Anita Fuentes entrevista a Belén Barenys y Berta Prieto, creadoras y protagonistas de la serie de la que está hablando todo el mundo: Autodefensa. Hablan sobre feminismo, salud mental, redes sociales y más. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Categoría: Trabajo
La Audiencia Nacional ignoró tres informes sobre corrupción en Marbella y un chivatazo al marido de la alcaldesa
La Policía solicitó en un atestado la apertura de una investigación por delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, pero no consta en el sumario respuesta de la fiscal Antidroga del caso ni del juez
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El nombre de Ángeles Muñoz, su cargo, alcaldesa de Marbella, o el apelativo con el que la conoce su entorno, Titi, aparecen mencionados en repetidas ocasiones en el sumario de la causa en la que han sido procesados por narcotráfico y blanqueo su hijastro y su marido. Y no son menciones circunstanciales. La Policía propuso en un informe que la presunta utilización del poder de Muñoz por parte de sus familiares investigados se convirtiera en una línea concreta de investigación. Nunca ocurrió. Ni la Fiscalía Antidroga, ni el Juzgado de la Audiencia Nacional apreciaron indicios suficientes.
El hijastro de la alcaldesa de Marbella, procesado por narcotráfico: «La ciudad es nuestra, la Junta… la jodida Andalucía»
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Tanto para el Juzgado Central de Instrucción número 6 como para la Fiscalía especializada la investigación ha concluido. Lo hizo el 29 de septiembre, tres semanas antes de que elDiario.es comenzara a revelar los detalles de una causa que había permanecido en secreto durante tres años, lejos del foco mediático, por tratarse supuestamente de una de tantas que se siguen en la Audiencia Nacional contra organizaciones de narcotráfico.
Este medio ha localizado en el voluminoso sumario tres informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con epígrafes referentes a presuntas prácticas de corrupción. En el primero de ellos, fechado en julio de 2019, la unidad que actuaba en funciones de policía judicial comunicaba al entonces juez del caso, Alejandro Abascal, lo siguiente: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. No consta respuesta en el sumario. Ni del juez, ni de la fiscal Antidroga del caso, María Dolores López Salcedo.
Y no se trataba de una ocurrencia de los investigadores. Con la información que había llegado de las autoridades suecas, la Policía comenzó a investigar al hijastro de la alcaldesa por transportar marihuana y hachís desde Marruecos a Suecia, con parada en la Costa del Sol, y por utilizar la provincia de Málaga para blanquear los beneficios.
Primero intervinieron los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO), especializados en el tráfico de drogas. Seguían a los narcotraficantes suecos en sus visitas por España, establecían conexiones, cruzaban sus datos con otro caso que llevaba la Guardia Civil… En una segunda fase entró en juego la UDEF para rastrear el blanqueo del dinero obtenido con el narcotráfico. Cuando los agentes comenzaron a escuchar las conversaciones de Joakim Broberg supieron que el caso “de los suecos”, como se conocía en la Audiencia Nacional, escondía algo más.
Tres días después de las elecciones municipales de mayo de 2019, Broberg se refiere a un “calvo” que tenía sentado al lado en un bar de Marbella. El hijastro de Ángeles Muñoz le cuenta a su socio Mike Holmen que se trata de ‘el calvo’ que les había facilitado unos permisos en Benahavís, ciudad colindante con Marbella en la que arrancó su carrera política Ángeles Muñoz como teniente de alcalde.
“Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía. Aquí está sentado [el calvo] con los tres técnicos y diciendo que vamos a poner todo sobre la mesa. Esto, lo otro y tal”, afirmaba Broberg. La UDEF se ocupó de conocer quién era “el calvo”. Y efectivamente, era un responsable de Urbanismo en Benahavís, el muncipio más rico de Málaga.
A continuación, otro párrafo del informe ignorado por el juez Abascal y la fiscal López Salcedo: “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”.
