El vicepresidente sin competencias de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha apropiado esta semana de las políticas de la Consejería de Sanidad, que dirige el Partido Popular, y ha decidido que esas ciudadanas de segunda que Vox considera que son las mujeres deben ser tuteladas y asesoradas por él. El ultraderechista García-Gallardo, que cogobierna Castilla y León gracias al beneplácito de Alberto Núñez Feijóo, es un señor mucho mejor informado que tú, mujer, sobre lo que debes o no debes de hacer con tus derechos, tu salud sexual y tu vida privada. Y porque está tan bien informado sobre tu vida, ha concluido que es mejor decidir por ti e intentar que, si quieres abortar, no lo hagas. Porque dice que él es ‘provida’ y tú eres ‘promuerte’. ¿Te suena el discurso? Es el mismo que el de la Santa Inquisición, sí, con las brujas y otras mujeres rebeldes contra la dictadura machista. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Categoría: Trabajo
CAS: “Llevamos años advirtiendo de la destrucción programada del Sistema Nacional de Salud” x CAS Estatal
14/01/2023 :: ESTADO ESPAÑOL
Durante los últimos 24 años, gracias a leyes estatales, se han ido dinamitando los sistemas sanitarios de todo el Estado.
-Durante los últimos 24 años, gracias a leyes estatales, se han ido dinamitando los sistemas sanitarios de todo el Estado. Con la connivencia de sindicatos subvencionados, colegios profesionales, sociedades científicas, federaciones regionales de vecinos, plataformas en “defensa de la sanidad pública”…, es decir, de los satélites subvencionados por los partidos de izquierda.
– El esquema es sencillo: “la izquierda” mantiene las leyes que permiten desmantelar el sistema, y la derecha y los nacionalistas hacen el “trabajo sucio”.
-En la primera ola, el gobierno de “izquierdas” prometió un posible blindaje de la sanidad en la Constitución. Hoy podemos afirmar que han pisado el acelerador del desmantelamiento de la sanidad pública.
– Ahora se anuncian huelgas del sindicato médico en diversas comunidades autónomas. Los mismos que guardaron silencio mientras privatizaban. Eso sí, con el discurso vacío de “sanidad pública”, pero sin apuntar a las causas (leyes) y sus responsables (todos los partidos).
– Continua la escenificación mientras fondos de capital riesgo, bancos y aseguradoras van incrementando su negocio.
La prensa generalista anuncia ahora lo que sucede. No se puede esconder por más tiempo
Veamos…. Madrid es un caso emblemático de esta situación de riesgo
Lo que todos ocultan en la crisis de las urgencias de Madrid
La situación de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid se nos presenta, desde los medios de desinformación cercanos a la “izquierda institucional”, como la enésima locura de la presidenta Ayuso, sin conexión con nada de lo que ha ocurrido en Madrid en los últimos 17 años.
Lo que está ocurriendo es resultado del proceso de privatización, puesto en marcha por el PP en 2005, hace ya 18 años.
2004 – Primer “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que implicó la apertura de 8 hospitales privados, lo cual denunciamos en aquel momento: “En que consiste y por qué es posible la privatización de la sanidad”.
2008 – “Segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias”, por el que se abrieron otros 3 hospitales de modelo privado. El “desembarco” de 12 hospitales privados, sumando el convenio singular firmado con la Fundación Jiménez Díaz, buque insignia del principal grupo privado beneficiado, Fresenius -antes Quirón-, al que se le “cedieron” 400.000 habitantes “robados” de centros públicos, implicó el cierre de mas de 2.000 camas públicas, y el inicio del trasvase -a fondos de capital riesgo y otros tiburones de las finanzas-, de cientos de millones de € anuales, en concepto de “canon” (alquiler) durante 30 años.
2008 – “Regalo” de dos ambulatorios públicos (Quintana y Pontones), propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la multinacional Capio.
2009 – Cierre de laboratorios públicos (Aranjuez, Coslada, Vallecas) para enviar las pruebas de cerca de 2 millones de pacientes a un macrolaboratorio privado.
2010 – Privatización el servicio de citas médicas, adjudicado a INDRA.
2011 – Supresión de las áreas sanitarias. Nos venden la “libre elección de hospital”.
Ademas, y sin animo de ser exhaustivos, se ha privatizado la extracción de sangre, la lavandería, la limpieza, la informática, el mantenimiento, el almacenaje… Paralelamente se han incrementado los conciertos privados mientras se cerraban o reducían al mínimo servicios hospitalarios en centros públicos. Todo ello con total legalidad gracias a las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor. Es decir, unos hacen el “trabajo sucio”, y los otros se rasgan las vestiduras. Puro espectáculo.
Este Plan, perfectamente planificado y ejecutado durante dos décadas, ha permitido ir desmantelando y deteriorando el sistema “público” mientras los seguros privados se disparaban. En lo que respecta a los trabajadores, una vez pasados los aplausos de las ocho, el maltrato ha alcanzado niveles escandalosos, lo que ha forzado la huida de muchos de ellos en busca de mejores condiciones laborales.
Hoy la realidad es esta: Madrid dedica más de la mitad de los 8.500 millones de euros de gasto sanitario público anual a pagar a empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan, y no hay dinero para contratar a dos centenares de médicos para garantizar la atención de urgencias de una comunidad con 7 millones de habitantes.
Estamos seguros, y lo llevamos advirtiendo dos décadas, que la situación no va a acabar aquí. Son capaces de escenarios peores, mas aún en un contexto de crisis energética y social que va a permitir al aparato estatal justificar la reducción aun mayor de los “servicios públicos”. Los “Ayuso dimisión”, o “La sanidad no se vende, se defiende” son reclamos vacíos. Pueden servir para elevar la autoestima de algunos, pero no dejan de ser mas que una bocanada de oxígeno para los propios privatizadores.
