad porque te hagan una ecografía y que -como dice el presidente- esto se aplique desde hace varios años.
Alfonso Fernández-Mañueco y Rosa Valdeón. —Público
Rosa Valdeón nunca tuvo el perfil de política del PP, pero ejerció el poder en Castilla y León como vicepresidenta (el cargo que hoy ocupa Juan García-Gallardo de Vox) y consejera de Familia. Como médico -es inspectora-, conoce bien la realidad sanitaria. Incluso antes de su etapa política llegó a dirigir un hospital en Salamanca. Por eso, se lleva las manos a la cabeza con la nueva idea de imponer el «latido fetal» a las mujeres que piensen en abortar. Sabe que no se aplicará y que no podrán hacerlo, y desmiente a Alfonso Fernández-Mañueco cuando este sábado en Zaragoza ha confirmado que, en realidad, «las medidas antiabortivas van en línea de lo que se viene aplicando desde hace varios meses y años» para fomentar la natalidad.
Rosa Valdeón señala a Público que Mañueco «no sabe ni lo que dice». Aclara, además, que «no se fomenta la natalidad porque te hagan una eco».
Implicada hasta la médula con el pueblo saharaui -donde acude como voluntaria para intervenciones-, Valdeón hoy sufre, como se puede ver en su cuenta de Twitter, ante la falta de «rumbo coherente» que lleva su comunidad desde que Mañueco llegó al poder y, especialmente, cuando lo ha hecho con la ultraderecha.
La exvicepresidenta de Castilla y León con el moderado Vicente Herrera como presidente, aclara también a nuestro medio que «las ecografías 4D no se hacen en todos los centros sanitarios públicos y, desde luego, no con ese fin ni en ese momento del embarazo».
Y, aunque sabe que estas medidas anunciadas por el ultraderechista García-Gallardo no puede aplicarlas, le preocupa la imagen que se está dando de su comunidad y, como destacó en sus redes sociales: «Castilla y León no puede soportar más imbecilidad de sus dirigentes. Por acción y por omisión. Basta ya».
Pero Valdeón remite, para saber lo que hay de verdad en este asunto, a las declaraciones que estos días ha hecho el presidente en Castilla y León de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Javier Martínez-Guisasola. Ambos facultativos coinciden en que la ecografía 4D no aporta nada a lo que recoge la ecografía rutinaria, de blanco y negro, que es la que ya se está haciendode manera habitual.
En declaraciones a El Mundo, el doctor Guisasola, ante el plan antiaborto anunciado por García-Gallardo, aclara que «si nos van a obligar a poner el latido cardiaco por debajo de la semana doce de gestación, mientras las guías de salud nos dicen que no se recomienda, salvo que sea por ley, no debemos de hacerlo».
Igualdad
Mientras García-Gallardo consigue estos días todo el protagonismo con su descabellado plan, y Mañueco va a rebufo, mientras el presidente primero calla, luego apoya, luego matiza y, finalmente, declara cosas incoherentes para quienes conozcan el plan que se desarrolla con las mujeres que quieren abortar, desde el Ministerio de Igualdad, como ya anunció Público, dicen: «Nos preocupa profundamente esta medida propuesta por el señor Gallardo, que podría constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz».
Las propuestas planteadas por Vox pueden, en la práctica, para el ministerio de Irene Montero, «suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo y, también, a los sanitarios y sanitarias en el ejercicio de sus funciones y, además, podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellano leonesas a tener que trasladarse muchos kilómetros lejos de sus residencias para ejercer un derecho».
Lo cierto es que pocos creen que este plan anunciado por García-Gallardo tenga recorrido alguno. Mientras, el ultraderechista, desde el Gobierno de Castilla y León, sigue eclipsando la figura de un presidente cuestionado por los suyos y con serios problemas por su presunta financiación ilegal del PP en las primarias de Mañueco.
Los datos de ejecución presupuestaria revelan un constante aumento de la recaudación tributaria cuyo peso recae sobre las rentas medias y bajas, que son a la vez las menos beneficiadas por las rebajas fiscales publicitadas por el Ejecutivo madrileño, mientras las deducciones se concentran en las capas más pudientes.