“Notorio uso de influencias”
Solo tres meses después de la primera advertencia policial sobre presunta corrupción llegó la segunda. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio desconocido hasta ahora, la UDEF trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.
La recogida de indicios y su plasmación en informes de la UDEF se mantuvo mucho más en el tiempo, siempre bajo el secreto decretado por el juzgado. Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.
Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.
Consultada por este medio, una voz autorizada de la Fiscalía Antidroga asegura que su fiscal López Salcedo investigó las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción, así como que la citada fiscal ha impulsado “en todo momento” el proceso. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando éste compareció en fase de instrucción, aseguran fuentes presentes en la declaración.
Chivatazo de una investigación bajo secreto
El sumario del caso recoge otro hecho relevante que tampoco mereció investigación alguna. Lars Broberg (79 años) avisó a su hijastro de que tenía el teléfono intervenido mientras Joakim ya era investigado por narcotráfico y blanqueo en una causa secreta de la Audiencia Nacional, iniciada a solicitud de las autoridades suecas, muy preocupadas por los niveles de violencia que la Mocro Mafia está ejerciendo en su país.
El propio autor del chivatazo a Joakim Broberg, su padre Lars, acabó investigado y después procesado en la causa, aunque ésta se ha dejado de dirigir contra él porque sus facultades mentales actuales no le permiten defenderse. Descubrir quién avisó al marido de la senadora del PP y alcaldesa de Marbella de una investigación secreta de tal alcance no mereció una sola diligencia por parte del juez ni solicitud de la misma en el caso de la fiscal.
En el informe de agosto de 2020, la Policía vuelve a destacar indicios de delitos entre horas y horas de conversaciones. Uno de ellos corresponde al 28 de octubre de 2019. Han pasado seis meses desde que arrancara en secreto la causa de la Audiencia Nacional. Ese día, a las 20:19, Lars Broberg tiene prisa por informar a su hijo de que el móvil que sostiene está pinchado: “El que estás sosteniendo ahora. Están escuchando todo”.
Joakim Broberg se jacta de saber que tiene ese teléfono intervenido y añade que dispone de otro terminal al que los policías no pueden acceder. “Yo soy especial”, llega a decir. Su padre corta abruptamente la conversación, según describen los policías en su atestado. La UDEF plasma que la conversación denota que Lars Broberg conoce la investigación en marcha.
Desde la Fiscalía Antidroga apuntan que cuando la fiscal accedió al contenido de esa conversación, que se produjo en sueco, ya era “prácticamente inútil investigar quién o cómo se filtró la información”. En esta línea, las fuentes consultadas destacan la dificultad de “proteger el secreto” de causas como la aludida, una investigación conjunta con Suecia, país donde se estaban practicando simultáneamente diligencias.
Cualquier otra de las partes personadas podría instar al juez instructor, ahora que no hay secreto de sumario, a abrir una nueva línea de investigación o a deducir testimonio a otro juzgado competente, ya fuera por la corrupción o por el chivatazo. Sin embargo, los abogados de los presuntos narcotraficantes están centrados en la defensa de los intereses de sus clientes y el actual magistrado de la causa, Manuel García-Castellón, ha rechazado la personación del PSOE de Marbella como acusación popular.
Pruebas, grabaciones y testigos clave a los que renunció la Fiscalía para acabar pidiendo la absolución en el ‘caso Cursach’
Anticorrupción rechazó la declaración de 54 testigos en el juicio contra el magnate del ocio mallorquín Bartolomé Cursach, sus hombres de confianza, funcionarios y policías, que concluyó sin cargos para los procesados. También desestimó decenas de grabaciones aportadas en el sumario que probarían un sistema de corrupción para neutralizar a la competencia por medio de una mafia policial. Así se allanó el terreno para Cursach y los suyos.
Más bien responde al inexplicable cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ha dejado sin contenido todas y cada una de las graves acusaciones de cohecho, prevaricación, coacciones y grupo criminal que la investigación judicial del caso reveló en relación al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y a sus hombres.