Atención Primaria ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Crónica de un colapso anunciado
1 El conflicto de los médicos de Atención Primaria de Madrid no puede analizarse sin hacer un repaso de lo ocurrido en los últimos años.
En primer lugar, el brutal deterioro de las condiciones de trabajo en Atención Primaria (a partir de ahora A.P.) ha sido algo paulatino, paralelo al proceso de privatización y desmantelamiento que se inició en 2004. No se puede entender la situación actual, sin analizar el “periodo oscuro” aquel que los medios progresistas ocultan. Nos referimos a lo ocurrido entre 2004-2012, cuando se privatizan, con la anuencia y la colaboración de los que hoy llaman a la movilización contra Ayuso, hospitales, ambulatorios, laboratorios y todo aquello susceptible de ser negocio, lo que va a condicionar por décadas la financiación de los centros de gestión directa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El silencio de la plantilla durante este proceso, pensando que aquellas privatizaciones no tendrían consecuencias directas sobre su trabajo, indicó una absoluta falta de visión de las repercusiones posteriores. Al mismo tiempo, el colaboracionismo de sindicatos y partidos políticos de “izquierda” permitieron hacer el “trabajo sucio” sin oposición al PP.
En segundo lugar, es necesario entender que el acoso y derribo al que se está sometiendo a A.P. está teniendo lugar en todas las CC.AA. Sin duda Madrid es de las regiones donde el proceso está más acelerado, ya que ha sido un lugar privilegiado junto con Cataluña, País Valencià y Baleares en abrir la puerta a la privatización sanitaria. El déficit de profesionales es alarmante, solo comparable a las zonas rurales más despobladas, que también padecen un abandono total. Es quizá por esto que los facultativos madrileños de A.P. han sido los primeros en cambiar de actitud, pero las huelgas que sindicatos médicos anuncian para 2023 en otros territorios nos señalan que la problemática es generalizada, y los graves problemas que padece la sanidad madrileña podrían replicarse rápidamente en otros territorios.
2 La desastrosa situación de la atención primaria viene de lejos
Lo que vemos ahora es resultado de un proceso puesto en marcha hace años y que ahora estalla con toda crudeza. El modelo de un sistema de salud basado en A.P. nunca fue apoyado por la Administración, ni siquiera en sus inicios, a finales de los 80, cuando hubo que poner en marcha el modelo en todo el Estado. Históricamente el gasto sanitario siempre fue superior en los hospitales, nunca interesó desarrollarla y en cambio se optó por un modelo hospitalcentrista.
Por otra parte, los propios profesionales nunca desarrollaron las funciones de salud comunitaria. La propia ley establece como función de los Equipos de A. P. la realización de “diagnósticos de salud comunitarios” para conocer los datos de salud y enfermedad de la población de cada zona básica (unos 25.000 habitantes). Conocidos los datos y factores causantes se debería, desde un punto de vista de salud pública, actuar contra los productores de enfermedad y los determinantes sociales de la salud para evitar en lo posible la enfermedad. Un modelo que hubiera puesto en marcha lo que es la esencia de la Atención Primaria podría haber reducido considerablemente la enfermedad y el gasto sanitario. Nunca se hizo, y la A.P. derivó exclusivamente hacia la asistencia (sin duda necesaria, pero no suficiente). Con el tiempo, los gestores comenzaron aplicar herramientas de empresa privada (contratos programa, modelos de “excelencia” EFQM…), al tiempo que se introducían incentivos perversos, y desigualmente distribuidos, para dividir más aun a la plantilla. En pocos años, el envejecimiento de la población, el crecimiento de la demanda muchas veces no sanitaria (medicalización de problemas laborales, económicos, sociales…) y la reducción progresiva de las plantillas ha transmutado la “excelencia” en debacle.
3 Es una huelga médica exclusivamente
Aun conociendo el nivel de presión laboral y de precarización que soportan médicos y pediatras, en A.P. hay más profesiones, tan presionadas o más. Lo deseable hubiera sido una huelga de todos los trabajadores, porque el problema es del conjunto de la sanidad madrileña y estatal, no solo de los facultativos. Por ejemplo, desde hace años muchos centros soportan listas de espera en fisioterapia de 1 año o más. En otros, las agendas para acceder a las matronas están simplemente bloqueadas. Si en una situación como la de Madrid los sindicatos no se han unido para lanzar una huelga de toda la A.P., ¿qué tiene que ocurrir para lograr la unidad? Es más, todos los niveles asistenciales se están viendo afectados por estas nefastas políticas. ¿Por qué no trabajar por una movilización de los trabajadores de toda la sanidad en vez de buscar soluciones parciales? ¿Es culpa del sindicato médico que solo está interesado en alcanzar ventajas para su categoría, o del resto de sindicatos del sector que asisten impasibles a la debacle del sistema porque están directamente comprados?
4 La paz social de las últimas décadas pasa factura
En la sanidad madrileña, aparte de conflictos sectoriales de los MIR y de los especialistas hospitalarios, no ha habido un conflicto laboral unitario desde el postfranquismo. El sector sanitario es un sector poco organizado en el que los médicos han optado por posiciones corporativas frente a luchas como trabajadores. En general, siempre han velado por sus intereses y han logrado importantes prerrogativas de la Administración, ya sea mediante redondeo de sus salarios con peonadas (horas extras en turno de tarde) o compatibilización con la actividad privada. Salvo notables excepciones, han guardado silencio mientras los políticos ejecutaban la privatización y cerraban miles de camas en los centros públicos, o mientras las listas de espera desbordaban.
En la misma línea, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid (donde se sientan CCOO, UGT, SATSE, AMYTS, SAE, CSIT-UP) se han dedicado en las últimas dos décadas a “sus asuntos” (participación en las bolsas de contratación, la muy lucrativa gestión de cursos, reforzamiento de su aparato…), garantizando la “paz social” al PP mientras procedía a desmantelar el sistema. De forma persistente han boicoteado las movilizaciones que durante la “época oscura” encabezaron los usuarios mientras ellos miraban para otro lado.