Las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid presentan claras tendencias a la regresividad. —EUROPA PRESS
¿Cómo es posible recaudar casi 2.000 millones más cada año mientras se anuncian rebajas por valor de 5.000 a las rentas y patrimonios más elevados como viene ocurriendo en los últimos años en la Comunidad de Madrid? La única manera testada consiste en elevar la presión fiscal por otro lado, principalmente entre quienes no se benefician de esos descuentos, aunque también tiene su influencia la propagación de un relato que magnifica el tamaño real de este último ingrediente.
Los últimos presupuestosaprobados por la Comunidad de Madrid, los de 2022, que seguirán vigentes este año al haber fracasado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en su intento de aprobar otros nuevos, cifraban en 5.479 millones de euros las rebajas fiscales autonómicas, con el grueso de esa cifra concentrado en sucesiones y donaciones (3.749 en herencias y legados) y a la que hay que añadir las de patrimonio (992 en fortunas), IRPF (672 en rentas) y, con una cuantía mucho menos, el impuesto de transmisiones patrimoniales (66 en compraventas inmobiliarias).
La cifra es similar, aunque con otro reparto, a la de 4.733 de 2019, cuando comenzó la legislatura, entonces con 616 en IRPF, 2.593 en sucesiones y donaciones, 307 en transmisiones patrimoniales y 228 en impuestos especiales, unas cifras a las que se suman los 989 perdonados ese año a los propietarios de grandes fortunas mediante la exención en patrimonio.
El grueso de esas exenciones se concentran en el impuesto que grava las herencias y legados, con un aumento de 1.156 millones a base de, según reseña el Panorama de Fiscalidad Autonómica que elabora el Consejo General de Economistas (CGE), ventajas para heredar gratis bienes integrados en el patrimonio histórico o cultural, exenciones para donaciones de hasta 250.000 euros de padres a hijos para comprar casa o adquirir acciones y bonificaciones del 99% de la cuota si la transferencia de ese dinero no es finalista y se realiza de cuenta a cuenta, magnitudes cuyo manejo escapa de largo a las posibilidades de la mayoría de los ciudadanos.
La recaudación de impuestos de Madrid iba creciendo a un ritmo intenso, según indican los Informes de Ejecución Presupuestaria de la propia comunidad, mientras se iban produciendo esas modificaciones, con las que conviven otras como la menor presión fiscal de todo el Estado para las rentas de más de 57.507 euros (menos de 300.000 contribuyentes en un censo de 3,5 millones), que acaban aportando cinco puntos menos que en el resto del país vía IRPF.
El aumento de la recaudación se acerca a los 2.000 millones en cuatro años, de los 21.865 de 2018 a los 23.503 con los que se prevé el cierre de 2022, a lo que se añade una previsión de dispararse hasta los 6.000 que incluían los fallidos presupuestos de este año, en todos los casos con un notable incremento de la recaudación en los impuestos directos, los vinculados a la renta, y una no tan acusada en los indirectos, los relacionados con el consumo y la propiedad.
«Si la tributación beneficia a las rentas más altas y a los grandes patrimonios y aumenta es porque otros pagan más», señala el economista Carlos Sánchez Mato, que describe el modelo como «un sablazo fiscal con el que se está haciendo un reparto cada vez más injusto de las cargas fiscales a base de argumentos simplones».
Lo cierto es que los registros de las deducciones en el tramo autonómico de la declaración de la renta resultan, como poco, llamativos, tal y como muestran los últimos disponibles, referentes a la liquidación del IRPF de 2020.
De hecho, lo primero que llama la atención es que únicamente suman 113,8 millones de euros cuando los presupuestos autonómicos anuncian año tras año beneficios fiscales en este impuesto por un valor superior a los 600 para los ciudadanos: al final se quedan en la quinta parte y suponen, en realidad, apenas un 1% de la recaudación por ese tributo, que ese año fue de 11.199 para la comunidad.
También sorprende la distribución de esas deducciones por tramos de renta, con los 11.000 contribuyentes que ganan más de 600.000 euros como los destinatarios de la mayor media per cápita, que duplica y triplica a las de cualquier otro tramo (y el promedio), mientras en años anteriores los 40.000 que ganaban más de 150.000 euros llegaban a recibir un volumen de descuentos superior al de los casi 400.000 que ingresaban entre 1.500 y 6.000.