Y para ello, los dos fiscales que han intervenido en la vista oral, que quedó vista para sentencia el 30 de noviembre pasado, Juan Carrau y Tomás Herranz, han invocado presuntas irregularidades en la instrucción a cargo del ya exjuez Manuel Penalva, del exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional para clamar a favor de la inocencia de Cursach y el resto y retirar hasta la última de las acusaciones, pese a que Carrau fue el fiscal que pidió prisión provisional para el magnate y su mano derecha, Bartolomé Sbert; incluso se opuso con contundencia a su puesta en libertad, en abril de 2018, después de 14 y 10 meses, respectivamente, en la cárcel.
Penalva, Subirán (ya jubilados) y cuatro agentes de la Policía Nacional fueron sometidos a una brutal campaña de acoso y descrédito, que contó con varios medios baleares como altavoces de la trama. Todos ellos quedaron retratados como una especie de delincuentes que investigaron y encarcelaron arbitrariamente a decenas de acusados sin que se llegara a explicar el por qué de aquella supuesta actuación. Esta es la tesis de la Fiscalía, que ha pedido que aumenten los cargos contra el juez y el fiscal en la causa abierta en su contra en el TSJ de Baleares. En el alegato final del fiscal Herranz no faltaron las lágrimas irreprimibles al invocar la «inocencia» de Cursach y los suyos.
Público dio cuenta de cómo se fraguó aquella campaña contra el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca, a mediados de 2019, que además de invalidar la instrucción, como ha ocurrido finalmente, tenía como objetivo amedrentar a los testigos que señalaban las prácticas corruptas de agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià para favorecer a los establecimientos del emporio Cursach frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016. Este diario emprendió una rigurosa investigación, a raíz de las denuncias internas de policías, que apuntaban a una mafia policial que cobraba del Grupo Cursach para atemorizar con inspecciones y sanciones a los locales de la competencia de este grupo.
Por su parte, Cursach, Sbert y Jaime Lladó, exdirector de la discoteca Tito’s, solicitan penas de prisión para el juez, el fiscal y los cuatro agentes que suman casi 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.
La Fiscalía renunció a 54 testigos clave
Hace nueve años que arrancó la investigación de la mayor trama de corrupción policial, empresarial y política jamás descubierta en Mallorca. El juez Penalva [fue el segundo instructor de la causa ] y el fiscal Subirán llegaron a tomar declaración a más de 80 testigos, que dieron claves sobre la corrupción en la Patrulla Verde, la unidad de la Policía Local de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio. Los testimonios más potentes fueron descartados para el juicio por los fiscales Herranz y Carrau; y los que finalmente comparecieron en la vista oral se desdijeron de sus testimonios iniciales, algo que ya presumían de antemano los abogados de los empresarios perjudicados por la órbita de Cursach y que se constituyeron como acusaciones.
Por ejemplo, entre los testigos que se han retractado, figura el testigo protegido número 16, que en el juicio dijo no recordar las acusaciones que realizó durante la investigación: el cobro de «entre 200 y 1.000 euros» por parte de varios agentes de la Policía Local de Palma a cada establecimiento nocturno para retirar las sanciones y hacer la vista gorda con sus infracciones; y los «sobres de dinero» que vio coger a un jefe policial.
La Fiscalía renunció a 54 testigos, a los que no llevó al juicio; entre ellos a los testigos 13, 26 y 29. Según ha podido saber Público, estas personas tenían pruebas respecto a la práctica de obsequiar a ciertos policías locales con cocaína, alcohol y prostitución en la discoteca Tito’s, uno de los buques insignia del Grupo Cursach. Esta rama de la investigación quedó fuera del juicio.
Lo mismo ocurrió con otros hechos calificados durante la instrucción como presuntas prevaricaciones de cargos políticos y funcionarios del Govern y de los Ayuntamientos de Calvià y Palma en favor del magnate Cursach. De esta manera, se libraron de imputación la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario autonómico Bernardí Coll, y el funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal.