En definitiva, pensar que el proceso de privatización no les iba a afectar ha sido un error de cálculo mayúsculo. Hoy las consecuencias se ceban en la primaria y sus médicos, y muy posiblemente en un futuro las sufrirán los médicos de hospitales, que hoy se creen a salvo. No hay salvación dentro del corporativismo, solo mediante la solidaridad entre todos los trabajadores podemos evitar desastres como el que vivimos.
5 Los servicios públicos solo se han de defender entre todos
Sin menospreciar la huelga como mecanismo de defensa de los intereses laborales, no es menos cierto que sus posibilidades de presión efectiva varían enormemente según sectores. En el modelo capitalista actual, basado en la globalización, el movimiento de mercancías y el beneficio económico a corto plazo, las huelgas en sectores como el transporte y el energético, tienen la capacidad para romper las cadenas logísticas de distribución que garantizan el sacrosanto consumo, o la movilidad de sectores estratégicos.
En el caso de la prestación de servicios públicos, la situación varía enormemente. En educación, paralizar los colegios no afecta gravemente al aparato capitalista. En sanidad, excepto el desgaste de cara a la opinión pública que pueden sufrir los gobernantes si están próximos procesos electorales, lo que se genera, aparte de las molestias para los pacientes y las pérdidas de sueldo para los huelguistas, es un deterioro de la asistencia, y un incremento de las ya pavorosas listas de espera. Este incremento puede incluso beneficiar económicamente a determinadas élites médicas (peonadas fuera de su jornada ordinaria para sacar actividad atrasada), a los propios centros privados (incremento de los conciertos), y a los seguros privados, que no dejan de aprovechar cualquier oportunidad para seguir empujando a sectores de las clases medias hacia su negocio (el 38 % de la población ya dispone de una póliza privada en Madrid). Sanidad por tanto no tiene la capacidad para cuestionar la cadena de negocio capitalista. Con esto no queremos decir que haya que renunciar a las huelgas en sanidad, sino hacer una llamada de atención para abrir un debate para buscar instrumentos que permitan salvar al sistema antes de que lo acaben de dinamitar y para ello es imprescindible que nos organicemos con toda la sociedad.
6 Sí hay dinero, pero está comprometido… hasta 2040
“No hay más dinero, imposible incrementar el presupuesto para 2023”, repiten desde la Consejería al sindicato médico convocante de la huelga, AMYTS, que defiende que el problema se podría arreglar con 42 millones de euros. ¿Cómo puede ocurrir esto en una Comunidad que gastará en sanidad en 2023 con toda seguridad más de 10.000 millones €? Porque el dinero lleva años desviándose hacia empresas privadas, hasta el punto de que ya en 2018, el sector privado había conseguido absorber el 49,4% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad.
Esto es resultado de lo ocurrido en el período oscuro, cuando se pusieron once hospitales en manos privadas por 30 años. Cuatro según modelo de concesión administrativa (Valdemoro, Villalba, Móstoles-Rey Juan Carlos y Torrejón), y siete según modelo concesión de obra (Henares, Parla, Arganda, Aranjuez, Vallecas, San Sebastián de los Reyes y Puerta de Hierro). Hospitales que nos van a salir entre 7-9 veces más caros que sus costes. A estos hay que añadir el “convenio singular” de la Fundación Jiménez Díaz (por cierto, rescatada 3 veces en las últimas décadas con dinero público). Como denunciamos en solitario desde 2005, ello iba a suponer una bomba de relojería para el sistema sanitario madrileño (aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí,), mientras los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (entre ellos AMYTS), miraban para otro lado y dejaban hacer a Esperanza Aguirre.
Tras la crisis del COVID, la situación empeoró, ya que fue aprovechada para dar otra vuelta de tuerca a la privatización. Lejos quedan las promesas del gobierno “más progresista de la historia” de blindar la sanidad en la Constitución y los aplausos de las ocho de la tarde. Para el 2022 se presupuestaron ya 1.784 millones de euros para asistencia sanitaria con medios ajenos y cerca de 180 millones de euros para el canon por la utilización de los 7 hospitales de modelo PFI, es decir, cerca de 2.000 millones previstos (el gasto real será mayor con toda seguridad), de forma que dos de cada diez euros ya se dedican a prestar asistencia con medios privados, en lugar de incrementar las plantillas públicas. Fresenius y Primero Salud, las empresas adjudicatarias, se frotan las manos. Es más que probable el resto de externalizaciones y conciertos se comerá más del 50 % del presupuesto.
7 La Atención Primaria esta infrafinanciada… en todo el Estado
Como decíamos, el modelo sanitario del Estado español es eminentemente hospitalario. En 2021 los hospitales de Madrid se llevaron 7.197 millones de euros (70 %), mientras que la Atención Primaria solo recibió 980 millones de euros (10,7 %). Una diferencia inaceptable si se tiene en cuenta que la A.P. es capaz de solucionar entre el 80-90 % de los problemas de salud de la población, con intervenciones de bajo coste pero buenos resultados.
