El grupo Llanoponte, propietario de los restaurantes La Quinta en Foz, O Fogar da Quinta en Viveiro y la pulpería Mar de Rinlo en Ribadeo, todo ellos en la Mariña Lucense, fue noticia el pasado mes de mayo por la oferta laboral que lanzó a nivel nacional buscando personal de cara a la campaña de verano, ante las dificultades que está teniendo el sector de la hostelería para encontrar camareros y camareras.
La oferta laboral incluía salario mínimo neto de 1.400 euros hasta una máximo de 2000, alojamiento y manutención. El dueño del grupo Llanoponte, Juan Carlos Fernández, anunció en diversos medios de comunicación que buscaba 20 personas para reforzar la plantilla este verano y que disponía de apartamentos turísticos, algunos de los cuales reservaría para los nuevos empleados. De esta manera, con el alojamiento y la manutención incluidos, el salario quedaría íntegro. Ese era el atractivo de la oferta laboral.
Pero en el anuncio de empleo se habría ocultado presuntamente un importante dato: no se podía librar ni un solo día durante los tres meses de duración del contrato. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo esta presunta leonina condición, que atenta contra el convenio colectivo del sector de la Hostelería en Lugo, que indica que la jornada laboral será de 40 horas semanales con un día y medio de descanso.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Público, presentada este martes, solicita a la Inspección de Trabajo que verifique el registro de jornada en los restaurantes lucenses del Grupo Llanoponte y que se tome testimonio a los trabajadores para constatar las quejas que han llegado al sindicato y que fundamentan su denuncia.
«La empresa no cumple con la jornada laboral que indica el convenio colectivo, así como tampoco con los descansos semanales, ni entre jornadas (12 horas), pidiendo a sus empleados la realización de una actividad continúa en periodo estival», consta en la denuncia.
La empresa lo niega. Juan Carlos Fernández, propietario del grupo Llanoponte, asegura a este diario estar «sorprendido» por la denuncia porque «las jornadas laborales son las que marca la ley. Cuando no se libra un día porque se ha trabajado un festivo, por ejemplo, se recupera después. El día libre se acumula o se paga, depende del trabajador, siempre de acuerdo con la legalidad, porque hay trabajadores que quieren hacer dinero».
Héctor Ortega, responsable de la Federación de Servicios de CCOO en Lugo, indica a este medio que «si se incumple el convenio, lo que tenemos es una competencia desleal entre empresas y una precarización de las plantillas del sector que hace que la gente quiera huir, buscando empleos mejor remunerados y con mejores condiciones de conciliación de vida laboral y familiar».
El sindicato pide que se revisen los nuevos contratos del personal del grupo Llanoponte, «figurando algunos como fijos discontinuos a tiempo completo sábados y domingos cuando en realidad se trabaja durante toda la semana». Este extremo también es negado por Juan Carlos Fernández: «Jamás hemos tenido a nadie que no haya tenido contrato. El que trabaja un lunes está asegurado el lunes». El dueño del grupo hostelero dice que «no tiene miedo a la inspección» porque «todo lo tenemos en regla».
Jornadas de 14 horas diarias
Este diario ha podido contactar con Gloria (nombre supuesto para preservar su identidad), una camarera que, atraída en un principio por la posibilidad de trabajar en la costa lucense, con la comida y el alojamiento cubiertos, se interesó por la oferta del Grupo Llanoponte. «Me llamaron para trabajar un fin de semana de prueba, en el mes de junio, y salí espantada. Me ofrecían un contrato de fin de semana pero trabajando en realidad todos los días y sin posibilidad de librar durante todo el verano, septiembre incluido», cuenta a Público.
«Yo les dije que me parecía que eso era ilegal, pero su respuesta fue que estaban pagando un buen sueldo y con unas condiciones muy buenas –indica Gloria–. Pero es mentira. 1400 euros al mes es una birria si tenemos en cuenta que a diario se hacen dos jornadas laborales, se hacen dos turnos seguidos, con una hora libre en medio». Juan Carlos Fernández lo niega: «Hay dos turnos diferenciados y si alguien trabaja un día nueve horas al día siguiente hace seis o siete».