Un nuevo relato por parte de los fiscales
Los fiscales presentaron al inicio del juicio un nuevo escrito de acusación, que en realidad era un amputación del mismo que se elaboró en 2018, en el que participó el fiscal Carrau, con graves cargos de cohecho, prevaricación y coacciones contra Cursach, al que pedían ocho años y medio de cárcel, y del que para el juicio eliminaron 20 folios, tachando esas acusaciones y construyendo un nuevo relato, que finalmente ha allanado el camino a la absolución a la veintena de procesados.
Así, borraron de un plumazo los testimonios de policías que denunciaron represalias por no obedecer las órdenes de sus superiores de anular sanciones a los locales del Grupo Cursach por mantener la música a un nivel más alto del permitido, por ejemplo.
Los policías que denunciaron corrupción no fueron al juicio
Según la declaración prestada el 16 de diciembre de 2015 por un agente, a la que ha podido acceder Público, la dirección del Megapark, uno de los locales de Cursach, presentó una denuncia contra él mismo y dos compañeros por negarse a anular un expediente sancionador. Aquella denuncia supuso que los tres estuvieran cerca de tres años sometidos a procedimientos penales hasta que finalmente fue sobreseída. Según aquel policía, su comisario le citó a una reunión en la que estuvo Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, en la que se le «presionó para que modificara el informe y atestado».
Otro testimonio policial no aportado por la Fiscalía explicaba cómo desde la cúpula de la Policía de Palma se daban instrucciones para que los tiqueteros (repartidores de publicidad) de los locales de Cursach no fueran molestados ni sancionados mientras que los de otros locales eran sancionados de manera sistemática.
Expedientados, trasladados y amenazados
Los policías que denunciaron prácticas mafiosas durante la instrucción del caso no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía. Sus testimonios se referían a las órdenes que recibían para avisar de las inspecciones con antelación a los locales de Cursach; las inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta «asfixiarlos», la imposición de policías locales como seguridad en puertas de las discotecas; y las exigencias del pago periódico de dinero (mordidas) a otros empresarios. Esos policías fueron expedientados injustamente, incluso trasladados de unidad y algunos recibieron amenazas personales, como pudo saber este diario.
Los fiscales renunciaron a una declaración muy importante, la de una de las inspectoras que reconoció que se avisaba con antelación a las empresas del Grupo Cursach para que pasaran sin problemas las inspecciones. En su declaración del 31 de agosto de 2017 la inspectora describió «el clima de terror que viven en su departamento cuando se trata de inspeccionar a los negocios del Grupo Cursach, manifestando que no tratan igual al resto de empresarios inspeccionados». Según esa inspectora, sus jefes fueron quienes le dijeron textualmente: «Llama a Tolo [por Sbert]».
Ni rastro de las conversaciones intervenidas
Las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación, a las que ha podido acceder este diario, dan cuenta de multitud de indicios de tráfico de influencias y coacciones, pero la Fiscalía las ha obviado.
Por ejemplo, en una de ellas entre Bartolomé Sbert y un funcionario del Ayuntamiento de Palma, en noviembre de 2015, dicen que le han pedido al jefe del departamento de Obras que «controle a Esperanza», en alusión a una funcionaria que no se dejaba corromper. La conversación se refería a la ampliación de aforo de la discoteca Pachá tras unas obras de reforma.
Otra conversación muestra la connivencia de un funcionario de Palma con directivos del Grupo Cursach: «Dile a Tolo [por Bartolomé Sbert] que me tendrá que hacer un buen regalo», se le escucha decir, tras asegurar que había logrado que no se sacaran fotografías aéreas de un local que iba a ser inspeccionado».