Precisamente por eso, para salvar la primaria, desde CAS lanzamos la ILP que pretendía establecer por ley que el 25 % del gasto sanitario fuera a A.P. en todo el Estado, porque la situación en otros territorios donde desde hace años gobierna la “izquierda”, como Baleares o Castilla La Mancha, dista mucho de ser ideal. ILP que no fue apoyada por ningún gran sindicato, ninguna sociedad científica, ningún colegio profesional, en definitiva, por ninguno de los grupos que en estos momentos están reactivando obedientemente, las plataformas en defensa de la sanidad publica, como hacen desde hace tiempo cada 4 años, coincidiendo con los procesos electorales. ¿Como es posible que ahora AMYTS (sindicato que se define como una asociación sin ideología política, ni izquierdas, ni derechas), pida el incremento del gasto en A.P. hasta el 25% en dos años y no ha querido apoyar la ILP que convertiría esa reivindicación en ley de ámbito estatal? ¿Como es posible que su aliado en Cataluña Metges de Catalunya nos haya solicitado ayuda para una recogida de firmas solicitando más financiación a la Generalitat y se haya negado a apoyar la ILP citada? Parece claro que de cara a la galería, a todo el mundo, incluida la extrema derecha, se le llena la boca con el 25% para la A.P., pero realmente ninguno de estos grupos ha querido establecerlo a través de una ley estatal.
8 Las plantillas soportan cada vez mayor presión
Según el portal estadístico del SERMAS, la plantilla en marzo de 2020 era de 13.690 profesionales y en septiembre de 2022 de 13.696. Es decir, invariable pese al envejecimiento poblacional y el incremento de la demanda producido por las cargas de trabajo derivadas de la crisis del COVID. Incluso recientemente Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al Gobierno regional para que en el plazo máximo de un mes se ponga en marcha una “adecuada planificación preventiva para solucionar riesgos en los profesionales de Atención Primaria“, debido precisamente al desborde asistencial. Adecuación que a día de hoy no se ha producido y que, si sucede, mostrará si el aparato de Inspección es eficaz en proteger a los trabajadores, o es una pieza más en el engranaje de destrucción del modelo.
En realidad estamos hablando de un déficit de casi 4.000 puestos de trabajo entre facultativos, personal sanitario y no sanitario. Casi el 20% de plazas de medicina están sin cubrir, con una pérdida además de 200 pediatras entre 2019-2021. Situación que empeorará en los próximos años por la jubilación de alrededor de 1.500 médicos de familia, el 37% de los que hay actualmente. Si en la actualidad hay unas 600.000 personas y 200.000 niños y niñas que no tienen ni médico de familia ni pediatra asignado, la situación será calamitosa.
En definitiva, la movilización de los médicos de primaria es necesaria pero no solo para mejorar sus condiciones laborales inmediatas (algo que quizá se logre con la huelga actual aunque el encallamiento de posiciones no invita al optimismo), sino para ir más allá y demandar un cambio en la financiación del sistema sanitario, actualmente volcado hacia la empresa privada, para la que la A.P. es un estorbo a desplazar (es escasamente rentable económicamente aunque sea altamente rentable en términos sociales y de salud).
Después de haber perdido la oportunidad en el período 2005-2012, cuando se dejó que 11 hospitales cayesen en manos privadas por 30 años, y una vez más ante la indiferencia con respecto de la ILP para blindar la Sanidad Pública que CAS presentó junto con otros colectivos, quizá ahora, puedan reflexionar sindicatos, sociedades científicas, asociaciones y profesionales y entender que la lucha no puede ser parcial, ha de ser de todos los trabajadores del sistema sanitario, unidos con la población, para blindar el sistema sanitario, lo que implica necesariamente:
Posicionarse claramente contra la privatización y por la derogación de las leyes que la permiten.Exigir el rescate de lo privatizado (hospitales, laboratorios, ambulatorios de Pontones y Quintana), limpieza, lavandería, extracción de sangre, etc.Incrementar las plantillas y crear un turno médico de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas necesarias, para utilizar al 100 por 100 los recursos, evitar la emigración de los profesionales y reducir los conciertos al mínimo. Las listas de espera se deben y pueden asumir desde los centros de gestión directa correctamente dimensionados.Incompatibilidad para el trabajo en la privada.Romper los monopolios sindicales en la formación y prohibir la formación a través de las farmacéuticas.Democratizar de verdad la gestión de los centros, con participación real en la toma de decisiones de trabajadores y usuarios.Universalizar la asistencia. Ninguna limitación para la atención a los migrantes.
CAS Madrid. Año 18 de la privatización.
Trabajadores del 112 y atención telefónica del 061 convocan un paro de 24 horas en Sevilla
La Federación de Servicios de CCOO de Andalucía ha convocado este lunes una paro de 24 horas entre los operadores de Emergencias 112 Andalucía y la plantilla de gestores telefónicos del 061. Quieren denunciar «la falta de un proceso de internalización de los servicios y el aumento preocupante de la precariedad».
Esta huelga se suma a los paros parciales convocados en el 112 desde el pasado viernes y hasta el día 8. CCOO-A pretende «visibilizar ante el actual Gobierno andaluz y todos los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas la necesidad y urgencia de cambiar el modelo de gestión del 112 y el 061, considerados servicios esenciales para la ciudadanía por la propia administración».
El sindicato señala que «ante la situación laboral de precariedad e inestabilidad en la que se encuentran las plantillas del 061 y del 112 Andalucía, estas siguen trabajando con la máxima profesionalidad y eficacia posible, ya sea en pandemia, Semana Santa, en ferias, o en el Plan Romero», y apunta que «estos dos servicios, aun siendo esenciales y de los mejor valorados por la población, se han prestado externalizados desde empresas privadas».
«Actualmente, las empresas contratistas son Serveo Servicios en el caso del 112 e Ilunión Emergencias para el servicio 061», añade en su comunicado CCOO-A lamentando que «en cada nueva renovación de los contratos de adjudicación, las nuevas empresas adjudicatarias han venido a precarizar un poco más que las anteriores las condiciones laborales, lo que también ha afectado a la calidad del servicio».
A su vez, denuncia que «la privatización de estos servicios esenciales supone anteponer la rentabilidad económica como prioridad, en perjuicio del servicio público». De esta forma, la organización sindical pide a los partidos políticos que asuman en sus programas electorales el inicio inmediato de un proceso de internalización de estos servicios con miras a su incorporación al SAS para el caso del 061 y a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil para el 112.