El alojamiento tampoco resultó ser lo que parecía en un principio. «Me llevaron a un piso viejo, donde si encendías la luz saltaban los plomos. Un piso sin reformar desde los años 70. Tenía que compartir habitación, incluso podía ser que me tocara compartirla con un hombre. Cuando llegué, sólo había un chico muy joven, pero la idea es que se llenara según iban contratando a gente. Este chico me contó que al principio le alojaron en un apartamento turístico con todas las comodidades, pero al cabo de los días le trasladaron al piso viejo», cuenta Gloria.
El dueño del Grupo Llanoponte alega que el alojamiento que se ofrece a los camareros de temporada es en los alojamientos que su empresa tiene en alquiler para turistas. «De hecho, no hemos podido contratar a todo el personal que necesitamos en el restaurante ubicado en la única ciudad donde no tenemos apartamentos turísticos porque tener el alojamiento cubierto es esencial; son 120 euros diarios que se ahorran de su sueldo».
La denuncia de CCOO refleja las características del alojamiento, solicitando a la Inspección que «acredite las condiciones habitacionales de los empleados».
Gente joven, con mucha necesidad
Gloria pidió la baja voluntaria cuando pasó el fin de semana de prueba y el contrato quedó rescindido. Le pagaron 100 euros por dos días de «jornadas maratonianas». «No estaba dispuesta a vivir en esas condiciones ni a pasar tres meses de mi vida como una esclava», cuenta a este diario y desvela una presunta práctica ilegal relacionada con el sistema de control de la jornada laboral: «El encargado me pidió que pasara la huella por el lector para desconectarme pero que siguiera trabajando». Fernández replica: «Que venga el inspector, todo está en regla. De lo que se trata es de que la gente esté asegurada y tenga buenas condiciones laborales. Pagamos por encima del convenio».
Explica Gloria que el perfil de los camareros con los que coincidió era el de gente muy joven, sin experiencia y con «mucha necesidad».
«Al chico que había en el mismo piso, que no tendría más de 19 años, le trasladaron al restaurante que tienen en Viveiro. En el contrato ponía que podían trasladarte a cualquiera de sus locales, en distintas ciudades», dice esta mujer. El sindicato denuncia esta condición. «En los contratos consta una cláusula de cambio por causas organizativas al centro de trabajo en la localidad de Viveiro, por lo que pedimos se verifique la cesión de personal entre los locales del grupo de empresas señalados en la provincia».
«Estamos viendo cómo ante la exigencia de leves mejoras en el sector, la patronal se pone a la defensiva, mientras por otra parte busca formas imaginativas de encontrar personal, nunca el de cumplir las condiciones de salario, horario y descansos del convenio. Nunca consideran poder reestructurar la organización productiva y reinvertir parte de sus beneficios en valorar la experiencia y el desempeño de sus profesionales», dice Héctor Ortega, responsable de la Federación de Servicios de CCOO en Lugo.
Un análisis realizado por Human Rights Watch de microdatos de uso público obtenidos de la encuesta Household Pulse de la Oficina de Censos (4) muestra que la recesión económica ocasionada por la pandemia ha tenido un impacto devastador y desproporcionado sobre los derechos de las personas con bajos ingresos que ya atravesaban dificultades. El American Rescue Plan (5) del Presidente Joe Biden, un proyecto de ley que prevé otorgar ayuda por valor de USD 1,9 billones en el marco del coronavirus, y que fue aprobado por la Cámara de Representantes de EEUU el 27 de febrero de 2021, dispone que se realicen inversiones de vital importancia para mitigar las dificultades económicas cada vez mayores que afectan a estos sectores de la población. Ahora, este proyecto de ley está siendo evaluado por el Senado, el cual podrá modificarlo antes de volver a enviarlo a la Cámara de Representantes para su votación final.