La palabra «progresivo» no es precisamente lo primero que viene a la mente ante un sistema de este tipo, una posibilidad que todavía se aleja más si se atiende a las cuantías medias de cada deducción.
En la parte alta de la tabla se encuentran dos diseñadas para contribuyentes de posiciones económicas desahogadas, como las que bonifican la compra de acciones de empresas, que generan un ahorro medio de más de 1.800 euros para quienes se acogen a ellas, y las de las inversiones en empresas del MAB (Mercado Alternativo Bursátil), que superan los 1.600.
Mientras tanto, en el otro extremo se hallan las destinadas a aliviar la carga fiscal de las familias de bajos ingresos con dos o más hijos, que se quedan en 60 euros al año, y dos puestos por encima las de cuidado de hijos menores de tres años, que se sitúan en 281.
El dogma sin evidencia de la Curva de Laffer
El discurso oficial de la comunidad de Madrid va por otros derroteros cuyo eje es la apelación a la Curva de Laffer, un teorema formulado por Arthur Laffer, asesor del Gobierno de EEUU en la etapa de Ronald Reagan, en una servilleta durante una comida que ha sido objeto, más que de interpretación, de tergiversación: algunos flancos del liberalismo sostienen a partir de su esquema que bajar los impuestos estimula la actividad económica y con ella la recaudación fiscal, cuando lo que él planteó, sin salir nunca del campo teórico, era que existen unos tipos impositivos óptimos que maximizan los ingresos tributarios y que tanto por encima como por debajo de ese nivel cae la recaudación, ya sea por ineficiencia si son bajos como por desincentivar si resultan elevados.
«No hay ningún estudio serio que demuestre que la Curva de Laffer se cumple«, explica el economista Carles Manera, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Baleares y miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC), que coincide con José Moisés Martín Carretero, profesor asociado de la Universidad Camilo José Cela y miembro del mismo grupo, quien anota que «no hay ninguna evidencia científica que confirme esa teoría. Es un mito muy extendido pero sobre cuya certeza no hay ninguna evidencia».
«Ningún país está en la base descendente de la curva, todos están en la zona en la que bajar impuestos reduce la recaudación«, añade este último.
De hecho, los tres antecedentes históricos más destacados de políticas fiscales de ese tipo arrojaron resultados contrarios a la teoría, tal y como ocurrió en EEUU con Reagan y con Margaret Thatcher en Reino Unido, donde la bajada de tipos disparó el déficit por el sencillo y previsible procedimiento de mantener e incluso incrementar el gasto público (especialmente el militar en EEUU) mientras se reducían los ingresos fiscales, o en Rusia a finales de los 90, donde el recorte de tipos convivió con un aumento de la recaudación tributaria gracias a otro factor como la mayor persecución del fraude.
«No se puede soplar y sorber al mismo tiempo»
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Madrid? «Hay una utilización ideológica perversa de la política tributaria«, apunta Manera, para quien «el aumento de la recaudación se deriva del crecimiento económico, que ha repuntado después de la pandemia como en el resto de comunidades, pero no tiene nada que ver con la bajada de los impuestos a los ricos».
En este sentido, añade, «esa bajada no provoca mayor actividad económica, porque quienes se benefician de ella no se dedican a invertir lo que no se recauda».
«En realidad, el aumento de la recaudación tiene que ver con la actividad económica y con el crecimiento», anota Martín Carretero, mientras «se atribuyen a las bajadas de impuestos efectos que tienen otras causas. El modelo económico de la comunidad de Madrid no se basa en los bajos impuestos sino en que es la capital de España».
De hecho, la acumulación de sedes de grupos empresariales e instituciones de ámbito estatal en su territorio es uno de los factores que tiran al alza en la participación de la comunidad madrileña en el reparto del IVA, que el año pasado le reportó 6.409 millones de euros, ya que más de la mitad de la facturación sujeta del país se genera allí.
De ahí, por otra parte, la oposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al proceso de descentralización de agencias y organismos estatales iniciado por el ejecutivo de Pedro Sánchez.
«El dumping fiscal es un problema para la financiación de servicios críticos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es peligroso jugar con eso, porque genera posiciones populistas que llevan a aprobar rebajas fiscales fiándolo todo al crecimiento económico, que es cíclico», explica Manera, para quien ese tipo de planteamientos resultan «irresponsables».