La Justicia multa al sindicato de Vox con 1.000 euros por una denuncia “temeraria” contra los sindicatos de clase
La Audiencia Nacional sanciona a Solidaridad por denunciar a CCOO, UGT y varios sindicatos de SEAT pidiendo 15.000 euros porque su delegado no pudo votar en una consulta interna de un sindicato ajeno sobre las negociaciones del convenio colectivo.
El 1 de mayo de 2021, día internacional de los trabajadores, Santiago Abascal presentó el nuevo sindicato ligado a Vox. Se llamaba ‘Solidaridad’ y su objetivo, según afirmó desde un atril en la plaza madrileña de Conde de Casal, era combatir a los sindicatos “corruptos y de clase”. En las últimas semanas, la Audiencia Nacional ha multado a este sindicato de Vox al entender que actuó con “temeridad” en una denuncia contra los sindicatos de clase de SEAT: los jueces les acusan de buscar “una injerencia en la actividad sindical interna” y de incurrir en “un ejercicio arbitrario y no fundamentado del derecho a la tutela judicial que debe ser sancionado”.
El sindicato vinculado a la ultraderecha se constituyó dentro de SEAT en febrero de 2022 con un delegado al frente. Para entonces los sindicatos llevaban varios meses negociando un nuevo convenio colectivo, llegando a un preacuerdo en junio de ese año. Un preacuerdo que los dos sindicatos de clase mayoritarios en la empresa, CCOO y UGT, decidieron someter a votación de sus afiliados. La consulta vinculante, llevada a cabo en julio de ese mismo año, obtuvo una acogida favorable de más del 70% de los afiliados.
Ese día una persona se acercó a las mesas pero no pudo votar porque no estaba afiliada ni a Comisiones Obreras ni a la Unión General de Trabajadores. Era el delegado del sindicato Solidaridad, que entendió que no poder votar en una consulta interna de otro sindicato perjudicaba no solo sus derechos sino el de todos los trabajadores de SEAT no sindicados, y llevó el caso ante la Audiencia Nacional. No solo denunció a CCOO y a UGT, sino también a la Confederación General del Trabajo (CGT), al Sindicato de Trabajadores SEAT-USO y a la propia compañía. Y pedía una indemnización de 15.000 euros.
Las primeras dudas sobre la demanda surgieron nada más ponerse en marcha el proceso. La sala de lo social de la Audiencia Nacional pidió al sindicato vinculado a Vox que acreditara su nivel de implantación en el territorio, el sector o la empresa, o al menos el porcentaje de trabajadores a los que representaba, un requisito necesario para plantear este tipo de procesos judiciales. La respuesta de Solidaridad fue que representaba “a todos los trabajadores de la empresa que no estando afiliados ni a CCOO ni a UGT, no pudieron votar en el referéndum convocado por ambas centrales sindicales sobre el preacuerdo de convenio colectivo, y que constituyen un grupo genérico e indeterminado”.
Esta es la razón que ha llevado a la Audiencia Nacional a rechazar de plano la demanda sin entrar ni siquiera a examinar el fondo del asunto. Como mucho, dicen los jueces, el sindicato de Vox ha acreditado que en Seat tiene dos afiliados: el delegado y el secretario. “No ha desplegado ni la más mínima actividad probatoria que le hubiera permitido acreditar el número de afiliados o el porcentaje de afiliación que tiene en el ámbito de la empresa SEAT SA, lo que no le debería haber resultado muy difícil, sin necesidad de haber aportado una relación nominal, siendo suficiente una exposición cuantitativa”, reprochan los jueces.
Dos afiliados, sigue la sentencia, constituye un número que en una empresa como SEAT “no puede constituir un porcentaje relevante que permitiera apreciar la implantación” del sindicato. Tampoco participó en la negociación del convenio junto con el comité intercentros, recuerdan los jueces, donde no hay miembros de Solidaridad y que arrancó meses antes de la llegada del sindicato a la empresa.
Multa de 1.000 euros por temeridad
Los sindicatos de clase demandados y la propia empresa pedían que Solidaridad fuera multado por temeridad al haber pedido 15.000 euros por no poder participar en una consulta interna de un sindicato ajeno. Y los jueces aceptan imponer una multa recurrible de 1.000 euros al entender, en primer lugar, que no era muy difícil de entender que no le dejaran votar: “Resulta a todas luces algo lógico que sólo los afiliados puedan votar en una consulta interna de dos sindicatos”, explican.
La doctrina que exige algún tipo de implantación a un sindicato para iniciar este tipo de demandas judiciales, dice la Audiencia Nacional, es sobradamente conocida desde hace 30 años y que Solidaridad debía “ser conocedora” de ella. Se sorprende incluso el tribunal de lo social de que, cuando se pidió una justificación sobre el interés colectivo que decían defender con esta demanda, aportaron sentencias que “dicho sea, se refieren no a la legitimación sino a la existencia de un conflicto colectivo”.
Hay temeridad también, dice la Audiencia Nacional, porque era una demanda infundada, presentada incluso contra sindicatos que no tenían nada que ver con la consulta de CCOO y UGT. “Es tan infundada la demanda que, en un planteamiento hipotético, si esta Sala admitiese que se está lesionando la libertad sindical de un no afiliado al que no le permiten votar en una consulta para afiliados, estaríamos seguramente incurriendo en una injerencia en la actividad sindical interna de los sindicatos convocantes, que lesionaría su derecho fundamental”, reprocha la sentencia al sindicato vinculado directamente a Vox.
La demanda de Solidaridad, zanja la Audiencia Nacional, fue un “ejercicio arbitrario y no fundamentado del derecho a la tutela judicial” que merece una sanción de 1.000 euros. Una sanción que se impone teniendo en cuenta, explican los jueces, no solo todos estos argumentos sino que llegó a involucrar a cuatro sindicatos y a la propia empresa.