Informes policiales despreciados
Tampoco se han aportado al juicio por parte de la Fiscalía varios informes policiales de gran valor, como el emitido el 23 de diciembre de 2016, donde se incluyen cuadros estadísticos que muestran el trato de favor recibido por el Grupo Cursach respecto a otras empresas rivales. Esos datos desvelan que sólo se tramitó un 12,50% de los expedientes sancionadores a Cursach frente al 57,78%, 61,11% o 100% que afectó a otros grupos y empresas del sector del ocio nocturno.
También fue ignorado por la Fiscalía un informe policial del Grupo de Blanqueo de fecha 16 de febrero de 2017, complementado por otro de fecha 27 de febrero de 2017, que describía cómo se perjudicaba a locales de la competencia, con el objeto de beneficiar al Grupo Cursach.
Acoso a un empresario para que vendiera el local
Para los abogados de las acusaciones particulares personadas en el juicio, el caso del empresario José Manuel Bover, hostigado hasta la saciedad con el objetivo de que acabara vendiendo como una ganga su local al Grupo Cursach, es una de las mayores «tragedias» impunes de toda la causa.
Además de la colocación de vallas para desviar la clientela a la discoteca BCM de Cursach, en perjuicio del local de Bover, con la supuesta connivencia del Ayuntamiento de Calvià y de su Policía municipal, este empresario ha sufrido todo tipo de acosos. Desde convertir la entrada de su bar en una escombrera, arrojarle carne putrefacta y todo tipo de basuras, hasta cortar la luz en la Plaza Pitiuses, donde se ubicaba, para paralizar su negocio y el de la competencia.
«La finalidad era estrangular económicamente al Sr. Bover con el propósito de adquirir sus negocios a muy bajo precio», consta en el sumario. Varias conversaciones intervenidas evidencian estos planes. Por ejemplo, Sbert le dice a Cursach en una de ellas: «Por un millón de euros la plaza será tuya», en relación a todos los negocios de dicha plaza, que el magnate ansiaba para su grupo, barriendo así a toda la competencia en la localidad turística de Calvià.
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Millones de personas lo único que queremos es que Irene Montero vuelva a ser Ministra de Igualdad durante 4 años más, para ello la única opción es que Yolanda Díaz siga siendo Ministra de Trabajo y Vicepresidenta, por lo tanto la Coalición SUMAR-PODEMOS es la solución.
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Si yo no respeto el código de circulación al volante, me van quitando puntos y si me paso de listo al final pierdo el carnet además de las ricas multas que me como. Pero los medios de comunicación se saltan el código deontológico periodístico día sí y día también y aquí no pasa nada. Si les cayeran buenas multas y después de reiteradas sanciones perdieran los derechos de emisión, seguro que empezarían a hacer bien su trabajo. Ahí dejo la idea para una futura ley de medios que tanta falta hace en España.
Cuba urge a EEUU a poner fin al bloqueo que daña a la población
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, censura el impacto negativo de las sanciones de Estados Unidos en su pueblo y pide eliminar el bloqueo.
En una reunión mantenida el sábado en La Habana, capital del país centroamericano, con una delegación de congresistas estadounidenses del Partido Demócrata, el mandatario destacó la necesidad de acabar con las medidas que dañan a la población cubana.
“Puso énfasis en el impacto nocivo del bloqueo económico y de las medidas de máxima presión impuestas por el anterior Gobierno estadounidense, que aún están vigentes”, informó el sitio web de la Presidencia cubana en unos mensajes emitidos en Twitter sobre la visita oficial de la delegación de EE.UU. a Cuba.
El grupo está integrado por el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, James McGovern, y los miembros de dicho órgano, Mark Pocan y Troy Carter. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, junto a otras autoridades de la isla, asistió al mencionado encuentro.
Rodríguez denunció el viernes en Twitter la hipocresía de EE.UU. respecto a los derechos humanos y enfatizó que si Washington se preocupara por los cubanos, pondría fin al bloqueo.
La delegación norteamericana también se reunió el viernes con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández.