«Cambiar la política tributaria es una opción en política, por supuesto, pero si se decide una rebaja de tipos hay que dejar claro qué servicios se van a rebajar», anota. «Es deshonesto decir que se van a bajar los impuestos sin recortar servicios ni generar más deuda -añade-, porque si baja la capacidad de ingresar se va a ver afectada la de gastar salvo que aumente el endeudamiento. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo».
La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.- EUROPA PRESSLos seres humanos somos libertad y, de acuerdo con el existencialismo que lo proclama, rezumamos mala fe allí donde no estamos en condiciones de habitar la propia libertad con sentido de responsabilidad. La conciencia de ser libre genera angustia y su mala gestión provoca conductas irresponsables.Si Sartre creía que cuando la mala fe es autoimpuesta se incurre en una falta moral, Beauvoir concentró sus esfuerzos en analizar lo que sucede cuando es infligida y da lugar a situaciones de opresión. Desde la publicación de El segundo sexo en 1949, la filósofa y escritora francesa desplegó una estimulante indagación sobre las toneladas de mala fe que cimentaron la compleja arquitectura del patriarcado. Beauvoir fue, como Sartre, una pensadora de la libertad pero, a diferencia de él, señaló que hay quienes tienen mayor margen para el ejercicio de su libertad y quienes tienen menos. Como es lógico, Sartre terminó por darle la razón.La opresión, como una estructura de mala fe, tiene una capacidad de perdurar tan asombrosa como aterradora. Y de manera concreta la opresión que toma al género como leitmotiv ya ni os cuento. Las mujeres hemos sido sujetos oprimidos en el curso de nuestra historia contemporánea, mientras que las personas que hoy llamamos trans han visto negada su existencia misma.
No se trata de comparar situaciones ni de poner a competir colectivos. Los derechos, en democracia, no son una suma cero. Como se ha repetido en innumerables ocasiones, el reconocimiento de los de unas no es en detrimento de los de otras. ¿Por qué este encono?; ¿por qué esta mala fe?
No me estoy preguntado por las razones de la fragmentación de los feminismos o de la reacción antitrans de un sector muy concreto del partido socialista y su militancia; tampoco por el repliegue reaccionario de una parte de la sociedad frente a la lógica atención de las demandas de colectivos minoritarios o la ampliación de derechos por parte de un gobierno de signo progresista. Todo esto ya ha sido analizado y comentado con amplitud en los últimos meses por compañeras activistas y del ámbito académico.
Me pregunto hoy de manera muy concreta por las actitudes particulares de quienes han participado y lo siguen haciendo en el ataque a las personas trans y sus derechos porque observo en ellas, esencialmente, mala fe. La política socialista Carmen Calvo la exhibió hace pocas fechas de un modo tan indisimulado que causó rubor, supongo, dentro de sus propias filas de partido.
Esta mala fe responde, por un lado, a una incapacidad para entender que es imposible e innecesario explicar el mundo única y exclusivamente desde nosotras mismas, es decir, a un problema de angustia ante la posibilidad de que cada quien viva su vida en libertad. Por otro lado, la misma mala fe tiene que ver con necesitar que exista una corriente de opresión en la sociedad, de un tipo muy concreto y reconocible, para poder ocupar un lugar en ella. La alegada opresión de unas parece haberse convertido en la palanca de su privilegio y su privilegio, la atalaya desde la que conceder permisos para existir o denegarlos. Y este esquema se sostiene sobre la mala fe, exhibida sin pudor y sin complejos, sin justificación y con torpeza, a manotazos y golpes de imágenes distorsionadas de las personas trans como seres caprichosos, con una imagen que oscila -contradictoriamente, pero la mala fe obra milagros y oculta las incongruencias- entre la irrelevancia y la amenaza social. El patriarcado es una estructura, una malla tupida cosida con el hilo de la mala fe en torno a las diferencias de sexo/género. Su existencia oculta lo que a Sartre tanto le costó ver: que no todas las personas gozamos de la misma libertad. Beauvoir lo tenía claro y yo también: las feministas hemos de estar del lado de las que menos tienen.
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