Mexicanos cercan embajada de EEUU pidiendo el cierre de Guantánamo
Un grupo de integrantes de Amnistía Internacional se manifestó frente a la embajada de Estados Unidos pidiendo el cierre de la base militar de Guantánamo.
Un grupo de manifestantes convocados por la organización Amnistía Internacional, protestó frente a la embajada de Estados Unidos ubicada en una de las principales avenidas de la Ciudad de México.
El motivo de la presencia en la sede diplomática fue exigir al presidente estadounidense, Joe Biden, el cierre del centro de detención de Guantánamo ubicado en la isla de Cuba.
Para esta organización no gubernamental, esa cárcel instalada por Estados Unidos hace 21 años fuera de su territorio tiene por objetivo eludir el estado de derecho.
En la protesta pacífica, algunos manifestantes usaron uniformes y capuchas parecidas a los reos que usan en esa base para reclamar el abuso a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, dijo que han sido encarcelados 780 personas de religión musulmana, sin cargos, ni juicios.
Amnistía Internacional México, asegura que la detención indefinida sin cargos como respuesta a los atentados del 11 de septiembre 2001 ha sido ilegal en Guantánamo donde se ha documentado violaciones a los derechos humanos, como tortura, tratos crueles, desapariciones forzadas y detenciones prolongadas. Los manifestantes extendieron la protesta al emblemático monumento Ángel de la Independencia en orden y de forma pacífica.
Esta protesta frente a la embajada de los Estados Unidos en México se debe a que los 35 detenidos que hay en la base de Guantánamo son musulmanes y todos están de manera injusta tras las rejas.
Arturo Calvillo, Ciudad de México
Rusia alaba a Petro: En 6 meses hizo más que el duquismo en 4 años
Rusia alaba los esfuerzos del presidente de Colombia en establecer la paz y la reconciliación en el país durante los seis meses de su mandatario.
El representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, declaró que Moscú acoge con satisfacción el firme compromiso de la Administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la aplicación integral del Acuerdo de Paz en el país.
“Las nuevas autoridades colombianas han hecho más por la reconciliación en 6 meses que el anterior gobierno en 4 años”, afirmó el miércoles el titular ruso al respecto.
Hablando en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSNU) para analizar el reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, que recoge lo ocurrido en los últimos 3 meses del 2022, el diplomático ruso afirmó que los pasos dados por Colombia hacia la paz con los grupos armados “merecen el apoyo y el aliento internacionales”.
Tras subrayar la importancia de llegar a un acuerdo final con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nebenzia aseguró que, si el Gobierno de Petro solicita el apoyo del CSNU, Rusia está dispuesto a considerar diversas opciones para el acompañamiento internacional del eventual acuerdo.
¿Qué ha hecho Petro?
Petro, dio los primeros pasos para retomar los diálogos de paz con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, suspendiendo las órdenes de captura y extradición de 11 miembros de esta agrupación.
Las primeras negociaciones comenzaron en 2017 en Quito (Ecuador) durante la Administración de Juan Manuel Santos y en 2018 fueron trasladadas a La Habana, capital de Cuba. En el mandato del derechista Iván Duque, las negociaciones se paralizaron completamente en 2019. En noviembre, con Petro en el poder, las delegaciones del ELN y del Gobierno de Colombia retomaron las conversaciones de paz en Caracas, la capital venezolana, después de una pausa de cuatro años.
En esta línea, Petro sorprendió al mundo al anunciar el 31 de diciembre un acuerdo de “cese bilateral” por un período de seis meses con el ELN, pero días más tarde la guerrilla desmintió al mandatario colombiano sobre un acuerdo en ese aspecto en particular.
Esto mientras, ELN ya había declarado un alto al fuego unilateral con motivo de las fiestas navideñas. La medida entró en vigor desde el 24 de diciembre de 2022, hasta el 2 de enero de 2023, con vistas a construir un ambiente de paz.
Por su parte, Herlinto Chamorro, alias Antonio García, primer comandante del ELN cuestionó el martes la política de paz total con el Gobierno y marcó distancia de la organización insurgente que comanda de las demás con las que el mandatario espera alcanzar una tregua.
Lo que le obligó a Petro a emitir orden para reanudar los operativos contra las guerrillas tras el fallido cese al fuego.
Restablecer nexos con Venezuela
Refiriéndose al reciente viaje de Petro a Venezuela para mantener una “reunión bilateral extraordinaria” con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el embajador de Rusia ante la ONU resaltó el restablecimiento de los lazos entre Colombia y su vecino y destacó la importancia de estas para el desarrollo económico y social sostenible de la región.
Las relaciones Caracas-Bogotá congelaron en febrero de 2019, luego de que el gobierno colombiano, entonces presidido por Iván Duque, aliado fiel de EE.UU., decidiera reconocer como “presidente interino” de Venezuela al opositor Juan Guaidó.
No obstante, después de la llegada al poder de Petro, el presidente izquierdista del país, junto con su par venezolano, buscaron los dispositivos para restablecer nexos bilaterales.
Lula promete enjuiciar a bolsonaristas que no respetan democracia
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pide castigar a los simpatizantes de Jair Bolsonaro que invadieron las sedes del poder en Brasilia.
Brasil vive días de máxima alerta. Tres días después de que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, asaltaron con violencia las sedes de los tres poderes de la República, este miércoles, circulaba por las redes sociales, nueva convocatoria de una movilización titulada “mega manifestación por la toma del poder”. Las autoridades reforzaron el despliegue en todo el país, y sobre todo en Brasilia, para evitar que se repitan escenarios como los del pasado domingo.
A pesar del refuerzo policial, en el palacio presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, celebraba junto con los indígenas, la toma de posesión de las ministras de los Pueblos Indígenas y de Igualdad Racial. El mandatario promete una respuesta contundente para los manifestantes del domingo, que según dijo, no quieren respetar la democracia.