El Gobierno de Biden, que respaldaba como vicepresidente al anterior mandatario demócrata Barack Obama, (2009-2017), en su búsqueda de mejores relaciones, sigue la estela de presión de su predecesor en el cargo, Donald Trump, sobre la nación caribeña.
¿Qué está pasando en Perú? |#LaPizarra
Alfredo Serrano nos explica en profundidad lo que está ocurriendo en Perú. Sin atajos ni etiquetas. Con mucha letra pequeña. Por qué hizo lo que hizo Pedro Castillo. Por qué hay nueva Presidenta. Qué pasará de ahora en adelante. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y colabora con nosotros: https://bit.ly/2GKg4Sx Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Recuperación económica y bienestar del pueblo, logros de la 4T en 2022
Uno de los logros más destacables en este año es la recuperación económica del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Está creciendo la economía, el salario crece en términos reales, crece la inversión extranjera, el peso se mantiene estable, no hay devaluación. Entonces yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica”, subrayó. En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que su administración atiende el fenómeno inflacionario con el objetivo de proteger la economía popular, así como el poder de compra en los hogares. Por ello, dijo, el próximo lunes 5 de diciembre se presentarán los avances del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), proyecto que cuenta con el apoyo de productores, distribuidores, así como empresas de alimentos a fin de bajar los precios de 24 productos de la canasta básica. “Estamos trabajando todos en esto. (…) Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes, lo vamos a ver graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en mil 039 pesos y están abajo de eso, pero vamos a ver quién es quién”, aseguró. El subsidio a los combustibles es otro factor que abona al control inflacionario. De no haberse tomado esa medida, la inflación podría llegar hasta el 13 por ciento y actualmente es del 8.1 por ciento, resaltó. Al mismo tiempo, refrendó que no habrá incremento de impuestos, a los combustibles ni a las tarifas de la luz. “Es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad; que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz, todo eso ayuda mucho”, afirmó. Sobre el incremento al salario mínimo, el jefe del Ejecutivo apuntó que el Gobierno de la Cuarta Transformación fomenta el diálogo con el sector empresarial y obrero, por lo que confío en la voluntad por alcanzar un acuerdo del 20 por ciento. Recordó que el envío de remesas registra cifras históricas; se estima la llegada de 60 mil millones de dólares para este año, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos del país. Sigue las actividades del presidente de México:
La Fiscalía concluye que contratar a dedo 24 veces al cuñado del alcalde no es corrupción
El ministerio público archiva las diligencias contra José Manuel Aranda, primer edil de Calatayud y senador conservador, y contra el marido de su hermana tras concluir que una facturación de más de 30.000 euros por llevar pleitos sin concurso previo durante cuatro años encaja en la normativa local.
De haber concluido que así era, el siguiente episodio habría sido una denuncia ante la Sala Segunda del Supremo, ya que el acta de senador confiere a Aranda la condición de aforado estatal, una situación que no va a darse salvo que alguien opte por denunciar el asunto en la vía judicial.
La denuncia, cuyo relato de hechos no se ve cuestionada en el auto de archivo ni tampoco lo fue por el propio Ayuntamiento de Calatayud durante la investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía zaragozana, exponía que el consistorio efectuó «una encomienda personal y directa» a R. G. M. para intervenir en «distintos procedimientos judiciales en defensa de los intereses» del consistorio «sin haber mediado ningún procedimiento de contratación, durante al menos los años 2019 a 2022″.
Esas contrataciones, añadía la denuncia, se produjeron «amparándose en la relación familiar existente, y sin mediar contrato alguno». La investigación de la Fiscalía ha constatado el segundo de esos datos, aunque el resultado de las pesquisas le lleva a no entrar si el primero pudo haberse producido.