Aun así, para el mandatario, toda la culpa de los asaltos del domingo recae sobre su predecesor Jair Bolsonaro, que todavía, no quiere reconocer el resultado de las elecciones de octubre. El expresidente difundió un vídeo en el que insiste en que Lula “no ganó las elecciones” y lo eliminó poco después.
A pesar de que las tomas de los poderes del estado recibió la condena internacional, en el interior del país, 1 de cada 5 brasileños, apoya los violetos asaltos, según una encuesta. El presidente Lula, tendrá en su lista de problemas a esta minoría radical. Bolsonaro se fue, pero bolsonarismo quedará por mucho más tiempo.
4# Charlando con GLORIA SANTIAGO [ENTREVISTA COMPLETA] | Rubén Hood
Las Urgencias de La Paz siguen desbordadas con casi un centenar de pacientes a la espera de una cama
Este martes había 168 enfermos, muchos de ellos hacinados en los pasillos, de los cuales 89 esperaban para pasar a planta. Algunos llevan más de 36 horas. Los trabajadores denuncian que la dirección del hospital no hace nada.
Pacientes hacinados en los pasillos del hospital de La Paz de Madrid. — TRABAJADORES DE LA URGENCIA DE LA PAZ
El colapso del servicio de Urgencias del Hospital de La Paz de Madrid parece no tener fin: hacinados en los pasillos, cerca de un centenar de pacientes esperan una cama. En una escena que se repite de forma recurrente desde principios del pasado mes de diciembre, este martes las Urgencias de uno de los principales centros sanitarios de la ciudad de Madrid amanecieron de nuevo desbordadas: 168 pacientes, de los cuales 89 estaban pendientes de ingreso. Sin embargo, hay otro dato aún más descorazonador: 39 enfermos llevan más de 36 horas esperando una cama y pasar a planta. La saturación es de tal calibre, que La Paz ha empezado a derivar pacientes a otros centros.
La situación es tan grave que este pasado lunes el Sindicato social de la sanidad de Madrid (MATS) presentó una denuncia en los juzgados. De acuerdo con esta denuncia, adelantada por El Salto, este pasado lunes había 28 pacientes atendidos por dos enfermeras y dos auxiliares para 12 camas en la sala 1. En la sala 2 la situación no era mejor: 15 pacientes atendidos por tres enfermeras y en la sala 3, la más concurrida, había 58 enfermos para 31 camas atendidos por cinco enfermeras y cinco auxiliares.
Las cifras son elocuentes, pero lo son aún más los testimonios del personal que trabaja en este servicio. Guillén del Barrio, enfermero de urgencias del Hospital La Paz y delegado del Movimiento Asambleario de Trabajadoras-es de Sanidad, no se cansa de denunciar la caótica situación que se repite un día tras otro: «Es muy grave. Seguimos teniendo pacientes en los pasillos. Casi 50 de ellos llevan aquí más de un día y medio, cuando la propia Comunidad de Madrid establece que no puedes estar más de 24 horas en Urgencias».
El personal ha pedido en reiteradas ocasiones medidas concretas para aliviar algo el colapso, pero los gestores del hospital de La Paz miran para otro lado, explica Del Barrio. «Aquí tenemos un problema muy concreto: aquí no se toma ninguna medida y necesitamos más personal, más ambulancias y más camas», sostiene el representante sindical.
Sin embargo, la dirección del hospital de La Paz señaló el lunes por la tarde a Europa Press que este colapso de las Urgencias es puntual. Los gestores del centro señalan que el 70% de las urgencias de estos días están relacionadas con infecciones respiratorias en pacientes de avanzada edad, algo habitual en esta época del año, matizan. Pese a ese mensaje de tranquilidad, la dirección del hospital de La Paz reconoce que el pasado domingo hubo 520 pacientes en Urgencias, una cifra nunca vista.
Sin embargo, los sindicatos ven otras causas en el profundo deterioro del servicio. Del Barrio lo resume así: «La razón es clarísima: el deterioro de la Atención Primaria, que sirve entre otras cosas para que la gente no enferme y las enfermedades crónicas no vayan a más, y el destrozo que ha provocado el Gobierno de Madrid en las Urgencias de Atención Primaria».
Una solución que podría aliviar de manera inmediata la situación en La Paz sería maximizar el uso del hospital Zendal, afirma Del Barrio. «Tenemos un hospital que se supone maravilloso en el que iban a caber 1.000 pacientes, según la Comunidad de Madrid, y ahora tiene 50. Este problema tiene solución, pero por alguna razón no se quiere arreglar. Parece que interesa que las Urgencias sean un sitio insufrible», enfatiza el enfermero.
Todo esto lleva a Guillén del Barrio a sospechar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene una estrategia deliberada para destruir la sanidad pública y que «la gente se haga una póliza privada».
Así funcionó en Galicia el modelo laboral de Feijóo: menos empleo, más precariedad y más desigualdad
Desde 2009 se han destruido más de 65.000 empleos y la población activa ha caído en más de 80.000 personas.
Feijóo en una imagen de archivo en una visita a una fábrica en Santiago. — Xunta de Galicia.
Cuando fue elegido presidente del Partido Popular en mayo pasado, Alberto Núñez Feijóo dijo que su proyecto político estaba dirigido a construir una España «líder en crecimiento, creación de empleo y competitiva, con menos deuda y déficit y más trabajo y bienestar«. Un ambicioso decálogo que, sin embargo, no sólo no cumplió durante el tiempo en el que él gobernó en Galicia -por poner un ejemplo, triplicó la deuda pública de la comunidad, que supera hoy los 11.700 millones de euros-. En el caso del mercado laboral, su gestión incluso derivó en todo lo contrario al ideario que ahora plantea
Las políticas de empleo aplicadas por el PP en Galicia durante los 13 años de mandato de Feijóo y los ocho meses de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, han conducido a un mercado laboral más frágil, precario y desigual. Así se desprende de las estadísticas de empleo en la comunidad desde abril de 2009, cuando el hoy líder del PP tomó posesión como presidente del Ejecutivo autonómico tras ganar su primera mayoría absoluta en la comunidad.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde entonces se han destruido 66.500 empleos. Es decir que hay 66.500 personas menos cotizando a la Seguridad Social, cuando en todo el Estado el número de afiliados se incrementó en el mismo período en más de 1,26 millones de trabajadores y trabajadoras.
La población activa cayó un 6,2% en Galicia durante los gobiernos de Feijóo
Es cierto que con los gobiernos del PP la tasa de paro se redujo en Galicia en 1,3 puntos en los últimos 13 años -en el total estatal fueron 4,6 puntos en el mismo período-. Pero ese descenso se debe en buena medida a que el número de personas en edad de trabajar y que tienen un empleo o lo buscan activamente también se contrajo un 6,2%. Cuando Feijóo accedió a la presidencia de la Xunta había en Galicia 1,33 millones de personas con trabajo o buscando trabajo. Hoy son 82.700 menos. En el total español, por el contrario, la población activa creció desde 2009 en más de 223.000 personas.
Precariedad
En cuanto a las condiciones laborales, las estadísticas también registran un empeoramiento. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), por cada trabajador gallego con un contrato indefinido en 2009 había 16,7 con contrato temporal. 13 años después, son 18,7 contrataciones temporales por cada una indefinida. Y eso que la reforma laboral aprobada hace un año en el Congreso con los votos en contra –salvo uno, por error– del PP acabó con buena parte de las modalidades de contratación temporal.
Además, en los últimos 13 años ha aumentado el número de personas con un empleo a tiempo parcial y disminuido el de quienes trabajan a jornada completa. Según el IGE, los primeros representaban menos del 12% de las personas ocupadas en Galicia en 2010. En 2021 ya eran casi el 15%.
El sueldo medio en Galicia está 1.166 euros por debajo de la media estatal
Los salarios de la comunidad siguen entre los más bajos del Estado. El sueldo medio bruto es de 22.834,66 euros al año, es decir unos 1.300 euros netos mensuales en catorce pagas. Lo que significa que un trabajador gallego medio cobra al año casi una paga menos que un trabajador en España, cuyo sueldo bruto anual supera por poco los 24.000 euros.
La tasa de paro entre los menores de 25 años ha aumentado desde el 28,6% que registró la EPA del primer trimestre de 2009 hasta el 32,4% de la del tercer trimestre de este año. Y la tasa de empleo en ese grupo de edad, es decir el cociente entre jóvenes con trabajo sobre el total de población menor de 25, ha caído casi 12 puntos: desde el 32,2% de 2009 al 20,8% actual. Y eso que la emigración -entre 2009 y 2021 42.300 jóvenes de entre 16 y 25 años dejaron Galicia- y la crisis demográfica han provocado que Galicia cuente hoy con 38.000 personas de esas edades menos de las que había en 2009, y de que la tasa de actividad entre las 223.000 que quedan, es decir el cociente entre ese número y el de los que trabajan o quieren hacerlo, se ha desplomado casi 15 puntos: era del 45,1% en el 2009 y es del 30,7% en 2022.
Desigualdad
El mercado laboral gallego que deja Feijóo también se caracteriza por la desigualdad de género, que en algunos conceptos incluso ha empeorado. En 2009, la diferencia entre la tasa de paro de los hombres y las mujeres era de 1,8 puntos. Hoy es de 2 puntos. Hay 22.000 mujeres más que hombres con contrato temporal; y 85.000 mujeres con empleos a tiempo parcial más que hombres en la misma circunstancia.
En los puestos de gerencia y alta dirección del sector público y privado de Galicia hay el doble hombres que de mujeres. En las profesiones y oficios mejor pagados, ellas sólo son mayoría entre los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, en relación de 1,6 a 1. Una proporción que se dispara en los puestos de trabajo con menor retribución: empleos de oficina (2,3 a 1), restauración, comercio y cuidados (2,5 a 1) y lo que el IGE denomina «ocupaciones elementales» (1,7 mujeres por cada varón).
La pensión contributiva media de una pensionista gallega son 280 euros menos que la de un trabajador varón
La desigualdad también afecta a quienes no trabajan. Más del 80% de quienes declaran que no lo hacen por tener responsabilidades familiares o estar al cuidado de hijos, discapacitados o parientes mayores, son mujeres. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en Galicia había a 1 de noviembre de este año 681.097 personas cobrando una pensión contributiva. Más de la mitad, el 50,5%, son mujeres, que cobran una media de 911,39 euros. Es decir un 25% menos que los 1.201,72 euros de pensión media de un pensionista gallego varón.
La destrucción de empleo durante los mandatos de Feijóo y Rueda afecta a la Seguridad Social porque hay menos trabajadores cotizando y el número de pensionistas no deja de crecer. Cuando Feijóo llegó al poder había 468.000 jubilados y 99.700 personas inactivas recibiendo una pensión distinta a la de jubilación. Hoy son 527.200 y 134.800, respectivamente, es decir un 12,6% y un 26% más.
En 2009, por cada 100 trabajadores cotizando había en Galicia 102 pensionistas. Hoy en día, por cada 100 personas ocupadas son 110 las inactivas que cobran una prestación de jubilación. El déficit de la Seguridad Social en Galicia, es decir la diferencia entre lo que recauda en cotizaciones sociales y lo que paga en pensiones ascendió a 3.965 millones el año pasado. En octubre de este ejercicio, el déficit desde enero superaba ya los 3.239 millones.
Maya Abbot
hace 1 hora