Más de 30.000 euros por 24 pleitos en cuatro años
R. G. M., que dirige un despacho de abogados de cierto prestigio en la pequeña ciudad aragonesa, tuvo cierta relevancia mediática hace unos años al haber actuado como abogado de Francis Franco, nieto del dictador, durante una parte del proceso en el que este fue encartado por su presunta participación en un atentado a una patrulla de la Guardia Civil, asunto en el que fue exonerado por la Audiencia de Teruel tras una condena inicial en el Juzgado de lo Penal de esa provincia.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, entre abril de 2019 y mayo de 2022 el letrado giró al Ayuntamiento de Calatayud un total de 24 facturas por una cuantía bruta de 30.950 euros, aunque lo ingresos netos fueron de 25.842 una vez descontadas las retenciones del IRPF por valor de 5.108 euros.
Los servicios, a un ritmo de cuatro pleitos en 2019 (4.476 euros brutos), otros tantos un año después (5.808), 14 más (18.367) al siguiente y dos (2.299) en 2022, fueron facturados por R. G. M. como profesional independiente, no como servicios del despacho.
El grueso de ellos se ventilaron en la jurisdicción social o en la contencioso-administrativa, aunque en este caso con una vertiente laboral ya que muchos de ellos se centraban en asuntos de clasificación profesional y de salarios de trabajadores municipales tras la aprobación de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo). La mayoría de estos últimos los perdió el consistorio bilbilitano.
«Queda excluida la pretendida comisión de un delito»
El «juicio inicial de valoración sobre el contenido de la denuncia» efectuado por la Fiscalía de Zaragoza concluye con el «archivo de las presentes diligencias de investigación, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante a reproducir su pretensión por vía judicial», a partir de un «informe técnico elaborado por la técnico responsable de la Unidad de Personal» del consistorio.
Ese dictamen concluye que «cuando el valor estimado del servicio de defensa del Ayuntamiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que se solicita a cualquier despacho en cualquier procedimiento no exceda de 5.000 euros (…) no se requería ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional más allá de la propuesta de gasto firmada por la concejal-delegada y la presentación de la factura».
Es decir, que en el Ayuntamiento de Calatayud los responsables políticos tienen cobertura legal para contratar a dedo a cualquier abogado que vaya a cobrar menos de 5.000 euros, no se aclara si brutos o netos, por defender al consistorio en una de esas dos jurisdicciones.
«Excluida la exigencia de procedimiento específico, salta a la vista que también queda excluida la pretendida comisión de un delito«, señala la Fiscalía.
Otra investigación abierta sobre la gestión municipal
La decisión de la Fiscalía supone un respiro para Aranda en vísperas de la tradicional etapa de luchas internas en los partidos políticos que rodea la configuración de las listas para las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año, que se prevén especialmente tensas entre los conservadores aragoneses tras el carrusel de cambios orgánicos de los últimos tiempos.
Sin embargo, la que afectaba al alcalde y su cuñado no es la única investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Zaragoza sobre la gestión municipal en Calatayud.
Desde hace unos meses, y tras haberle transferido las pesquisas la Fiscalía Anticorrupción por motivos de competencia, el ministerio público indaga las relaciones que mantiene con el consistorio la empresa Transfer, especializada en señalización vial y en la que trabaja como jefe de producción el concejal de Movilidad, Héctor Sarria, también del PP.
Esa firma ha resultado adjudicataria de algunas contratas municipales y ha participado en la ejecución de otras como subcontratada, en muchos casos con el área que dirige el edil como responsable de la supervisión de esos trabajos.
ENTREVISTA | Las residencias de mayores durante la pandemia y la búsqueda de justicia frente a Ayuso
Jose Carmona, redactor de Público, entrevista en Bruselas a Raúl Camargo, exdiputado de la Asamblea de Madrid y miembro de Anticapitalistas Madrid; Carlos Vila, abogado de las familias de los fallecidos en las residencias; Carmen López, activista de Marea de Residencias; y Esther Fernández, trabajadora de una residencia de gestión pública en la Comunidad de Madrid. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.